Traducido para Rebelión por Daniel Escribano
La realidad es mucho más compleja de lo que parece. Mucho más abierta y contradictoria que la que nos querría imponer el pensamiento único. El día en que ETA mataba a un guardia civil con un coche bomba en el cuartel de Legutio, Martin Scheinin, relator especial de la ONU para la protección de las libertades fundamentales y los derechos humanos, denunciaba en Madrid ante los medios de comunicación las violaciones de éstos en España, después de reunirse con todas las partes durante los días anteriores. Si bien la conculcación contra la vida es la más grave, eso no debería tapar todas las demás. Podría ser que la explosión de un coche bomba y sus ecos no dejen oír nada más, pero hay más. El relator de la ONU ha recomendado anular la legislación que permite la incomunicación de cinco días, ha cuestionado el carácter especial de la Audiencia Nacional y ha denunciado que en la legislación española el concepto de «terrorismo» es demasiado amplio.
Como consecuencia de esa compleja realidad, estos días han salido a la superficie numerosas contradicciones significativas. El día del atentado todos los partidos del Congreso español realizaron una declaración de condena. Como hicieran cuando ETA mató a tiros a dos guardias civiles en Capbreton, los firmantes (incluidos el PNV y Nafarroa Bai) han ofrecido a las fuerzas de seguridad del Estado pleno apoyo. Pero cuando se ha querido llevar ese apoyo al Parlamento de Navarra, NaBai se ha abstenido. NaBai no ve con buenos ojos dar tal apoyo ciego a la Guardia Civil y a la Policía española, porque sabe que eso puede dar legitimidad a los excesos contra los derechos humanos.
Igualmente, el jueves el Parlamento vasco -por decisión de su presidenta- abrió la puerta a la Guardia Civil para homenajear al guardia muerto, Juan Manuel Piñuel. Por primera vez han realizado una ofrenda floral en el Parlamento vasco guardias civiles y ertzainas juntos.
Sin embargo, el viernes el Parlamento vasco (con el apoyo de los diputados del PNV, EA, EBB-IU y Ezker Abertzalea) imputó al Gobierno de España amparar las torturas infligidas a detenidos por la Guardia Civil, dos días después de que la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo [del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca (n. del t.)], Maixabel Lasa, dijera estar «orgullosa» del trabajo de la Guardia Civil. Un día el consejero de Interior, Javier Balza, ofrece «plena colaboración» al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y dos días después el Parlamento vasco reprueba la actividad de Rubalcaba por negar las torturas denunciadas por Igor Portu y Mattin Sarasola y por dar pleno apoyo a los guardias civiles que participaron en la detención. Al día siguiente, en cambio, un guardia civil herido en un atentado abre el acto de homenaje a las víctimas, en palabras de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, «como reconocimiento a la labor de las fuerzas de seguridad del Estado».
Este haz de contradicciones da que pensar sobre la complejidad de la realidad, sobre la tendencia a esconder una parte de ésta o sobre el doble juego o falta de coherencia de algunos agentes políticos. Además es síntoma de un peligro: el de dar un cheque en blanco a las autoridades del Estado -gobierno, fuerzas de seguridad, poder judicial, etc.- con la excusa de la lucha contra ETA. Tras la «respuesta unida», el Gobierno de España quiere asumir -como el PP durante sus mandatos- la dirección total de la estrategia y conseguir «cobertura política» para llevarla a cabo. Para poder dar impunidad a las fuerzas de seguridad y legitimidad al continuo arrinconamiento político y criminalización penal de la izquierda abertzale.
Las conversaciones de La Moncloa. Cuando fracasó el proceso de negociación y ETA suspendió el alto el fuego, el lehendakari Ibarretxe y el PNV previeron que la situación se recrudecería y que los principales interlocutores del proceso empezarían a atacarse mutuamente. En vista de ello tenían dos opciones: seguir como colaboradores leales del Gobierno de España (pero ahora para repartir leña ) o realizar una propuesta de solución. Sin renunciar a la presión contra la izquierda abertzale, han intentado la segunda opción, de consuno con EA y EBB-IU. Ha llegado la hora de verificar o refutar la profundidad y viabilidad de ese intento.
El PNV, después de las elecciones al Congreso, ha apostado por la primera parte de la hoja de ruta de Ibarretxe, es decir, por obtener un acuerdo entre los dos jefes de gobierno. El viernes mismo Ibarretxe declaró que tiene la esperanza de lograr algún acuerdo en la reunión del próximo martes. Pero más allá de las palabras voluntaristas, sabe que en este momento no hay margen para el acuerdo.
El PNV pensaba que Zapatero no cerraría del todo la puerta a la oferta de acuerdo. Los dirigentes del PNV creían que había alguna opción para el acuerdo y esperaban -algunos con miedo- que les harían alguna oferta de poca enjundia de profundización en el autogobierno. Pero después de que a inicios de la semana pasada se reunieran Urkullu [presidente del Euzkadi Buru Batzar, máximo órgano del PNV (n. del t.)] y Zapatero, los dirigentes del PNV han deducido que en este momento no hay margen para el acuerdo. Creen que hasta pasadas las elecciones al Parlamento vasco no habrá movimientos por parte del PSOE.
Por eso, de cara a la tensa competición que vendrá después de la falta de acuerdo, Ibarretxe y el PNV han decidido recuperar los contenidos de Loyola,1 entre otras razones, porque prevén que en las próximas elecciones necesitarán algún cebo para atraerse a sectores de la izquierda abertzale.
Berria , 17 de mayo de 2008
http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=harian&data=2008-05-17&orria=009&kont=007
Nota:
1 Borrador de acuerdo suscrito en el marco de las conversaciones sostenidas durante el otoño de 2006 entre representantes del PSE, PNV y Batasuna en el monasterio de Loyola (Guipúzcoa), según el cual el País Vasco es un «pueblo», formado por los territorios de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, así como por las provincias bajo administración francesa de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, «las decisiones que sobre el futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca» deben ser «respetadas por las instituciones del Estado» y debe garantizarse que los procedimientos legales «no sean una limitación a la voluntad popular, sino garantía de su ejercicio». (N. del t.)