El abogado de los afectados por la contaminación causada por la petrolera en la selva ecuatoriana reclama desde hace 25 años que la transnacional repare el daño, como le obliga la justicia
El abogado del ‘caso Chevron’, Pablo Fajardo, junto al representante indígena y miembro de la UDAPT Jose Justino Piaguage (La Fede) 8 06:05 Actualizado a 14/11/2018 12:39
Temas relacion Pablo Fajardo es como un corredor de fondo, sabe que la clave está en la resistencia, en mantener la mente clara y no perder nunca de vista el objetivo. El abogado de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) lleva 25 años de lucha contra el gigante petrolero Chevron (empresa que absorbió a Texaco en el 2000) por el daño ecológico que causaron y siguen causando sus actividades en la Amazonia ecuatoriano. Los tribunales de Ecuador le han dado la razón hasta en cuatro ocasiones y han obligado a la transnacional a pagar 9,5 millones de dólares a los 30.000 afectados. Pero desde esa sentencia en 2014, no han visto un solo dólar y el desastre cultural, medioambiental y sanitario sigue sin remediarse.
Ahora, Fajardo y los pueblos de la Amazonía buscan justicia en tribunales internacionales, pero enfrentarse a un Goliat que emplea a 2.000 abogados a tiempo completo en el caso no está siendo fácil. Estados Unidos, Argentina y Brasil ya les han dado la espalda. Y todavía pelean en última instancia para que Canadá no haga lo mismo. En septiembre, el Tribunal Permanente de Arbitraje ordenó al gobierno de Ecuador anular la condena contra Chevron, una petición que se salta la separación de poderes. Y entre tanto, los demandantes han sufrido agresiones, amenazas, espionaje y todo tipo de difamaciones.
Pablo Fajardo y Jose Justino Piaguage durante la charla que ofrecieron en Barcelona (La Fede)
Fajardo, que visitó Barcelona invitado por La Fede junto al representante indígena y miembro de la UDAPT Jose Justino Piaguage, advierte de que su caso sienta un precedente de injusticia para todos los pueblos del mundo. Si la comunidad internacional no reacciona, afirma, el poder de las transnacionales se impondrá al respeto a los derechos humanos y la soberanía de los estados.
La última vez que La Vanguardia le entrevistó, traía buenas noticias. Hacía poco que había recibido la sentencia que obligaba a Chevron a indemnizarles. Qué es lo que ha pasado desde entonces?
Han pasado muchísimas cosas divertidas que reflejan un sistema de injusticia internacional. Un sistema que garantiza impunidad a las corporaciones, que deja sin acceso a la justicia a los pueblos, que demuestra que los organismos supranacionales y nacionales no están a la altura y que, a veces, se convierten en piezas fundamentales de esa arquitectura de la impunidad corporativa. Cuando me entrevistasteis en 2014 habíamos ganado la primera sentencia de la Corte Suprema de Ecuador y había un recurso pendiente de Chevron ante la Corte Constitucional. Pasaron cuatro años y el pasado 10 de julio se emitió la última sentencia, también favorable a nosotros. Fue una ratificación total en la se demuestra que el único sistema de justicia que ha revisado todo el problema de Chevron es el ecuatoriano. Hay cuatro sentencias, todas favorables a los demandantes y no hay mecanismo legal vigente que permita anularlas.
Pero, ¿Cómo ejecutar esa decisión si Chevron no tiene dinero en Ecuador?
No hacemos nada con una sentencia judicial que reconoce la culpa de Chevron y le condena a pagar una indemnización, si no la cobramos para limpiar la Amazonia, que es nuestro sueño. Por eso hemos ido a las cortes extranjeras en Brasil, Argentina y Canadá para homologar las sentencias. Ese escenario se ha ido complicando por la arquitectura jurídica de las transnacionales, que usan empresas subsidiarias. Por ejemplo, Chevron Argentina alega que no se le puede cobrar una deuda de una empresa diferente. Para ellos hay una división de patrimonio, pero obviamente eso no es verdad. Hemos demostrado que los dividendos que genera Chevron Argentina van de forma total y absoluta a Chevron matriz. Así como las decisiones de la empresa en Argentina. Pese a todas esas pruebas, los jueces, en un tecnicismo jurídico, han dicho que no hay jurisdicción para el caso porque son empresas diferentes. Esto ha pasado también en Brasil. En Canadá estamos peleando en último recurso ante la Corte Suprema. Esto refleja que las transnacionales no sólo usan a las auxiliares para evadir impuestos, sino para evadir la justicia y ocultarse de los pueblos, que es mucho más grave.
«Las transnacionales no sólo usan a las auxiliares para evadir impuestos, sino para evadir la justicia y ocultarse de los pueblos» (PABLO FAJARDO)
Otra cosa que ha pasado en estos años es la protección del país de origen de la empresa, Estados Unidos. En marzo de 2014, un juez de instancia sacó una sentencia que prohibía que los demandantes ejecutáramos la sentencia ecuatoriana allí. Apelamos, pero el segundo circuito ratificó la sentencia, lo que refleja como el país de origen de la transnacional ha creado un escudo protector para proteger a Chevron sin analizar el crimen cometido por la empresa en Ecuador ni la condena judicial que existe en otro país. Otro problema que aparece en este escenario es la asimetría económica entre los demandantes y la transnacional. En Canadá, el pasado 23 de mayo, una sentencia en segunda instancia nos condena a pagar las costas judiciales de Chevron. Esas costas las fija en 350.000 dólares canadienses. Es decir, que vamos por el mundo buscando justicia, y encontramos castigo económico. No podemos pagar esa plata. Es imposible que logremos esa cifra tan alta de dinero. Pero ese es el precio de la justicia. Así es como se usa el recurso económico para impedir que los pueblos tengan acceso a la justicia.
La Casa Blanca también ha ejercido presión recientemente.
El pasado 27 de junio, justo el día en que la Corte Constitucional debatiera nuestro caso, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, se encontraba de visita en el país y habló de «casos irritantes» que dificultaban las relaciones comerciales entre Ecuador y EE.UU.. Esos casos eran tres: La posición de Ecuador frente a Venezuela, el caso de Julian Assange y el caso Chevron. Básicamente vino a decir que, si Ecuador quería tener buenas relaciones comerciales con los Estados Unidos, debía resolver estos tres casos. El gobierno cambió inmediatamente su posición en los dos primeros casos. En el nuestro, hicieron una presión enorme pero, afortunadamente, UDAPT liderando la defensa de los derechos de la gente junto a otros colectivos logramos que esas presiones políticas no afectasen a la decisión de los jueces. Y los jueces sacaron una sentencia en firme.
Pero ni siquiera ahí han acabado los problemas.
La decisión judicial generó que Chevron recurriera a un tribunal de arbitrajes internacional como última tabla de salvación. Este tribunal, el 30 de agosto, emitió un auto que es descabellado e ilegal. Por una parte, aplica un tratado bilateral de protección de inversiones que entró en vigencia en el año 1997. Chevron (entonces exaco) dejó de invertir en Ecuador en 1992. No se puede aplicar retroactivamente el tratado. Los árbitros, para beneficiar a Chevron, hacen una interpretación bastante distorsionada. Dicen que, como Ecuador había firmado un contrato de remediación en ambiental 1995 en el cual el entonces Texaco se comprometía a remediar parte del daño ambiental de sus operaciones, ese gasto podía considerarse una inversión. Distorsionan el concepto de inversión. Uno invierte para ganar.
«Le están pidiendo al presidente de Ecuador que elimine la división de poderes» (PABLO FAJARDO)
Pero lo más grave es que Chevron alega que, cuando el estado ecuatoriano firmó ese contrato, asumió los derechos colectivos de los ciudadanos. Es decir, que la gente de la Amazonia, desde ese contrato en adelante, no tiene derecho a demandar por reparación ambiental, porque el estado es dueño de sus derechos. Eso es imposible. Ningún gobierno puede negociar con tus derechos. Pero bajo esa lógica, el laudo arbitral dice que el estado, al permitir que nosotros llevásemos a cabo el juicio, violó el artículo dos del acuerdo y ordena al estado de Ecuador a anular la sentencia del caso nuestro, cuando ni siquiera nosotros formábamos parte del arbitraje, que era entre Chevron y el gobierno ecuatoriano, y nunca nos pudimos defender. Y lo más grave todavía es que no hay mecanismo jurídico en Ecuador que permita que el gobierno pueda anular una sentencia. Le están pidiendo al presidente que elimine la división de poderes. Son cosas inaplicables e ilegales, pero detectamos que el gobierno ecuatoriano está interesado en aplicar el laudo arbitral sin importar cómo afecta a derechos de terceros que nunca participaron del arbitraje internacional. Esto es repudiable y exhortamos al gobierno ecuatoriano a respetar nuestros derechos y las leyes vigentes.
Y a partir de aquí, ¿Cuál es el camino a seguir?
Ante esta realidad de una absoluta ilegalidad, estamos en una posición muy compleja. Nuestro juicio no se ha anulado y seguimos litigando en cortes como la canadiense y buscando otras para homologar nuestra sentencia. Y queremos que el Estado plantee un recurso de nulidad ante las cortes holandesas. Porque en el sistema de arbitraje, que es perverso, no hay recursos. Si pierdes un arbitraje, cualquier barbaridad que se diga no hay como apelarla. Está todo hecho para dar seguridad jurídica a las trasnacionales. Pero el Estado tiene derecho a ir a las cortes holandesas, y esperamos que lo haga pronto. Obviamente el sistema de justicia holandés normalmente no declara nulidad en laudos arbitrales. En los últimos cinco años, han declarado, que yo sepa, dos arbitrajes nulos. De cientos. Lo hacen porque anular más casos genera el riesgo de que el sistema arbitral emigre a otro país. Pero este un precedente muy grave, si no se revierte este laudo arbitral, después de Ecuador vendrán otros estados. Es el primero que se impone a una sentencia de derechos humanos y ordena a un estado soberano a anularla. Si eso se aplica, cuando cualquier país en cualquier parte del mundo saque una sentencia contra una transnacional, esta podrá ir a un arbitraje y anularla. Este caso genera una inseguridad jurídica en todo el planeta y puede ser aplicado a partir de ahora. Hay que actuar. Está bien que las transnacionales tengan garantías, pero que no abusen del derecho y, sobre todo, de nuestros derechos.
Aunque Chevron se marchara de Ecuador en 1992, los efectos de su paso por la Amazonía se siguen sintiendo. ¿Cuál es el impacto a día de hoy?
[Toma la palabra Jose Justino Piaguage]
Para empezar, está el daño material. Nuestro pueblo siempre ha sido de territorios extensos. Hoy vivimos arrinconados en pequeños espacios. Se han contaminado las cabeceras de los ríos, que eran nuestra fuente de vida porque generalmente nos alimentamos de pescado. El petróleo diariamente se está filtrando por el subsuelo. Y han empezado a aparecer enfermedades que no se habían detectado antes como la leucemia o el cáncer. El daño a la salud es terrible. De acuerdo a los últimos datos, vivimos en la zona con mayor índice de cáncer de toda América Latina.
«Vivimos en la zona con mayor índice de cáncer de toda América Latina» (JOSE JUSTINO PIAGUAGE)
Pero también hay efectos inmateriales. Nosotros somos pueblos pequeños, entre tres nacionalidades no llegamos a los 3.000 habitantes, y el número va a la baja. No sólo vamos a desaparecer físicamente, sino que nuestra cultura milenaria también. Las nuevas generaciones están olvidando la sabiduría ancestral. Nosotros miramos a la selva y a los ríos con una dimensión espiritual. Allí viven los espíritus. Pero esa sabiduría dejó de transmitirse, lo sabios decían que la comunidad estaba demasiado sucia como para hacer nuestras ceremonias. Eso ha roto todo el esquema cultural. Ya hemos perdido a los principales sabios. Murieron físicamente sin poder transmitir su sabiduría, y su parte inmaterial se sigue muriendo. Hay dos culturas indígenas que ya se extinguieron y nos preguntamos, ¿Cuál es su precio? ¿Cómo se puede reparar eso? Es imposible.
Chevron no sólo ha luchado a través de la vía judicial. También ha emprendido campañas de difamación específicamente contra usted [Fajardo]. ¿De que se le acusa?
Ufff… Es que es increíble. Ahora uno de los frentes de ataque son las redes sociales. Hasta no hace mucho, pagaban en los periódicos nacionales todas las semanas una página entera para poner su verdad. Tengo varios juicios. Me denunciaron en Gibraltar por haber creado una empresa segura allí cuando buscábamos formas de que gente que quería financiar las costas del juicio pudieran hacernos llegar el dinero. Chevron nos demandó alegando que esa empresa se creó para extorsionarles. Y obviamente yo soy uno de los jefes de esa mafia [ríe]. Pues me han condenado a pagar 38 millones de dólares. Pero no me preocupa, porque no tengo con qué pagar. La estrategia de Chevron es ganar el partido sacando de la cancha a un jugador del campo contrario.
Usted también ha pagado un precio personal…
No me gusta hablar mucho de eso porque esta es una lucha colectiva. Pero lo que nos ha pasado es grave y creemos que puede ir a peor. Mi hermano murió asesinado en 2004, nos han perseguido en nuestra oficina, nos han intentado agredir, todos nuestros correos están pinchados y todo llega a Chevron antes que a nosotros, nos vigilan, han espiado a mis hijos, nos difaman con campañas mediáticas y judiciales… Hay una escalada. Y tras el laudo arbitral, tenemos información de que hay planes de Chevron y -espero que no sea cierto- del gobierno ecuatoriano para aumentar esa campaña en contra de nuestra causa. Quieren neutralizarnos y sacarnos de esta batalla.
¿A qué se refiere concretamente cuando habla de «neutralizarnos»?
Espero que no vayamos a la cuestión física. Pero hay todo un sistema construido entre Chevron, actores del gobierno ecuatoriano y los EE.UU. para neutralizarnos, al menos, judicialmente. Es un escenario preocupante, pero vamos a seguir luchando hasta que se haga justicia y se repare la Amazonia.
En la actualidad hay 200 organizaciones a nivel mundial que preparan un tratado vinculante para presentar ante la ONU para evitar casos como el de Ecuador. Denuncian que hay países de la UE y otros lugares que están ejerciendo presiones para que no se apruebe. ¿Por qué cree que actúan así?
El tratado vinculante busca una respuesta al problema global de falta de acceso a la justicia de los pueblos. El caso Chevron es el gran ejemplo. Pero la UE y otros estados como España están obstaculizando el proceso. No quieren reconocer que muchas transnacionales tienen sus sedes en su territorio. Protegen su capital sin importar los crímenes que cometan. Hay una doble moral que hay que denunciar. La UE se presenta en el mundo como uno de los referentes en la lucha por los derechos humanos, pero en estos casos uno se da cuenta de que no es verdad. Cuando hay un tratado vinculante que pretende defender los derechos humanos ante las transnacionales, se quedan callados u obstruyen el proceso. Nuestra lucha por ese tratado no es contra las inversiones ni las transnacionales, es para que los pueblos tengan acceso a la justicia y que no haya crímenes corporativos. Pero si los hay, que sean sancionados.