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¿Qué papel debe jugar el Estado de bienestar en la prevención de los accidentes de trabajo?

Fuentes: El Salto Diario

La muerte en los accidentes de trabajo mortales es una constante a lo largo de la historia que, sin embargo, no ha sido todavía abordada.

El sábado pasado murió en Barcelona atropellado en el desempleo de su oficio Pujan, un joven nepalí de 22 años que trabajaba de rider para la empresa Glovo. No se trataba del primer accidente de trabajo mortal sufrido por un repartidor de estas plataformas, Riders X Derechos constata que este año hasta 14 compañeros y compañeras han fallecido a nivel global. Si nos fijamos en España, nos percatamos de que nos encontramos ante una lacra social. Según el avance de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en 2018 en España murieron 652 personas a causa de accidentes de trabajo, lo que se traduce en una media de 12 personas a la semana. Estos datos discurren en línea ascendente y es que ahora hay un 22% más de accidentes que en 2012. Lo que supone un 27% por encima de la media europea.

Pese a esto, no ha sido hasta hace una semana cuando este asunto ha aparentemente entrado en la agenda política, que no plenamente en la institucional. Los medios de comunicación de repente se encuentran plagados de noticias sobre este suceso, aunque todavía se trata de un debate nada atractivo de abordar por la mayoría de las fuerzas políticas por su carácter estructural.

La situación exige soluciones inmediatas y el Estado de bienestar es la herramienta que por definición debería protegernos de estos peligros. Sin embargo, hoy en día este se encuentra amenazado por diversos motivos. Uno de ellos es el proceso de internacionalización de la economía y la primacía de la competitividad, impulsado especialmente por el proceso de globalización que parece no tener fin. Esta tendencia a la desregulación laboral fue puesta de manifiesto en España a raíz de la crisis económica con las reformas laborales de 2010 y 2012.

El desmantelamiento del Estado del bienestar contribuye a la grave situación, ya que la precariedad laboral manifestada en la temporalidad de los contratos y los recortes en formación por parte de las empresas se encuentran en el núcleo de estos accidentes. Las reformas sociolaborales mencionadas tienen como objetivo erosionar los presupuestos sobre los que se sostiene nuestro Estado de bienestar, entre los que se encuentra satisfacer las necesidades básicas de trabajo y salud.

Los organismos encargados de atender a las víctimas de los accidentes de trabajo, como las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se encuentran en una penosa situación. Pero lo que aquí me interesa no es cómo curar a las victimas de los accidentes, en el caso de que eso sea posible, sino cómo evitar que estos ocurran. 

Si estudiamos los factores de riesgo a la hora de sufrir un accidente de trabajo mortal, se establece una relación entre la siniestralidad y el sistema productivo. Los accidentes afectan sistemáticamente a aquellos trabajadores que tienen una menor capacidad de negociación de las condiciones de trabajo. Tal y como indica el Informe Durán del año 2000, para nada sospechoso de parcialidad, encargado por el gobierno de José María Aznar. 

A modo de síntesis, podemos afirmar que algunos de los principales factores de riesgo son: la temporalidad, el salario, la edad y la nacionalidad. Los trabajadores con contrato fijo tienen casi el triple de siniestralidad que los trabajadores temporales. En lo que respecta al puesto de trabajo, son los peones y especialistas de industria y construcción los grupos más vulnerables. Creo que no hay duda en que un director cobra más que un peón. Bien, pues la probabilidad de que un peón del sector primario o secundario sufra un accidente de trabajo grave es 28 veces mayor de la probabilidad de que el que lo sufra sea el director o gerente. Además, los jóvenes son más propensos a sufrir accidentes, aunque son aquellos trabajadores más ancianos los que presentan mayor riesgo de muerte. Por último, los trabajadores nacionales tienen menos índice de mortalidad que los trabajadores extranjeros. Esto sin tener en cuenta a los migrantes sin papeles que son especialmente vulnerables y no deben ser olvidados, pese a no ser incluidos en las estadísticas.

Como muestran los datos oficiales, para abordar este debate debemos escapar de análisis parciales que traten al individuo fallecido como el sujeto de estudio aislado. Nos encontramos ante un suceso que ha existido siempre, se mueve todos los años en un limitado margen de cambio y no es para nada arbitrario. Para ilustrar esto Pujan, por su carácter de extranjero, temporal y precario, es el paradigma de la víctima en un accidente de trabajo.

Si conseguimos convertir las últimas noticias en un punto de inflexión para el comienzo del debate, con la maduración del mismo, el camino lógico sería el replanteamiento del término «accidente». Debido a que, por su connotación de inevitabilidad, blanquea las muertes en el trabajo. Además, las reformas de empleo y Seguridad Social como las reformas laborales de 2010 y 2012 deberán incluir como variable a tener en cuenta el impacto que implicarán en términos humanos sobre la salud de los trabajadores. Dejando de regirse por meros intereses económicos.