Traducción para Rebelión de Loles Oliván Hijós.
USAID ha cesado oficialmente sus operaciones en los territorios palestinos ocupados desde el 1 de febrero. La medida se ha puesto en relación con la Ley de Aclaración Antiterrorista (ATCA, por sus siglas en inglés) aprobada en el Congreso estadounidense en octubre. La ley estipula que los gobiernos extranjeros que acepten ayuda del gobierno de Estados Unidos pueden ser procesados en tribunales estadounidenses por daños y perjuicios causados por terrorismo. Esta ley ha motivado que la Autoridad Palestina (AP) se niegue a recibir la ayuda estadounidense y, por lo tanto, que se ponga fin a la presencia de USAID en los territorios ocupados, al menos de momento.
Recortes perjudiciales
El ATCA, que no sólo afecta a la ayuda a los palestinos, es sólo la última de una serie de medidas punitivas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos contra ellos. La más perjudicial fue una serie de recortes que en 2018 acabaron con cientos de millones de dólares de financiación destinados a servicios esenciales y necesidades humanitarias palestinas, como la atención sanitaria y el apoyo a los refugiados.
De otro lado, el cierre de USAID pone fin a la financiación estadounidense de programas que en realidad son nocivos para los palestinos, como los 60 millones de dólares destinados a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina (AP). Esa financiación tenía como finalidad que las fuerzas de la AP coordinaran con Israel cuestiones securitarias para el control de los palestinos. Una inversión en la AP que, especialmente desde que acabó la Segunda Intifada en 2005, fue determinante para que Estados Unidos entrenara y financiara a las fuerzas de seguridad de la AP.
Las fuerzas de la AP están siendo cada vez más investigadas por cometer abusos contra los derechos humanos, como la detención y tortura rutinaria de disidentes pacíficos. Contrasta con el hecho de que no están autorizadas a responder a los incidentes violentos que llevan a cabo los colonos israelíes contra los palestinos, a pesar de que constituyen la mayor amenaza para el estado de derecho y la seguridad de los palestinos en Cisjordania. Por lo tanto, esos 60 millones de dólares en financiación han servido tanto para intensificar la dominación israelí y hacer más inseguras las vidas de los palestinos, como para reforzar el deslizamiento de la AP de la democracia a la autocracia.
¿Palestinos felices?
Cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo en 1993 se extendió con optimismo que israelíes y palestinos alcanzarían la paz juntos. Para apoyar el proceso, los donantes internacionales encabezados por Estados Unidos prometieron una importante financiación destinada a proyectos palestinos de ayuda al desarrollo que servirían para construir las instituciones de un Estado palestino.
Se hizo así bajo el supuesto de que la ayuda, combinada con esas instituciones, podría catalizar el crecimiento económico palestino y proporcionar a los palestinos un «dividendo de la paz» que les alentaría a construirla con Israel.
Los antecedentes de este modelo se remontan al menos a los años setenta, cuando la Administración Carter adoptó un enfoque despolitizado basado en la idea de que si los palestinos estaban «felices», con empleos estables y bajo una estructura administrativa que funcionara, estarían dispuestos a negociar un acuerdo en el marco de la ocupación.
En la década de 1980, la Administración Reagan ensayó igualmente una solución pacífica promoviendo cuestiones económicas en lugar de un acuerdo político. Planteada como una iniciativa de «Calidad de vida», Estados Unidos intentó favorecer la reconciliación política entre Israel y los palestinos a través de incentivos económicos teóricamente al margen de la política.
Más recientemente, las administraciones de George W. Bush y Obama fomentaron y financiaron el desarrollo de las fuerzas de seguridad de la AP bajo la presidencia de Abbas, respaldado por Occidente, para que ejercieran el control sobre los principales núcleos de población palestinos en Cisjordania. Oficialmente se confiaba en que tras la violencia de la Segunda Intifada, cuando Israel se sintiese seguro estaría dispuesto a levantar las restricciones a los palestinos con el fin de reavivar el Proceso de Oslo.
El mayor donante
Desde el inicio del proceso de Oslo en 1993, Estados Unidos ha sido el mayor donante de ayuda a Palestina y sólo el segundo detrás de la Unión Europea en su conjunto. En total, los donantes han desembolsado más de 35 mil millones de dólares en ayuda a Palestina desde 1993. Según datos de la OCDE, sólo Estados Unidos gastó casi 7.300 millones de dólares en ayuda a los palestinas entre 1993 y 2017.
Según el Ministerio de Finanzas palestino, Estados Unidos fue el cuarto mayor donante de la AP entre 2012 y mayo de 2016, con casi 450 millones de dólares. Asimismo, desde 1950 ha sido el mayor donante a los refugiados palestinos a través de la UNRWA, con un gasto de más de 6 mil millones de dólares. En 2017 proporcionó alrededor de un tercio del presupuesto total de la agencia de Naciones Unidas para atender a 5,4 millones de refugiados.
Paralelamente, desde 1967 la economía palestina ha sufrido una progresiva ralentización por un proceso de de-desarrollo que la ha situado en un valor inferior al 5% del PIB de la economía israelí, a pesar de que el tamaño de sus poblaciones es similar. Así, la ayuda estadounidense ha sido a veces determinante en el porcentaje del PIB palestino (superando el 10% en 2009) lo que significa que Estados Unidos haya sido con frecuencia el motor clave de la actividad económica palestina y de la financiación de las instituciones de la AP.
Una asistencia problemática
Sin embargo, la ayuda de Estados Unidos es problemática por naturaleza. No está basada en un humanitarismo altruista ni en la construcción neutral de la paz; hay que considerarla desde la perspectiva de la estrecha relación de Estados Unidos con Israel.
Estados Unidos es el aliado más próximo a Israel y definitivamente el más importante. Desde 1949 ha aportado al menos 134 mil millones de dólares (sin tener en cuenta la inflación) en ayuda oficial a Israel. Igualmente, ha proporcionado a Israel cobertura diplomática cuando ha bloqueado resoluciones clave de la ONU contra la ocupación y contra el trato de Israel a los palestinos de acuerdo con el derecho internacional.
Esto resulta muy problemático porque se da por aceptado que quien dona a un Estado frágil y en conflicto tiene que actuar de la manera más neutral posible para no perjudicar ni contribuir a crear situaciones que empeoren las condiciones. Como donante, Estados Unidos ha hecho exactamente lo contrario.
FINANCIACIÓN DE LA UNRWA EN 2017
Los diez principales donantes contribuyeron al 80% de los ingresos de la agencia (en dólares estadounidenses)
– EEUU: 364.265.585
– UE: 143.137.340
– Alemania: 76.177.343
– Suecia: 61.827.964
– Reino Unido: 60.302.892
– Arabia Saudí: 51.275.000
– Japón: 43.062.169
– Suiza: 26.938.805
– Noruega: 26.313.359
– Holanda: 20.877.507
TOTAL: 874.177.965 $
Mantenimiento de la seguridad de Israel
En consecuencia, en lugar de beneficiarse de la ayuda, desde 1993 los palestinos han pasado a depender de ella como resultado de las opresivas restricciones impuestas por el ejército israelí en todos los aspectos de la vida palestina, por la pérdida vertiginosa de territorio para los asentamientos israelíes, por los prolongados períodos de violencia y por el hecho de que no se les permita comerciar libremente con el mundo exterior. Al mismo tiempo, la ayuda ha significado beneficios tangibles para el gobierno israelí: ha aliviado a Israel de los costes de la ocupación porque los donantes han aceptado pagar los servicios palestinos al tiempo que han permitido a los israelíes explotar una economía palestina que en muchos casos era solvente gracias a la ayuda.
Además, la ayuda externa ha proporcionado a Israel un subcontratista (la AP) que actúa como delegada subsidiaria para mantener el control en Cisjordania, lo que ahorra a Israel una fortuna en dólares y vidas. Por esta razón, el establishment de seguridad israelí ha dado muestras de cuánto valora la ayuda a los palestinos e incluso ha presionado a favor de ella.
Sin embargo, en el gobierno israelí se ha ido produciendo un cambio de actitud acorde con nuevas dinámicas de clase y raza. Un sector de la seguridad israelí controlado durante mucho tiempo por la «vieja» élite ashkenazi (judíos originarios de Europa en el contexto israelí del término) ha ido perdiendo poder en los últimos años en favor de movimientos más derechistas, a menudo dirigidos por políticos de origen mizrahi (judíos originarios de Oriente Próximo). Esos políticos mizrahíes han presionado para intensificar el conflicto con los palestinos y acabar completamente con el proceso de Oslo. El gobierno de Netanyahu se ha beneficiado del ascenso de esos sectores políticos y de su socia ideológica, la Administración Trump, que está dispuesta a convertir la ayuda en un arma que fuerce la peor resolución política para los palestinos.
Para castigar a los palestinos, los gobiernos de Netanyahu y Trump están dispuestos a eliminar los programas que garantizan su subsistencia al tiempo que financian la seguridad para mantenerlos bajo su control, en un anticipo de un «Acuerdo del Siglo» estadounidense que debería refrendar una serie de objetivos israelíes, como negar a los refugiados palestinos el derecho al retorno consagrado en el derecho internacional.
Una forma inesperada de avanzar
La ayuda de Estados Unidos a los palestinos está muy pervertida. Y eso sin considerar siquiera cómo se gasta, por ejemplo, cuando se conceden decenas de millones de dólares en subvenciones a contratistas privados estadounidenses con antecedentes escandalosos de mala gestión e ineficacia.
Tampoco cabe duda de que el recorte de la ayuda en 2018 es lesivo. Son muchos los palestinos que dependen de esa financiación. Y hay que admitir igualmente que a pesar de la política del gobierno de Estados Unidos muchos estadounidenses de USAID intentaban sinceramente mejorar la vida de los palestinos. Aún así, la reducción de la ayuda estadounidense a la cooperación en materia de seguridad con Israel para reforzar crudamente la ocupación colonial, fortaleció a los palestinos, porque rechazar la USAID reduce la influencia de Estados Unidos, lo que puede ser positivo habida cuenta del sesgo y del fracaso catastrófico que su liderazgo ha significado para la construcción de la paz.
Esto podría incluso conducir a un nuevo enfoque de construcción de la paz que obligue a Israel a asumir la carga total de los costes de controlar a los palestinos. En este sentido, la supresión de USAID en Palestina puede verse como un paso hacia una nueva dirección en la construcción positiva de la paz, basada en los derechos humanos y el derecho internacional, y que de por finiquitado el largo y moribundo modelo de Oslo. Asimismo, pone fin al concepto de seguridad como elemento medular de la estrategia de la ayuda estadounidense a Palestina durante 25 años cuyo objetivo ha sido apaciguar a los palestinos para mantenerlos bajo el control de la ocupación con la excusa de consolidar la paz.
El reto es que los palestinos aprovechen esta oportunidad para replantearse el enfoque de la ayuda internacional y asegurarse de que Estados Unidos no vuelva gratis a las andadas cuando le venga en gana, sin tener que rendir cuentas al pueblo palestino y sin comprometerse con las condiciones que establezcan los palestinos para aceptar su ayuda.
Mientras tanto, los palestinos tienen que asegurarse asimismo de que se pone fin a las operaciones del Coordinador de Seguridad de Estados Unidos (USSC) y deben resistir firmemente cualquier intento de intervención por su parte. Hay que reconocer que el fin de la USAID no sólo beneficiará a los palestinos sino que será decisivo para construir una paz real en el futuro.
Jeremy Wildeman es investigador asociado en la Universidad de Bath. Se dedica a las relaciones internacionales y la política de Oriente Próximo y esta especializado en desarrollo palestino, desarrollo institucional y relaciones occidentales con la región. También ha pasado casi dos décadas apoyando el desarrollo de la juventud y la comunidad en los Balcanes y Oriente Próximo.
Alaa Tartir es director del programa Al Shabaka, The Palestinian Policy Network, becario postdoctoral en el Centro de Políticas de Seguridad de Ginebra (GCSP), e investigador visitante en el Centro de Conflictos, Desarrollo y Consolidación de la Paz (CCDP) del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y del Desarrollo (IHEID), Ginebra, Suiza.
Fuente: https://www.middleeasteye.net/opinion/why-cutting-us-aid-will-help-palestinians-and-peace