Negociadores de Colombia, Ecuador y Perú del tratado de libre comercio rechazan propuesta de Estados Unidos de patentar plantas y animales. El tema se abordará en la sexta ronda prevista del 29 de noviembre al 4 de diciembre en la ciudad estadounidense de Tucson
El acceso a los recursos genéticos en la región andina, que alberga la cuarta parte de la biodiversidad del planeta, es un punto de discordia en el tratado de libre comercio que Estados Unidos negocia desde mayo con Colombia, Ecuador y Perú.
La propuesta estadounidense establece acceso libre para patentar plantas y animales, a los que designa como «inventos» en el capítulo sobre propiedad intelectual del borrador del tratado, norma que entraría en contradicción con la legislación de la Comunidad Andina de Naciones, CAN.
La CAN, integrada por los tres países que negocian el tratado junto con Bolivia (observador en el proceso) y Venezuela, prohíbe expresamente patentar seres vivos, salvo microorganismos desde 1998.
Propiedad intelectual y agricultura son las dos áreas en las que, tras cinco rondas de negociación, no hay acercamiento entre las partes. Ambas se abordarán en la sexta ronda, prevista del 29 de noviembre al 4 de diciembre en la sudoccidental ciudad estadounidense de Tucson, dijo a Tierramérica Hernando José Gómez, jefe negociador colombiano.
Las normas en los países de la CAN, que suman cuatro millones 700 mil kilómetros cuadrados, establecen que la biodiversidad es patrimonio nacional y regional, y reconocen el saber tradicional asociado con el uso de recursos genéticos.
Los andinos se acogen además al Convenio de 1991 de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que establece un marco de propiedad intelectual de variedades de plantas muy semejante a las patentes, y reconoce derechos de científicos, fitomejoradores y agricultores.
Una fuente del equipo negociador colombiano dijo a Tierramérica que tiene instrucciones de «no contrariar la norma andina», y que los representantes de su país, Ecuador y Perú trabajan en armonía.
Además, Gómez recordó que las tres delegaciones sudamericanas cuentan con respaldo de los otros dos miembros de la CAN. «El 99 por ciento de los textos andinos ya están sobre la mesa», agregó.
Pero la propuesta estadounidense de patentar plantas y animales ha generado preocupación en amplios sectores de la comunidad andina.
El tratado «realmente es un negocio de patentes. Estados Unidos quiere, por decirlo así, imponer que todos los países adopten tratados sobre las patentes. Y ése es uno de los grandes problemas en el tema de la biodiversidad», dijo a Tierramérica Manuel Rodríguez, ex ministro colombiano de Ambiente.
«Muchas cosas relacionadas con el acceso a recursos genéticos tienen que ver con las patentes. Por ejemplo, Estados Unidos no ha reconocido ni va a reconocer el conocimiento tradicional. Pero eso tampoco lo va a resolver el tratado, y uno puede suponer que van a encontrar la forma de aplazarlo (el tema) y sacar adelante el acuerdo», agregó.
Washington logró que las negociaciones sean secretas, y su propuesta no es de dominio público, como tampoco lo es la de los andinos, aunque en la sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano, parlamentarios e investigadores de universidades pueden ver ambos textos en una terminal de computador, sin posibilidades de copia y previa firma de un compromiso de «confidencialidad».
Funcionarios de ese ministerio indicaron que los periodistas no tiene acceso a esa terminal, pero Tierramérica pudo leer la propuesta andina sobre propiedad intelectual, bajo la condición de no tomar apuntes. En general, esa propuesta interpreta la norma de la CAN en la materia.
«No puede ser de otra manera. La norma andina se aplica de manera prevalente», dijo a Tierramérica Luis Ángel Madrid, funcionario del ministerio y negociador portavoz en la mesa sobre propiedad intelectual.
Pero Margarita Flórez, abogada ambientalista del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, con sede en Bogotá, discrepa con Madrid.
«Los estadounidenses quieren que se permita patentar plantas y animales» y prevalecerá «el tratado bilateral, que será más específico y posterior (a la norma andina)», dijo Flórez.
«Los tratados se firman para cumplirlos, y Estados Unidos tiene muchísimas maneras de hacerlos cumplir», aseveró.
«Lo que se defiende en estos tratados no es el libre comercio. Los productos están sin arancel hace mil años. El problema es el derecho del inversor, defendido con patas y manos» en la propuesta estadounidense, alegó.
El ex ministro de Ambiente ecuatoriano, Edgar Isch, coincidió al señalar que las leyes del comercio internacional tienden a socavar las normas sobre ambiente nacionales y multilaterales.
Para la Organización Mundial de Comercio, sus normas están «por encima» de los acuerdos internacionales sobre ambiente, dijo.
En Estados Unidos, según el ex ministro, «la administración Bush ha reducido o eliminado alrededor de 200 normas ambientales, en muchos casos para favorecer el libre comercio».
Sin embargo, sostuvo que el tratado andino «no es inevitable y, tal como están dadas las cosas, no es la mejor vía para el desarrollo».
El acuerdo podría estar listo en febrero y entraría en vigencia en 2006, si lo aprueban los parlamentos de los cuatro países. Pero los opositores al tratado en las naciones andinas han pedido, como mínimo, la suspensión de las negociaciones y la difusión de las propuestas.
En Colombia, por ejemplo, el movimiento indígena propuso un referendo contra el tratado.
La autora es colaboradora de IPS.