En esta segunda entrega abordamos las consecuencias en el sur global de la carrera por conseguir los minerales de la industria electrónica, las condiciones laborales en las factorías de ensamblaje asiáticas y la huella de carbono de la IA.
Este texto es una segunda parte de una serie de dos artículos. Puedes leer el primero aquí.
En el interior de un smartphone hay más de 40 materiales diferentes, cada uno con su propia y compleja cadena de suministro, la mayoría de ellas dominadas comercialmente por China. La cadena comienza en las grandes minas, de donde se extraen elementos como el hierro, el silicio y el cromo, pero también minerales, metales y tierras raras más escasos y sujetos a una gran demanda: los famosos materiales críticos, esenciales para la manufactura de las baterías y los compuestos electrónicos necesarios para la digitalización de la economía y la electrificación de la llamada “transición energética verde”.
Aunque a veces pensemos que no son tan ligeros, el peso mineral real de nuestros smartphones es mucho mayor. Según un estudio de la Universidad de Plymouth, para crear un solo teléfono habría que extraer entre 10 y 15 kg de mineral, incluidos 7 kg de oro, 1 kg de cobre, 750 g de tungsteno y 200 g de níquel, mientras que otros componentes como el litio o el tántalo encontrado en el coltán son claves para sus baterías.
Buena parte de las reservas de dichos minerales se encuentran en países del sur global: en el llamado “triángulo del litio” de los salares de Bolivia, Chile y Argentina; en las provincias de los 3TG (estaño, tántalo, tungsteno y oro, por sus siglas en inglés) situadas en el norte de la República Democrática del Congo (RDC), y las grandes minas de coltán al este del mismo país, sumido en la violencia y los conflictos armados internos, pero también en otros puntos del planeta como Australia, China, Rusia, Indonesia, Brasil o Filipinas.
Consecuencias en el sur global de la carrera por conseguir los minerales de la industria electrónica
Muchos de los componentes necesarios para producir un teléfono coinciden con los llamados “metales de la energía limpia”, cuya demanda está incrementando en magnitudes nunca vistas, pese a que científicos y especialistas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierten de que dicha demanda no es sostenible. De acuerdo a las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), si nos situamos en el llamado escenario de Desarrollo Sostenible –según el cual se cumplirían los objetivos climáticos acordados–, en los próximos 15 años la demanda de litio se multiplicaría por 42, la de grafito por 25, la de cobalto por 21 y la de níquel por 19 en 2040 respecto a la demanda de 2020. Por este motivo, la AIE calcula que globalmente se tendrían que abrir 70 nuevas minas de litio y níquel, 30 de cobalto y 80 para el cobre necesario.
Esta carrera por conseguir los materiales para la llamada “transición verde” y para nuestros dispositivos electrónicos –el smartphone está entre los de mayor producción y menor vida media útil– está provocando atropellos de derechos humanos, vulnerando convenios internacionales, impactando en la salud de sus trabajadores y destruyendo los ecosistemas locales de los territorios donde se encuentran dichas reservas, a menudo situadas en tierras ancestrales indígenas.
Documentales como Antes del litio dan prueba de algunas de dichas vulneraciones. El cortometraje, proyectado en el marco del Mobile Social Congress (evento paralelo al Mobile World Congress recientemente celebrado), documenta cómo las comunidades originarias situadas en la cuenca de la laguna de Guayatayoc en la provincia de Jujuy (Argentina) se resisten a los nuevos proyectos de megaminería del litio impulsados por transnacionales chinas y el gobierno local para evitar el empeoramiento ecológico del salar. Un ecosistema “en su agonía final”, teniendo en cuenta que previos megaproyectos mineros han llegado a secar otros ríos de la zona, dado el alto consumo de agua requerido por la minería del litio. O el impactante libro Cobalt Red, del profesor e investigador Siddharth Kara, que ha documentado la contaminación ambiental y el “apocalipsis humano de esclavitud moderna y trabajo forzado infantil” que viven los y las mineras de cobalto en el Congo, y de donde se calcula que provienen “tres cuartas partes de este componente clave para alimentar nuestras vidas recargables”, tal y como expuso Kara en conexión con Barcelona desde Londres.
Situaciones que tienen impactos diferenciados de género: “Muchos de los niños en las espaldas de las mujeres trabajando en las explotaciones abiertas, respirando aire tóxico, son el fruto de la violencia sexual en las minas”, explicó Kara. Dichas investigaciones sobre el terreno muestran que, pese a intentos de la Unión Europea como la Regulación de los minerales de conflicto de 2021, las vulneraciones de derechos humanos y ambientales continúan.
Denuncias de acoso sexual sistémico, altos índices de lesiones laborales y casos de empleo forzoso en las factorías chinas
Estos materiales son transportados a fábricas manufactureras de dispositivos electrónicos que emplean a más de 18 millones de trabajadores y trabajadoras a nivel global, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo de 2020. Pese a los recientes impulsos del Made in Europe y el Made in USA, esta manufactura aún se concentra principalmente en Asia, que acapara el 76% de la producción global de la industria electrónica y digital, y más específicamente en China (52%). Esto se hace con el objetivo de abaratar costes de producción gracias a contar con regulaciones laborales y ambientales menos estrictas y sistemas políticos con libertades civiles muy limitadas.
Iniciativas que van desde organizaciones de la sociedad civil (como el Electronics Watch) o desde la industria (por ejemplo, SA8000 o la Responsible Business Alliance) han conseguido mejoras en las condiciones de trabajo de dichas factorías, como la subida del salario o la reducción de horas de trabajo, situada alrededor de las 60 horas semanales. Aun así, investigaciones independientes como la realizada por Dimitri Kessler, fundador del Economic Rights Institute, muestran que hasta en las empresas certificadas persisten situaciones de abuso laboral. Entre ellas, acoso sexual sistémico, altos índices de lesiones laborales y hasta casos de empleo forzoso, tal y como el doctor en sociología del desarrollo económico chino y los derechos de los trabajadores expuso.
Una manufactura muy intensiva energéticamente
Otro de los elementos que suele pasar desapercibido cuando pensamos en la industria electrónica es el alto consumo energético que requiere manufacturar los dispositivos que utilizamos. Durante años, el incremento de la complejidad de estos ha supuesto un gasto mayor en la energía requerida para producirlos, ya que la producción de los circuitos integrados usados en los smartphones requiere mantener la temperatura y la humedad constantes. Hasta el punto que, según cifras citadas por Fairphone, hacer un dispositivo nuevo requiere aproximadamente de la misma energía que hace falta para alimentar un teléfono en funcionamiento durante 10 años.
Las grandes fábricas de semiconductores consumen hasta 100 megavatios-hora de energía cada hora, más que muchas fábricas de automóviles o refinerías de petróleo. Esto supone que, en algunos mercados, la electricidad representa hasta el 30% de los costes de explotación de las fábricas. Sumado a otros gastos energéticos del sector de las tecnologías de la información y la comunicación, esta demanda energética provoca que cuatro empresas TIC se encuentren ahora entre los 20 mayores consumidores de electricidad, de acuerdo a un reciente informe conjunto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Banco Mundial. Pese a que el sector es uno de los mayores consumidores de energía renovable, dicho consumo energético contribuye a buena parte de la huella de carbono de estos dispositivos, debido a la persistencia de energía proveniente de la quema de combustibles fósiles.
Las TIC, una huella de carbono creciente
En comparación con otras industrias, no existen informes regulados sobre las emisiones del sector de las TIC, lo que provoca que las estimaciones de su contribución a las emisiones mundiales de carbono varíen considerablemente. La mayoría oscilan entre el 1,5% y el 4%, “rivalizando con las de la industria aeronáutica”, de acuerdo al citado informe de la UIT.
Otras estimaciones van mucho más allá y calculan que únicamente la huella de carbono de los smartphones ya ascendió al 11% de las emisiones globales en 2020, la mayor parte de ellas generadas en las anteriormente expuestas fases de extracción, transformación y producción de las materias primas que intervienen en la fabricación de un nuevo teléfono. De forma similar, alertan de que las emisiones de las TIC podrían superar el 14% de los gases de efecto invernadero a nivel de 2016 en 2040, lo que representa más de la mitad de la contribución relativa de todo el sector del transporte, pese a que el sector debería reducir sus emisiones a casi la mitad (45%) antes de 2030 para cumplir con los objetivos climáticos.
Dentro del sector, una de las principales preocupaciones actuales se centra en el gasto energético creciente de los centros de datos, indispensables para hospedar las nubes que utilizamos para almacenar nuestros archivos y también para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). Según expuso la investigadora del Barcelona Supercomputing Center Sofía Trejo, algunas estimaciones cifran que estos centros de datos podrían llegar a generar hasta un 40% de las emisiones del sector, mientras también requieren de un consumo de agua creciente para enfriar los servidores.
¿Alternativas? Regulación, derecho a reparar, circularidad y contratación pública responsable
Los expertos coinciden en que alargar la longevidad de los dispositivos es una de las principales soluciones y medidas a tomar frente a los impactos ecosociales de la industria electrónica y la creciente marea de dichos residuos, pero actualmente, “tal y como el sistema está diseñado, la durabilidad es la antagonista de la rentabilidad”, en palabras de Siddharth Kara. Por este motivo, investigadores como Dimitri Kessler señalan que más allá de la obsolescencia programada y percibida de los dispositivos, “el problema es que los gobiernos permiten a las compañías evitar el verdadero coste (ambiental, laboral) de lo que producen”, y demandan mayor regulación del sector.
Por otra parte, fabricantes como Fairphone, o compañías de telecomunicaciones como Som Energia y comunidades de “restarters” impulsan alternativas circulares basadas en el derecho a reparar –recientemente recogido en legislación europea–, la reutilización y reacondicionamiento de dispositivos, la minería urbana y la reducción de la demanda, más allá de “limpiar” la cadena de suministro o incrementar la producción verde.
En este sentido, investigadores como David Llistar, cofundador del Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y actual director de Justicia Global y Cooperación en el Ayuntamiento de Barcelona, resaltan “el papel de las administraciones occidentales en la hora de hacer una compra pública responsable al adquirir dispositivos electrónicos”, para de este modo “reducir los impactos de los procesos de digitalización y avanzar hacia cadenas globales más justas”. Aunque movimientos como el reciente bloqueo de la ley de sostenibilidad corporativa de la Unión Europea por parte de Alemania, Francia e Italia no facilitan la ingente tarea.
Fuente: https://climatica.coop/impacto-ecosocial-smartphones-2/