España ha autorizado la venta de material de defensa a Israel por 139 millones de euros desde 2000. El pasado año, entre ese material, había sistemas de dirección de tiro, municiones y aeronaves.
«El armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para matar a palestinos». La afirmación es de 2009, del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el programa de RTVE Tengo una pregunta para usted. Hasta el PP lo criticó y lo acusó de “no decir la verdad”. Catorce años después, las armas de Israel siguen matando a la población palestina.
Aunque las cifras crecen a cada segundo, desde que la semana pasada Hamás lanzara un brutal ataque a Israel, han sido asesinadas, según las fuentes oficiales, miles de personas en Israel y en Gaza, niños incluidos. Pero es imposible analizar lo que está sucediendo en la zona sin entender lo que lleva años ocurriendo. Una mirada al pasado muestra que las vidas que deja el conflicto son muchísimas más: 13.418 (el 87% del lado de Palestina) desde 1988, a tenor de la información publicada por El Orden Mundial.
Más allá de aquella afirmación de Zapatero, ¿cómo ha sido la relación comercial entre España e Israel en los últimos años en materia de defensa?
Entre 2000 y 2021, con la recopilación realizada en el informe Negocios probados en combate, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, España autorizó exportaciones de material de defensa a Israel por valor de 130,18 millones de euros. A esta cantidad hay sumar los 9,3 millones del primer semestre de 2022 (última actualización publicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). Es decir, 139,5 millones de euros. En cuanto a las exportaciones ya realizadas, suman 21 millones de euros (según las mismas fuentes) desde 2000.
Esta gran diferencia entre lo autorizado y lo ya efectuado, explica Alejandro Pozo, investigador del Centre Delàs y uno de los autores del citado estudio, se debe a que, en muchas ocasiones, no son pedidos de material que se pueda entregar de inmediato. Los hay que se deben fabricar, por lo tanto, se puede tardar varios años en oficializar el intercambio rubricado en el contrato.
No obstante, aclara el experto, “el hecho de que haya un volumen elevado de autorizaciones es un indicador de lo que se va a vender en el futuro”, puesto que, salvo mínimos cambios, son compromisos adquiridos que se cumplirán.
En el último semestre de 2022, España autorizó la venta de aeronaves por valor de 8 millones de euros
Las ventas totales de material de defensa de España en el primer semestre de 2022, con datos oficiales del Gobierno, ascendieron a 1.293,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 20,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Representan un 30,8% de lo autorizado (4.192 millones). Por productos, lo más vendido fueron aeronaves y buques de guerra. Entre los países, los principales receptores fueron Francia, Alemania e Italia.
En el caso de Israel, se autorizaron exportaciones por 9,29 millones de euros. El montante principal (8 millones) correspondió a aeronaves; un millón fue para “Equipos de formación de imagen o contramedida”, es decir, cámaras, equipos para formación de imágenes de infrarrojos o térmicas y equipos sensores de imágenes por radar. Los otros dos conceptos, aunque con volúmenes muy inferiores, fueron “Bombas, torpedos, cohetes y misiles” (219.800 euros) y diferentes vehículos (9.900 euros).
Respecto a las operaciones completadas, se tradujeron en una factura de 1,7 millones de euros. El contenido de los envíos corrobora lo apuntado por Pozo, ya que coincide poco con las autorizaciones del periodo: 1,3 millones por “Sistemas de dirección de tiro”; 357.080 euros para “Equipos de formación de imagen”; 11.400 de “Municiones y dispositivos”; 9.900 para vehículos y 4.175 de aeronaves.
“La venta de material de defensa a Israel viola la normativa comunitaria”
Entre 2013 y 2020, último año con estadísticas oficiales disponibles de la UE –detallan desde el Centre Delàs–, los Estados de la UE autorizaron la venta de material de defensa a Israel por 5.381 millones de euros. Esto supone, según el mismo informe, una violación de los ocho criterios de la Posición Común 2008/944/PESC, por la que se definen las normas que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.
Algunos de estos criterios son: el “respeto de los compromisos y obligaciones internacionales de los Estados miembros”; el “respeto de los derechos humanos en el país de destino final”; la “situación interna del país de destino final, en relación con la existencia de tensiones o conflictos armados”; el “mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales”, o el “comportamiento del país comprador frente a la comunidad internacional, en especial por lo que se refiere a su actitud frente al terrorismo, la naturaleza de sus alianzas y el respeto del Derecho internacional”.
Los autores del estudio del Centre Delàs señalan cierta falta de transparencia que impulsa la arbitrariedad. Por ejemplo, la confusión entre el texto literal de la Ley y su obligatoriedad, dado que, si bien su esencia está teóricamente encaminada a regular esas exportaciones (con un carácter preventivo), su texto, sobre todo, recomienda más que prohíbe.
A lo anterior suman “el uso instrumental e interesado de conceptos como ‘derechos humanos’, ‘terrorismo’, ‘conflicto armado’ o ‘derecho internacional’. No existen listas oficiales de países que permitan identificarles en relación con esos conceptos, y la interpretación sobre la situación en cada lugar se subordina a intereses económico-comerciales y particulares”.
Las deliberaciones son secretas
Un tercer factor, subrayan, está relacionado con que las deliberaciones que acompañan las autorizaciones de exportación, en el caso de España, estén recogidas en las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) y que éstas sean secretas, por la Ley sobre secretos oficiales.
Esta absoluta opacidad, agregan, “impide conocer los diferentes argumentos utilizados para aprobar las licencias y la interpretación de los criterios en cada caso, y también impide, por tanto, juzgar la decisión, como corresponde a un Estado de derecho que rinde cuentas”.
Es más, Alejandro Pozo recuerda que desde Delàs han llevado a juicio al Gobierno, pero siempre hay un punto en el que el proceso se detiene, puesto que no se puede hurgar más. Además, destaca, “entre la gente que delibera no hay expertos en derechos humanos. El peso es de Defensa y de Comercio”. A los criterios anteriores, enfatiza el especialista, hay que unir un noveno que no está escrito: “El interés comercial y político”.
“Son más importantes las armas que Israel vende que las que compra”
Precisamente ese interés comercial y político se muestra también en las compras de material de defensa que España hace a Israel. Pozo deja claro que para Israel es mucho más importante exportar que importar: “La ocupación sale carísima”.
Es más grave comprarle armas que venderle, reitera. “Pero se habla más de las ventas, debido a que le estás dando armas para que mate, pero Israel es una potencia armamentística más fuerte que España”.
Las cifras en este campo, al no haber una legislación expresa –hacen hincapié en el informe– presentan muchas discrepancias. «La base de datos de Comercio especifica que las importaciones de armas provenientes de Israel en 2017 fueron de 10,2 millones de euros. Sin embargo, el Ministerio de Defensa elevó esa cantidad hasta los 29,15 millones de euros, lo que situaba a este país como noveno exportador a España (y el primero no miembro de la OTAN), con el 0,9% del total de las importaciones de Defensa (solamente Alemania y Francia sumaron el 81% de esas importaciones)».
En cualquier caso, aseveran, “se conoce bien que España compra armas a Israel por un valor muy superior a las que le vende”.
Marca Israel: “Probados en combate”
En el informe también mencionan este aspecto. Para vender mucho, explican, Israel necesita construir una marca que le proporcione una ventaja competitiva global y publicitar sus productos como “probados en combate”.
Palestina, continúa el texto, “sobre todo la Franja de Gaza, lleva años convertida en un laboratorio de pruebas de material militar israelí. Así lo defienden las autoridades israelíes y así lo publicitan sin tapujos las empresas que venden esos productos”.
Todo ello, sostienen en el estudio, hace que la ocupación sea económicamente viable, y esa viabilidad “pasa por abaratar el coste interno al fabricar en exceso y exportar el excedente (3/4 partes de su producción). A modo de ejemplo hipotético, si producir un tanque cuesta 10 millones de euros, quizá fabricar 10 cueste 50 millones, reduciendo el coste por unidad a la mitad si Israel consigue exportar los 9 sobrantes”.
Como muestra, explican, España “utiliza los servicios de espionaje e interceptación de comunicaciones que proporcionan empresas de Israel. Entre los clientes, destacan el Ministerio de Defensa, el CNI, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y distintas policías autonómicas. Entre los productos ofertados, están el programa Pegasus de NSO Group Technologies o los servicios y aplicaciones de Verint Systems”, concretan.