Como comentábamos hace unos días, la industria farmacéutica está presionando a las autoridades europeas para que se permita a los laboratorios hacer también publicidad de los fármacos con receta. Prometí una segunda parte de esa información y aquí está. Es ya la tercera vez que este sector económico presenta este proyecto encaminado a aumentar sus […]
Como comentábamos hace unos días, la industria farmacéutica está presionando a las autoridades europeas para que se permita a los laboratorios hacer también publicidad de los fármacos con receta. Prometí una segunda parte de esa información y aquí está. Es ya la tercera vez que este sector económico presenta este proyecto encaminado a aumentar sus beneficios. En las dos primeras ocasiones se rechazó por abrumadora mayoría pero esta vez parece que tienen bastantes votos a favor, en su mayoría eurodiputados de los países del este europeo cuyas agencias reguladoras tienen mucha menos experiencia y donde la financiación de los medicamentos por el estado es muy escasa. La excusa alegada en la nueva directiva para aceptar que la propia industria informe sobre sus fármacos es que se hace «con miras a mejorar el uso racional de estos medicamentos». Y asegura que la información será eso, información y no promoción. La Comisión Europea mantiene que además es necesario «unificar criterios» porque si bien la publicidad de medicamentos está prohibida en todos los países de la Unión, cada uno aplica las normas con diferentes matices -unos son muy restrictivos y aplican la ley de manera coherente y otros son menos «reguladores» y permiten cierta promoción de medicamentos a los médicos o a las asociaciones de pacientes-.
Cabe pues preguntarse si lo que en realidad se pretende no es sino legalizar las actuales prácticas de publicidad encubierta. La excusa, según el borrador que maneja la Comsión -al que hemos tenido acceso-, es que hay que modificar las dos directivas anteriores porque los pacientes de los distintos países sufren una «desigualdad en el acceso a la información sobre medicamentos». Pero la justificación es peregrina porque hay información completa sobre todos los fármacos que se comercializan hoy al alcance de cualquiera -y en varios idiomas- en Internet.
Como puede comprobarse la decisión de la Comisión Europea de favorecer a los laboratorios farmacéuticos para que hagan publicidad encubierta de sus productos es clara. Pero no así los datos concretos de la propuesta, inespecífica. Con el borrador en la mano debemos leer pues entre líneas para imaginar cómo puede cambiar en un futuro próximo la práctica de la medicina y cómo se extenderá eso que ha dado en llamarse la «medicalización» de la vida cotidiana. Uno de los apartados más inquietantes estima que hay que establecer «normas de control específico para la información difundida a través de sitios web, tener en cuenta el carácter transfronterizo de la información proporcionada a través de Internet y permitir la cooperación de los estados miembros».
La verdad es que no queda claro qué pretende la Comisión con este texto pero por el contenido general de la propuesta se supone que a estas alturas no querrá limitar la publicidad encubierta de medicamentos que ya realizan numerosos laboratorios a través de páginas web específicas sobre alguna enfermedad. Quizás lo que las autoridades europeas pretenden, en nombre de la calidad de la información sobre medicamentos, es poner coto a los numerosos portales que hay en Internet con información crítica e independiente sobre los efectos de los fármacos. Y es que el verdadero caballo de batalla de la publicidad en los años venideros va a ser Internet. Ésa es la auténtica razón porque ya existen sitios oficiales de las agencias del medicamento de cada país o de sociedades científicas independientes donde se da cuenta de la información sobre medicamentos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AGEMED), por ejemplo, dispone de las fichas técnicas y prospectos de todos los medicamentos accesibles al público.
Internet se ha convertido hoy, es verdad, en la gran fuente de información sobre temas de salud. Cualquier persona interesada en saber algo sobre su salud o la de sus seres queridos dispone de decenas de miles de páginas que con mayor o menor calidad o rigor ofrecen información. Y eso -lo reconoce la propia Comisión en su documento- produce ciudadanos más activos en el cuidado de su salud. También se ha producido un fenómeno de descentralización de las fuentes de información sobre temas sanitarios que hasta hace poco recaían casi en exclusiva en autoridades sanitarias y médicos. Por eso en la propuesta de nueva directiva se dice: «Las autoridades nacionales competentes y los profesionales de la salud debe seguir siendo importante fuentes de información sobre medicamentos para los ciudadanos. Sin embargo, los titulares de las autorizaciones (los laboratorios) pueden ser una valiosa fuente de información no promocional sobre sus medicamentos». El planteamiento es sencillo: como los ciudadanos están cada vez mejor informados sobre los temas que atañen a su salud y, en particular, sobre los efectos adversos de los fármacos, los laboratorios también tienen derecho a «informar» al público para intentar equilibrar la balanza a su favor.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) junto con la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y las principales asociaciones de consumidores europeas y ONG´s del campo de la salud -como Acción Internacional para la Salud (HAI Europa)– ya han manifestado públicamente: No se trata de una estrategia de información a los consumidores sino simplemente de permitir a las empresas farmacéuticas una mayor flexibilidad para proporcionar información directamente al público sobre medicamentos con receta. Favorece únicamente a la industria cuyos intereses comerciales están claramente en conflicto con el derecho de los consumidores a recibir información objetiva, contrastada y no promocional. Conllevaría consecuencias nefastas, incluyendo una preferencia por las medicinas con altos márgenes de beneficio, el incremento del gasto sanitario, una tendencia contra las terapias no farmacológicas y una mayor presión en las relaciones médico-paciente». En cuanto al sistema de vigilancia previsto la OCU considera que es «débil, caro e ineficiente».