Cuando Carles Puigdemont solicitó el aplazamiento de una hora del inicio del pleno, un «run run» recorría el Parlament , el paseo Lluís Companys de Barcelona y las decenas de concentraciones en las plazas de pueblos y ciudades de toda Cataluña. Expectantes por la más que posible declaración de independencia, se intuía un cambio de […]
Cuando Carles Puigdemont solicitó el aplazamiento de una hora del inicio del pleno, un «run run» recorría el Parlament , el paseo Lluís Companys de Barcelona y las decenas de concentraciones en las plazas de pueblos y ciudades de toda Cataluña. Expectantes por la más que posible declaración de independencia, se intuía un cambio de guion en los rostros de los miembros de la CUP y; así fue, Puigdemont impuso una tregua, haciendo un último llamamiento al diálogo con el Estado español a través de una mediación.
El presidente de Cataluña declaró que se asumía el mandato de los resultados del referéndum del 1 de octubre para constituir Cataluña como un Estado independiente en forma de república, no obstante, justo a continuación dejaba en suspenso la declaración. Una pausa para más diálogo y para reducir la tensión. Posición pensada para ganar más legitimidad de cara afuera, pero que deja debilitada la unidad independentista en el Parlament y en las calles. En este sentido, la CUP considera «tocada» la confianza en el Gobierno y decidirá en su Consejo político la posibilidad de abandonar «la actividad parlamentaria ordinaria». Han pedido a Puigdemont que limite a un mes el periodo abierto de diálogo y se preguntan: «¿Negociación y mediación con quién?».
Por su parte, la líder de la oposición, Inés Arrimades, tilda la estrategia de Puigdemont de «formula de chantaje», que, según la cabeza de lista de Ciudadanos, supone «un descrédito para el Parlament , una farsa democrática en un intento de ganar una batalla mediática, un ultimátum para negociar fuera de la Constitución, que confirma el golpe a la democracia» y, exige al ejecutivo de Mariano Rajoy mano dura con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas en Cataluña.
El PSC gana margen para no avalar el artículo 155, pero pide que se deroguen las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, solicitud inverosímil para el campo independentista. En su discurso en el Parlament , Miquel Iceta ninguneó los resultados del 1-O, obviando que este referéndum no había tenido una mayor participación como consecuencia directa de la brutalidad policial. Los socialistas catalanes consideran que la suspensión de la declaración de independencia, podría dar argumentos al PSOE para desmarcarse de una eventual intervención de la autonomía por parte del Estado. No obstante, ante «el aplazamiento sine die», los socialistas concluyen que, ante la complejidad e incertidumbre del momento actual, la única salida es convocar elecciones. En cuanto al PSOE, Pedro Sánchez ha declarado que es evidente que «se está activando el artículo 155» y anuncia un acuerdo con Rajoy para abrir el debate de la reforma constitucional. Un subterfugio de los socialistas para continuar dilatando un problema político, negando la posibilidad de autodeterminación de los pueblos del Estado español.
En la amalgama del mundo de los Comuns y de Podemos se ve «inadmisible» que el gobierno español no acepte el diálogo con la Generalitat y que, en ningún caso se puede justificar la aplicación del 155 y la suspensión del autogobierno de Cataluña. En este sentido, Podem Cataluña reivindica la unidad en las calles desde el 1-O y apuestan por la apertura de un proceso constituyente desde abajo para construir, entre todas, el modelo de país.
El paso intermedio de Puigdemont ha dejado descolocado al gobierno del PP, el cual tenía asegurado el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para aplicar el artículo 155 y, toda una serie de medidas restrictivas del autogobierno. No obstante, los populares, en palabras de la vicepresidenta española, ya han rechazado la propuesta de mediación internacional porque consideran que el gobierno catalán está fuera de la legalidad. El gobierno español ya ha dejado muy claro que no aceptará que se dé validez a los resultados del 1-O. En este sentido, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros extraordinario, Rajoy ha interpelado a la Generalitat a que aclare «si ha declarado la independencia» y «si acatará la legislación española» y, ha continuado argumentando que «dependiendo de la respuesta del presidente Puigdemont, se sucederán las respuestas». En este sentido, hay que recordar que este requerimiento es el inicio de los trámites para la aplicación del artículo 155, es decir, la continuación de la mano dura en la intervención de Cataluña.
Dos elementos clave para analizar la situación. El primero es que las fuerzas autodenominadas constitucionalistas (PP, Ciudadanos y PSOE), no consideran Cataluña como sujeto político soberano que, de igual a igual, pueda negociar con el Estado español los términos de la autodeterminación. El segundo elemento a tener en cuenta es que la batalla por el relato se juega en el campo internacional. En este sentido, la prensa internacional interpreta que la independencia «en suspenso» abre una ventana al diálogo y a la posibilidad de resolución negociada del conflicto político, mientras que la prensa convencional española lo considera una nueva trampa para ganar tiempo, que sumerge a Cataluña en el caos y el desconcierto. En lo que se refiere a los países e instituciones europeas no hay ninguna propuesta formal de mediación y, hoy por hoy, no van más allá de los llamamientos genéricos a un diálogo que no llega. Un laberinto donde no se divisa la salida.
En cuanto a las entidades soberanistas, la ANC –en palabras de su presidente Jordi Sánchez–, da pleno apoyo a la que ya se ha denominado la «vía eslovena» hacia la independencia de Cataluña. Por su parte, Jordi Cuixart, desde Omnium, exige concreción en los tempos de esta nueva variante de la hoja de ruta del Procés. Unas entidades que continúan bajo el punto de mira de la Fiscalía y que tienen a sus dos presidentes investigados por sedición.
Una nueva hoja de ruta que puede abrir, o no, un diálogo y que traslada la pelota al Estado español. No obstante, esta vía también puede ser interpretada como una fuga hacia adelante de un procesismo que, periódicamente, se reinventa. Una situación no deseable, que tiene el peligro de volver a cerrar por arriba el movimiento soberanista, el cual –para que eso no ocurra- necesitará, una vez más, de la movilización ciudadana y de la autoorganización y empoderamiento popular desde la base a través, por ejemplo de los CDR y otros espacios amplios, para continuar el camino hacia la República Catalana del 99%. Una República que necesita abrir, urgentemente, un proceso constituyente desde abajo para decidir el modelo de país, siendo este el mejor instrumento para ganar más apoyos populares.
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