Traducido para Rebelión por Felisa Sastre
La reciente propuesta para que Noruega boicotee los productos israelíes ha producido un apasionado debate.
A mi juicio, un análisis racional de este asunto plantearía dos cuestiones: 1) ¿Las violaciones israelíes de los derechos humanos merecen un boicot económico? y 2) ¿Podría un boicot de este tipo contribuir de forma significativa a terminar con estas violaciones? Yo diría que la respuesta a ambas preguntas debería ser afirmativa.
A pesar de que haya sido objeto de numerosos informes de organizaciones de defensa de los derechos humanos, la verdad de lo que ocurre en el ámbito del respeto de esos derechos por parte de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados no se conoce bien, en general, en el extranjero. Ello se debe, principalmente, a la formidable campaña de relaciones públicas de los defensores de Israel así como a la eficacia de su estrategia intimidatoria, como la de colocar la etiqueta de antisemita a cualquier crítica de la política israelí.
Sin embargo, es un hecho incontestable que Israel tiene en un su haber un extenso catálogo de violaciones de los derechos humanos, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Entre ellos, los siguientes:
Homicidios ilegales:
Mientras que los ataques de kamikaces palestinos dirigidos contra civiles israelíes han suscitado una gran atención de los medios de comunicación, el historial cuantitativamente mucho peor de los asesinatos de civiles, perpetrados por Israel, es mucho menos conocido.
Según los datos más recientes del Centro israelí de Información sobre Derechos Humanos (B’Tselem), desde septiembre de 2000, se ha matado a 3.386 palestinos, 1.008 de los cuales se ha reconocido que eran combatientes, en comparación con los 992 muertos israelíes, de los que 309 sí lo eran. Ello significa que se ha matado tres veces más palestinos que israelíes y que las suma de los civiles palestinos triplica la de los israelíes. Los defensores de Israel mantienen que existe una diferencia entre tomar como objetivos a civiles y matarlos por accidente. B’tselem responde a ello que «Cuando se ha matado y herido a tantos civiles, la falta de intencionalidad no significa nada. Israel sigue siendo responsable».
Por otra parte, Amnistía Internacional informa de que a «muchos» palestinos no se les ha matado de forma accidental sino que han sido «objetivos deliberados», mientras que el laureado periodista del New York Times, Chris Hedges, revela que los soldados israelíes «atraen a los niños como se hace con las trampas de ratones y los asesinan por deporte».
Tortura
«Desde 1967», informa Amnistía, «los servicios de seguridad israelíes torturan rutinariamente a los sospechosos políticos palestinos en los Territorios Ocupados». B’Tselem ha comprobado que el ochenta y cinco por ciento de los palestinos interrogados por los servicios de seguridad israelíes han sido sometidos a «tratos que constituyen tortura» mientras que, hace ya una década, Human Rights Watch estimaba que «el número de palestinos torturados o gravemente maltratados» era de «decenas de miles, un número que resulta especialmente significativo cuando se tiene en cuenta que el total de palestinos, varones adultos y adolescentes, en Cisjordania y Gaza es inferior a los tres cuartos de millón (750.000)». En 1987, Israel se había convertido en «el único país del mundo que había legalizado de hecho la tortura» (Amnistía).
Aunque el Tribunal Supremo israelí parezca haber prohibido la tortura en un auto de 1999, el Comité Público contra la Tortura en Israel informaba en 2003 de que las fuerzas de seguridad israelíes continuaban aplicando la tortura de forma «metódica y rutinaria». En un estudio de B’Tselem de 2001, se documenta que las fuerzas de seguridad israelíes aplicaban a menudo «torturas graves» contra » palestinos menores de edad».
Demolición de viviendas
«Israel ha llevado a cabo una política de demolición masiva de viviendas palestinas en los Territorios Ocupados», informa B’Tselem, y desde septiembre de 2000 «ha destruido unas 4.170 casas palestinas». Hasta hace poco, Israel recurría de manera rutinaria a la demolición de viviendas como una forma de castigo colectivo. Según Middle East Watch, el único país del mundo, además de Israel, que ha utilizado un castigo tan draconiano fue Iraq en los tiempos de Saddam Hussein. Además, Israel ha destruido millares de viviendas «ilegales» construidas por palestinos porque Israel les ha denegado las licencias de construcción. El motivo que se esconde tras la destrucción de estas casas, según Amnistía, es el de ampliar el terreno disponible para los colonos judíos: «Se elige a los palestinos por la sóla razón de ser palestinos». Finalmente, Israel ha destruido centenares de viviendas con el pretexto de la seguridad, aunque un informe de Human Rights Watch sobre Gaza ha probado que «el modelo de destrucción…apunta con claridad a que las fuerzas israelíes han demolido sistemáticamente viviendas con independencia de si constituían una amenaza concreta».
Amnistía ha verificado por su parte que «la considerable destrucción de viviendas y propiedades en el conjunto de Cisjordania y Gaza, llevada a cabo por Israel, …no se justifica por necesidades militares» y que «algunos de estos actos de destrucción constituyen graves infracciones de la Cuarta Convención de Ginebra y son crímenes de guerra».
Con independencia de la enorme magnitud de sus violaciones de los derechos humanos, el carácter excepcional de la política israelí merece tenerse en cuenta. «Israel ha establecido en los territorios ocupados un régimen de separación que se basa en la discriminación, al aplicar dos sistemas legales diferentes en la misma región y al establecer los derechos de los individuos en razón de su nacionalidad». B’Tselem concluye: «Este régimen es único en su género en el mundo, y recuerda a lamentables regímenes del pasado como el del Apartheid en Sudáfrica». Si la opción del boicot económico contra Sudáfrica fue defendible, parecería igualmente justificable hacerlo con la ocupación israelí que tanto se parece al régimen del apartheid.
Aunque el boicot económico pueda justificarse en razones morales, una cuestión sigue planteada: la de si, en su lugar, podría utilizarse la diplomacia de manera más eficaz. Sin embargo, la documentación de la que se dispone en este sentido no es alentadora. Los términos fundamentales para la resolución del conflicto israelo-palestino se encuentran en la resolución 242 de la ONU, y en otras resoluciones que la siguieron, en las que se exige la retirada total de los israelíes de Cisjordania y de la franja Gaza y la creación de un Estado palestino en esas zonas en contrapartida al reconocimiento del derecho de Israel a vivir en paz y seguro con sus vecinos. Cada año, una mayoría aplastante de los Estados miembros de la ONU votan a favor de esta solución de dos Estados, y cada año, Israel y Estados Unidos (y unas pocas islas del sur del Pacífico) se oponen. También, en marzo de 2002, los veintidós Estados miembros de la Liga Árabe propusieron el establecimiento de dos Estados y «relaciones normales con Israel». Israel ignoró la propuesta.
Israel no sólo ha rechazado obstinadamente este acuerdo sobre los dos Estados sino que la política que sigue en la actualidad va a abortar cualquier posibilidad de un Estado palestino viable. Mientras la atención del mundo se centraba en el abandono israelí de Gaza, Sara Roy, de la Universidad de Harvard, señalaba que «el Plan de Retirada de Gaza es, en el fondo, un instrumento para la anexión continuada de territorios en Cisjordania y su integración territorial en Israel». En particular, Israel ha estado construyendo un muro que se adentra profundamente en Cisjordania, mediante el cual se va a anexionar los recursos de agua y las tierras más fértiles, así como el Jerusalén Este, centro de la vida palestina. Un muro que de hecho partirá Cisjordania en dos. Aunque Israel afirmara al principio que construía el muro para combatir el terrorismo, el consenso entre las organizaciones de derechos humanos es que se trata en realidad de una confiscación de tierras para anexionar a Israel las colonias judías ilegales. Hace poco, el ministro de Justicia israelí ha reconocido francamente que el muro servirá de «futura frontera del Estado de Israel».
La política actual del gobierno israelí va a conducir a un baño de sangre interminable o al desmembramiento de Palestina. «Es prácticamente imposible imaginar un Estado palestino sin su capital en Jerusalén», afirmaba recientemente el respetado Crisis Group, y, consecuentemente, la política israelí en Cisjordania «es contraria a cualquier solución de establecimiento de dos Estados viables, y no proporcionará seguridad a Israel»; de hecho, la va a socavar al debilitar a los palestinos pragmáticos…y al sembrar la semilla de una radicalización creciente»(1).
El Tribunal Internacional de Justicia- haciendo mención a la Carta de Naciones Unidas que considera inadmisible la adquisición de territorios mediante la guerra- dictaminó en una resolución consultiva de 2004 que las colonias israelíes en los Territorios Ocupados y el Muro que se está construyendo para anexionarlas a Israel eran ilegales según el derecho internacional. El Tribunal pidió a Israel que cesara en la construcción del Muro, que desmantelara las partes terminadas y que reparara los daños infligidos a los palestinos. De manera perentoria, subrayó igualmente las responsabilidades legales de la comunidad internacional (2):
Todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal que se deriva de la construcción del muro en los Territorios Palestinos Ocupados, incluidos el interior y los alrededores de Jerusalén Este. Tienen asimismo la obligación de negar ayuda o asistencia para el mantenimiento de la situación creada por esta construcción. Asimismo, corresponde a todos los Estados, en aplicación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, poner fin a cualquier obstáculo derivado de la construcción del muro que impida a los palestinos ejercer su derecho a la autodeterminación.
Una resolución de la Asamblea General de la ONU que apoyaba la opinión del Tribunal Internacional fue aprobada de forma abrumadora. Pese a ello, el gobierno israelí no ha tenido en cuenta la decisión del Tribunal y ha continuado la construcción a toda velocidad, mientras que el Tribunal Supremo israelí consideraba el Muro legal.
Debido a la estrategia obstruccionista de Estados Unidos, la ONU no ha podido oponerse eficazmente a las actuaciones ilegales de Israel. En efecto, si bien es cierto que Naciones Unidas trata a Israel con un doble rasero, es exactamente en sentido contrario a lo que los defensores de Israel denuncian: que a Israel se la trata peor que a otros Estados miembros. Un estudio de Marc Weller de la Universidad de Cambridge en el que se compara a Israel y los Territorios Palestinos Ocupados con situaciones similares en Bosnia Herzegovina, Kosovo, Timor Oriental, Kuwait e Iraq ocupados, y Ruanda confirma que Israel ha disfrutado «de una inmunidad en la práctica» en relación con las medidas adoptadas por la ONU, como el embargo de armas y las sanciones económicas, contra Estados miembros condenados por idénticas violaciones del derecho internacional.
Debido en parte a una agresiva campaña en la que se acusa a Europa de un «nuevo antisemitismo», la Unión Europea, asimismo, ha incumplido su obligación legal de imponer el derecho internacional en los Territorios Palestinos Ocupados. Aunque la afirmación de «nuevo antisemitismo» no tenga base alguna (todas las pruebas indican que el antisemitismo ha descendido en Europa), la Unión Europea ha reaccionado apaciguando a Israel. Incluso ha censurado la publicación de uno de sus propios informes, porque sus autores- como el Crisis Group y muchos otros- han llegado a la conclusión de que con la política israelí «las perspectivas de una solución con dos Estados y Jerusalén Este como capital de Palestina, retroceden». (3)
La responsabilidad moral de evitar la inminente catástrofe debe asumirse ahora por los Estados dispuestos a respetar sus compromisos con el derecho internacional, y por hombres y mujeres con conciencia. Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, ha tomado recientemente una valiente iniciativa: la de pedir al gobierno estadounidense que reduzca de manera significativa su ayuda financiera a Israel hasta que ponga fin a su ilegal política en Cisjordania. (4) Un boicot económico sería también una propuesta juiciosa. No se puede legítimamente considerar antisemitismo una estrategia no violenta, cuyo fin es conseguir un acuerdo justo y duradero del conflicto entre Israel y Palestina.
Los verdaderos enemigos de los judíos, en efecto, son quienes devalúan la memoria del sufrimiento de los judíos al equiparar la oposición a la política ilegal e inmoral de Israel con el antisemitismo.
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=4137&type=analyse&lesujet=Boycott
normanfinkelstein.com/article.php?pg=11&ar=130
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Nota de la traductora: En la versión francesa del artículo original inglés se dan los enlaces a los documentos a los que alude el autor en distintas partes de su trabajo y que no figuran en su texto. Se han introducido aquí por la importancia de los datos que proporcionan.
(2) http://www.ism-france.org/news/article.php?id=1177&type=communique&lesujet=ONU
(3) http://www.ism-france.org/news/article.php?id=3985&type=analyse&lesujet=Rapports . Existe traducción española en : http://www.rebelion.org/noticia.php?id=23696. Informe de la UE
(4) http://www.ism-france.org/news/article.php?id=4073&type=analyse&lesujet=Boycott