Un segmento se reordena para declarar inconstitucional el plebiscito del nuevo Código de Familia y otro aspira a ganarlo
A pocos días de aprobada una nueva Constitución, fuerzas sociales se reconfiguran en Cuba por el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), en especial, al matrimonio o al menos la unión legal.
Activistas y colectivos que en la isla caribeña trabajan a favor de estos grupos vulnerables desde distintas posiciones insisten en reforzar las alianzas y potenciar el diálogo previo al nuevo Código de Familia, que deberá ser analizado por el parlamento en un plazo de hasta dos años y sometido a plebiscito.
Un grupo aspira a sensibilizar a la población para poder ganar el referendo, mientras otro defiende que un derecho humano no debe someterse a votación y califica de «inconstitucional» esa propuesta.
¿Qué hacer?
Para el colectivo Cuba Lgbtiqa Más, resulta inconstitucional someter a referendo el matrimonio entre dos personas del mismo sexo «pues contradice a la propia Constitución que prohíbe todo tipo de discriminación en su artículo 42».
El activista Isbel Díaz preguntó: «¿qué garantías tenemos de que el nuevo Código de Familia contenga al matrimonio igualitario y no alguna formulación «equivalente» pero simbólicamente inferior?».
Para Arlei Acero, un cubano residente en el exterior, «si los que quedan dentro no hacen nada fuerte y no se unen (…) las cosas seguirán como están y la discriminación hacia esta comunidad permanecerá por culpa del conformismo de muchos».
El también activista Yadiel Cepero cuestionó qué hará el Estado cubano para lograr aprobar el nuevo Código de Familia, que sustituya al vigente desde 1976.
«Cuándo el debate se tense, cuando la sociedad se polarice en un tema como la adopción, cuando las denominaciones fundamentalistas se pongan histéricas, ¿cuántas concesiones hará el Estado? ¿Cómo evitar que esas concesiones le resten derechos a la ciudadanía Lgbti? He ahí los peligros y algunas de las interrogantes que me atormentan por estos días», argumentó.
El periodista Francisco Rodríguez fue más optimista y subrayó en un artículo que el texto constitucional posee un «carácter gay–friendly«, resultado de «más de una década de activismo ciudadano e institucional por los derechos sexuales de las personas LGBTI, de una progresiva labor política y gubernamental en función de la educación integral de la sexualidad».
No obstante, reconoció que el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia supondrá una gran prueba que «no nos debe desalentar ni amilanar, o disuadirnos de asumir los riesgos que sean necesarios».
«Tendremos que impulsar, activar o recomponer alianzas, disculpar agravios, apaciguar hostilidades y rencores, superar desuniones y fortalecer estrategias de trabajo conjunto, entre activistas, organizaciones e instituciones que abogan por la libre orientación sexual e identidad de género», argumentó Rodríguez.
La coordinación de estrategias también es respaldada por la plataforma Dame la mano, que propone extrapolar el debate más allá de las redes sociales mediante acciones de convencimiento y aprendizaje ciudadano hacia el respeto de los derechos.
«Necesitamos llevar nuestros reclamos a las calles, a las afueras de las grandes ciudades, donde está el cubano que aún no conoce; no se trata de imponer, sino de convencer y convertir el odio, la discriminación en amor, en la aceptación de nuestra diversidad natural como seres humanos», sostuvo en su perfil.
Y precisó: «No vamos contra la iglesia, no vamos contra las ideas políticas, vamos esta vez unidos bajo los seis colores de la diversidad y con nuestra estrella en el pecho, juntos de la mano a por nuestros sueños de integración».
Antecedente
El proceso de discusión popular del anteproyecto de Carta Magna, de agosto a noviembre de 2018, visibilizó los arraigados valores patriarcales, machistas y homofóbicos que aún persisten en este país caribeño con un sistema político de orientación socialista.
A ello se unieron declaraciones y acciones en el espacio público de la Iglesia Católica y varias denominaciones evangélicas, en contra del reconocimiento de todos los tipos de familias, así como del matrimonio igualitario y posible adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Aunque el artículo 68 que abriría el camino al matrimonio igualitario fue eliminado a fin de hallar consensos, el texto constitucional ratificado el 24 de febrero estipula en el artículo 42 que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y no pueden ser discriminadas por causales como el sexo, género, orientación sexual e identidad de género.
De igual forma, la Disposición Transitoria Decimoprimera establece iniciar «en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio».