71 organizaciones envían al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una carta en la que se detallan los motivos de esta preocupación y las demandas de cara al cultivo de transgénicos en España.
Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) han remitido hoy al presidente del Gobierno un documento en el que se expresa la profunda preocupación de estas organizaciones por la política del actual gobierno en materia de organismos modificados genéticamente (OMG).
En esta carta, respaldada por 66 organizaciones de la sociedad civil (entre las que se encuentran, por ejemplo, la Federación Agroalimentaria de CCOO -FEAGRA-, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica -SEAE-, la Asociación de Comités de Agricultura Ecológica INTERECO, la Confederación Española de Consumidores y Usuarios -CECU-, Vida Sana, FACUA, ATTAC, la Assamblea Pagesa de Catalunya, Plataforma Rural o WWF/Adena), se recuerda que desde 1998, en España se vienen sembrando cada año miles de hectáreas de maíz modificado genéticamente cuyo cultivo se realiza en unas condiciones técnicas, administrativas y legales insatisfactorias, sobresaliendo la absoluta ausencia de regulación de la responsabilidad en caso de problemas ocasionados por los transgénicos y la falta de medidas para impedir las contaminaciones.
Dadas las grandes incertidumbres sobre la seguridad de los alimentos transgénicos tanto para la salud humana como animal (cada vez existen más datos científicos que ponen seriamente en duda su inocuidad) y teniendo en cuenta los impactos cada vez más evidentes sobre el medio ambiente, esta coalición de organizaciones considera que el Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero debería adoptar una posición más precavida que proteja a la agricultura y a los consumidores. Esta petición concuerda con algunos de los compromisos contraídos por el PSOE.
En particular, las organizaciones firmantes consideran imprescindible que el Gobierno:
– Tenga en cuenta el rechazo mayoritario de la sociedad
– Tome las medidas oportunas para prohibir el cultivo de transgénicos mientras no se revisen los mecanismos de aprobación de OMG y se solventen las numerosas lagunas legales.
– Muestre una clara intención de establecer un régimen que permita segregar la producción transgénica de la convencional y la ecológica y llevar a cabo una trazabilidad y un etiquetado que garanticen libertad de elección a agricultores y consumidores.
– Establezca medidas que garanticen la no contaminación de la producción agraria no transgénica, permitiendo una agricultura y una alimentación totalmente libre de OMG.
– Establezca un régimen de responsabilidad en caso de problemas ocasionados por los OMG.
– Tome las medidas oportunas para retirar del mercado la cosecha del maíz Bt176 de este año, cultivado ilegalmente según la normativa europea.
– En el seno de la UE, se oponga a las iniciativas favorables a una mayor introducción de OMG en el mercado europeo.
Además de ser insuficiente, el marco normativo existente en la actualidad no se cumple. Por ejemplo, este año se ha permitido la siembra (y por lo tanto se cosecharán) variedades de maíz Bt 176, un maíz de la multinacional Syngenta que -según la legislación europea- debería haber desaparecido del mercado a más tardar el 31 de diciembre de 2004 pero que el Gobierno ha tolerado en 2005 a pesar de todas las recomendaciones científicas y legales. En cuanto al resto de variedades autorizadas en España, las Mon 810, este tipo de maíz no ha pasado por un análisis de riesgo satisfactorio ni concluyente ni se le exige un seguimiento adecuado y el año que viene, su cosecha podría resultar ilegal según la normativa europea.
En el documento se denuncian una serie de aspectos tales como: se incumple año tras año la obligación de hacer público un registro de los campos donde se cultivan OMG, registro que debe estar disponible al público; el seguimiento de los OMG liberados al medio ambiente que deben realizar las empresas vendedoras de estas semillas no se ajustan a la legislación europea; no se han puesto en marcha mecanismos oportunos de trazabilidad, a pesar de que son obligatorios desde abril de 2004; no se realiza en España una correcta segregación entre cosechas transgénicas y convencionales para facilitar el etiquetado y la retirada del mercado en caso de necesidad. Esta situación está desembocando en graves problemas, y en particular hace que la contaminación por OMG de la cadena productiva se esté incrementando.
Desde hace 4 años se han venido produciendo casos de contaminación por polinización, por inclusión de semillas transgénicas en lotes de semillas convencionales, por mezcla de cosechas, por falta de limpieza de máquinas e instalaciones, etc. Todos los casos tienen en común que pagan las consecuencias los contaminados en lugar de los contaminadores. Si bien el Gobierno ha presentado en dos ocasiones Borradores de Reales Decretos que pretenden regular la llamada «coexistencia» entre cultivos transgénicos, convencionales y ecológicos, estos textos han sido rechazados por un amplio grupo de colectivos por considerar que no permitirían alcanzar los objetivos de no contaminación de la producción agraria no transgénica, de protección absoluta de las semillas, de puesta a disposición del público de una información adecuada sobre el emplazamiento de los campos de cultivos modificados genéticamente, de asunción de responsabilidad de quien contamina y la posibilidad de declaración de zonas libres de transgénicos.
Con respecto a las votaciones sobre OMG en el seno de la UE, que en estos meses se centran principalmente en la aprobación de nuevos productos modificados genéticamente para su entrada en el mercado europeo, si bien el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dado algunas señales de cambio (fundamentalmente en los que se refiere al apoyo a las prohibiciones unilaterales de determinados Estados Miembro), mientras no se revisen los mecanismos de aprobación de OMG y la Unión Europea se dote de legislaciones que cubran las lagunas normativas existentes, España debe oponerse a cualquier nueva autorización. Es llamativo el hecho de que se tolere en España el cultivo de variedades cuya prohibición se ha apoyado en otros países de la UE.
Más información: Juan Felipe Carrasco, Greenpeace, 91 444 14 00. Liliane Spendeler, Amigos de la Tierra, 91 847 92 48. Isabel Bermejo, Ecologistas en Acción, 942 70 63 69