El 26J habrán pasado más de seis meses en que la actividad política, tanto del gobierno en funciones del PP como de los otros partidos, y también buena parte de la actividad de los movimientos sociales han sido sustituidas por escenificaciones y discursos electoralistas. Baste como ejemplo la paralización de la Junta de Andalucía, abstraída […]
El 26J habrán pasado más de seis meses en que la actividad política, tanto del gobierno en funciones del PP como de los otros partidos, y también buena parte de la actividad de los movimientos sociales han sido sustituidas por escenificaciones y discursos electoralistas. Baste como ejemplo la paralización de la Junta de Andalucía, abstraída su señora presidenta en la cuestión de si el día 27 cogerá o no el AVE a Madrid para quedarse allí y hacerse cargo de la secretaría general de su partido.
En realidad, este casi paréntesis de medio año, y el gasto de más de 130 millones que costarán las nuevas elecciones, sólo se explica por un objetivo: justificar el apoyo o aceptación del PSOE a un gobierno del PP, probablemente con la participación de Ciudadanos, con la acusación a Podemos de impedir un «gobierno de progreso». Esto mismo se podría haber hecho el 21 de diciembre pasado pero no se consideró a los votantes preparados para ello. Todo lo ocurrido desde entonces ha sido con el fin de prepararlos. El desenlace supondrá la salida de Pedro Sánchez e incluso, si fuera necesario, también de Rajoy, porque para el régimen político de la segunda Restauración Borbónica es esencial que PP-Ciudadanos-PSOE lleguen a un acuerdo. Evidentemente, Susana Díaz, o quien encabece su partido en julio, no va a fotografiarse con Rivera y con Rajoy (o quien sustituya a este) pero sí va a aceptar que gobiernen ambos (ya lo está haciendo ella aquí en Andalucía gracias a un pacto con el primero). Y tratará de vender esta aceptación (este apoyo) como un ejercicio de responsabilidad política, como un sacrificio para garantizar la gobernabilidad y cohesión de España.
De todos modos, el PSOE sólo habrá conseguido prolongar unos meses el momento de su debacle; una debacle que no es resultado solamente de la falta de consistencia de sus últimos secretarios generales, barones y baronesas sino de que se ha quedado sin lugar ideológico-político: el espacio socialdemócrata ya no existe, porque, al igual que el keynesianismo, no es posible dentro del capitalismo globalizado neoliberal. Aquí, y en todas partes, los otrora partidos socialdemócratas, más allá de su palabrería electoral, son ya socioliberales.
Como si no supieran que esto es así, los máximos dirigentes de Podemos repiten ahora que, para que sea posible «el cambio», es necesario un gobierno entre ellos y el PSOE. Lo que no sólo les obliga a olvidar una de las más celebradas frases del 15M: «el PSOE y el PP la misma m… es», rehusando a su inicial crítica a la «casta política», sino incluso a calificar a aquel como un «partido de progreso» (Errejón dixit,) aún señalando que sus líderes son proclives a tener «inconsecuencias». Si con este planteamiento pretenden provocar un trasvase de votos desde el electorado socialista, considero que la táctica es equivocada, porque legitimar al PSOE como «progresista» puede ayudar a tranquilizar la conciencia de muchos de sus votantes y despejarles las dudas para seguir votándolo. Es hacer algo parecido a lo que casi siempre ha hecho el PCE-IU aunque el objetivo pueda ser distinto.
Si ahora Unidos Podemos, incluso adelantando en votos al PSOE, no lograra superar a este en número de diputados, Sánchez estaría en condiciones de poder presionar a Pablo Iglesias para que le dé su apoyo esgrimiendo su propio argumento de que ambos son partidos «del cambio» y deberían formar gobierno con un programa viable (léase aceptable por la Troika y los poderes fácticos económicos), para impedir que siga gobernando Rajoy. Sería una especie de OPA hostil, que es también la que persiguen, a la inversa, los líderes de Podemos tratando de poner al PSOE en la tesitura de optar por ellos o por el PP, para que elija por sí mismo su forma de suicidio.
A nivel del Estado, el 26J podríamos estar ante la confirmación del fin del bipartidismo turnista. Pero, ¿y en Andalucía? Aquí no ha habido bipartidismo sino monopartidismo. El cambio necesario consiste no en desalojar al PP sino en desmontar el régimen clientelar, corrupto y demagógico del psocialismo. Pero si el PSOE es definido por Iglesias, Errejón, etc. como un partido «de progreso», con el que hay que compartir gobierno, ¿cómo podría hacerse esto? Evidentemente, saltan a primer plano las contradicciones entre la estrategia de un partido estatal y la que respondería a los intereses andaluces. Y también las limitaciones de un proyecto político que pretende, a la vez, ser de ruptura democrática y gobernar junto a una de las dos columnas del régimen que afirma querer sustituir.
Isidoro Moreno. Catedrático emérito de Antropología
Publicado el 31/05/2016 en Diario de Sevilla y otros diarios andaluces del Grupo Joly.
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