Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
La comisión de investigación parlamentaria que examina las fuentes de financiación de las organizaciones que se ocupan de los derechos humanos, en realidad no tiene ningún interés en las cuestiones de legalidad y constitucionalidad. Lo único que quiere es deslegitimar la protesta y las opiniones políticas y asustarnos.
Puede que el martes un comité de la Knesset apruebe en segunda y tercera lectura el proyecto de ley sobre el boicot contra Israel, otra propuesta histérica de la derecha y de la parlamentaria del partido Kadima Dalia Itzik, diseñada para proteger a nuestro débil y pequeño país, que está siendo atacado desde adentro y desde afuera.
«Esta ley», explican los creadores de la propuesta, «está diseñada para proteger en general al Estado de Israel, y en particular de sus ciudadanos, de los boicoteos -académicos, económicos y otros- que se imponen al país, a los ciudadanos y a las empresas debido a su relación con el Estado de Israel». La ley está diseñada para proteger «la zona bajo control israelí, incluyendo Judea y Samaria». De acuerdo con el proyecto de ley, «se prohíbe iniciar un boicot contra el Estado de Israel, fomentar la participación en él o proporcionar asistencia o información con el fin de promoverlo».
No hay ningún problema, por lo tanto, con un b oicot de los consumidores ultraortodoxos contra los supermercados que abren en Shabat , o contra un comerciante cuyos hijos sirven en el ejército israelí, incluso si ello conduce a su colapso económico. Tampoco debería ser un problema el boicot a los exportadores de pieles, por ejemplo. El único delito es «un boicot contra el Estado de Israel», y de hecho contra los asentamientos cuyos productos son objeto de la mayoría de los boicoteos en Israel y en todo el mundo.
Así las cosas el proyecto de ley -que ciertamente no es constitucional (podemos hacer una lista interminable de las libertades que socava)- va en contra, incluso, de acuerdos internacionales firmados por Israel El primero de ellos es el acuerdo de adhesión a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el que firmó con la Unión Europea. Ambos requieren que se marquen los productos distinguiendo la economía israelí de la de los territorios.
Pero incluso alguien que cree que un boicot de los consumidores es legítimo, mientras que un boicot académico es una herramienta despreciable que implica un golp e bajo a la educación israelí -alguien que no mueve una sola piedra del muro de ocupación- no puede apoyar la legislación que involucra un boicot de los consumidores dirigido únicamente a los asentamientos o que silencia a cualquier persona que demuestre o se pronuncie contra ellos.
Esto es lo que sucederá si se aprueba la ley, y sus posibilidades son considerables a pesar de las protestas de muchas organizaciones, encabezadas por la Coalición de Mujeres por la Paz y la Asociación para los Derechos Civiles en Israel. Un «bloguero» que se queja en Internet, por ejemplo, de la carga económica causada por los asentamientos, puede esperar una demanda de un colono que podría afirmar que el comentario promovió un boicot a sus productos. El «bloguero» recibirá una multa de 30.000 NIS como mínimo y el demandante no tendrá que demostrar el vínculo entre lo que está escrito y el daño. Por no hablar de los escritores de artículos y personas que expresan opiniones en la radio y la televisión.
¿ Estrafalario? No en comparación con el siguiente artículo: «Si el ministro del Interior ve a alguien que no sea ciudadano o residente de Israel actuando en contradicción con el artículo 2, o si el gabinete ha decidido por mayoría de sus miembros de que esa persona está estableciendo un boicot contra el Estado de Israel, el ministro está autorizado a solicitar a la corte de distrito que niegue a esa persona el derecho a entrar en Israel por un período mínimo de 10 años». Y entonces, ¿qué? ¿Si Ken Loach pide que le permitan asistir al Festival de Cine de Haifa le negarán la entrada?
En otros tiempos se podía confiar en el Comité de Constitución parlamentaria, la ley y la justicia para rechazar estos textos vergonzosos. Ahora no. Las cuestiones de legalidad y constitucionalidad, la libertad de expresión y los derechos humanos son nimiedades a la luz de la meta, cuya definición distorsionada de la «protección del Estado de Israel» justifica los medios.
Detrás de este objetivo declarado se esconde otro más problemático. Los iniciadores de la gloriosa legislación de los últimos años -la ley de la Nakba, la ley de lealtad, la ley del comité comunitario de admisión, la negación de la ley de ciudadanía (Ley Bishara) o la comisión parlamentaria de investigación para examinar las fuentes de financiación de las organizaciones- en realidad no tienen ningún interés en las cuestiones de legalidad y constitucionalidad. Lo único que quieren es deslegitimar la protesta y las opiniones políticas y asustarnos.
Aunque a los israelíes les resulta difícil ver la conexión entre las leyes, que aparentemente se refieren a diferentes cuestiones de la sociedad, la agresiva violación de los manuales básicos del derecho causada por esta legislación, tiene resultados destructivos. Y estos resultados -que están derrumbando las bases de la democracia israelí- dañarán finalmente a todos, sin distinción.
Fuente: http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/protecting-israel-from-its-citizens-1.343274