Una de las partes acusadoras en el juicio a 29 imputados por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid pidió ayer la responsabilidad directa del Estado en la matanza por graves fallos de prevención. La solicitud la formuló el abogado Gonzalo Boyé, que representa a dos víctimas del 11-M. Su argumentación apunta […]
Una de las partes acusadoras en el juicio a 29 imputados por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid pidió ayer la responsabilidad directa del Estado en la matanza por graves fallos de prevención. La solicitud la formuló el abogado Gonzalo Boyé, que representa a dos víctimas del 11-M.
Su argumentación apunta a que el Estado sea condenado como responsable civil de la matanza por «su falta de vigilancia o culpa in vigilando», al haber sido «negligente, de diversas formas, en su función de protección de la ciudadanía». El Partido Popular (PP) representaba al Estado en el momento de los atentados a cuatro trenes de cercanía en los que los terroristas colocaron 13 mochilas con explosivos, de las cuales explotaron 10 que mataron a 191 personas. José María Aznar era el presidente de su Ejecutivo, Mariano Rajoy el vice y Angel Acebes el ministro del Interior a cargo de las investigaciones y como tal, de la Policía y la Guardia Civil.
El letrado consideró que el Estado falló por «una errónea dirección política» en la «investigación y prevención de actos terroristas» y que, «tal vez, de haberse actuado correctamente, se hubiesen podido evitar» los atentados.
Por su parte, los abogados que representan a Pilar Manjón y a la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo (la que más damnificados representa en el juicio), analizan si plantean la misma posibilidad entre otras acciones. La solicitud de Gonzalo Boyé es más radical que la de las asociaciones de Víctimas del Terrorismo y de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo que sólo piden responsabilidad civil subsidiaria del Estado, pero no la directa. Boyé, que aboga por responsabilidad directa, afirma que esa culpa del Estado se ha visto reforzada en las 24 sesiones del juicio por la comprobación de cinco elementos para él clave. Mencionó al respecto, la existencia de grupos extremistas islamistas en España que estaban siendo investigados antes de la matanza; y el caso de los explosivos revelado por confidentes de la policía e investigado sin resultados. También incluyó el descontrol en la custodia de los explosivos en las minas; la desatención de los informes sobre el aumento de la amenaza islamista sobre España; y la escasez de medios policiales. Sobre los cinco puntos abundan pruebas, puntualizó.
Bayé no deja lugar a dudas en sus argumentos: Las detenciones de Jamal Zougam, Emilio Suárez Trashorras y Rafá Zohuier posteriores a los atentados, demuestran que el Estado tenía información muy precisa, aunque dispersa y descoordinada.
Otra prueba: la detención de Zougam, identificado por cuatro personas en los trenes y dueño del locutorio que vendió las tarjetas telefónicas de las bombas, centró las pesquisas en el terrorismo islamista.
Esto fue posible precisamente por el conocimiento del Estado sobre él, pues el sujeto había sido investigado con anterioridad por las autoridades francesas, marroquíes y españolas y se le tenía localizado por su supuesta relación con el extremismo.
El tribunal deberá pronunciarse por la solicitud del abogado, aunque no se ha dicho aún en qué tiempo.
Gobierno sabía que ETA no participó en los atentados
El pasado miércoles un ex jefe policial aseguró que el Gobierno del ex presidente José María Aznar supo desde el mismo día 11 de marzo de 2004 que la dinamita usada en los atentados de Madrid no era de ETA. No obstante, tres años después de los sangrientos hechos aún defienden la tesis de la autoría de ese grupo separatista vasco y cuestionan el resultado de las investigaciones policiales, en especial las relacionadas con los explosivos usados.
En la misma sesión se aclaró que los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado informaron al gobierno, el mismo día de la matanza, que el explosivo usado por los terroristas no era dinamita Titadine con la que se identifican las acciones de ETA, sino GOMA 2 ECO. Esa misma tarde, en una reunión de jefes en el Ministerio del Interior, Acebes fue puesto en conocimiento de ello, según declaró a preguntas del fiscal el ex comisario general de Información de la Policía en aquel momento, Jesús de la Morena.
Más aún, confirmó que con la localización del imputado Jamal Zougam el 13 de marzo, un día antes de las elecciones generales, la policía se centró en la vía islamista: «No hay nada más que esa investigación», afirmó de forma categórica.
La revelación es otro mazazo al PP y al propio Acebes, que aún con esa información insistió en la teoría de la conspiración para intentar demostrar la existencia de un complot entre ETA, islamistas, policías y socialistas contra el Gobierno de Aznar y su partido.
El otro jefe policial que compareció ante el tribunal fue el ahora eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera, enredado en lo personal porque ha sido desmentida su afirmación de un supuesto informe oculto sobre la vinculación de ETA en los atentados. Pues los policías que supuestamente le dieron esa información desmintieron rotundamente, mediante un escrito entregado al presidente del tribunal, haber hecho tal documento.