Cuando se cumplen 43 años del accidente de Palomares y 50 años de la inauguración de la fábrica de uranio de Andújar (Jaén), las consecuencias de los inicios de la investigación nuclear española siguen presentes. Las instalaciones y sus alrededores totalmente selladas con capas de asfalto. Más de 55 de sus 120 trabajadores fallecidos por […]
Cuando se cumplen 43 años del accidente de Palomares y 50 años de la inauguración de la fábrica de uranio de Andújar (Jaén), las consecuencias de los inicios de la investigación nuclear española siguen presentes.
Las instalaciones y sus alrededores totalmente selladas con capas de asfalto. Más de 55 de sus 120 trabajadores fallecidos por enfermedades cancerígenas, degeneraciones óseas o problemas pulmonares y de riñón. Ésta es la herencia de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) General Hernández Vidal. Una de las piezas claves en el intento del Estado español por tener una bomba nuclear. Entre 1959 y 1981 esta localidad jienense albergó una planta de producción de concentrados de uranio. Un paso fundamental para transformar el uranio en plutonio y llegar a conseguir así la bomba nuclear. Un proceso que también se logró en las instalaciones de la Junta de Energía Nuclear (JEN) de Madrid y Soria.
Esta aventura militar se nutrió de minas y fábricas de uranio repartidas por Extremadura, Castilla La Mancha o Castilla y León, así como de una central nuclear de doble uso (civil y militar), Vandellós I, en Tarragona. Unos recuerdos que vuelven a sobrevolar por estas mismas zonas, ya que ENUSA, empresa pública encargada de la gestión del uranio, ha llegado a acuerdos con las compañías Berkeley y Mawson para volver a investigar los yacimientos de uranio que entonces se muestrearon. La base material del sueño nuclear español. En meses la explotación de uranio podría retornar al Estado después de que se cerrara la última mina en el año 2000. «Aunque Berkeley no tiene ningún tipo de experiencia en exploración de minas y utiliza a su filial Minera del Río Alagón, que no tiene más de diez trabajadores», denuncia Ángel Gamazo, portavoz de Los Verdes de Salamanca. Gamazo señala que se trata de una actuación especulativa para tener los derechos de explotación, ya que empezaron a interesarse en 2007, cuando la libra de uranio llegó a 138 dólares. Actualmente se encuentra en torno a los 45. Pero ENUSA y Berkeley no parecen renunciar: el 13 de febrero hicieron público un comunicado sobre sus proyectos conjuntos en Salamanca.
Sin ningún tipo de protección
«Durante años los mineros no recibieron protección radiológica ni información de los peligros del uranio. La ropa de trabajo se lavaba en casa del minero, junto al resto», denuncia Juan María Hoyas, de Ecologistas Extremadura, sobre las condiciones de trabajo en las minas de uranio La Haba, en Badajoz.
En 1970 murió el primer trabajador de la Fábrica de Uranio de Andujar. Según denuncias de los propios trabajadores, se les obligó entonces a firmar un documento para garantizar que lo que ocurriera en sus puestos no sería conocido en el exterior. Incluso durante 38 años no pudieron conocer sus historiales médicos, en manos de la Junta de Energía Nuclear. «No tenían ningún tipo de protección: está perfectamente demostrada la falta de sanidad e higiene que había en su interior», recalca Manuel Vázquez, actual abogado de los ex empleados de Andújar, que durante estos primeros meses de 2009 han vuelto a recibir un varapalo judicial.
Tras más de 20 años de reivindicaciones para que la Seguridad Social los reconozca como enfermos por causas laborales, el Juzgado de lo Social nº3 de Jaén ha denegado a siete de ellos este reconocimiento. Mientras el resto de los 44 afectados que siguen reclamando están a la espera de nuevas resoluciones. «Da igual que la fábrica esté totalmente enterrada en hormigón y se reconozca la radiactividad que existe en la zona. O la existencia de informes que ratifiquen que estas enfermedades tengan que ver con su paso por la fábrica de uranio. Según, el Real Decreto 1299/2006, las únicas enfermedades profesionales que causa el trabajo con uranio son las de bronquios y pulmones», explica Vázquez, quien reconoce el ambiente de derrota que hay entre los antiguos trabajadores.
Si no sufren lesiones pulmonares, su afección no será catalogada como profesional. Si éste es el diagnóstico, como ha ocurrido en Madrid, Castilla La Mancha o en Andalucía, esta situación ni siquiera llega a los tribunales. «Se ha reconocido con un proceso administrativo con justificación médica. Pero nuestra enfermedad no es ésa, aunque también está relacionada con la aspiración de polvo de uranio y radón», se lamenta José Soto, uno de los ex trabajadores de la fábrica. El radón se produce durante el tratamiento del uranio, y su inhalación es radiactiva.
«Peor que una central nuclear»
«La epidemiología oncológica, es decir, el estudio estadístico del cáncer y su fenomenología sanitaria, demuestra que los riesgos cancerígenos son mucho mayores en la minería de uranio que en las centrales nucleares», explica el ingeniero de minas Miguel Ángel Gallardo, quien denuncia que en España este tipo de estudios no se han realizado. Ahora el Consejo de Seguridad Nuclear está realizando uno en zonas cercanas a centrales nucleares, «mucho más seguras que las minas y plantas de tratamiento de uranio, pero con un riesgo elevado si hay algún accidente», explica el ingeniero de minas Antonio Lucena, de Ecologistas en Acción.
El uranio se encuentra de forma abundante en la naturaleza, pero son muy escasos los yacimientos rentables. Su extracción es siempre muy agresiva. «Para el funcionamiento de una central nuclear se necesitan 70 toneladas de uranio enriquecido, para lo que hay que remover 4,5 millones de metros cúbicos de tierra», explica Lucena. En esta fase se producen residuos tan contaminantes como el uranio empobrecido.
Otro quebradero de cabeza no resuelto. Eso sí, pueblos como Almoguera o Yebra (Guadalajara) han reconocido a finales de febrero que aceptarían la construcción de un cementerio nuclear para sustituir y ampliar los ya existentes en las centrales de Zorita y Trillo. Aunque hay otros precedentes, como el improvisado en las playas de Palomares o el reaprovechamiento de las antiguas minas de La Haba (Badajoz) y El Cabril (Córdoba) para depositar los vertidos del accidente de 1970 en Madrid de la antigua Junta de Energía Nuclear. El Cabril continúa albergando el almacén centralizado de residuos de baja y media actividad de ENRESA. Unos ejemplos que llevan a Gamazo a sospechar que «la apertura de nuevas minas puede favorecer que cerca se construya el cementerio, que antes de 2012 tiene que tener un emplazamiento».
Nuevas minas en camino
Los incidentes en las centrales se suceden mientras la industria nuclear se niega a aumentar la inversión en seguridad. La campaña mediática y la influencia del poderoso lobby nuclear ha reabierto el debate sobre las fechas de cierre de las centrales (entre ellas la ampliación de Garoña hasta 2011, cuando su permiso caduca en julio de este año) y la búsqueda de nuevos yacimientos de uranio en el Estado español. ENUSA, la empresa pública encargada de la gestión del uranio, ha alcanzado acuerdos con las empresas Mawson Resources y Berkeley Resources para cederles la documentación utilizada para la exploración de las minas de uranio en los años ’50 y ’60. En total existen estudios sobre 83 zonas, que podrían volver a albergar una actividad desaparecida en el Estado español en el año 2000. Incluso, ENUSA reconoce la posibilidad de la puesta en marcha de nuevo de la planta de Quercus (Salamanca) que estaba desmantelándose.
La incógnita de los residuos
«Lo de Andújar o Juzbado no es nada comparado con lo que provocan los residuos del uranio», denuncia el ingeniero de minas Miguel Ángel Gallardo. El problema en el Estado español no se queda sólo en la ubicación del cementerio nuclear tras la devolución de los residuos almacenados en Francia: cualquier instalación relacionada con el uranio es en sí un residuo, «incluidos los camiones y otros materiales que forman parte complementaria de este proceso», denuncia Gallardo. Este ingeniero va mucho más allá y centra su denuncia en la gestión del dinero destinado para los residuos radioactivos, que desde 1984 controla la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA (ENRESA). Este fondo se alimenta con el 0,7% de la factura eléctrica, que hasta ahora ha servido para el desmantelamiento de Vandellós I y el inicio del de Zorita. «La próxima será Garoña. Ahí habrá que ver si grandes partidas de este fondo se han destinado a viajes por Japón, pagar a periodistas y engrosar la larga lista de corrupción política de este país. Quedan unos 2.000 millones de euros, y esa partida debería ser mucho más amplia», explica Gallardo.
Guadalajara, en la diana
La sierra de Aragoncillo (Guadalajara) es una de las áreas que Berkeley ve con mayores posibilidades para albergar una mina de uranio. Esta zona se ubica en los alrededores del terreno que sufrió el incendio de 2005, que provocó la muerte de 11 agentes forestales. En el ámbito político, la falta de reacción y de medidas públicas para luchar contra el fuego obligó a Rosario Arévalo Sánchez (PSOE) a dejar la cartera de Medio Ambiente en Castilla La Mancha. Pero su paso por el paro no fue muy largo. Actualmente ocupa el puesto de directora de Medio Ambiente de ENUSA, quien se encarga de gestionar la concesión de las minas de uranio, entre ellas la de la sierra de Guadalajara. Y es que a la ex consejera no le faltan buenas referencias de políticos como José María Barreda o constructores como Florentino Pérez, accionista de Centro de Transferencias, empresa que preside Arévalo Sánchez.