Actualmente, las personas detenidas por presuntos delitos de «seguridad» -amplísimo término que se aplica a toda clase de participación en actividades que quepa considerar una amenaza a la seguridad de Israel- pueden ser recluidas en régimen de incomunicación durante 48 horas, transcurridas las cuales han de ser llevadas ante un juez. La nueva Ley 5765 […]
Actualmente, las personas detenidas por presuntos delitos de «seguridad» -amplísimo término que se aplica a toda clase de participación en actividades que quepa considerar una amenaza a la seguridad de Israel- pueden ser recluidas en régimen de incomunicación durante 48 horas, transcurridas las cuales han de ser llevadas ante un juez. La nueva Ley 5765 – 2006, Procedimiento Penal (Poderes para Asegurar el Cumplimiento de la Ley: Detención) (Detenidos Sospechosos de Delitos contra la Seguridad) (Disposición Temporal), aumenta este plazo a 96 horas. Asimismo, podría negar a los detenidos el derecho a asistir a las posteriores vistas judiciales celebradas para examinar las solicitudes presentadas por las fuerzas de seguridad para que se prorrogue la detención hasta 20 días más. En la actualidad, a los detenidos que están siendo interrogados por las fuerzas de seguridad se les puede negar el acceso a un abogado durante 21 días, periodo que la nueva ley amplía a 30.
La ley permite tener a los detenidos prácticamente aislados del mundo exterior durante un periodo de hasta 30 días, con excepción de una comparecencia ante un juez a los cuatro días de la detención, en la que no estarán presentes sus abogados.
Cuando se encuentran recluidos en régimen de incomunicación, los detenidos están especialmente expuestos a sufrir tortura o malos tratos. La mayoría de los casos de tortura o malos tratos que se denuncian a Amnistía Internacional se dan cuando los detenidos están siendo interrogados y se hallan recluidos en régimen de incomunicación.
En 2003, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Israel a garantizar que ninguna persona pasa más 48 horas recluida sin acceso a un abogado y señaló que la detención prolongada sin acceso a un abogado o a otras personas del mundo exterior viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Israel es Estado Parte.
Este anteproyecto de ley patrocinado por el gobierno se presentó por primera vez al Parlamento en 2005, durante la anterior legislatura, pero no se sometió a votación antes de las elecciones generales del 28 de marzo de 2006. En las últimas semanas, el Comité de Legislación del gobierno y el Parlamento recién elegido han aprobado la «continuidad legislativa» del anteproyecto, lo que ha permitido su paso del Parlamento anterior al actual. Se someterá a votación en la Comisión de Constitución, Ley y Justicia del Parlamento el 20 de junio.
La ley permite tener a los detenidos prácticamente aislados del mundo exterior durante un periodo de hasta 30 días, con excepción de una comparecencia ante un juez a los cuatro días de la detención, en la que no estarán presentes sus abogados.
Cuando se encuentran recluidos en régimen de incomunicación, los detenidos están especialmente expuestos a sufrir tortura o malos tratos. La mayoría de los casos de tortura o malos tratos que se denuncian a Amnistía Internacional se dan cuando los detenidos están siendo interrogados y se hallan recluidos en régimen de incomunicación.
En 2003, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Israel a garantizar que ninguna persona pasa más 48 horas recluida sin acceso a un abogado y señaló que la detención prolongada sin acceso a un abogado o a otras personas del mundo exterior viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Israel es Estado Parte.
Este anteproyecto de ley patrocinado por el gobierno se presentó por primera vez al Parlamento en 2005, durante la anterior legislatura, pero no se sometió a votación antes de las elecciones generales del 28 de marzo de 2006. En las últimas semanas, el Comité de Legislación del gobierno y el Parlamento recién elegido han aprobado la «continuidad legislativa» del anteproyecto, lo que ha permitido su paso del Parlamento anterior al actual. Se someterá a votación en la Comisión de Constitución, Ley y Justicia del Parlamento el 20 de junio.