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Políticas de Estado: España ante las migraciones y los desplazamientos forzados

Fuentes: Rebelión

Nadie abandona su hogar, a menos que su hogar sea la boca de un tiburón”.

Warsan Shire

1. La falacia de la llamada

La omnipresencia informativa acerca de la pandemia (enfocada más desde la crisis sanitaria que desde el impacto social que está provocando) apenas deja espacio mediático para reflexionar sobre una crisis estructural no menos grave, referida a la situación de miles de seres humanos que, cada año, procuran desplazarse desde diferentes países a territorio europeo. Lanzarse al mar en busca de otra vida no es nada diferente a una solución desesperada que, a menudo, cuando no deriva en explotación sexual y laboral severa, termina en deportación, reclusión en un CIE o, de modo no menos frecuente, lisa y llanamente en la muerte (1).

Los paisajes de la desolación son múltiples. A pesar de que las pantallas los transitan de forma efímera y superficial, las vidas que zozobran cada año en el Mediterráneo -desde hace al menos dos décadas (2)- recuerdan un drama colectivo evitable mediante la coordinación y adopción de políticas efectivas de salvataje, comenzando por la creación de vías seguras y la consolidación de dispositivos de ayuda destinados prioritariamente a salvar vidas y no a blindar fronteras. Ninguna interpretación en clave «trágica» es pertinente en este contexto: no se trata de un destino inexorable en el que la inclemencia de las fuerzas naturales se impondría fatalmente sobre las fuerzas humanas, sino de la previsible repetición del desastre, producto de unas políticas de estado que apenas han cambiado, estructuralmente, en las últimas décadas, con relativa independencia a los énfasis diferenciados de las políticas de gobierno (3).

Dicho de otro modo: se trata de una decisión política reafirmada de forma periódica. El arribo de personas a costas europeas cada año es abordado ante todo desde una perspectiva securitaria (cuando no como una cuestión meramente económica), esto es, como un problema policial antes que como irresolución política de primer orden, producto de las crecientes desigualdades globales y de un régimen colonial que expulsa a millones de habitantes de sus países de origen.

Ningún recordatorio es suficiente: el empobrecimiento acelerado del Sur global, la desertización de zonas enteras del planeta, la proliferación de guerras neocoloniales -especialmente en África y en Medio Oriente-, la persecución racial, étnica, religiosa y política, la vulneración sistemática de los derechos humanos -incluyendo el derecho a decidir sobre el propio cuerpo o sobre la propia orientación e identidad sexual- constituyen el caldo de cultivo de los desplazamientos que, aunque no necesariamente encuadran en la legislación vigente de asilo, empujan fuera de los propios lugares de residencia. De forma individual o conjunta, son condiciones suficientes para intentar ponerse a salvo, aun si el propio concepto de salvación no es más que una quimera nacida de la escasez de oportunidades vitales. No responden a ningún «efecto llamada»: España, como tantos otros países europeos, no solo no es una panacea para estos grupos sociales que escapan de condiciones insoportables sino que a menudo encarna la trampa perfecta. Tras la promesa de bienestar, es el espacio que aloja infinidad de historias de miseria, explotación y racismo, entretejidas con las propias estrategias de supervivencia orientadas a transformar de forma activa esas condiciones.

La hipótesis del «efecto llamada» presupone que, para estas personas desplazadas, Europa sería una “tierra de oportunidades”, una esperanza de prosperidad e incluso de libertad. La presuposición, sin embargo, parte de la extrapolación etnocéntrica de los propios privilegios raciales y de clase, como si esa tierra promisoria no fuera de forma regular un espacio de encierro, persecución policial, empleo precario y maltrato institucional (4).

Quienes afirman este presunto efecto son, en cierto grado, los que con mayor facilidad se convierten en defensores de medidas que privan de derechos a estas vidas, herederas de un expolio sistémico que las expulsa de entornos cada vez más hostiles. Puede que, en términos comparativos, algunas de esas vidas encuentren resquicios para mejorar su situación material o para rehacer sus trayectos atravesados por el sufrimiento colectivo. Pero que encuentren hueco a pesar de los obstáculos sistemáticos que se interponen ante sus deseos y necesidades es un efecto no buscado, un efecto que se produce a pesar de la voluntad política de los gobiernos y no por mérito de ellos.

Mucho más apropiada es la descripción que remite esos desplazamientos a la urgencia de salir del propio hogar convertido en un infierno. Huir con el afán de ponerse a resguardo no enaltece el territorio al que se quiere arribar. Porque lo decisivo no es tanto el lugar al que se llega como salir de la boca de un tiburón en que se ha convertido el hogar, convertido en lugar de nadie a fuerza de una política de tierra quemada tras las que pueden encontrarse, entre otros, los rastros de numerosas empresas y gobiernos occidentales.

El relato cínico de Europa como faro de los derechos humanos apenas oculta las penurias materiales de estos grupos. Posterga la reflexión sobre las políticas de estado que se despliegan en la actualidad para contener y reprimir esos flujos humanos que, de forma sistemática, son tratados como meros excedentes, sobrantes estructurales de un sistema mundial que no les reserva otro sitio que la periferia, incluso en los países llamados “centrales”. La periferia interior del capitalismo, sin embargo, debe ser gestionada: el trato policial denigrante que estas personas sufren en las fronteras, la permanencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros, la Ley de Extranjería vigente, los vuelos de deportación, las identificaciones policiales basadas en perfiles étnicos y raciales, la denegación regular del estatuto de refugiado a la amplia mayoría de solicitantes de asilo (y la propia obstrucción para el ejercicio del derecho de asilo), los obstáculos legales para el acceso al sistema de prestaciones y servicios públicos esenciales, las dificultades administrativas para ejercer el oficio o profesión de origen, el confinamiento sectorial que afecta a la mayoría migrante, la exclusión laboral de las Administraciones Públicas y la falta de diversificación cultural en las organizaciones tanto públicas como privadas (incluyendo el sistema público de enseñanza), la infrarrepresentación política dentro de las instituciones de estado, entre otros elementos, forman parte de una batería política que perpetúa los privilegios de la población nacional (desigualmente distribuidos según específicas coordenadas de clase, género y edad), con rigurosa exclusión de la comunidad gitana. El reverso no puede ser otro que el bloqueo de un proyecto igualitario de ciudadanía nada reñido, por lo demás, con el rescate efectivo de la «diversidad cultural», no como mero folclore de diferencias sino como una realidad concreta que debe gestionarse desde una política intercultural.

2. El «efecto pantalla»

El «efecto pantalla» podría definirse como la consecuencia de un régimen de visibilidad mediática y política que, simultáneamente a la sobreinformación que produce en torno a determinados sucesos, opaca específicas realidades a las que les niega rango ontológico. En la “zona del no ser”, al decir de Fran Fanon (5), se encuentran estas otras aristas de los procesos migratorios, reducidas de forma usual a su forma supuestamente más “evidente” y “simple”: la forma “invasión” o la forma “avalancha” (incluso si estas formas discursivas son envueltas en una retórica de la caridad que hace insalvable la distancia entre “ellos” y “nosotros”). La presunta evidencia, sin embargo, no resiste el más mínimo análisis crítico: presentados como hechos indiscutibles por buena parte de los medios masivos de comunicación –incluyendo los considerados “progresistas”-, el propio concepto de “avalancha” o “invasión” simboliza un supuesto escenario de saturación insostenible o de desequilibrio demográfico manifiesto. Nada semejante ocurre en España o en otros países europeos, aun cuando esa imagen nada novedosa sobrevuela los telediarios de forma periódica (6).

Aunque la llamada “presión migratoria” fluctúa según los ciclos económicos y momentos específicos de grandes éxodos colectivos desatados por guerras –como la de Libia o Siria- donde las responsabilidades europeas y norteamericanas son indisimulables, lo cierto es que en España, en la última década, la presencia relativa de personas migrantes apenas se ha incrementado de forma moderada (7). Por lo demás, en lo atinente a las entradas irregulares al país, las miles de personas que arriban por costa o valla a territorio nacional son contrapesadas por las miles de personas que son deportadas a sus países de origen e incluso a “terceros países” extracomunitarios, convenientemente incentivados por fondos económicos destinados a la “contención” (sic) de esos flujos en las puertas entrecerradas del continente (8).

Más allá de la retórica eufemística de la cooperación interestatal (que tiene como fin prioritario impedir la salida de pateras o cayucos desde África), lo que es absolutamente desproporcionado es la afirmación de una presunta “invasión” de migrantes. Al fin de cuentas, ¿qué representan estas entradas irregulares en un país de más de 47 millones de habitantes? En vez de escandalizarnos por el trato que padecen esas personas (tratadas como delincuentes por las fuerzas policiales, hacinadas en centros de estancia temporal que se asemejan a cárceles sin garantías, depósitos de personas que sufren el estigma de la “raza” y la “clase”), el énfasis deja en suspenso no solo lo que causa esos desplazamientos sino las políticas europeas que se despliegan para afrontar esta situación previsible.

En síntesis: lo que de forma episódica irrumpe en las pantallas como una forma de invasión no es otra cosa que el drama colectivo continuo que, como una rutina de fondo, esporádicamente estalla en nuestro «palacio de cristal», por recuperar la expresión de Sloterdijk (9). La situación, sin embargo, no deja de repetirse en la última década, de forma similar a lo que ocurre con las miles de personas ahogadas que cada año se producen sin que los estados europeos mejoren de forma sustancial sus dispositivos de ayuda y rescate, acorde a las directrices de la industria de la seguridad fronteriza y sus agencias de control migratorio.

3. Biopolítica y necropolítica como modalidades del poder de estado

En medio del monotematismo que se presenta como información actualizada, las noticias de un exterior opacado introducen alguna variación tópica que, sin cuestionar nuestro letargo consumista, permita desperezarse con algunos gestos de una indignación más bien efímera. La irrupción esporádica de noticias en torno a migrantes, reducida tendencialmente a una “avalancha” interrumpida por naufragios que se suceden sin determinación alguna del complejo sistema de corresponsabilidades políticas y económicas, legitima una actuación oficial que oscila entre la “acogida humanitaria” –aunque sea a regañadientes- y la gestión de esos flujos como una “potencial amenaza” –aunque revestida del lenguaje de los derechos humanos-. En ambos casos, el “otro” es puesto a una distancia insalvable, bajo el signo de la caridad o la hostilidad. Ambos signos construyen y sostienen una relación asimétrica, en la que esencialmente lo que opera es una reafirmación de la propia superioridad. La jerarquía no solo no es puesta en cuestión, sino que se ratifica como poder sobre la vida o sobre la muerte. Mientras que la primera modalidad de poder responde a lo que Foucault conceptualizó como «biopolítica» (10), la segunda modalidad de poder puede vincularse a lo que Mbembe llama «necropolítica» (11). Cada modalidad de poder, antes que ser meramente antagónica, complementa a la otra: la “ayuda humanitaria”, administrada rigurosamente en función de la identificación de los individuos incluidos en esta masa poblacional, llega tras el abandono en altamar de miles de personas que naufragan cada año, sin que las autoridades europeas se inmuten en lo más mínimo en nombre de su poder soberano, sabedores de las escasas consecuencias que ello les acarrea en su gobernanza convertida en gestión –no tan errática como radicalmente errada- de quienes categoriza como “desechos” de los derechos humanos (12).

La economía política del sacrificio, sostenida por unas políticas de estado que reducen esas miles de vidas en peligro a un excedente que hay que gestionar, implica consolidar la inmunización ante el otro. La producción social de la indiferencia no podría hacerse efectiva sin esa toma de distancia con respecto a las víctimas de unas políticas coloniales y de una economía capitalista que solo percibe de estas crisis la dimensión de oportunidad que tienen en términos económicos, políticos o militares. El complejo bio-necro-político impermeabiliza como una membrana asfixiante la visión del asunto. La catástrofe normalizada de los demás no moviliza los pies más que de unos pocos grupos de activistas, plataformas ciudadanas y algunas ONG a contramano, reductos de una filosofía política emancipadora que no sea meramente académica. Anima, sí, la pantalla por unos instantes antes de que el ejercicio del zapping se tope con alguna celebridad que recuerde lo verdaderamente importante: la necesidad de visibilidad aunque no se haya hecho más mérito que ser estrictamente un idiota. En la tele-evidencia del mal, ni siquiera resulta claro si somos capaces todavía de ver lo que irrumpe más allá del palacio donde cada tanto estalla algún cristal: personas desplazadas que preguntan por qué no tienen parte en el relato de esta «actualidad» que naufraga fuera de las pantallas.

Notas:

(1) Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), solamente en 2020 el saldo de muertes en la ruta marítima de África Occidental a las Islas Canarias llega a 500, pese a tratarse de una “estimación mínima” [sic], (en https://www.iom.int/es/news/en-2020-el-saldo-de-muertes-en-la-ruta-maritima-de-africa-occidental-llega-500-en-medio-de-un).

(2) Las estadísticas al respecto son de carácter mínimo y tienen el estatus de una aproximación informada y no de un mapa exhaustivo de la cuestión. Al respecto, cf. “Las muertes en el Mediterráneo: la contabilidad de lo desaparecido” (en Rebelión, 15/01/2018, versión electrónica en https://rebelion.org/las-muertes-en-el-mediterraneo-la-contabilidad-de-lo-desaparecido/).

(3) He insistido sobre estas continuidades en “Más allá de los gestos: por un cambio de las políticas migratorias y de asilo europeas”, Rebelion (04/08/2018) a raíz de la euforia suscitada por el arribo del «Aquarius» a Valencia. Tal como advertíamos entonces, dicha euforia no estaba justificada, teniendo en cuenta las políticas que, históricamente, diferentes gobiernos nacionales han esgrimido en torno a los procesos migratorios. La disposición al cambio de dirección en esta materia sigue siendo mínima.

(4) Cf. “Ciudadanías mermadas: mercado laboral y discriminación” (en Rebelión, 10/06/2017, versión electrónica en https://rebelion.org/ciudadanias-mermadas-mercado-laboral-y-discriminacion/).

(5) Fanon, Frantz (2009): Piel negra, máscaras blancas, Akal, Madrid.

(6) El discurso de la avalancha migratoria es completamente engañoso: las imágenes que se repiten en torno a ciertas aglomeraciones de personas migrantes en puntos geográficos concretos, como es el caso de las Islas Canarias, es consecuencia de la negativa gubernamental a trasladarlas a diferentes regiones de la península [cf. Fanjul, Gonzálo, “La impostura del “efecto llamada”, en El País, 25/11/2020, versión electrónica en La impostura del ‘efecto llamada’ | Blog 3500 Millones | EL PAÍS (elpais.com)].

(7) Según el INE, mientras que en 2012 residían en el país 46.818.216 habitantes, a principios de 2020 residían 47.329.981, con un total de 5.235.375 de personas inmigrantes, es decir, poco más del 11 % del total de la población [INE, “Cifras de Población (CP) a 1 de enero de 2020 Estadística de Migraciones (EM). Año 2019”, versión electrónica en Microsoft Word – cp_e2020_p.docx (ine.es)].

Warsan(8) A pesar de la opacidad informativa del Ministerio del Interior, solamente entre 2010 y 2019 se han deportado a 223.463 personas desde España, sin incluir las “devoluciones en caliente” [cf. “España ha deportado a más de 220000 migrantes en los últimos 10 años, El Diario, 7/10/2020, versión electrónica España ha deportado a más de 220.000 migrantes en los últimos 10 años (eldiario.es)]. La pregunta, que en la actualidad se hace difícil responder por la falta de accesibilidad pública a las estadísticas ministeriales, es la siguiente: ¿qué saldo arroja la comparativa entre deportaciones forzadas y arribos por vía irregular? A falta de información oficial actualizada, es posible reconstruir con diferentes datos una respuesta tentativa. Puesto que la política de expulsión ha sido reforzada en los últimos años [cf. “España acelera el ritmo de expulsiones de inmigrantes”, El País, 15/06/2020, versión electrónica en España acelera el ritmo de expulsiones de inmigrantes | España | EL PAÍS (elpais.com)], tenemos razones válidas para suponer que el saldo entre entradas irregulares y deportaciones sigue siendo negativo. Convendría recordar que el balance hecho por el propio ministerio en 2015 es inequívoco: las deportaciones son considerablemente más numerosas que las llegadas por vía irregular [cf. “For export: las deportaciones forzadas en España”, Rebelión, 2/06/2017, versión electrónica en For export: las deportaciones forzadas en España – Rebelion)].

(9) Sloterdijk, Peter (2010): En el mundo interior del capital, Siruela, Madrid.

(10) Foucault, Michel (1989): Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, S XXI, Buenos Aires.

(11) Mbembe, Achile (2011): Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto, Melusina, España.

(12) Bauman, Zygmunt (2005): Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, Paidós, Barcelona.

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