La Unión Europea mantiene que apoya la paz en Palestina, la constitución de un estado Palestino en las fronteras de 1967, antes de su conquista por Israel, y rechaza por consiguiente el desplazamiento de la población israelí a territorio palestino ocupado y los asentamientos. También rechaza que las empresas se aprovechen de la ocupación y reclama que sean respetuosas con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas multinacionales.
Una vez dicho esto, ante las continuas destrucciones de propiedades palestinas, desalojos y expropiaciones que ejecutan las autoridades israelíes, la Unión Europea, desde hace décadas en un ejercicio de una permanente marmota, emite un comunicado de unas líneas, ”condena tales planes e insta a Israel a cesar las demoliciones y los desalojos de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos”. Añaden, en sus respuestas que esos incidentes propios de la ocupación forman parte del diálogo con Israel y, … nada más.
Perdón, la UE sigue con un Acuerdo Preferencial de libre comercio con Israel, a pesar de que estaría obligada a suspenderlo si se cometen graves infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional; incrementa los programas de colaboración; y se hace trampas a sí misma, estableciendo que todos esos acuerdos están limitados a ‘territorio israelí’, pero deja hacer y libera recursos a entidades israelíes que sí participan en la colonización en los territorios palestinos y sirios ocupados y no comprueba de facto si el comercio o las inversiones se realizan con los territorios invadidos, conquistados y con las empresas que se lucran con la ocupación.
Por último, remite a los Estados miembros que vigilen el comportamiento de sus empresas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, pero sin imponer sanciones, ni siquiera el impedirlas que liciten en los concursos públicos, aunque haya una ley de contratos públicos que lo posibilitaría.
La invasión de Rusia a Ucrania ha puesto más en evidencia el doble rasero de la Unión Europea.
Frente a Rusia se han desplegado sanciones rápidamente, por parte de la UE y de los Estados miembros.
Y, ¿a Israel?. Las razones serían las mismas, invasión y ocupación. Incluso, con más agravantes, desplazamiento de población israelí a territorio ocupado o la imposibilidad de que los refugiados palestinos pueden volver a sus hogares, porque Israel, en contra de Resoluciones de las Naciones Unidas, lo impide o las leyes de apartheid que Israel tiene.
Las Naciones Unidas han identificado, de momento, a 112 empresas, de varias nacionalidades, que se lucran con la ocupación. 31 organizaciones de derechos humanos y solidarias han solicitado que se incluya a la empresa española CAF por construir y gestionar líneas de tranvía y vender autobuses entre Jerusalén y las colonias ilegales próximas, facilitando la movilidad de la población israelí a territorio ocupado, mientras se está judaizando la ciudad, expulsando a palestinos en diversos barrios y aldeas anexionadas.
Gracias a que Palestina consiguió el estatuto de Estado observador de las Naciones Unidas y frente a obstáculos puestos por diversos Estados, como Alemania, consiguió plantear una demanda de crímenes de guerra y lesa humanidad a Israel en la Corte Penal Internacional. Eso sí, Estados Unidos prohibió la entrada de la fiscal de la Corte en territorio estadounidense y ha puesto otras zancadillas. Pero, para actuar en otros organismos internacionales y mejorar su capacidad de negociación ante la potencia ocupante israelí, es necesario su reconocimiento como Estado.
Por poner un ejemplo, en la Organización Mundial de Turismo, con sede en Madrid, se ha suspendido a Rusia como socio. Mientras, Israel y diversas empresas que explotan y se benefician con la ocupación como Airbnb, Expedia, TripAdvisor, The Israel Association of Travel Agencies & Consultants, ORTRA, Israel Hotel Association por operar en los asentamientos ilegales israelíes, no han tenido ninguna sanción o reproche.
Es preciso, pues, que se reconozca a Palestina, como Estado. Esa categoría facilitará la posición y equilibrio para alcanzar una paz justa en la Palestina histórica, con un Israel que abandone la ocupación y sus leyes de apartheid. El Congreso de los diputados aprobó el reconocimiento del Estado Palestino. Lo hizo en 2014 y contaba para ello que se hiciera conjuntamente por el resto de países europeos (ya lo han reconocido varios, el último Suecia) y que Israel participase en una dinámica de paz. Esto último, como se comprueba por la política de ocupación de los diferentes gobiernos israelíes, no está en sus planteamientos. Israel está dibujando unas reservas, bantustanes, donde se encierra a la población palestina y sigue con sus leyes de apartheid. Es hora, pues, de que España, sin más dilación, reconozca el Estado de Palestina.
Y, contemporáneamente, se está reclamando por parte de diversas asociaciones, la regulación de la prohibición del comercio entre la UE y esas empresas que participan en la ocupación. Dado que la Comisión Europea es remisa en la coherencia y práctica el doble estándar, estas asociaciones estamos promoviendo una Iniciativa Ciudadana Europea, stopsettlements.org, para lograr ese propósito. Sería recoger en los países europeos un millón de firmas entre sus ciudadanos para prohibir esa esquilmación de recursos y el lucro de esas empresas coloniales.
Al ser, una petición que se plantea para cualquier territorio ocupado, valdría también para impedir que empresas marroquíes o españolas o de otra nacionalidad roben los recursos saharauis.
Estas dos iniciativas complementarias, el reconocimiento del estado Palestino y la prohibición del robo de empresas coloniales, son un apoyo práctico y coherente, para pasar de los discursos a los hechos.
Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
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