Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
La Autoridad Palestina (AP) se prepara para presentar cargos formales contra docenas de antiguos y actuales funcionarios acusados de malversar cientos de millones de dólares. No obstante, los críticos definen la actual campaña de insuficiente y tardía dada la corrupción rampante y el trabajo radical -y desestabilizador- que habría que hacer para poner freno a la marea existente de corrupción.
El Departamento de Justicia de la AP ha remitido ochenta expedientes de corrupción a Rafiq Natshe, director de la Agencia Anti-Corrupción (AAC). Natshe manifestó que los expedientes contenían serias acusaciones de fraude, malversación y soborno, añadiendo que iban a empezar de inmediato investigaciones intensivas. Natshe dijo que perseguiría y acosaría a los sospechosos «dondequiera que puedan estar».
«En este momento hemos recogido todos los casos y algunos de ellos se refieren a ministros del gabinete y a ex ministros», dijo.
En 2005, en el Índice Internacional de Transparencia en la Percepción de la Corrupción, que mide los actos ilícitos percibidos en los funcionarios de gobiernos de todo el mundo, la AP ocupaba el lugar 108 de 195 países. Las autoridades de la AP afirman que la situación global de la corrupción ha mejorado considerablemente desde 2005.
Sin embargo, se han llevado muy pocos casos ante el sistema judicial palestino y se ha juzgado y castigado a un número incluso menor de sospechosos. «Los corruptos, incluidos los más indecentes de entre ellos, están disfrutando de sus ilegítimas riquezas y burlándose de nosotros», dijo un antiguo funcionario de la AP que estuvo encargado de luchar contra la corrupción durante la era de Arafat.
En efecto, no se ha tocado la mayor parte de los denominados «casos sofisticados», bien porque la gente implicada son influyentes funcionarios del gobierno o porque se han destruido las pruebas.
La AP ha arrestado hasta ahora a docenas de sospechosos, sometiéndoles a investigación acerca del origen de las riquezas que han estado amasando. Sin embargo, la mayor parte de ellos han sido liberados por razones que se desconocen.
Fuentes fiables manifestaron a Al-Ahran Weekly que las agencias de seguridad palestina habían advertido a los dirigentes que la AP que una campaña global contra la corrupción desestabilizaría seriamente la «empresa nacional palestina» y dañaría la imagen de Fatah, especialmente frente a su archirrival, Hamas.
No son pocos los sospechosos de corrupción que están afiliados a Fatah, incluidos ministros, directores generales, alcaldes y activistas de base.
En Dura, en el sur de Hebron, un ex director general que era el número dos en la cuantía salarial que se recibía en el ministerio, arrambló, según se ha informado, con millones de dólares en forma de «comisiones, sobornos y beneficios indirectos». Cuando los investigadores le interrogaron recordándole que hacía relativamente poco que era pobre, contestó que era el hijo de un mártir y que la riqueza que había adquirido era legítima.
Otro de los sospechosos, también de la región situada al sur de Cisjordania, pagó al parecer 600.000 dinares jordanos en efectivo por 60 dunams [60.000 metros cuadrados] de tierra que compró a un terrateniente local. Antes de ocupar ese puesto de alcalde apenas podía sobrevivir.
Algunos críticos sostienen que la AP está únicamente persiguiendo a los «ladrones de poca monta» mientras ignora a los «grandes», cuyos nombres ni siquiera se mencionan.
«¿Qué hay de Suha Arafat [la viuda del antiguo dirigente de la OLP Yaser Arafat]? ¿Cuántos millones recibió de los dirigentes de Fatah tras la muerte de Arafat? Queremos saberlo porque esos millones le pertenecen al pueblo palestino, no a ella», dijo un disgustado funcionario de Fatah de Belén bajo condición de anonimato.
Fatah nunca reveló los detalles del acuerdo financiero con Suha Arafat, quien, según algunas fuentes, amenazó con acudir al sistema de la justicia francesa para cobrar una suma no revelada, aunque inmensa, que había depositada en los bancos franceses a nombre de Arafat. Según una ley francesa, sólo la viuda de una persona fallecida tiene derecho a reclamar sus riquezas.
La viuda de Arafat ha perdido decenas de millones de dólares en negocios fallidos en Túnez, especialmente tras caer en desgracia con la ahora ex primera dama de Túnez Leila Trabelsi. Finalmente, Suha Arafat fue despojada de su nacionalidad tunecina debido a las malas relaciones con Trabelsi.
Yusef Rabaie es un veterano abogado de Hebron especializado en la lucha contra la corrupción. Le dijo al Weekly que la actual campaña contra la corrupción de la AP sería creíble si realmente se investigara a todos y cada una de las personas y funcionarios relacionados con la AP.
«Pronto llegaremos a un punto en que nos preguntaremos a nosotros mismos quién investigará a quién. Francamente la AP ni es apta ni esta cualificada para investigar la corrupción. Los corruptos no pueden investigar a los corruptos.»
En efecto, la corrupción impregna toda la AP, construida siguiendo el modelo de la OLP, donde una persona, es decir, Yaser Arafat, tomaba todas las decisiones y controlaba todo el dinero.
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