Mientras en el Foro de Davos las élites políticas y empresariales deciden sobre el futuro de la economía mundial -felicitándose por la recuperación económica-, la realidad para la mayoría de la sociedad es otra. Una realidad marcada por la precariedad y la falta de oportunidades en un escenario de desigualdad global. El fracaso del sistema […]
Mientras en el Foro de Davos las élites políticas y empresariales deciden sobre el futuro de la economía mundial -felicitándose por la recuperación económica-, la realidad para la mayoría de la sociedad es otra. Una realidad marcada por la precariedad y la falta de oportunidades en un escenario de desigualdad global.
El fracaso del sistema económico mundial
Con el informe «Premiar el trabajo, no la riqueza» Oxfam Intermón denuncia que el 1% más rico de la población mundial acaparó el 82% de la riqueza generada el año pasado, resaltando que son las mujeres y los jóvenes quienes sufren especialmente la factura de la desigualdad. En este sentido, la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mundo es del 23%, y son, también, las mujeres las principales afectadas por los contratos a tiempo parcial y temporales. Por su parte, los jóvenes tienen un futuro incierto, en un contexto de precariedad y temporalidad, que dificulta la igualdad de oportunidades.
El aumento de la pobreza, del riesgo de exclusión social, de las desigualdades y de los salarios de miseria, son dinámicas que provocan en todo el mundo que un porcentaje significativo de la población trabajadora no pueda tener una vida digna. Una persistencia de la desigualdad como consecuencia directa de la concentración de la riqueza, es decir, un reparto desigual de los beneficios de la actividad económica que persisten en manos de los amos del capital a expensas de la precarització del mercado laboral. Es este modelo de «trabajar más por menos» el que produce la rueda perversa de: salarios low cost , productos y servicios low cost , y grandes beneficios empresariales. Pero, ¿cómo se produce esta precarización laboral? Una situación consecuencia del desempleo, de la reducción de la negociación colectiva y de la externalización de servicios. En este sentido, el desempleo crea una tendencia a la disminución salarial debido al enorme ejército de reserva de mano de obra barata y, por otro lado, la externalización comporta que una persona asalariada de este tipo de empresas cobre, de media, un 31% menos de lo que recibiría bajo la protección de estar acogido a un convenio colectivo sectorial.
El informe «Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018», de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), advierte de la tendencia al alza de los trabajos vulnerables -con altas tasas de precariedad-, que afectarán este año al 42,6% de los trabajadores en el mundo. El informe señala que, aunque la tasa de desempleo disminuye, el subempleo y la precarización de las condiciones laborales aumentan. En este sentido, la OIT avisa que este tipo de trabajos comportan ingresos irregulares y una baja protección social, y que -en los mismos- las disparidades de género son especialmente preocupantes. La organización hace referencia también al giro estructural en el peso del sector servicios; sector con una mayor incidencia de condiciones precarias que en el sector industrial.
Las políticas de austeridad. Cronificación de la pobreza
Otro informe demoledor es «El estado social de la nación 2017», que la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales publica anualmente. El informe establece que las graves dificultades que afectan a la sociedad son características estructurales de un nuevo modelo en el que vivimos. Y concreta que los rasgos más destacados de este modelo son: la pobreza estructural, los riesgos de exclusión social que afectan a amplios sectores de la sociedad, una precariedad muy extendida, el incremento de las desigualdades y las menores oportunidades de movilidad social. En este sentido, el informe es muy claro y se pregunta si «¿Nos están robando el futuro?». Según el informe, el aumento de las desigualdades en el estado español durante los años de la crisis, son consecuencia directa de un modelo político, económico y social injusto, que se inició antes de la crisis, que se ha agudizado durante la misma y que se mantiene actualmente. En esta línea, Oxfam Intermón ha publicado un informe para el estado español «¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría», donde precisa que el 13’7% del total de población ocupada son trabajadoras pobres, que las retribuciones más bajas se han reducido un 15 %, mientras que las más altas han crecido un 15’18%, desde 2008 hasta 2016; datos que constatan un aumento constante de la brecha salarial entre empleados y dirección.
Las políticas que producen y mantienen la pobreza, la precariedad y las desigualdades, son la actual legislación del mercado laboral, un sistema fiscal injusto, la demolición de la protección social y un reparto desigual de la riqueza. En este sentido, el informe de «El estado social de la nación» especifica que las rentas salariales no han dejado de perder peso en el reparto de la riqueza, concretamente un 4’5% de caída media del poder adquisitivo en los últimos cinco años, y que uno de cada tres asalariados cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No obstante, el 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las familias, frente a una contribución casi nula de la fiscalidad sobre el patrimonio, la riqueza o el capital.
Por otro lado, los recortes en gasto social no son la fórmula para corregir los desequilibrios económicos. El gasto en protección social en el estado español sigue siendo inferior a la media europea y, los recortes, con un perfil claramente ideológico, han deteriorado de forma continuada las bases del Estado de Bienestar y, facilitado el regreso a una sociedad dual instalada en la precariedad, a una sociedad de «pobres» y «ricos».
Unas desigualdades con efectos directos y perversos en la educación, la sanidad y la vivienda; que afectan al conjunto de la sociedad y, particularmente, a los y las más desfavorecidas.
Facilitar una vida digna y la participación social
La OIT señala la necesaria intervención con políticas públicas que impulsen la calidad del empleo y la productividad en el sector servicios. En la misma línea, Oxfam Intermón, reclama a las élites políticas y económicas la creación de una economía más humana, donde se priorice el trabajo decente frente a la riqueza de una minoría. La ONG exige un Plan de Reducción de la Desigualdad, que garantice empleos y salarios dignos empezando, en el caso del estado español, por situar el SMI en 1.000€ mensuales y estableciendo una escala de 1:20 entre el salario más bajo y el más elevado en una misma empresa. Así mismo, el Plan tendría que servir para evitar la subcontratación y garantizar una fiscalidad progresiva -a través de una ley contra la evasión y el fraude fiscal-; es decir, implementar toda una serie de políticas que tengan como objetivo reducir las desigualdades.
Finalmente, Oxfam Intermón, recuerda la importancia de la movilización social para acabar con la precariedad y las desigualdades y, facilitar, así, mejores oportunidades para una vida digna que, a la vez, posibilitarían la implicación colectiva en los asuntos comunes. En este sentido, la asociación de directores y gerentes de servicios sociales hace una feroz crítica a los postulados neoliberales que argumentan que las desigualdades se resuelven con el crecimiento global de la renta. Este dogma, impulsado -año tras año-, desde el Foro Económico Mundial, favorece la acumulación de la riqueza en pocas manos. La asociación es tajante argumentando que la cuestión de las desigualdades sólo se resolverá con un orden económico mundial más justo y solidario, que facilite un reparto equitativo de la riqueza.
Jesús Gellida es politólogo
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