El tribunal de El Paso, en Texas, aceptó este jueves 11 de Junio, posponer el juicio del terrorista internacional Luis Posada Carriles hasta el 1° de febrero del año 2010, con lo cual se confirman todos los análisis que apuntan a un procedimiento dilatorio al estilo mafioso, así como la evidente complacencia de la jueza […]
El tribunal de El Paso, en Texas, aceptó este jueves 11 de Junio, posponer el juicio del terrorista internacional Luis Posada Carriles hasta el 1° de febrero del año 2010, con lo cual se confirman todos los análisis que apuntan a un procedimiento dilatorio al estilo mafioso, así como la evidente complacencia de la jueza en este caso judicial.
Bajo el pretexto de permitir a los abogados del autor del crimen de Barbados tener más tiempo para prepararse, la jueza Kathleen Cardone aceptó por completo los argumentos de la defensa, asegurada por abogados mafiosos.
Cardone es la misma magistrada que absolvió al ex agente de la CIA una primera vez y que el 14 de abril le regaló por segunda vez su libertad bajo fianza.
En esta última oportunidad condicionó la liberación a que se quedara en detención domiciliaria hasta el juicio, con un dispositivo electrónico al tobillo, sin poder salir de su residencia, determinada por sus cómplices en un lugar públicamente secreto, salvo para visitar a sus abogados o a su médico.
Posada ha violado varias veces esta orden de la corte, incluso visitando en repetidas oportunidades el local miamense de la organización terrorista Alpha 66, sin la menor intervención de la policía federal, el FBI, siempre apático en materia de terrorismo contra Cuba.
Posada, quien además de destruir un avión civil cubano, torturó y asesinó durante años en Venezuela, donde durante una década fue jefe de escuadrones de la muerte encargados de eliminar a opositores, será procesado por «acusaciones de fraude y perjurio en relación a sus gestiones para convertirse en ciudadano estadounidense», informó AP.
Posada Carriles, de 81 años, es también acusado «de haber mentido sobre su participación en los atentados a una serie de hoteles en La Habana en 1997», precisa la agencia.
Este último cargo de perjurio es el primero formulado por la Fiscalía, después de años de estancia del criminal internacional en ese país al que siempre sirvió, que tenga relación con actividades terroristas.
Venezuela reclama en vano desde entonces la extradición de Posada, que se fugó de ese país antes de enfrentar un juicio como autor intelectual de un atentado en 1976 contra una aeronave de Cubana de Aviación en que murieron 73 personas.
Seis horas de entrevistas otorgadas a la periodista Ann Louise Bardach que fueron publicadas en The New York Times, en las cuales Posada admitió haber planeado el atentado de 1997 en La Habana en el cual murió el joven italo-canadiense Fabio Di Celmo, serán presentadas como evidencias en el juicio, si por fin tiene lugar.
Para muchos observadores, la estrategia de los fiscales federales, encabezados por John W. Van Lonkhuyzen, que pertenecen a la sección antiterrorista del Departamento de Justicia, ahora dirigido por Eric Holder, tiene esencialmente como objetivo dilatar los procedimientos para impedir su extradición.
Prueba más de esta teoría, la Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó hace unos días una directiva del mismo tribunal de Texas para prohibir que terceras partes, empezando por la prensa, tengan acceso a información »sensible» que pudiera ser presentada en el caso.
Posada Carriles, en el curso de sus décadas de participación a la guerra sucia de la CIA contra América Latina, ha participado activamente o se enteró de un sinnúmero de actividades ilegales, incluso en relación con el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.
También ha sido durante años asesor de seguridad de distintos gobiernos de América Central, una región donde se le acusó repetidamente de mantener una red terrorista con vistas a realizar acciones criminales, incluso magnicidios contra líderes de países progresistas del continente.
El presidente venezolano Hugo Chávez ha acusado específicamente a Posada de haber organizado un atentado contra su persona, sin que las autoridades policíacas y judiciales norteamericanas hayan tenido la menor reacción.
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