El trabajo autónomo está encargado de ofrecer opciones para quienes pierdan sus empleos en el «reordenamiento» laboral que lleva a cabo el gobierno de Raúl Castro a fin de reducir el exceso de personal empleado por el Estado y elevar la productividad del trabajo. Se supone que, al cabo de cinco años, el sector laboral […]
El trabajo autónomo está encargado de ofrecer opciones para quienes pierdan sus empleos en el «reordenamiento» laboral que lleva a cabo el gobierno de Raúl Castro a fin de reducir el exceso de personal empleado por el Estado y elevar la productividad del trabajo. Se supone que, al cabo de cinco años, el sector laboral estatal se habrá reducido en más de un millón de plazas.
Pero de las 178 labores autorizadas para ejercer de manera autónoma, sólo dos o tres dan cabida a personas con preparación algo superior a la media y aun así con limitaciones.
El «repasador» que imparte clases particulares, por ejemplo, no puede integrar una plantilla de maestros en la escuela ni el «tenedor de libros», contador o técnico medio en contabilidad con vínculo laboral en esa especialidad.
«Cuando mencioné que soy ingeniero civil me pusieron mala cara…, y una funcionaria me aconsejó que me pusiera a vender alimentos ligeros, que era más lucrativo», contó una persona que se identificó como S. Piña Basset en una carta enviada al diario oficial Granma acerca de sus indagaciones en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para conocer detalles del asunto.
Con 37 años de experiencia acumulada en el oficio, Piña Basset quería aprovechar su oportunidad como contratista privado, única actividad que parecía adecuarse a las posibilidades de su profesión. Es que una investigación previa le indicó que existían mercado y posibilidades para asociarse a varias personas y dedicarse a la construcción de viviendas u otros proyectos afines.
Insatisfecho con la respuesta recibida en el ministerio, donde se le aseguró que los profesionales universitarios no podían ejercer esa labor por cuenta propia, decidió «esperar por las orientaciones y aclaraciones que deben llegar a las entidades» responsables del caso. No fue posible localizarlo para conocer el resultado de su espera.
Sin embargo, ante una pregunta de IPS, el viceministro del Trabajo, Carlos Mateu, confirmó que la opción única en materia constructiva para profesionales de ese perfil es la de contratistas privados, siempre que los convenios «interesen» a las entidades estatales autorizadas para ese menester, entre las que mencionó a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la empresa Palco.
«Si no hay interés de tener a un contratista no se establece la relación», recalcó Mateu, quien también aclaró que no está previsto por ahora extender un nuevo listado de oficios y labores para ejercer de manera autónoma o independiente del Estado.
«Si hubiera una gran cantidad de personas interesadas en una determinada actividad se evaluaría la conveniencia de añadirla», acotó.
En el último informe brindado sobre el tema, Mateu dijo que hasta el 8 de este mes se habían registrado 201.116 nuevos cuentapropistas. Así, sus cuentas dan que eran hasta entonces 301.033 los trabajadores independientes, al sumarlos a los existentes según las disposiciones anteriores al decreto que en octubre determinó ampliar las posibilidades de trabajo no estatal.
Los oficios de mayor demanda siguen siendo elaborador de alimentos y transportista de carga y pasajeros. También abundan los trabajadores contratados para laborar en unas 80 actividades en que se permite esa modalidad, como alquiler de habitaciones y pequeños restaurantes, bautizados en Cuba como «paladares» desde su surgimiento en los años 90.
«En general, todas las actividades permitidas son muy elementales y hasta pobres. Se desestimula el enriquecimiento personal, pero de esa manera tampoco se crea riqueza», comentó a IPS el arquitecto Mario Coyula, para quien «parece persistir el viejo prejuicio contra el trabajo por cuenta propia de los profesionales».
Sin embargo, el propio desarrollo de los negocios privados necesita de personas especializadas para el diseño y la construcción de sus instalaciones, la mayoría de las cuales se hacen de manera espontánea, sin control y con escasos recursos. «El resultado es un empobrecimiento de la imagen que distorsiona a la ciudad», advirtió Coyula.
«La paradoja es que hay muchos arquitectos, retirados o no, que estarían dispuestos a realizar los proyectos de las nuevas instalaciones y cobrar por ellos razonablemente. Esos proyectos son tan sencillos que ninguna empresa estatal estaría interesada en hacerlos», agregó.
En su opinión, es «una aberración que un profesional universitario se dedique a taxista o vendedor de dulces caseros, y no pueda trabajar en su profesión. Es más, si la eliminación de plantillas infladas se lleva hasta el final, habrá también muchos arquitectos ‘disponibles’, que no podrán trabajar por su cuenta en su profesión».
Para Coyula, «el trabajo independiente de profesionales será una necesidad, sea individual, en equipos o en cooperativas. En mi opinión, el gobierno debe apoyar todas las formas de crear empleos, en todos los campos, si es que aspira a eliminar las plantillas infladas. Todo eso exige urgentemente crear una base legal y sobre todo definir el alcance del concepto de propiedad».
Según datos oficiales citados por investigadores, solo de 1996 a 2008 se graduaron en el país 350.398 universitarios. En ese lapso, la cantidad de titulados aumentó 4,7 veces más que el producto interno bruto (PIB) a precios constantes de 1997. En tanto, la matrícula actual de los centros superiores de enseñanza promedia el medio millón de personas.
Las actividades autorizadas son «poco intensivas en conocimiento y no permiten aprovechar la inversión en educación que ha hecho el país por décadas», alertó el economista Pável Vidal en una investigación a la que IPS tuvo acceso. En ella añadió que las dificultades financieras pueden frenar la política crediticia aprobada para el emergente sector no estatal.
La flexibilización en esta materia «tampoco permite la creación de pequeñas y medianas empresas (pymes) con posibilidades de integrarse al sector productivo nacional de mayor escala, ni con posibilidades de generar fondos exportables», advirtió Vidal, para quien el desarrollo de este tipo de gestión puede jugar un papel importante en el crecimiento económico del país.
Por ahora, muchos profesionales decidieron mantenerse a la expectativa de las novedades que pueden traer para ellos las leyes, resoluciones y reglamentos que en los próximos meses deberán encauzar y ordenar los cambios y reformas acordados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado del 16 al 19 de este mes, para modernizar el modelo económico.