Traducción para Rebelión de Loles Oliván.
El 17 de febrero, el ministro sirio de Petróleo Muhammad al-Lahham anunció al Parlamento que el precio del combustible tendría que aumentar. El anuncio se produjo apenas un mes después de que el gobierno incrementara el precio oficial del diesel en más de un 50%, a 125 libras sirias (70 centavos de dólar) por litro, la mayor subida desde el levantamiento de 2011 y la octava desde mayo de ese año. Dado que las condiciones económicas de lo sirios que viven en el territorio controlado por el gobierno siguen deteriorándose, el régimen se arriesga a la reacción popular si abandona su vieja política garantista de energía barata, uno de los últimos vestigios del compromiso populista baasista con el bienestar económico de los sirios.
El régimen sirio se enfrenta simultáneamente a una crisis fiscal y de energía. Sus reservas de divisas ascendían a 17,4 mil millones de dólares a mediados de 2011. Estos fondos se agotaron rápidamente debido a las operaciones militares, al aumento de las importaciones que reemplazaron a los productos nacionales desaparecidos y al desplome de los ingresos. Las reservas, sin embargo, permitieron que el régimen se mantuviera a flote porque paralizó las actividades de inversión, porque recibió contribuciones de empresarios leales y porque convirtió en desplazados a un gran sector de población al que antes asistía. Asimismo, en julio de 2013 el gobierno recibió de Irán un crédito de emergencia de 3.600 millones de dólares aunque esa cantidad probablemente se ha gastado ya. Tanto Irán como Rusia son reacios a proporcionar ayudas adicionales debido a que sus ingresos petroleros han disminuido.
Las zonas controladas por el gobierno se enfrentan también a una grave escasez de combustible debido a que las entregas de petróleo iraníes se han vuelto menos fiables y el suministro de los pozos bajo control de ISIS se ha paralizado tras los ataques aéreos de la coalición. El escaso petróleo que llega se refina en instalaciones que operan en torno al 10% de su capacidad, mientras que la demanda de combustible se ha incrementado debido a los cortes de energía que han obligado a los sirios a utilizar generadores diesel.
El gobierno sirio es el distribuidor principal de este combustible. Compra petróleo crudo, lo refina y vende el combustible resultante en el país por debajo de los precios de mercado, lo que equivale a un subsidio energético estatal de facto. Pero dada la actual escasez de combustible, los precios oficiales por debajo del mercado alimentan un mercado negro que se nutre a expensas del gobierno. El régimen pretende poner bajo control este comercio ilícito aumentando los precios paulatinamente a los niveles del mercado.
Aunque esta idea tiene sentido desde el punto de vista fiscal, conlleva riesgos políticos importantes. El aumento súbito de los precios del combustible ya jugó anteriormente un papel como catalizador del descontento pues socava lo que Raymond Hinnebusch llama «el contrato social tácito» del régimen de Asad con la población siria, por el cual compraba «aquiescencia política mediante la concesión estatal de ciertas oportunidades económicas y de bienestar.» Sin duda, este «contrato» se destruyó a raíz de la campaña de liberalización del presidente Bashar al-Asad en la década de 2000, haciéndose cada vez más irrelevante a partir de 2011 en adelante, ya que el régimen ha degenerado en un mosaico de instituciones estatales en disfunción y en milicias parasitarias. Sin embargo, los vestigios del «contrato» perduran en forma de alimentos y energía subsidiadas.
Siria comenzó a producir petróleo en cantidad a mediados de la década de 1970. Las exportaciones de crudo proporcionaron ingresos al gobierno, y el Estado compartió la riqueza vendiendo los productos derivados del petróleo en el país por debajo de los precios de mercado. Además de beneficiar a los consumidores, esta política reducía el costo de las entradas agrícolas e industriales. El nivel de vida de los sirios mejoró sustancialmente en la década de 1970 cuando el gobierno invirtió la riqueza petrolera en la industria y proporcionaba energía barata.
El régimen violó esta parte de su «contrato» en la década de 1980 con graves consecuencias. Cuando las exportaciones de crudo cayeron porque había que atender en primer lugar la demanda siria habida cuenta del rápido crecimiento del consumo interno, el gobierno elevó los precios del combustible de manera drástica. Para 1982, el precio del petróleo diésel -utilizado principalmente en la industria- se incrementó en más de 15 veces el nivel de 1977. El gobierno también cuadruplicó el precio del queroseno y casi duplicó el precio del diesel entre 1980 y 1982. Este aumento de precios exacerbó la tensión entre los pequeños fabricantes causada por una década de apoyo estatal a la industria a gran escala. También aumentaron las dificultades para los agricultores y los consumidores que dependían de diesel barato (los consumidores dependían también del queroseno). A nivel nacional, las dificultades económicas dieron un impulso adicional a la insurgencia liderada por los Hermanos Musulmanes. En Hama, que acogía la pequeña industria y una facción de la línea dura de los Hermanos, el aumento de precios intensificó la presión económica lo que contribuyó a impulsar una revuelta que acabó con la destrucción de la ciudad.
Durante las siguientes tres décadas, el régimen se benefició de la recuperación de las exportaciones de crudo y trató de corregir la mala planificación económica de la década de los 70 liberalizando la economía. La liberalización devoró los logros alcanzados por los sirios de a pie en la década de 1970 pero el régimen mantuvo su pacto de proporcionar energía barata. Hafez evitó las subidas rápidas de precios que contribuyeron a los acontecimientos de 1982 y los precios fijos dejaron atrás la inflación.
Cuando Bashar asumió el control en 2000, el aumento del consumo interno de combustibles y la disminución de las reservas de crudo habían comenzado a drenar de nuevo los ingresos del petróleo de Siria. Los subsidios implícitos a los combustibles representaban casi el 11% del PIB en 2004, y el aumento de los precios mundiales del petróleo, la disminución de las exportaciones de crudo sirio, el rampante contrabando de combustible y las crecientes importaciones crearon fuertes incentivos para aumentar los precios. Eso es lo que hizo Bashar por recomendación del Fondo Monetario Internacional tras declarar una «economía social de mercado» liberalizada en 2005. El precio del petróleo aumentó en un factor de siete entre 2005 y 2008, y el precio del diesel casi se triplicó entre 2007 y 2008.
Ello supuso una grave y repentina violación de los compromisos distributivos del régimen con los consumidores, con el sector agrícola y con la industria, todos los cuales se vieron muy afectados a finales de la década de 2000. La demanda interna de productos manufacturados se derrumbó y la industria textil siria entró en una fuerte caída exacerbada por el rápido aumento de los precios del petróleo. Según Hinnebusch, el incremento del coste del combustible, junto con la corrupción y la negligencia del gobierno, «combinados con la terrible sequía de 2007-2010 condujo al declive agrícola». Los altos precios del diesel agravaron los efectos de la sequía que volvió a los agricultores más dependientes de las bombas de riego a diesel. Para los consumidores, el incremento de precios empeoró una situación económica que ya era pésima: la pobreza creció un 10% a finales del decenio de 2000 y los salarios del sector público no pudieron mantener el ritmo de la inflación.
A principios de 2011, el gobierno anunció su intención subir los precios del combustible a nivel del mercado para mediados de década. En ese mes de enero aumentó el precio del petróleo en un 50%, tensando al ya devastado sector industrial del país, y prometió que para 2015 llevaría todos los precios del combustible a nivel de mercado. Aunque no hay duda de que esta medida no fue la que originó el levantamiento de 2011, lo cierto es que coincidió con el deterioro de las condiciones económicas en Siria y con las manifestaciones en todo el mundo árabe. Reconociendo que se había equivocado, el gobierno redujo los precios del diesel en mayo pero el levantamiento sirio ya había estallado.
El gobierno sirio sigue pretendiendo acercar los precios del combustible a los niveles del mercado, y aún puede hacerlo. Pero la escasez en tiempo de guerra y los altos precios del mercado negro han hecho que sea más difícil. El gobierno sigue siendo responsable de distribuir combustible a la mayor parte del mercado sirio, y fija precios nacionales que no reflejan las amplias variaciones en la oferta y la demanda en todo su territorio. Incrementar los precios oficiales aumentará la tensión entre aquellos que compran en el mercado formal, no conseguirá afrontar las variaciones locales y fomentará que los especuladores eleven sus propios precios. El gobierno central y los gobiernos provinciales han emitido advertencias a los comerciantes que venden por encima de los tipos oficiales para que eviten la especulación y el Ministerio de Comercio Interior y Protección del Consumidor ha multado y cerrado gasolineras.
Como advirtió el ministro de Petróleo Lahham, el gobierno probablemente seguirá aumentando los precios. Mientras tanto, los sirios que viven en el territorio controlado por el Gobierno seguirán haciendo frente a una rápida inflación, altas tasas de desempleo y a la escasez de productos de primera necesidad. Habrá que ver cómo el régimen marca el ritmo de nuevos aumentos de precios y y cómo reacciona una población cada vez más desesperada.
Fuente original: http://www.merip.org/fuel-subsidy-policy-popular-mobilization-syria