Ningún tribunal europeo ha puesto en duda el carácter injusto de esta persecución.
El origen del exilio republicano
Cualquier ciudadana o ciudadano que haya cursado la enseñanza secundaria con aprovechamiento, sabe que el 14 de abril de 1931, tras unas elecciones municipales en las que obtuvieron mayoría los partidos republicanos, el rey Borbón Alfonso XIII huyó al extranjero, proclamándose la II República española.
También es bien sabido que en febrero de 1936 -tras el llamado bienio negro, con la derecha en el Gobierno de la República española- ganó las elecciones una coalición de partidos progresistas, que habían concurrido a las elecciones generales, agrupados en lo que se dio en llamar el Frente Popular.
Recurriendo a Google o a cualquier otro buscador en Internet -algo que la mayoría de nuestros jóvenes sabe utilizar con gran habilidad- es fácil encontrar información sobre aquellas elecciones históricas, que tantas esperanzas despertaron en el pueblo trabajador, pues su programa de gobierno, sin ser revolucionario, tenía un contenido de gran calado social.
El resultado de las elecciones dio la victoria al Frente Popular, la coalición de partidos de izquierda, que obtuvo una holgada mayoría.
Frente a 156 escaños de la derecha, agrupada en el Frente Nacional Contrarrevolucionario, la izquierda, agrupada en el Frente Popular, obtuvo 263 escaños. El reparto de escaños que le correspondió al Frente Popular fue el siguiente: 99 al PSOE, 87 Izquierda Republicana, 38 Unión Republicana, 22 Esquerra Republicana de Catalunya y 17 al Partido Comunista de España. Los 25 escaños restantes quedaron distribuidos entre otros partidos menores.
A partir de aquel día las derechas comenzaron su campaña de desestabilización del Gobierno legítimo, creando una situación de gran tensión y polarización en la vida política y social, con especial incidencia en sectores militares monárquicos, abiertamente golpistas, que venían conspirando contra la democracia desde la proclamación de la II República.
Mientras tanto el rey Borbón fugado, Alfonso XIII, auxiliado por sus secuaces, negociaba en la Italia fascista de Mussolini la compra de material de guerra.
La sublevación militar se inició en el protectorado marroquí el 17 de julio de 1936. El 18 julio se llevó a cabo en el resto de España, como habían convenido los militares fascistas, fracasando en parte del territorio. Como consecuencia del golpe fallido el país quedó fraccionado en dos zonas, la sublevada y la leal al Gobierno legítimo, dando lugar a la Guerra Civil, que causó cientos de miles de víctimas. La entrada en el conflicto de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini en apoyo de la sublevación militar, preludio de la agresión nazi a los pueblos de Europa, inclinó la balanza a favor de los sublevados. Juan Borbón -hijo de Alfonso XIII, padre del actual Rey fugado y abuelo de Felipe VI- acudió de inmediato a ofrecer sus servicios al “caudillo” Francisco Franco.
Tras finalizar la guerra, una vez iniciada la dictadura militar, España quedó convertida en un gigantesco cuartel, continuando una represión política extrema mediante el exterminio físico de decenas de miles de republicanos. El resultado final de aquel golpe militar, para una parte considerable de nuestros compatriotas, fue la persecución política, el exilio, la cárcel, la tortura y la muerte. Una terrorífica noche de 40 años se abatió sobre el pueblo trabajador y sobre cualquier demócrata consecuente con sus valores.
Muchos de los descendientes de aquel exilio, víctimas del franquismo, han constituido asociaciones que contribuyen a mantener viva la memoria de aquella tragedia que constituyó el exilio de cientos de miles de republicanas y republicanos.
El régimen monárquico actual
En las postrimerías de la dictadura, era inviable social y económicamente la continuidad del régimen sanguinario de Francisco Franco, debido fundamentalmente al enorme crecimiento de las luchas obreras por la Libertad y contra la explotación capitalista.
Muerto el dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, heredó la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas la familia Borbón, impuesta por la legislación franquista, en la persona de Juan Carlos Borbón, saltándose sus propias reglas de sucesión al trono.
La existencia de un proceso acelerado de integración económica y democrática en Europa creo las condiciones favorables para una transición, que no fue nada modélica; precisamente se cumplen ahora 44 años del asesinato de los abogados de Atocha por la extrema derecha. (*)
El Partido Comunista de España (PCE), luchó heroicamente por la democracia y por la Libertad, tanto durante la guerra como durante la dictadura, sufriendo la criminal represión de los militares sublevados contra el Gobierno legítimo, pagando un alto precio en vidas, cárcel y exilio. Sin embargo, el enorme prestigio alcanzado entre amplios sectores populares durante la guerra y la dictadura fue dilapidado en la transición por su apoyo a la monarquía.
El equilibrio de fuerzas en presencia era muy desfavorable para los demócratas; sobre todo por los intereses geoestratégicos en juego, que se concretaban en las bases militares de USA en España y en nuestra futura pertenencia a la agresiva organización militar internacional que es la OTAN.
Puede afirmarse que Santiago Carrillo (1915-2012), legitimó al último jefe de la dictadura, Juan Carlos I, manteniendo ambos una evidente relación de amistad hasta su fallecimiento. Pese a la expulsión de Carrillo y sus seguidores de la dirección del PCE en abril de 1985, su vinculación con la monarquía fue, a mi juicio, la causa principal del declive electoral del partido, ya que sus bases y electores potenciales eran y siguen siendo republicanos. El conocido lema “España mañana será republicana” no frenó la sangría de votos, pues se contradecía con los hechos observables.
El resultado ha sido la continuidad de la legalidad franquista bajo la forma de una monarquía parlamentaria, hoy sumida en una crisis irreversible. La existencia de unas Fuerzas Armadas, herederas del golpe del 18 de julio de 1936, sigue siendo el principal obstáculo para realizar las transformaciones mínimas necesarias que posibiliten superar, de forma democrática, los graves conflictos históricos de un estado que se niega a asumir su realidad plurinacional.
Cuarenta años después de iniciada la transición es evidente que la proporción militares de extrema derecha, abrumadoramente mayoritaria, no solo no ha disminuido en el ejército sino que además cuenta ahora con el soporte político y parlamentario del partido monárquico-fascista Vox.
En ese sentido la política militar del régimen borbónico del 78 ha constituido un rotundo fracaso para las fuerzas democráticas y un éxito arrollador para las fuerzas monárquico-franquistas, que además de blanquear su imagen, con el evidente apoyo de los medios del régimen del 78, también han conseguido afianzar la legalidad franquista, que da soporte judicial y militar a la monarquía.
El origen del exilio independentista catalán
No trataré de abordar aquí las causas históricas del auge del independentismo en nuestros días, pero sí señalar que la solución pacífica y democrática del conflicto es dudosamente viable en un régimen fundamentado jurídicamente en la legalidad franquista.
Lo prueban no solo la violencia física desatada por el Estado borbónico el 1 de octubre de 2017, sino también la represión judicial que encarceló, procesó y condenó a parte de los dirigentes del proceso independentista catalán, huyendo el resto hacia el exilio. Los primeros, obviamente, presos políticos; los segundos, exiliados
Por si fuese poco, la intempestiva y amenazante intervención televisiva del rey Felipe VI, en forma de discurso a la Nación, dos días después del apaleamiento de miles de catalanes y catalanas que acudían pacíficamente a votar, no solo fue contraproducente para atenuar el conflicto, sino que puso en evidencia el peligroso papel que la Constitución vigente reserva al Rey.
En efecto, este reúne en su persona privilegios constitucionales que le otorgan un estatus casi omnipotente, a saber: ser el Jefe del Estado, ser el Jefe Supremo de las Fuerzas Amadas, ser el garante como tal del ordenamiento constitucional y, por si fuese poco, ser INVIOLABLE.
Es decir, no solo no puede ser investigado, sino tampoco procesado, condenado o depuesto; haga lo que haga. ¿Quién se atrevería, pues, a ponerle el cascabel al gato?
Las polémicas declaraciones del Vicepresidente del Gobierno
El Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, entrevistado en el programa “Salvados”, por el periodista vigués Fernando González, conocido como Gonzo, ha comparado el exilio de Puigdemont con el exilio republicano. Eso ha exacerbado no solo a la derecha franquista -que sale por primera vez en 80 años a compadecerse hipócritamente del exilio republicano, con el único fin de debilitar al Gobierno de coalición- sino también a algunas asociaciones de la memoria democrática, asociaciones por las que siento un enorme respeto y profundo afecto.
Una de esas asociaciones ha emitido un comunicado mostrando su desacuerdo, en el que afirma: “Si no hubiese democracia en España Puigdemont sería un exiliado no un autoexiliado como es el caso.”
Quizá cuarenta años no han bastado para que se percaten de que el sufrimiento de las victimas del franquismo, provocado por los asesinatos, las cárceles, las torturas, el exilio, la deportación, los campos de exterminio -y a muchos de ellos la muerte lejos de su patria- nunca será justamente reparado ni siquiera reconocido verdaderamente por esta democracia.
En palabras del profesor Pedro A. García Bilbao: «Los exiliados republicanos huyeron de la legalidad nacida del golpe de estado. Esa legalidad es reconocida por el estado español actual. La democracia española actual debe acabar con la impunidad franquista y declarar golpista la legalidad franquista. ¿Alguien está en contra?»
Es obvio, pues, que todos los lideres del “procés” que huyeron al extranjero para no ser detenidos, procesados, condenados y encarcelados, lo hacían por motivos políticos, por lo tanto son exiliados.
Aunque a continuación es preciso añadir que, ni de lejos, son comparables las terribles penalidades, dureza, y en muchos casos tortura y muerte, que sufrieron los republicanos y republicanas que emprendieron el camino del exilio.
También resulta evidente la actitud agresiva del aparato del Estado español hacia el independentismo, que contrasta, por ejemplo, con la posición de Canadá y Gran Bretaña en los referéndum para la independencia de Quebec y de Escocia, en 1995 y 2014 respectivamente.
Existe, pues, en el Reino de España, una represión política ilegal; sobre todo si nos atenemos al concepto de estado de derecho, conforme a la legislación internacional vigente.
Ningún tribunal europeo ha puesto en duda el carácter injusto de esta persecución, como lo prueba el estatus de diputado al Parlamento Europeo del Molt Honorable President Carles Puigdemont, que puede circular con entera libertad por toda la Unión Europea, menos en el Reino de España, en donde sería detenido, procesado, condenado y encarcelado. Como lo han sido, de hecho, los demás líderes del proceso independentista catalán.
El exilio de la UMD y la autonomía militar
Un ejemplo más de exilio, que no contradice en nada lo que he expuesto, fue el de José Ignacio Domínguez, Teniente Coronel de Aviación. Nuestro compañero se vio obligado a quedarse en el extranjero para no ser detenido junto a otros militares la UMD, dando una célebre conferencia de prensa en París siendo portavoz en el exilio de la Unión Militar Democrática.
A su regreso a España fue procesado y condenado en Consejo de Guerra en diciembre de 1977 por su pertenencia a la UMD. Las primeras elecciones democráticas se habían celebrado el 15 de junio de 1977. Esto ocurría, pues, con algunos dirigentes del exilio republicano ocupando ya sus escaños en el Congreso de los Diputados, que no dijeron ni una palabra, abandonando cobardemente a su suerte a nuestro compañero.
Fue la confirmación de la subordinación de la soberanía popular al poder militar. Un poder militar, cuya cúpula es un rey inviolable, que sigue mostrando una evidente autonomía respecto al poder del pueblo, en contradicción con el Artículo 1 de la Constitución vigente: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”
El escándalo de la vacunación de altos cargos militares, saltándose a millones de ciudadanas y ciudadanos en situación de riesgo, prueba una vez más la prepotencia de la autonomía militar, cuya mentalidad extremadamente conservadora, corporativa y militarista sigue anclada en el franquismo. También pone en evidencia a una ministra de defensa que no controla a las fuerzas armadas, como sería su deber.
En palabras de un compañero de la Armada, cuyo nombre no puedo revelar: Defensa es el único organismo que dispone de vacunas y un protocolo distinto al diseñado por Sanidad. Es lo que le da capacidad de uso discrecional y campo abonado para la conocida corrupción endémica, que ha brotado en forma de precedencia en el orden de vacunación. Es la existencia de ese cupo y ese protocolo lo que debería alertar a la población. El JEMAD y el resto de «beneficiarios» son la consecuencia.
Hoy, cuarenta años después del autogolpe del régimen del 78 el 23-F, nuestro compañero José Ignacio Domínguez, sigue batallando valerosamente contra el franquismo militar; mientras tanto, el rey calla.
Manuel Ruiz Robles, Capitán de Navío de la Armada (R), antiguo miembro de la disuelta UMD, miembro de Anemoi y del FMD, presidente federal de Unidad Cívica por la República (UCR).
Referencia:
44 aniversario #AbogadosdeAtocha: Siempre tendremos el eco de su voz y sus abrazos (1977 – 2021)