Carta abierta al director del periódico Irish Times de Michael Lynk*,
Señor:
En 1949 los creadores de la Convención de Ginebra –los cimientos de la protección de la población civil atrapada en un conflicto – prohibía expresamente al poder ocupante establecer a su propia población civil en el territorio ocupado.
La intención era evitar que los estados establecieran colonias de civiles como un medio de fomentar demandas de soberanía ilegal en territorios ocupados. Después de aprender la amarga lección de la Segunda Guerra Mundial, la Convención de Ginebra, junto con la Carta de las Naciones Unidas, tienen como propósito evitar que los estados codiciosos utilicen las guerras, ya sean de agresión o defensivas, para ampliar sus fronteras.
Desde que Israel se convirtió en el poder ocupante sobre Jerusalén Este y Cisjordania en junio de 1967, ha construido más de 240 colonias israelíes, que dan cobijo a 650.000 pobladores.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha condenado repetidamente estas colonias como una “flagrante violación” de la legislación internacional.
Estas colonias constituyen el motor de la ocupación de Israel, y son una fuente de violaciones de los derechos humanos.
Están construidas en propiedad palestina confiscada, dependen de la apropiación ilegal de los recursos naturales de Palestina, incluyendo agua, tierras y minerales; y han obligado a los palestinos a desplazarse hacia un espacio más pequeño y angosto dentro de su propio territorio.
Y aún más importante, la incesante expansión de las colonias israelíes les roba a los palestinos la esperanza de un futuro basado en la libertad, como es su propósito.
La semana pasada, los líderes de los dos partidos mayoritarios de Israel acordaron formar un gobierno de coalición. El corazón de este acuerdo consiste en la anexión, no más tarde de julio de este año, de todas las colonias y de los amplios terrenos circundantes bajo su control. La anexión representa la culminación de la indisimulada intención de Israel de extender su soberanía de modo permanente sobre una gran parte de Cisjordania.
Lo que quedaría sería un bantustán palestino, que según la opinión de algunos israelíes liberales crearía una realidad de apartheid para el siglo XXI.
El hecho de que Israel esté a punto de asestar tan demoledor golpe al derecho del pueblo palestino a su autodeterminación no es más que la consecuencia directa de décadas de fracasos por parte de la comunidad internacional por su renuncia a emplear las amplias y concretas herramientas legales y políticas que están a su disposición para terminar con esta injusticia.
Este fracaso no es solo moral y político en su naturaleza; también representa la abdicación por parte de la comunidad internacional y sus estados miembros de su obligación de tomar todas las medidas necesarias para exigirle a Israel que respete sus obligaciones solemnes bajo la legislación internacional.
Entre las medidas que los estados deben adoptar para este fin está la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales de Israel. Por lo tanto ha resultado muy estimulante para mí observar el avance del Proyecto de Ley sobre Territorios Ocupados en el parlamento irlandés, acercando así a Irlanda aún más hacia el pleno complimiento de sus obligaciones internacionales en relación con la ocupación israelí del territorio palestino. Tengo la ferviente esperanza de que un nuevo gobierno irlandés dé el paso final de convertir el Proyecto en ley, y demostrar así un liderazgo en este tema del que el mundo tristemente ha carecido.
Atentamente,
Michael Lynk, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado desde 1967), Facultad de Derecho, Londres, Ontario, Canada.
Originalmente publicado en https://www.irishtimes.com/opinion/letters/the-occupied-territories-bill-1.4242151