Presentación Esta aportación pretende contribuir al imprescindible debate sobre la orientación y las tareas hacia el movimiento obrero que debemos resolver en el III Encuentro Estatal de Corriente Roja. Para ello se han tomado como elaboraciones de referencia el documento y la resolución que aprobamos en el II Encuentro, la declaración de CR para el […]
Presentación
Esta aportación pretende contribuir al imprescindible debate sobre la orientación y las tareas hacia el movimiento obrero que debemos resolver en el III Encuentro Estatal de Corriente Roja. Para ello se han tomado como elaboraciones de referencia el documento y la resolución que aprobamos en el II Encuentro, la declaración de CR para el 1 de mayo de este año, el texto sobre la reforma laboral elaborado por la Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat de Catalunya y la propuesta de documento para el próximo Congreso de Co.Bas, en cuya elaboración han participado algunos compañeros de CR de Catalunya, además lógicamente del conocimiento obtenido a través de la experiencia en la intervención y de las opiniones recogidas en las distintas reuniones de movimiento obrero que CR ha venido realizando en sus distintos ámbitos. En el Encuentro de Corrent Roja de Catalunya del 12 de noviembre pasado se adoptó el acuerdo de presentar esta aportación al III Encuentro Estatal de Corriente Roja.
1. La degeneración del viejo sindicalismo de clase
1.1. En las últimas décadas los trabajadores estamos siendo sometidos a una pérdida continua de derechos laborales y sociales duramente conquistados por generaciones anteriores: reconversiones industriales; reformas laborales; desmantelamiento de empresas públicas; privatización de servicios esenciales; precariedad absoluta del nuevo empleo; prolongación de las jornadas laborales; deslocalizaciones y destrucción masiva de empleo estable; reducción del poder adquisitivo de los salarios y pérdida de peso relativo de los mismos en la distribución de la renta nacional; recortes en el salario indirecto y diferido (pensiones, subsidio al desempleo, prestaciones sanitarias…); sistema fiscal regresivo…
En su sentido más general, esta situación es el resultado, por una parte, de los cambios producidos en el modelo de dominación capitalista a escala global, con la aplicación generalizada de políticas neoliberales, un notable incremento de la concentración de capital y de la extensión del dominio imperialista. Estos cambios tienen su expresión en la llamada globalización económica y en el aumento de la represión y de la guerra. Pero la situación que vivimos también es el resultado de la derrota ideológica y de la aceptación sumisa del orden existente por parte de la izquierda institucional, acomodada al sistema y convertida en un sostén decisivo de su perpetuación. Ello, justo en un momento histórico en que resulta cada vez más evidente la inviabilidad social y medioambiental del sistema y la necesidad de construir una alternativa real a este mundo de explotación e injusticia.
1.2. En el Estado Español ya hace tiempo que las direcciones de CCOO y UGT abandonaron una política de firmeza e independencia de clase y, en lugar de organizar y desarrollar entre la clase trabajadora una política de resistencia a las agresiones de la patronal y de los gobiernos del PP o del PSOE, asumen una política de colaboración activa en la liquidación de empleos con derechos, en la privatización de empresas y de servicios públicos, en la firma de pactos sociales de «moderación salarial» o en la aceptación, por acción u omisión, de las sucesivas reformas laborales.
Esta línea de integración institucional y de colaboración de clases está íntimamente relacionada con la creciente dependencia de los aparatos sindicales de la financiación y las prebendas que les conceden el estado y la patronal, a cambio de su sumisión: subvenciones directas vía presupuestos del Estado, gestión de fondos de formación ocupacional y continua, gestión de los Fondos de Pensiones, pagos y comisiones por ERE’s, participación en organismos oficiales de representación, liberaciones, convenios, estudios… un proceso que independiza materialmente a la casta burocrática dirigente de la base afiliada, los convierte en «profesionales del sindicalismo» con carácter permanente y transforma el régimen interno en una dictadura arbitraria del aparato al servicio de perpetuar su estatus privilegiado.
Algunos episodios recientes ilustran bien este proceso: el escándalo de la participación de CCOO y UGT como socios (junto al BBVA) de la empresa de gestión de los fondos privados de pensiones de los empleados públicos; el soborno recibido de Citibank por firmar despidos y pérdida de derechos; el acuerdo sobre el patrimonio histórico de UGT con el gobierno por el que le serían condonados los 144 millones de la deuda con el ICO por el fraude de la PSV…
1.3. La historia concreta del proceso de degeneración de las grandes organizaciones sindicales se puede rastrear a través de la sucesión de contrarreformas laborales y de pactos sociales regresivos de los que han sido cómplices, activos o pasivos, desde la Transición:
– Pactos de la Moncloa en 1977: es el gran pacto de la economía donde se trataba de regular y estabilizar los beneficios empresariales, a costa de sacrificios de la clase trabajadora, a la que había que desmovilizar a toda costa. Los salarios, que se ajustaron a la previsión de inflación, disminuyeron paulatinamente, hasta alcanzar la congelación salarial en los hechos.
– Real Decreto Ley 43/77: Inicia la regulación de la contratación temporal.
– Acuerdo Básico Interconfederal: Suscrito entre CEOE y UGT, se sientan las bases del futuro Estatuto de los Trabajadores.
– Estatuto de los Trabajadores: Rompe con el principio de estabilidad en el empleo impuesto por las distintas movilizaciones de la clase obrera. La ley que regula el marco de relaciones laborales se hace sin la participación real de los trabajadores. Instaura el proteccionismo hacia las formas de explotación del capital sobre los trabajadores. Consagra el despido libre de forma individual y colectiva.
– Acuerdo Marco Interconfederal: firmado por UGT y CEOE. Es un acuerdo para la negociación colectiva sobre salarios, productividad, derechos sindicales y tiempo de trabajo. A partir de entonces las tenues subvenciones por parte del Estado se convierten en una financiación en toda regla, seguida de la institucionalización y el acaparamiento del poder de representación sindical por parte de los dos sindicatos que ofrecen garantías al sistema.
– Ley Básica de Empleo de 1980: Reduce las prestaciones por desempleo. La cobertura cayó de un 46,4% en ese año a un 26,30% en el 84, aunque el número de parados se dobló en ese mismo periodo.
– Acuerdo Nacional de Empleo: Sucrito entre el Gobierno, CEOE, UGT y CCOO. Sentó las bases para la política económica de ese año y el siguiente, marcando los criterios de moderación salarial y nuevas formas de precariedad en la contratación laboral destinadas a jóvenes sin primer empleo.
– Acuerdo Interconfederal de 1983: Firmado por CEOE, UGT y CCOO, instaura nuevamente la moderación salarial y la sustitución de la normativa laboral en cuanto a diversos derechos en los convenios.
– Acuerdo Económico y Social de 1984: Entre CEOE, CEPYME, y UGT, fijándose retrocesos en las pautas para la negociación colectiva.
– Reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984: Se rompe definitivamente con el principio de estabilidad y la temporalidad se extiende y adquiere carácter de «normalidad». Además se permiten contratos temporales para puestos de trabajo estables y permanentes.
– Ley 26/85 de racionalización de los sistemas públicos de pensiones: Mediante esta ley se hace perder un 12,5% de poder adquisitivo a las pensiones. CCOO se opuso y convocó una huelga general.
– Ley 8/87 de fondos de pensiones: Privatización de las pensiones y su gestión mercantil.
– Plan de Empleo Juvenil 1988, posibilitando la contratación de jóvenes por debajo de las condiciones legales del mercado laboral. Fue retirado como consecuencia de la huelga general unitaria del 14-J.
– Decretazo del 92: Se reforma la Ley Básica de Empleo adecuándola a la nueva situación, fundamentalmente en la ampliación del tiempo de cotización para tener derecho a las prestaciones por desempleo. UGT y CCOO respondieron con una tímida e inviable media huelga general que resultó un fracaso.
– Contrarreforma laboral del 1994: Se afianza el poder de las Empresas en la entrada en el mercado laboral (tipos de contrato) y en la regulación de las condiciones de trabajo, jornada, funciones y horarios. Se desregulan los despidos colectivos, que en gran parte se convierten en despidos individuales con la nueva legislación y se consagra la causa de objetividad de esos despidos por decisiones o previsiones de la empresa. Con la ley 14/94 se legalizan las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), una figura jurídica que estaba penada por el código penal y que ahora adquiere rango legal. CCOO y UGT convocan una huelga general que no tiene continuidad.
– Acuerdo para la estabilidad en el Empleo de 1997, suscrito por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT que abarata el despido y rebaja las cuotas patronales al a Seguridad Social. Con el PP en el poder, los sindicatos firman lo que habían rechazado en la contrarreforma del 94.
– Ley de Extranjería, apoyada por CCOO y UGT, que niega derechos fundamentales a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes y condena a una parte significativa de ellos a la clandestinidad y a la expulsión.
– Decretazo de diciembre del 2002, suavizado, después de la huelga general del 20-J, por acuerdo entre la CEOE, UGT y CCOO. Pero continúan vigentes algunos de sus aspectos como la pérdida de períodos contributivos para la percepción del desempleo, las restricciones para percibir el subsidio agrario y la pérdida de los salarios de tramitación si el empresario deposita previamente la indemnización por despido.
2. Los planes del Gobierno Zapatero y de la patronal contra los trabajadores
2.1. En el próximo período la patronal y el gobierno del PSOE -con la inestimable complicidad de IU-IC, ERC en el plano político y, sobre todo, de los aparatos de CCOO y UGT en el sindical– pretenden imponer nuevos retrocesos en derechos y garantías a la clase trabajadora. Para ello cuentan con dos instrumentos principales: la continuidad de la política de pactos generales en la negociación colectiva entre sindicatos y patronal, por un lado, y el llamado diálogo social entre patronal, gobierno y sindicatos, por otro.
2.2. La burocracia dirigente de CCOO y UGT renovó por cuarto año consecutivo el Acuerdo para la Negociación Colectiva (ANC) con la patronal, con la voluntad expresa de seguir renovándolo en años sucesivos. Mientras, los beneficios de la gran patronal en el 2004 batían récords (situándose en torno al 20%), la propia burocracia sindical reconocía que sólo el 40% de los trabajadores recuperaron poder adquisitivo en el 2004. El ANC ha traído consigo una caída general de los salarios (el 0’5% en el 2004 y en julio del 2005 ya era del 0’4% en relación a la inflación), el aumento de la jornada laboral (una media de 2 horas semanales más en el 2004) y el empeoramiento generalizado de las condiciones laborales (movilidad funcional, calendario y jornada flexibles…), sin que siquiera haya servido para frenar el proceso de cierres y deslocalizaciones, ni reducir los altos niveles de precariedad laboral.
En relación al pacto del año anterior, el contenido del ANC 2005 da además un paso más en la política de moderación salarial y flexibilidad pactada, con nuevas concesiones en relación a la cláusula de revisión salarial y al control y penalización del «absentismo laboral injustificado». No olvidar tampoco que fue entonces también cuando los sindicatos cedieron a la presión de la patronal y del ministro de Economía, renunciando a la cláusula de revisión salarial para el SMI que ya habían pactado con el gobierno. Con esta política de colaboración de clases y paz social, los dirigentes de CCOO y UGT siguen impidiendo y encorsetando las luchas, ya sean por convenios, contra reducciones de plantilla, deslocalizaciones o cierres.
2.3. El otro puntal clave de esta política de colaboración de clases es el llamado «diálogo social», mediante el cual patronal, sindicatos y gobierno pretenden pactar modificaciones en la legislación laboral y social.
Hasta ahora, los resultados del denominado «diálogo social» han sido acuerdos con contenidos mayoritariamente lesivos para los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El salario mínimo de 513 euros es un tímido e insuficiente avance de un SMI que en el futuro volverá a perder poder adquisitivo, puesto que no se incorpora la cláusula de actualización automática según el IPC real y se desvincula de las prestaciones sociales como el seguro de desempleo, que se regirán por el IPREM (un nuevo indicador de renta inferior al SMI).
El primer pacto firmado fue el Acuerdo sobre el diálogo social para la Administración Pública, que abrió paso al Acuerdo retributivo de los empleados públicos para el 2005, recientemente renovado para el 2006 con prácticamente el mismo contenido. Firmado a espaldas de los trabajadores/as afectados, establecía un incremento salarial (2’7%) por debajo del IPC real, sin cláusula de revisión, e introducía planes de pensiones privadas para más de 2 millones de empleados públicos; no garantizaba el mantenimiento de las plantillas y tampoco establecía compromiso formal de reducción de la altísima precariedad.
Después pactaron el Reglamento de la Ley de Extranjería, que está contribuyendo a mantener la división de la clase trabajadora según su origen, dejando sin regularizar a centenares de miles de trabajadores inmigrantes: un ejército de reserva de mano de obra sin derechos, destinado a ser sobre-explotado en la economía sumergida y a actuar como factor de presión a la baja de los salarios y de las condiciones laborales del conjunto de los asalariados.
Con respecto a la negociación de la futura Ley de asistencia de las personas dependientes -más de 2’8 millones de personas lo son en todo el Estado, sobre todo discapacitados y gente mayor, un millón de los cuales con dependencia severa-, el servicio que reciban se continuará financiando con las aportaciones de los mismos afectados. La novedad, en la cual coinciden Gobierno y sindicatos, es que también se piensa destinar una parte del superávit de la Seguridad Social a su financiación, excluyendo el carácter universal y gratuito de este derecho asistencial y la titularidad pública de los centros y del personal de un servicio hoy mayoritariamente en manos privadas.
2.4. En septiembre, la negociación de una nueva reforma laboral entró en su fase decisiva. La base inicial de la negociación, aceptada por los sindicatos, fue el documento del Gobierno del 15 de marzo. Recordemos que en él el gobierno -en coincidencia con la mayor parte de las aspiraciones patronales- ya proponía abaratar y facilitar el despido mediante la generalización a todos los contratos indefinidos de la indemnización de 33 días en lugar de 45; suprimir la autorización administrativa en los despidos colectivos; crear un nuevo caso de despido colectivo para las subcontratas; implantar un despido más barato de 20 días en las empresas con menos de 50 trabajadores, financiado con el Fondo de Garantía Salarial; eliminar las restricciones a las ETT’s; la posibilidad de contratar eventualmente a un trabajador hasta 36 meses durante un período de 5 años o la reducción generalizada de las cotizaciones empresariales (al desempleo, FOGASA…). Es decir, una nueva desregulación radical de derechos y garantías y otra transferencia masiva hacia el capital de salario indirecto y diferido de la clase trabajadora. Las propuestas que el gobierno presentó por escrito en octubre confirma la mayor parte de estas medidas ya avanzadas en marzo, para regocijo de una patronal que ha tenido que radicalizar sus pretensiones para poder aparecer con una posición propia.
Aún así los dirigentes de CCOO y UGT siguen negociando en el mayor de los secretos y Méndez y Fidalgo han llegado incluso a declarar que aceptarían que el gobierno legislara unilateralmente en base a unas propuestas que ellos mismos han caracterizado como contrarias a los trabajadores. De esta negociación secreta y en base a las propuestas regresivas del Gobierno nada bueno se puede esperar.
Su precedente más reciente fue el Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo del 97, un pacto que regalaba a los empresarios un nuevo tipo de contrato indefinido que abarataba el despido -33 días por año trabajado en lugar de 45, con un máximo de 24 meses en vez de 42- y les otorgaba multimillonarias bonificaciones de las cotizaciones a la SS, a cambio de una supuesta reducción significativa del empleo temporal, que evidentemente no se ha producido: la precariedad ha superado el 33 %; hoy hay 1’5 millones de contratos eventuales más que cuando se firmó el acuerdo y la rotación en el empleo aumentó a tal punto que el 40% de los contratos eventuales son inferiores al mes. En palabras de Méndez: «Los sindicatos aceptamos rebajar las indemnizaciones para los nuevos contratos de los 45 días por año a 33 con un máximo de 24 mensualidades. La contrapartida habría de haber sido una drástica reducción de la temporalidad, que no se ha producido». ¡Como si no supieran que para acabar con la precariedad hay que restablecer el principio de estabilidad en el trabajo y eliminar por ley todas las formas de contratación eventual!
Este clamoroso fracaso, que no les ha llevado a asumir el menor asomo de responsabilidad, pese a las graves consecuencias para los trabajadores, tampoco los ha llevado a rectificar. La esencia de la propuesta de las cúpulas de CCOO y UGT es «reforzar la Inspección de Trabajo, puesto que el principal foco de precariedad se produce porque la ley no se cumple». Por lo tanto, consideran adecuada la actual legislación laboral, con algunas tímidas modificaciones (limitación del número máximo de contratos temporales, restricciones del contrato de obra y servicio, aumentar la cotización por desempleo de los contratos temporales, reformar el contrato a tiempo parcial, un mayor control de las subcontratas y de la responsabilidad de la empresa principal…) y ponen el acento en la lucha contra el fraude, como el instrumento principal para reducir a la mitad (¡en 10 años!) el porcentaje de contratos eventuales. Fidalgo lo dijo claro: «No estamos proponiendo que se penalicen los contratos temporales, sino que se luche contra el fraude».
Imbuidos por el pragmatismo de la inevitabilidad de las políticas neoliberales, los dirigentes de CCOO y UGT han expresado su disposición a aceptar algunas de las principales propuestas de la patronal y el Gobierno, como la rebaja de las cotizaciones patronales al desempleo o nuevas bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de las empresas, pagadas con parte del superávit de estas dos partidas (alrededor de 3.000 y de 8.400 millones de euros en 2004, respectivamente). En vez de exigir que este dinero se dedique a aquello para lo que se recauda: aumentar las prestaciones de paro (la cobertura a duras penas supera el 50 % de los desempleados) y las pensiones, la mitad de las cuales no llega al SMI. Por otra parte, también han expresado su coincidencia en que las ETTs puedan gestionar más contrataciones.. Argumentan -coincidiendo con patronal y Gobierno- que ambas medidas (rebaja de cotizaciones y gestión por ETTs de todo tipo de contratos), combinadas con otras (también aceptarían aplicar el contrato indefinido de fomento a la conversión de contratos temporales…), favorecerían una reducción de la temporalidad y un mayor control del fraude patronal en la contratación temporal.
2.5. En la reforma de las pensiones pretenden aplicar las recomendaciones del Pacto de Toledo, renovado en diciembre del 2003 (con el apoyo de todas las fuerzas políticas menos el BNG). Se trata de profundizar el acuerdo al que en 2001 llegó CCOO con el gobierno del PP y con la patronal: fomentando el retraso en la edad de jubilación, reduciendo la cuantía de las pensiones en torno al 25-30%, mediante la ampliación de 15 a 35 años del período de cálculo; fomentando una mayor privatización de las pensiones públicas, a través de la generalización de los fondos privados de pensiones en la negociación colectiva y reduciendo las pensiones de viudedad. Y todo ello ¡¡con un superávit récord de la Seguridad Social -8000 millones de euros en el 2004!!, al que hay que sumar las multimillonarias bonificaciones de la cuota patronal por la contratación indefinida. Una vez conocida la propuesta escrita del gobierno, las dirección de UGT la ha apoyado valorándola como «equilibrada, moderada y útil», mientras que CCOO la considera insuficiente por no contemplar un recorte más profundo de las pensiones mediante la ampliación del período de cómputo, medida que recogía el pacto de 2001 que firmó con la patronal y el PP y el propio Pacto de Toledo.
Las cúpulas de CCOO y UGT ya han anunciado que, una vez concluido el diálogo social en torno a las reformas laboral y de pensiones, tienen intención de pactar con la patronal a principios de 2006 una reforma de la negociación colectiva, que el gobierno convertiría en ley, reforzando el protagonismo de la burocracia de CCOO y UGT como interlocutores de los trabajadores ante la patronal, a cambio de seguir aceptando nuevas renuncias de derechos mediante la llamada flexibilidad interna. De momento ya han empezado en la Administración Pública: la modificación de la Ley 9/87 de Órganos de Representación del Personal de las Administraciones Públicas se encuentra en el Congreso de los Diputados en fase de presentación de enmiendas. Si, como denuncian varios sindicatos del sector, esta reforma se llevara a cabo, «sólo las grandes centrales sindicales tendrán representación en la Mesa General; y, por tanto, estarán presentes en las mesas sectoriales, al ser las entidades más representativas, independientemente de si en las elecciones hayan obtenido o no representación».
2.6. También el Gobierno Zapatero, siguiendo a sus predecesores, busca la complicidad de las direcciones sindicales y de la izquierda institucional para, con la excusa del déficit de la Sanidad Pública, subir los impuestos especiales (gasolina, electricidad, alcohol, tabaco), que pagamos mayoritariamente los trabajadores. Quieren aprobar asimismo una nueva reforma fiscal, que reducirá los impuestos de las rentas más altas y de sociedades. Y van a continuar las privatizaciones y reconversiones pendientes (Renfe, RTVE, Hunosa..).
3. Situación del proceso de reorganización del movimiento obrero y perspectivas
3.1. Bajo el gobierno Zapatero, la burocracia dirigente de CCOO y UGT ha acentuado su papel colaboracionista y desmovilizador, como ha quedado bien patente cuando han frenado las luchas contra las deslocalizaciones en Catalunya y han presionado -mano a mano con el Gobierno tripartito- para que los trabajadores aceptaran los planes de cierre a cambio de indemnizaciones y falsas promesas de futuros empleos (Samsung, Printer, Seat, Nissan, Gearbox…); cuando han esquiroleado la huelga del campo andaluz; cuando en la lucha de los trabajadores de SAS de Abrera o en Telefónica, han colaborado con la patronal en los despidos de dirigentes sindicales combativos, incluso afiliados a sus propias filas (SAS); cuando han aceptado los despidos y la privatización parcial de Izar o han apoyado el reaccionario y xenófobo Reglamento de Extranjería del gobierno y avalado la represión de las movilizaciones de los inmigrantes, como en Catalunya.
3.2. Actualmente, el movimiento obrero se encuentra aquejado de fuertes divisiones internas. Está dividido en primer lugar por la cuestión nacional, con la mayoría de la clase obrera española compartiendo ideología españolista con el gobierno. Está dividido también entre trabajadores inmigrantes y autóctonos, con una fuerte penetración de ideas racistas y xenófobas entre los sectores autóctonos más pobres y atrasados. Y está dividido entre fijos y precarios, que componen más de la tercera parte de la fuerza laboral y sufren una superexplotación que se percibe como normal.
Esta división, estas desigualdades, son la base en la que se asienta la tremenda dispersión sindical que vivimos. La bronca y el desprestigio de la burocracia sindical de CCOO y UGT ha crecido sin cesar en estos años. Muchos miles de trabajadores/as, y en especial de sus sectores más combativos, han ido rompiendo con estos aparatos. Sin embargo la falta de un referente de clase enfrentado a la patronal, al gobierno y a la burocracia ha ido generando una diáspora sindical, que se expresa hoy en la existencia de multitud de sindicatos que van de los de corte nacionalista (ELA-STV; LAB; CIG….) hasta las innumerables organizaciones sindicales de empresa.
Por otro lado, la clase trabajadora viene de unos años donde ha sido fuertemente baqueteada en las grandes concentraciones industriales, con las grandes empresas o bien desmanteladas o bien con sus plantillas reducidas, externalizadas e invadidas de subcontratas. Tras las deslocalizaciones en Catalunya, el desenlace de IZAR refuerza un sentimiento de impotencia que pesa entre amplios sectores de trabajadores, a los que ahogan los aparatos sindicales. Esta situación no excluye movilizaciones importantes, pero señala las dificultades con que van a topar. Es probable que se produzcan situaciones parecidas a la que se dio en Puertollano, es decir, movilizaciones explosivas con gran carga espontánea y dificultades de continuidad. Y lo que vemos aquí y allí son otras movilizaciones aisladas y duras, en sectores situados por fuera de los canales de control de los grandes aparatos, con ejemplos recientes como los de los trabajadores de las basuras de Sabadell y otros lugares o los gruístas de Sevilla y otras ciudades andaluzas (con desenlace exitoso en buena parte de ellos).
Es oportuno reafirmar, no obstante, que la dirección del movimiento obrero en gran parte de los bastiones fundamentales sigue siendo CCOO y UGT, aunque hay que decir que se han dado importantes cambios en la relación de la clase con ellos. Su hegemonía ya no surge del prestigio ganado por mantener o lograr nuevas conquistas, sino, por el contrario, de la prolongada situación de desmovilización que han impuesto -con excepciones puntuales como la huelga del 20-J del 2002-. Aunque no sea posible precisar los ritmos con que se dará, la perspectiva general apunta a que se vienen incubando las condiciones materiales para que, cuando se produzca un ascenso, los actuales procesos de ruptura con las direcciones burocráticas -todavía parciales y dispersos, pero que señalan una tendencia profunda en el seno del movimiento obrero– tenderán a generalizarse. En ese sentido –y junto a ejemplos de desconfianza creciente o rechazo abierto de las políticas burocráticas (algunos casos recientes son Gearbox, Basf, o la misma Seat…)– algunas luchas parciales victoriosas como las de CLECE o AUSSA de Sevilla o la recogida de basuras de Sabadell son expresiones adelantadas, tanto por sus métodos de lucha como por los resultados logrados, de esa tendencia profunda.
3.3. En ese contexto de diáspora sindical, descontento sordo, división y una cierta sensación de impotencia de la clase trabajadora, producto de la política paz social de los grandes aparatos sindicales, combinada, como hemos señalado antes, con la falta de una alternativa de agrupamiento sindical sólida y atractiva, lo probable para el próximo período es una acentuación del proceso de abandonos, rupturas y desgajamientos sindicales por la base, si bien con un carácter desperdigado y no generalizado. Este proceso carece actualmente de referentes alternativos, debido al fracaso de aquellos que, como el sector crítico de CCOO o la CGT, pudieron haberlo sido. El proceso resulta así disperso y complejo y, al mismo tiempo, hace más acuciante la necesidad de reagrupamiento de la izquierda sindical, para reconstruir el sindicalismo de clase y combativo.
3.4. La trayectoria del sector crítico de CCOO en los últimos años ha confirmado plenamente que son parte estructural de la propia burocracia del sindicato, incapacitados para actuar como una corriente organizada realmente alternativa, combativa y democrática. De hecho vienen jugando un papel de freno de los movimientos de radicalización de la clase a la espera de un reacomodo en el aparato: así se vienen mostrando contrarios a tomar cualquier iniciativa de acción que pueda llevar a un enfrentamiento directo con el aparato de la mayoría oficialista, como ocurrió cuando se opusieron a llamar al a continuidad de la huelga general del 20-J del 2002 o, más recientemente, en relación a luchas como Izar, Telemarqueting o contra las deslocalizaciones, en las movilizaciones de los trabajadores inmigrantes o en relación al movimiento por elNo en el reciente referéndum sobre la Constitución europea…
3.5. La CGT por su parte ha venido acentuando sus rasgos aparatistas y sectarios: como ejemplos recientes podemos citar su política de boicot a la línea de reagrupamiento de fuerzas en torno a puntos de acción promovida por la Xarxa contra els Tancaments en Catalunya, el nulo papel jugado en los manifiestos unitarios de sindicalistas por el No a la Constitución europea o la negativa a sumarse a la lucha unitaria en Telefónica por la anulación de los despidos a nuestros compañeros. CGT sigue inmersa en la vieja disputa entre las dos alas que pugnan por controlar el aparato (los rojos y los negros), actuando como oposición sindical de izquierda a CCOO y UGT pero reproduciendo a pequeña escala los rasgos burocráticos que definen la política de esos mismos aparatos.
4. La lucha por construir un movimiento sindical de oposición a la patronal, al gobierno, y a la burocracia sindical
4.1. En el contexto descrito -acentuación de la política de desmovilización y paz social de los grandes aparatos, luchas de resistencia dispersas y ausencia de referentes alternativos sólidos-, nuestra política para avanzar en el reagrupamiento de la izquierda sindical, debe caracterizarse por su flexibilidad, combinando distintas iniciativas que faciliten ir construyendo un movimiento sindical de oposición a la burocracia, con el objetivo de ir dando pasos para arrebatarle -aunque todavía sea a pequeña escala– la dirección del movimiento obrero. En ese sentido, movimientos como el de la Xarxa contra els Tancaments, la iniciativa del manifiesto de sindicalistas por el No a la Constitución europea o las diferentes «coordinadoras sindicales alternativas» son pasos adelante en la unidad de acción y un claro reflejo de la necesidad de avanzar en la confederación de las diferentes fuerzas de la izquierda sindical.
Organizar, desarrollar, construir Co.bas debe ser una tarea central nuestra al servicio de ese empeño. Lejos de cualquier criterio autoproclamativo de «sindicato alternativo», debemos apostar porque Co.Bas juegue un papel dinamizador, de motor que impulsa el desarrollo de ese movimiento, entre cuyas principales señas de identidad deben estar la democracia obrera, la organización y la defensa tenaz de los derechos de los capas más explotadas de la clase trabajadora: la juventud precarizada, los trabajadores inmigrantes y la mujer trabajadora.
4.2. Agrupamientos unitarios como la Xarxa contra els tancaments i la precarietat de Catalunya –donde confluimos en unidad de acción con sindicalistas críticos de los sindicatos mayoritarios, organizaciones sindicales «alternativas» a esos mismos sindicatos y colectivos de jóvenes vinculados a las luchas sociales– son un buen ejemplo de cómo la izquierda sindical podemos dar pasos, dentro de la heterogeneidad existente, en nuestra organización y coordinación: A través del impulso y apoyo a luchas concretas (contra los cierres, en apoyo a Miniwatt, a los trabajadores inmigrantes…) y a través de campañas e iniciativas más políticas, como contra la reforma laboral, defendiendo las reivindicaciones obreras frente al nuevo estatuto catalán, organizando un 1 de mayo alternativo o impulsando un manifiesto de sindicalistas por el no a la constitución europea. Experiencias como la confluencia en Madrid de sindicalistas de diversas organizaciones y tendencias en torno al manifiesto por el No a la constitución europea, y más recientemente en oposición a la reforma laboral, abre posibilidades de avanzar también en otros lugares en la búsqueda de acuerdos estables de unidad de acción alrededor de un organismo unitario, como en Catalunya.
4.3. Este tipo de agrupamientos unitarios son contradictorios ya que, por su composición heterogénea, incluyen desde valiosos activistas hasta organizaciones de la izquierda sindical con marcadas tendencias aparatistas. Pero en esta etapa son agrupamientos que juegan un papel progresivo –porque contribuyen al proceso de acumulación de fuerzas por la reconstrucción del sindicalismo de clase– y debemos impulsarlos y participar en ellos, promoviendo acciones unitarias y preservando el espacio de intervención común sobre la base de clarificar los puntos de desacuerdo en los que cada cual debe tener libertad de acción.
De modo similar, deberíamos actuar en las distintas coordinadoras o encuentros de organizaciones sindicales alternativas a CCOO y UGT, es decir, proponiendo iniciativas de acción unitarias (campañas en apoyo de luchas concretas, en contra de los Acuerdos de Negociación Colectiva, contra los pactos del Diálogo Social…), que permitan una intervención unitaria, al tiempo que clarifiquen y preserven el marco común de trabajo.
4.4. En el impulso de ese movimiento sindical de oposición a la patronal, al gobierno y a la burocracia, Co.Bas debe jugar un papel destacado, como motor e instrumento privilegiado para avanzar en ese agrupamiento. Con ese objetivo debemos proponer a Co.Bas la necesidad de que articule fórmulas organizativas muy flexibles y diversas: afiliación individual, de sindicatos de empresa o sector, confederación, aceptación de doble afiliación sindical… con el propósito de eliminar los obstáculos organizativos que puedan dificultar su fortalecimiento como organización y ese papel de motor de agrupamiento que proponemos que juegue. Nuestro objetivo debe ser estar preparados para dar un salto a medida que el proceso de reorganización sindical -todavía molecular y atomizado por la ausencia de un proceso generalizado y sostenido de movilizaciones que permita dar un salto cualitativo en el mismo- se torne imparable y masivo, fortaleciendo Co.Bas como la principal herramienta para impulsar el proceso de recuperación del sindicalismo de clase, combativo y democrático que la clase trabajadora de este país necesita.
5. Ejes de nuestra acción sindical
5.1. La apuesta decidida por jugar un papel de impulso, aún con la modestia de nuestras fuerzas, en la recuperación del sindicalismo de clase –es decir, en la recuperación de un sindicalismo que realmente defienda con firmeza los intereses de la clase trabajadora basándose en la fuerza que dan la movilización, la unidad y la participación de los trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones– nos obliga definir algunos rasgos esenciales y algunas prioridades.
5.2. En primer lugar, apostamos por un sindicalismo de independencia de clase para el cual es imprescindible mantener la independencia económica del Estado -gobierne quien gobierne- y de la patronal, adaptando nuestra organización y funcionamiento a las posibilidades que permitan las cotizaciones y el compromiso militante de nuestros afiliados y afiliadas.
Como parte de ese sindicalismo de independencia de clase, nos oponemos a cualquier ingerencia del Estado o de la patronal en el ejercicio de derechos democráticos básicos como el de huelga: regulación de la misma, imposición de servicios mínimos, laudos obligatorios…
5.3. Nuestro compromiso es la práctica de un sindicalismo basado en la democracia obrera, es decir, en la soberanía de las asambleas de los trabajadores y trabajadoras. El poder decisorio –tanto en la elaboración de las plataformas reivindicativas, como en el seguimiento de los procesos negociadores, los planes de lucha o la decisión final-debe radicar en los trabajadores. La asamblea es la estructura participativa fundamental para unir, decidir e impulsar con éxito a la clase trabajadora tanto hacia la conquista de las reivindicaciones actuales y parciales como hacia un proyecto de emancipación social.
5.4. El impulso de un sindicalismo participativo y asambleario es la mejor garantía para avanzar en la unidad sindical, una aspiración de la mayoría de los trabajadores fundamental para fortalecer la lucha. La experiencia sin embargo demuestra que no es posible esa unidad a partir del consenso entre unas cúpulas sindicales que anteponen sus intereses de aparato a los intereses generales de la clase. Sólo desde la base de la acción sindical unitaria en los centros de trabajo, con una práctica asamblearia que potencie el debate colectivo y la confrontación de propuestas, de manera que comprometa a todos los sindicatos a asumir las decisiones acordadas por la mayoría de trabajadores, se puede recomponer la unidad sindical necesaria para avanzar en la lucha.
5.5. La clase obrera es internacional y, en el actual contexto de globalización imperialista en que se intensifican los movimientos del capital a escala planetaria enfrentando a unos trabajadores con otros para aumentar sus ganancias, resulta más importante que nunca avanzar en la coordinación y solidaridad de las luchas obreras. Debemos promover la solidaridad de clase con todos aquellos pueblos y trabajadores del mundo que luchan contra la rapiña imperialista (Palestina, Iraq, Bolivia…) con especial atención a aquellos sometidos al expolio de las multinacionales (Telefónica, Repsol, SCH, BBVA…) de nuestro propio país (Bolivia, Argentina, Ecuador, Cuba, Venezuela…).
5.6. Como parte de la reconstrucción del sindicalismo de clase en el ámbito internacional, es preciso comprometerse en la reconstrucción del movimiento obrero europeo, después de veinte años de «diálogo social» del sindicalismo burocrático europeo y tras el vergonzoso apoyo dado por la CES al Tratado de Constitución Europea, incluso después de la estrepitosa derrota que los trabajadores franceses y holandeses propinaron a este antidemocrático instrumento del capital. La coordinación con experiencias de lucha de otros países, la participación en encuentros internacionales del sindicalismo alternativo, el intercambio de experiencias y el impulso de acciones de solidaridad con las movilizaciones… pueden ser primeros pasos en el largo camino de reconstrucción del sindicalismo de clase europeo e internacional.
5.7. Un sindicalismo verdaderamente de clase debe tener un carácter socio-político, es decir, deber actuar sobre el conjunto de los problemas e inquietudes de los trabajadores y trabajadoras planteando alternativas que apunten hacia su emancipación. Además de las reivindicaciones vinculadas a los derechos laborales y sociales (como la oposición a los cierres y deslocalizaciones; contra la reforma laboral, la precariedad y en defensa de derechos sociales básicos como las pensiones públicas; contra la xenófoba Ley de Extranjería y por la regularización de los trabajadores inmigrantes; la defensa de la sanidad y la enseñanza públicas, la igualdad de la mujer trabajadora…), el sindicalismo de clase debe comprometerse en el movimiento contra la monarquía y por la Tercera República, en la exigencia de derogación de leyes antidemocráticas como la ley de partidos y en el apoyo a la reivindicación del derecho de autodeterminación para los pueblos que componen el Estado Español, en la denuncia del papel imperialista español y en la solidaridad con la resistencia del pueblo iraquí contra la agresión imperialista…
5.8. En el cuadro actual de predominio de la dispersión y atomización organizativa es fundamental saber combinar distintas iniciativas unitarias encaminadas a la construcción del movimiento sindical y combativo a que aspiramos a través de la acción. Frente al freno y el aislamiento con que los aparatos sindicales pretenden ahogar las luchas obreras, es decisivo impulsar las movilizaciones y arroparlas de la mayor solidaridad posible: ninguna lucha nos puede ser ajena. En ese sentido debemos prestar especial atención y priorizar la organización y el apoyo a las luchas de los trabajadores precarios, especialmente jóvenes, inmigrantes y mujeres, que son los sectores más explotados y llamados a tener un especial protagonismo en las luchas futuras y en el proceso de reconstrucción de la unidad de clase.
Una herramienta fundamental para difundir esta política (posicionamientos sobre los principales acontecimientos, difusión y solidaridad con las luchas,…) y poder avanzar en ese agrupamiento de fuerzas es la de dotarse de una revista periódica de distribución amplia, junto a otros materiales de propaganda (carteles, octavillas…).
5.9. Entendemos que la única reforma laboral aceptable es aquella que avance en la restitución del principio de estabilidad en el empleo, suprimido con las sucesivas reformas laborales de los últimos años, y en las garantías y derechos que lo hagan posible. Una verdadera reforma laboral exigiría, entre otras medidas de urgencia, el cierre de las ETT’s, el fin de la subcontratación, la generalización del contrato fijo y la restitución de los 45 días de indemnización por año trabajado.
Debemos ser parte del impulso de una campaña amplia y lo más unitaria posible entre los trabajadores contra la ofensiva de la patronal y del PSOE a través de llamado «diálogo social» (reforma laboral y de las pensiones). La tarea urgente es unificar a todas las organizaciones sindicales y colectivos obreros que nos oponemos a ella. Debemos ponernos a la cabeza de esa tarea proponiendo a Co.Bas, y a las otras organizaciones y colectivos en que militamos, que encabecen ese movimiento. El acuerdo de poner en marcha una campaña unitaria contra la reforma laboral, adoptado en el encuentro estatal de sindicatos de clase de Granada del 19 de noviembre, es un primer y esperanzador paso en esa dirección.
Una campaña de información y movilización que debe partir de informar ampliamente en los centros de trabajo de lo que se está negociando en nombre de los trabajadores y sin su participación, impulsando un amplio proceso de pronunciamientos que exija la retirada de las direcciones de CCOO y UGT de las mesas de negociación y la aceptación de una plataforma de reivindicaciones, elaborada democrática y unitariamente, que dé respuesta a las necesidades reales de la clase trabajadora, exigiendo que no se firme ningún acuerdo sin que los trabajadores hayan sido consultados. Una campaña que debe traducirse también en jornadas unitarias de movilización (actos públicos, concentraciones…).
Como alternativa proponemos una plataforma de medidas que combine la restitución de derechos y garantías perdidos y la conquista de otros nuevos como la prohibición por ley de deslocalizaciones, la supresión de la precariedad por ley y la prohibición de las ETT’s, la restitución de la indemnización de 45 días por despido improcedente y de la decisión de readmisión por parte del trabajador, la jornada de 35 horas semanales sin reducción salarial, un salario mínimo que equivalga al 70% del salario medio, cláusula de revisión salarial obligatoria por ley, medidas efectivas contra la discriminación salarial y laboral de las mujeres trabajadoras, regularización e igualdad de derechos para los trabajadores inmigrantes, la mejora sustancial de las prestaciones sociales (defensa de las pensiones públicas y jubilación a los 60 años con el 100%, subsidio de paro universal, medicamentos pagados al 100% para todos…), derecho a la atención pública y gratuita de las personas dependientes (ancianos, guarderías…). Un conjunto de reivindicaciones que se ha de vincular a un plan de movilizaciones sostenido, con una amplia participación de los trabajadores y trabajadoras, como única vía que puede abrir posibilidades de conseguirlas.