La conferencia del president de la Generalitat, precedida por la filtración a El País del borrador de la Ley de Transitoriedad, aporta elementos de juicio para pulsar la temperatura en la fase final del largo proceso soberanista. La esperada conferencia de Raül Romeva, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en la sala alquilada por el Ayuntamiento […]
La conferencia del president de la Generalitat, precedida por la filtración a El País del borrador de la Ley de Transitoriedad, aporta elementos de juicio para pulsar la temperatura en la fase final del largo proceso soberanista.
La esperada conferencia de Raül Romeva, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en la sala alquilada por el Ayuntamiento de Madrid, conocida como la «caja de música», estuvo condicionada por la publicación por El País del borrador de la clandestina Ley de Transitoriedad que el Parlament de Catalunya pretende aprobar sin debate y por el procedimiento de máxima urgencia. El portavoz del Junts pel Sí, Jordi Turull, se apresuró a afirmar que se trata de un texto «desfasado», pero sin desmentir que fuera efectivamente un documento de trabajo. En cualquier caso, el objetivo político de los representantes de la Generalitat fue cargarse de razones para mostrar su voluntad de diálogo, frente a la cerrazón antidemocrática del ejecutivo español.
Inevitablemente el discurso de Puigdemont, que enfatizó el carácter democrático del proceso soberanista y el respeto a la pluralidad lingüística y cultural del nacionalismo catalán, se vio contradicho por el contenido del citado borrador. Nada extraño, pues el catalanismo nos tiene acostumbrados a un doble discurso, políticamente correcto de cara al público y rabiosamente identitario para los iniciados, como solo por ilustrarlo mostraron las declaraciones del exjuez y exsenador Santiago Vidal.
En efecto, el método de aprobación de la Ley de Transitoriedad no solo contraviene los mínimos requisitos de un debate parlamentario democrático en un tema de tanta trascendencia, sino que vulnera la propia normativa de las instituciones catalanas que estipulan mayorías reforzadas de dos tercios de la cámara para reformar el Estatut d’Autonomia o para aprobar leyes orgánicas como la ley electoral. Nos tropezamos, una vez más, ante el uso instrumental de los principios democráticos: se invocan cuando son útiles al movimiento secesionista y se desechan cuando constituyen un obstáculo. Solo por poner dos ejemplos. Vicent Sanchís, designado presidente de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, fue reprobado por el Parlament de Catalunya por su manifiesta parcialidad a favor Junts pel Sí, pero esto no ha sido óbice para que continúe en el cargo; precisamente por quienes invocan al Parlament de Catalunya como el depositario de la voluntad popular y la única autoridad a quien deben obediencia. Lluís Llach, que propugna la desobediencia a la legislación española, se mostró implacable con aquellos que se atrevan a desobedecer las leyes de la República catalana.
Además, el borrador muestra el carácter autoritario y presidencialista de la autodenominada República catalana, que suprime de facto la separación de poderes al subordinar el poder judicial al ejecutivo. Los mismos que critican con dureza la politización de la justicia y la deficiente separación de poderes del ordenamiento constitucional español plantean un sistema institucional mucho peor y que refuerza aún más la dependencia de justicia respecto al gobierno.
Por otro lado, el citado borrador releva la mendacidad de las altisonantes declaraciones de respeto a la pluralidad cultural y lingüística de la Generalitat de Catalunya al instaurar la oficialidad única de la lengua catalana, a despecho de los ya muy menoscabados derechos lingüísticos de la mitad de la población del país, en plena sintonía con el Manifiesto Koyné, pieza maestra del esencialismo etnolingüístico.
El aspecto más inquietante del texto radica en que la Ley de Transitoriedad resulta en la práctica una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en diferido, al sustituir de un plumazo la legalidad española por la catalana, que entraría en pleno vigor en el caso que el gobierno español impidiese la celebración del referéndum. Llegados a este punto se evidencia que la apuesta del movimiento secesionista por el referéndum es puramente instrumental. En realidad, se está buscando el procedimiento para proclamar la soberanía sin tener que someterla a la consulta de la ciudadanía de Catalunya. Así figuraba en el programa de Junts pel Sí, que preveía la elaboración de una Constitución catalana que, después de 18 meses (que ya han transcurrido), sería refrendada por la ciudadanía. Entonces, se argumentaba que las elecciones plebiscitarias habían sido el referéndum y que, en abierta contradicción con los resultados, éste se había ganado. Ahora, se invoca el pretexto de la negativa del ejecutivo estatal de permitir la consulta para intentar soslayar este requisito y proclamar la DUI. Los líderes del movimiento secesionista saben que no existe una mayoría social a favor de la independencia y se pretende orillar este obstáculo con métodos espurios.
Es más, incluso en el improbable caso de que el referéndum pudiese celebrarse, ni se establece un mínimo quórum de participación, ni una mayoría reforzada, contraviniendo las prescripciones de la Comisión de Venecia que, en el caso de Kosovo, estipulaba una participación del 50% y un apoyo del 55% a la secesión.
Cartas sobre la mesa
Nos hallamos al final de una larga partida de naipes donde los jugadores han de enseñar sus cartas. La filtración de El País ha permitido mostrar algunos de los naipes del bloque soberanista que revelan un proyecto de República étnica y autoritaria concebida para uso y disfrute del sector independentista de la ciudadanía.
Por ello, los dirigentes de la izquierda catalana y española deberían combatir este proyecto en vez de mostrar una blanda complicidad bajo los auspicios de los cantos de sirena del concepto-fetiche de «derecho a decidir». Ciertamente, debe encontrarse una solución democrática al conflicto político planteado por el independentismo catalán, pero desde luego no desde las claves en que se plantea actualmente. No será la primera vez ni la última que señalemos la importancia de estudiar la legislación canadiense sobre el tema, pues puede proporcionar elementos sumamente valiosos para enfocar, desde un punto de vista democrático, la manera correcta de encarrilar el contencioso.
Desde la otra punta de la mesa juego, la filtración de El País suministra argumentos a un PP en horas bajas, asediado por la corrupción y atribulado por la victoria de Pedro Sánchez que puede complicar extraordinariamente un mandato que se preveía plácido. Al PP la defensa de la «unidad nacional» frente al independentismo le ha proporcionado una gran rentabilidad política y electoral. A nadie se le escapa que envolverse en la bandera se ha demostrado como el mejor antídoto contra la corrupción a ambos lados del Ebro. Todo ello, no obstante, contiene el peligro de que el gobierno del Rajoy apueste por una línea dura respecto al «desafío soberanista», como parecen indicar sus recientes acusaciones de «golpe de Estado» al gobierno de la Generalitat, a modo de medicina contra su creciente desgaste político y electoral.
Por debajo de la mesa de juego se han apreciado cambios de cartas en la vieja tradición de entendimiento entre las derechas españolas y catalana, como ha revelado la abstención del PDeCat en el tema de la estiba y la ausencia de los representantes del gobierno central en el Palau de la Música para facilitar que su patronato no se viese obligado a reclamar el dinero saqueado a la antigua Convergència.
Los réditos extraídos por el PNV de la debilidad parlamentaria del PP están siendo percibidos con envidia y nostalgia por amplios sectores del catalanismo conservador a quienes el giro soberanista les impide aprovecharse, como hacía Jordi Pujol, de la necesidad de apoyos parlamentarios de los gobiernos de UCD, PSOE y PP, deviniendo el auténtico árbitro de la política española.
Resulta, pues, muy complicado realizar previsiones fiables sobre el desenlace del proceso soberanista. Una partida donde ambos jugadores parecen querer exasperar el conflicto hasta el tantas veces anunciado choque de trenes. En cualquier caso, todas las fuerzas políticas catalanas trabajan con la hipótesis de elecciones autonómicas anticipadas antes de acabar el año.
Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/puigdemont-en-madrid/