Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
En la actualidad no existe una familia en Jerusalén Este que no tenga miedo a perder su estatus de residencia, sin el cual no tienen derecho a vivir en la ciudad.
Una leyenda urbana dice que, tras la anexión de facto de Jerusalén Este en 1967, el Estado de Israel ofreció a los residentes palestinos de la ciudad, como grupo, la ciudadanía israelí y ellos la rechazaron. Aunque es una leyenda interesante, no hay ni una pizca de verdad en ello. El Estado aplicó en Jerusalén oriental la ley israelí, los poderes judiciales y de autoridad menos de dos semanas después de conquistarla. Y a los palestinos que vivían allí les confirió el estatus de residencia permanente, que sigue vigente hasta la actualidad, más de 45 años después de la anexión de Jerusalén Este.
Estas medidas, que violan el derecho internacional, dieron cauce a una ambivalencia persistente que todavía se refleja en la política de Israel en la actualidad. Israel quería el territorio de Jerusalén Este, pero no quería a sus residentes. Entonces Israel creó una figura legal que no tiene paralelo en el mundo, una situación en la que las 300.000 personas de una comunidad originaria viven sin ciudadanía en el lugar donde nacieron y han vivido siempre. En su reciente artículo sobre el tema («3.374 residentes de Jerusalén oriental recibieron la plena ciudadanía israelí en la década pasada», Haaretz Inglés Edición, 21 de octubre de 2012), Nir Hasson inspeccionó el fenómeno creciente de solicitudes de ciudadanía israelí entre los residentes de Jerusalén Este. Estamos hablando, sin duda, de un fenómeno que no se puede ignorar, y sin embargo Hasson subraya correctamente el hecho de que los solicitantes constituyen una minoría minúscula de residentes de Jerusalén Este en su conjunto, y una minoría aún más pequeña obtiene la autorización de ciudadanía.
Hasson cita a un exoficial del Shin Bet que dice, con la arrogancia típica: «La gente ha llegado a la conclusión de que la Autoridad Palestina no los salvará y que Israel les da todo lo mejor…» Cualquiera que esté familiarizado con la realidad de Jerusalén Este sabe que el fenómeno del aumento de las solicitudes de ciudadanía es, de hecho, un indicio más elocuente de la jerarquía del desastre creado por la política israelí en Jerusalén: cerca de 15.000 palestinos jerosolimitanos han recibido la ciudadanía israelí a lo largo de los años. Un número similar de residentes palestinos de la ciudad -unos 14.000, para ser precisos- han perdido su estatus de residencia durante el mismo período, la mayoría de ellos a partir de mediados del decenio de 1990.
En la actualidad no existe ni una familia en Jerusalén Este que no tenga miedo a perder su estatus de residencia, situación que les quita el derecho a vivir en la ciudad.
¿Se quejan los solicitantes de la ciudadanía citados en el artículo de Hasson de fallas burocráticas y trámites burocráticos? Estos inconvenientes se vuelven inexistentes cuando se trata de la revocación de la residencia, en cuyo punto la burocracia israelí despliega una eficiencia e ingenio sorprendentes. Si bien la aplicación de estas políticas apenas afecta a la relación demográfica entre israelíes y palestinos, la desesperación y la penuria resultantes desgastan mucho el tejido social y la vida de los palestinos. Las solicitudes de ciudadanía son, ante todo, una estrategia de supervivencia de aquéllos que buscan estar en el lado correcto de la puerta giratoria de la política demográfica.
El creciente interés en la obtención de la ciudadanía israelí por parte de las familias palestinas es reflejo de la desigual realidad binacional en la ciudad, que se está convirtiendo, a falta de una solución política, en una realidad permanente. Las tácticas demográficas no escatimarán de la sociedad israelí la necesidad de enfrentar la realidad en la que más de un cuarto de millón de seres humanos vive bajo la ley israelí sin estatuto civil y sin el reconocimiento de sus derechos políticos y colectivos. Esta realidad no tiene parangón en el resto del mundo y no puede tolerarse en una sociedad que aspira a una forma de vida democrática.
Si las posibilidades de dividir la ciudad en el marco de un acuerdo político prácticamente se han extinguido, tendremos que examinar nuevos paradigmas para la creación de una sociedad equitativa y justa en la ciudad. Esta convivencia debe basarse indefectiblemente en los derechos civiles plenos e incondicionales, no sólo de los palestinos como individuos, sino también de la sociedad palestina en su conjunto.
La convivencia igualitaria también debe incluir una división de poderes administrativos de la ciudad y de su espacio público y representativo. Ya no podemos eludir nuestra responsabilidad respecto a las personas que están subordinadas a nuestro gobierno y nuestras leyes. Uno puede discutir la legalidad de la anexión de 1967 o la inteligencia de la política como consecuencia de ella, pero no se pueden negar las responsabilidades que recaen sobre los hombros de Israel. Basta de leyendas urbanas, ha llegado el momento de tratar de manera justa la realidad en Jerusalén.
Yehudit Oppenheimer es la directora ejecutiva de Ir Amim, una ONG que se dedica a la creación de una sociedad igualitaria y estable en Jerusalén en el marco de un futuro político negociado.