La semana pasada esta noticia se hizo prácticamente viral. La noticia no es correcta, puesto que afirmaba que en España no hay ningún museo dedicado a la guerra civil, cuando sí lo hay, pero pone el acento en todo caso en el poco interés que desde el estado se ha tenido en proteger y difundir nuestra memoria democrática, a pesar de algunos amagos.
Bien es cierto que nuestra derecha no tolera el mínimo acercamiento a esta memoria, y cabe decir que desde 1982 hasta 1996, con un gobierno del PSOE que comienza con mayoría absoluta, algo podría haberse hecho. El historiador Francisco Espinosa, en su libro Lucha de historias, lucha de memorias, señala un dato tremendo sobre la política de olvido de esos años practicada por un gobierno sedicentemente de izquierdas: entre 1985 y 1995 el número de personas que pensaban que el régimen de Franco “tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas” pasó de un 46% a un 63%; da grima pensar en cuál sería hoy el resultado.
Sin que sirva de excusa, porque el derecho internacional está ahí -supuestamente para cumplirlo y no se ve por ningún lado voluntad política-, lo cierto es que la derecha se pone más que de los nervios cuando se mienta la memoria. Es algo que ha intentado desactivar por todos los medios. De hecho, cuando la marea de la reivindicación de la memoria histórica empezó a subir, la derecha también se sumó al carro, ya que ella también tiene su memoria, y se unió a la reivindicación para meternos más memoria histórica de la derecha, pues le sabía a poco las canonizaciones que promueven todos los años, las misas por Franco y los miles de elementos recordatorios que hay por todo el país de la rebelión fascista. Así que hubo que precisar que desde el lado de las víctimas del fascismo lo que se quiere reivindicar es la memoria democrática, o sea, la de aquellos que lucharon por la democracia, no contra la democracia.
Veremos qué resultado tiene la nueva ley educativa, que apunta alguna medida para divulgar la memoria democrática, pero la derecha ya va protestando por lo que llama “adoctrinamiento”, algo que no tolera fuera de la esfera religiosa, que tiene patente de corso para adoctrinar. Pero su intención sigue siendo que las nuevas generaciones no tengan ni idea de que en este país hubo una dictadura de cuatro décadas encabezada por un genocida psicópata; de hecho, ya hubo un comisario de la Marca España, ese invento pepero con visión comercial, que estaba orgulloso de que los jóvenes ya no sepan quién era Franco.
Estaba escuchando hace unos días un podcast de Documentos RNE sobre la esclavitud en España, y, qué casualidad, resulta que España es de los pocos países con pasado esclavista que no tienen una política de memoria en relación con ese pasado. Inglaterra, Francia u Holanda tienen museos, estatuas, actos de conmemoración en relación con ese turbio y sangrante pasado. ¿Quiénes eran tratantes de esclavos en los siglos pasados en nuestro país?, ¿los protegen nuestras leyes tan celosas con la privacidad de los verdugos? Ya hemos visto pasear por los medios y por la justicia el derecho al honor invocado por descendientes de verdugos. En todo caso, parece haber cierta línea de continuidad entre las élites económicas, ya sean de un pasado remoto o de un pasado más cercano, como el de la dictadura franquista. En ambos casos, con mucha frecuencia su riqueza procede de prácticas criminales. Y está protegida por nuestra estupenda democracia, que no permite molestar a los ricos. Así, vemos noticias como la de hace unos días informándonos de que empresas y bancos españoles como el BBVA o Minersa se niegan a pedir disculpas y a ser transparentes en la historia de sus negocios sucios con Hitler. Como tampoco es que colaboren mucho con la transparencia otras empresas españolas que se beneficiaron de trabajo esclavo bajo el franquismo. España sigue teniendo un grave problema con la memoria democrática.
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