En los últimos días de diciembre de 2021 el Ministerio de Ambiente de la Nación autorizó la campaña de exploración sísmica en los bloques 100, 108 y 114 de la Cuenca Argentina Norte, ubicados a unos 300 kilómetros de la costa bonaerense. La decisión gubernamental provocó un repudio generalizado que se expresó en las calles de Mar del Plata y de otras ciudades del país. Las movilizaciones se extendieron a lo largo del verano y desde entonces se repiten el día 4 de cada mes.[1] Este proceso en curso, que tomó el nombre de Atlanticazo, es expresión del crecimiento del movimiento socioambiental en Argentina y tiene la fuerza suficiente para poner en discusión unas políticas que no saben de grietas, como es la de la promoción de las energías extremas. Contrariamente a los intentos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio de diferenciarse, al menos en el sector energía, existen varias líneas de continuidad y cogobierno.[2]
Desde ámbitos gubernamentales y empresariales se promociona a los hidrocarburos de yacimientos compactos y a los de aguas ultraprofundas como la vía para alcanzar el autoabastecimiento fósil, la soberanía y seguridad energética, el desarrollo productivo y la transición; en tanto, se desestiman riesgos e impactos. En este artículo nos interesa recuperar el derrotero de las energías extremas en Argentina, marcar los discursos en pugna y cuestionar la explotación de yacimientos de aguas ultraprofundas como senda hacia la transición energética.
Debates extremos en la nueva frontera
Ante el agotamiento de los reservorios convencionales de hidrocarburos —es decir, el gas y el petróleo de fácil extracción— y de las disputas geopolíticas por el control de la energía, en las últimas décadas creció el interés de gobiernos y empresas del sector por los crudos ultrapesados, las arenas bituminosas, los hidrocarburos de arenas compactas y lutitas y los yacimientos de aguas ultraprofundas. Su puesta en valor auguró una nueva era dorada de los fósiles. Sin embargo, la explotación de estas fuentes es más compleja y presenta una serie de desafíos tecnológicos y financieros, y de riesgos ambientales y laborales, por lo que el analista estadounidense Michael T. Klare las denominó energías extremas. Este concepto fue tomado y ampliado por la red del Sur Global Oilwatch Latinoamérica para caracterizar esta etapa de la era fósil.
Las energías extremas se insertaron en el debate energético argentino hace al menos una década, cuando se impulsó la aplicación masiva de la fractura hidráulica o fracking en formaciones de arenas compactas y lutitas (como Vaca Muerta), y su relevancia se actualiza con los proyectos de exploración en aguas ultraprofundas. En ambos momentos su promoción generó expresiones de rechazo, aunque los motivos fueron diferentes.
En 2013, la movilización contra la explotación de yacimientos no convencionales en Neuquén y Río Negro se nutrió de al menos cuatro vertientes.[3] Una fundada en la perspectiva socioambiental, que rechazaba la prolongación de la dependencia de los combustibles fósiles y ponía en el centro de la disputa la defensa del agua. En una línea cercana, el pueblo Mapuche cuestionaba la profundización de los daños territoriales y la contaminación (a la que ya estaba expuesto por la actividad hidrocarburífera convencional), y planteaba la falta de consulta previa, libre e informada y la violación de otros derechos colectivos. Por otra parte, una perspectiva nacional-popular impugnaba la alianza estratégica de la, por entonces, recientemente “recuperada” YPF, con la petrolera estadounidense Chevron para explotar Vaca Muerta. Finalmente otro sector, desde la izquierda, se oponía al proyecto que identificaba con la profundización de la dependencia y el saqueo. Estas cuatro vertientes no necesariamente se excluyeron, sino que en algunos casos convergieron y se retroalimentaron.
Este verano las protestas por la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que habilitó la prospección sísmica en la Cuenca Argentina Norte no tuvo a la empresa noruega Equinor como un disparador, sino a la actividad hidrocarburífera en aguas ultraprofundas. El movimiento socioambiental dinamizó la oposición a la apertura de la nueva frontera extractiva planteando la crítica al sostenimiento de la dependencia de los combustibles fósiles, los riesgos ambientales de los proyectos extremos y las transformaciones socioeconómicas y territoriales que la actividad hidrocarburífera provocaría en las comunidades costeras. Aún cuando este movimiento fue el motor de la movilización, no debe desestimarse el aporte de otras vertientes como organizaciones conservacionistas y de sectores que ponen el acento en la crítica al saqueo de los bienes comunes.
Este protagonismo es reflejo del crecimiento del movimiento socioambiental que en los últimos años fue artífice de hechos políticos de trascendencia nacional y regional como el Mendozazo (2019) y el Chubutazo (2021). Ambos hitos no son solo de lucha, sino también de victorias que pusieron en jaque la gobernabilidad en ambas provincias a partir de la disputa antiextractivista. Esa es la magnitud que tienen los movimientos socioambientales en la actualidad. Y justamente en el marco de esa disputa se da la convergencia de las movilizaciones contra la megaminería y la actividad hidrocarburífera en el mar. A simple vista podrían parecer luchas diferentes, sin embargo, la discusión de fondo es la misma: el modo de producción y de relación con la naturaleza.
Negacionismo y negocios
Los discursos vinculados al gobierno han buscado infantilizar las razones de la masiva oposición.[4] Al punto que funcionarios del Ministerio de Energía de la Nación calificaron como “fake news” los argumentos del ambientalismo. La falta de un debate de fondo desde ámbitos gubernamentales se hace notar en este punto. En plena construcción de una agenda sobre los impactos de la actividad, autoridades provinciales, nacionales y dirigencias sindicales afines aseguran que la actividad hidrocarburífera en aguas ultraprofundas en Argentina constituye una apuesta de bajo o nulo riesgo. Intentan circunscribir el debate a si tendremos o no a la vista una plataforma o un derrame. Desestiman riesgos arguyendo una sobrada experiencia nacional en extracción de hidrocarburos costa afuera, que se remonta a la década de 1930. Aunque no aclaran que a aquellos pozos, perforados frente a las costas de Comodoro Rivadavia, se podía acceder fácilmente desde la playa cuando bajaba la marea. Y, tampoco, que hay diferencias entre la explotación que se realiza en la Cuenca Austral Marina, con pozos perforados a menos de 100 metros de profundidad (entre el nivel del agua y el lecho marino), y los que proyectan en la Cuenca Argentina Norte, donde esas profundidades van de los 1700 a los casi 4000 metros.
A diferencia de la década pasada, donde el discurso gubernamental pasaba por alto la agenda ambiental, algunos promotores de la ampliación de frontera hacia yacimientos en aguas ultraprofundas plantean que es necesario extraer el gas, no solo para garantizar el autoabastecimiento sino también para avanzar en la transición energética, es decir, reemplazar con gas la combustión de otros fósiles. Ante ese argumento, es necesario señalar que más allá de lo controvertido de presentar al gas como combustible puente para descarbonizar la matriz (hay diversidad de estudios que ponen en tensión esa vía), en Argentina ya se realizó ese cambio. A partir del descubrimiento del mega yacimiento Loma La Lata en Neuquén, a fines de la década de 1970, el gas pasó a tener una mayor participación en la matriz energética. Actualmente representa el 55 % de las fuentes primarias, mientras que el crudo está en el orden del 29 %. En realidad nuestro país, para “limpiar” la matriz no solo tiene que reducir el consumo de crudo sino también de gas y sustituirlo por electricidad generada desde fuentes renovables. Eso implica direccionar las prioridades hacia inversiones en generación renovable y en infraestructura de transporte eléctrico, como propone el Observatorio de Energía y Sustentabilidad – UTN FRRo.
Por otra parte, la propuesta de transición energética, basada en el incremento del consumo de gas y la reducción de otros combustibles fósiles no atiende las recomendaciones formuladas en 2018 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que planteó al gobierno argentino “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el ‘fracking’ en la región de Vaca Muerta”, para garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos. Ni tampoco la advertencia de la Agencia Internacional de Energía, que destacó que para alcanzar los objetivos climáticos planteados en el Acuerdo de París no se deben abrir nuevas fronteras extractivas.
Prioridades
Las demandas ambientales son desestimadas, consideradas de segundo orden, imponiéndose la perspectiva macroeconómica que alimenta nuevas quimeras eldoradistas a partir del avance sobre la nueva frontera, o al menos, la posibilidad de generar divisas para pagar la deuda ilegítima al FMI. Cuando en el ámbito nacional se plantea al gas como combustible puente no se está pensando en la descarbonización de la matriz energética argentina sino en los nichos de mercado que se abren a partir de la transición energética de los países del Norte Global. Se pretende insertar a Argentina como proveedora de gas natural licuado (GNL) e hidrógeno azul, que se obtiene del metano con captura de carbono en el proceso de producción. Ante un horizonte de abandono de los combustibles fósiles como meta para frenar el calentamiento global, las autoridades argentinas buscan una rápida monetización del potencial hidrocarburífero antes de que se contraiga ese mercado.[5]
El avance extractivista en busca de yacimientos de gas y petróleo en aguas ultraprofundas constituye una nueva etapa en la promoción de las energías extremas en Argentina. Al igual que lo ocurrido entre 2012 y 2013 con los yacimientos no convencionales y el fracking, estos intentos de profundizar la matriz fósil han generado movilizaciones de repudio. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido hace una década, el movimiento socioambiental en la actualidad no solo tiene la fuerza para poner en discusión la matriz energética, como lo muestra el Atlanticazo, sino también el poder de frenar proyectos y revertir decisiones gubernamentales, como ocurrió en Mendoza y Chubut. Es cierto que a diferencia de lo ocurrido hace una década con el fracking, actualmente hay sectores del gobierno nacional que esbozan propuestas de desarrollo verde; sin embargo, ello sirve al intento de presentar a las energías extremas como palanca para la transición energética. Cabe preguntarse, ¿si los partidos del poder siguen haciendo caso omiso de esta demanda, si no se implementan políticas que no sean un mero maquillaje, cuánto se puede tensar la cuerda ambiental en el país?
Este artículo forma parte del nuevo cuaderno del Colectivo de investigación en Crisis Socioambiental y Despojo del Instituto Tricontinental de Investigación Social que aborda los debates públicos sobre el proyecto de exploración sísmica offshore frente a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, la valoración de sus costos sociales y ambientales en contraposición a sus posibles beneficios económicos. Con sus diferencias y afinidades, el conjunto de las contribuciones que reúnen busca ayudar a pensar y construir alternativas desde una perspectiva popular.
Referencias
[1] Se retoma así el calendario surgido de la lucha contra la megaminería en Esquel donde, desde el 4 de diciembre de 2002, se marcha todos los 4 de cada mes bajo la consigna “No a la Mina”.
[2] La ronda de licitaciones de bloques en la plataforma continental realizada en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, fue posible por el proceso de reclamo iniciado por Argentina en 2009 ante la ONU, durante el primer gobierno de Cristina Fernandez; y el marco regulatorio que rige la actividad es la ley nacional de Hidrocarburos reformada en 2014, a instancias del Ejecutivo Nacional.
[3] En Entre Ríos, la oposición al fracking ante el anuncio del inicio de una campaña exploratoria por parte de YPF tuvo un carácter eminentemente socioambiental (defensa del Acuífero Guaraní) y la movilización culminó con la prohibición de la aplicación de esa técnica en la provincia. En Mendoza y Chubut la movilización se vertebró en torno a la defensa del agua y los derechos territoriales de comunidades indígenas.
[4] Sus modos remiten a cómo abordaban las demandas feministas algunos sectores, cuando estas no estaban en el centro de la agenda pública y eran consideradas de segundo orden, caracterizadas de pequeñoburguesas.
[5] Recomendamos la lectura del artículo de Gustavo Lahoud, Pujas que la transición energética no disuelve.