Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Hace ya una semana desde que el enviado de la ONU llegó al Yemen para tratar de poner fin a la larga crisis política de diez meses de duración. En la primera semana de su actual ronda, la sexta, Yamal Bin Omar ha conseguido bien poco aunque sigue optimista y decidido a lograr algún avance antes de regresar para informar de su misión al Consejo de Seguridad el 21 de noviembre.
El pasado martes, Bin Omar discutió con el presidente Ali Abdullah Saleh en el palacio presidencial, en Sanaa, los pasos a dar para que su traspaso del poder, según el acuerdo alcanzado en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) auspiciado por sus seis naciones, con los saudíes al frente, y que recibió apoyos regionales e internacionales.
En el encuentro, Saleh dijo que se ha comprometido con el CCG y con la Resolución 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que insta a las partes en conflicto a que cumplan el acuerdo alcanzado en el CCG. La solución política incluye elecciones presidenciales anticipadas en las que la oposición y el partido gobernante tendrán que ponerse de acuerdo para elegir un candidato. Este candidato sería probablemente el actual vicepresidente, Abdu Rabu Mansour Hadi.
Sin embargo, los líderes de los partidos islamistas de la oposición seguían aún el martes fuera del Yemen a pesar de los repetidos llamamientos que Bin Omar, EEUU y los embajadores de la UE han hecho para que regresen.
Bin Omar dijo que la comunidad internacional iba a condenar a cualquiera de las partes que no pusiera fin a la violencia y a la violación de los derechos humanos. Lamentó que las partes en conflicto prosiguieran los enfrentamientos que tanto sufrimiento han causado a los civiles.
El presidente Saleh dijo que está dispuesto a dimitir dentro de un plazo máximo de 90 días si su vicepresidente ponía en marcha el mecanismo programado para que se aplique el acuerdo alcanzado en el CCG. «No estoy aferrado al poder. Quien se aferre al poder está loco», dijo Saleh el lunes en unas declaraciones televisadas.
Saleh dijo que si no se llegaba a un acuerdo sobre cómo y cuando poner en marcha el acuerdo del CCG, los yemeníes se precipitarían en una guerra civil general.
Desde que el enviado de la ONU llegó la pasada semana, ha tenido que enfrentarse a dos cuestiones importantes y polémicas.
El partido gobernante quería que la iniciativa del CCG y su mecanismo de aplicación se firmaran al mismo tiempo, mientras que la oposición quería que el presidente Saleh o el vicepresidente firmaran primero el acuerdo, que los dirigentes de la oposición regresaran al Yemen para ultimar los detalles del mecanismo de aplicación y, posteriormente, este se firmara en Riad.
El secretario general del Partido Socialista, Yasin Said Noman, el secretario general del Partido Islámico, Abdel Wahab al-Ansi, y el presidente del Consejo Nacional, Mohammed Ba Sundwa, llevan desde mediados de octubre movilizando apoyos fuera del Yemen y no están dispuestos a volver al país hasta que se firme el acuerdo, a pesar de todos los llamamientos estadounidenses y europeos para que lo hagan.
El partido gobernante quiere también garantías de la oposición o de la comunidad internacional para que se ponga fin a las protestas tan pronto se forme el gobierno nacional, según se recoge en el mecanismo de aplicación del acuerdo alcanzado en el CCG.
Pero la oposición sigue diciendo que sus manifestantes tienen derecho a manifestarse y a organizar sentadas con independencia de cualquier acuerdo entre las partes.
Además, hay tres grupos que rechazan absolutamente el acuerdo del CCG como solución de la crisis yemení: En el sur, el grupo del movimiento separatista rechaza ese acuerdo y lo describe como un asunto del norte que no tiene nada que ver con ellos.
En el norte, los rebeldes chiíes del grupo Al-Houthi rechazan también el acuerdo del CCG porque creen que les excluye y refuerza su persecución por los grupos sunníes. Piensan que el acuerdo del CCG favorece a los adversarios históricos del grupo chií de Al-Houthi, integrados en el partido islamista sunní Islah y el general rebelde Ali Mohsen, muy próximo a Islah y que ha dirigido seis guerras contra Al-Houthi. Este grupo es el segundo más influyente tras Islah, que está al frente de la principal coalición de la oposición en el Yemen, formada por islamistas, socialistas y nasseristas.
Desde el mes de marzo hasta ahora, cientos de personas resultaron heridas y asesinadas en las feroces batallas entre Islah y Al-Houthi en las provincias de Al-Jawf, Saada y Hajja. A causa de los actuales disturbios, cada grupo quiere controlar al máximo esas provincias en ausencia del gobierno central.
El lunes murieron diez personas de ambas partes después de que combatientes de Al-Houthi arrestaran y mataran a un suicida-bomba, supuestamente perteneciente al Islah, que intentó volarse a sí mismo en medio de un grupo numeroso de seguidores de Al-Houthi que estaban celebrando su día sagrado anual de Al-Ghafir en el área de Matun, en la provincia de Jawf, al noreste del Yemen.
El tercer grupo que rechaza el acuerdo del CCG es Al-Qaida. Este grupo terrorista rechaza tanto al gobierno como a la oposición y les describe como «agentes de los estadounidenses, enemigos de los musulmanes y del Islam». En las zonas bajo su control, en el sur del país, han establecido una especie de emiratos islámicos de estilo talibán, donde Al-Qaida azota, corta manos y ejecuta a cualquiera que viole lo que ellos llaman la ley de la Sharia.
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