Es evidente que las luchas protagonizadas por las mujeres a lo largo del último siglo han supuesto, en Occidente, algunos avances en materia de derechos civiles y económicos, pero exiguos en el plan de derechos y libertades sexuales y reproductivas.
Tras 24 años de aplicación de una ley que mantiene el carácter punitivo de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), el gobierno socialdemócrata del PSOE ha planteado la necesidad de mejorar las condiciones sexuales y reproductivas de la mujer. Ha hecho presentes las reivindicaciones del movimiento por el Derecho al Propio Cuerpo y el Aborto Libre y Gratuito y, desde finales del pasado año, ha puesto en marcha una reforma legal de cariz «progresista». Ésta es definida por la ministra de Igualdad como una ley «no más permisiva», que dentro de unos meses será aprobada.
Privatización e invisibilización de la sexualidad femenina
En la Transición se introdujeron pequeños cambios en torno a la educación afectivo-sexual en los centros escolares, pero ésta no ha mejorado sino que ha sufrido un grave retroceso. Mientras con la LOGSE se incorporó al currículum este ámbito de la educación y se reguló su aplicación, la LOCE se connota de un carácter marcadamente reproductivista, para finalmente con la LOE (la ley más reciente formulada por el PSOE) no ser ni mencionada.
Este tratamiento de la sexualidad femenina influye decisivamente en las prestaciones sociales de las mujeres, especialmente en aquéllas atadas a la Sanidad. Encontramos deficiencias graves en el tratamiento de patologías que afectan exclusivamente al cuerpo femenino, como los problemas de circulación -con tratamiento paliativo y no preventivo-. No acaba aquí, también sufre constantes recortes o reducciones, como la disminución de la periodicidad de las revisiones ginecológicas, que implica el descenso de los controles de cáncer de mama y de cerviz. La solución a este último caso ha sido la inversión del Estado en un producto profiláctico carísimo, no probado y muy agresivo, mientras se reduce el gasto y frecuencia en la realización de citologías -mucho más baratas, eficientes y preventivas-. Con estas medidas no sólo se incumplen las indicaciones de la OMS y numerosos tratados internacionales, además se evidencia la precarización y privatización de la salud sexual y reproductiva femenina.
El no confrontar estos recortes permite que el Estado se desresponsabilice, ante la aceptación de estos recortes, de las problemáticas derivadas de la gestación, parte o mantenimiento de los hijos, tarea que recae exclusivamente sobre las mujeres, tanto si optan por la IVE o por continuar.
Igualmente, aún cuando la Cartera del Sistema Nacional de Salud asegura «la necesidad de la asistencia en todos los métodos anticonceptivos», no existen espacios ni medios suficientes para llevarlo a cabo. Sólo tres de éstos están incluidos en la Seguridad Social, con un perfil de tratamiento hormonal femenino de primera generación y muy agresivo -uno de los cuales acaba de ser retirado-. Recae de nuevo en la propia mujer, quien asumirá las consecuencias, la penalización social del desconocimiento, incapacidad de acceso o mal uso de los métodos anticonceptivos.
Además, la garantía constitucional de la objeción de conciencia no está regulada, implicando que todo el personal sanitario, -incluso aquél que no interviene directamente en la aplicación de la IVE- puede acogerse. Son frecuentes situaciones esperpénticas, como el caso del único hospital que practica la IVE en Cantabria, en el que los anestesistas se acogen a la objeción cuando las pacientes no son residentes en la zona. Asimismo, los farmacéuticos hacen uso de este derecho para negar el suministro con receta médica de la «pastilla del día después», a pesar de ser catalogada como un método anticonceptivo y no abortivo. También se conoce la ausencia de prácticas de la IVE en la comunidad de Navarra, el gobierno de UPN (apoyado por el PSOE) de la cual, sólo subvenciona la IVE si se realiza en otras comunidades.
Se constatan más irregularidades a nivel autonómico en cuanto a la práctica de la IVE y la subvención que ésta recibe. Actualmente sólo existen cuatro comunidades donde algunos centros practican la IVE entre las doce y veintidós semanas. Por otro lado, en Catalunya, la subvención pública la gestiona directamente una ONG (Salud y Familia), mientras al País Valenciano lo hacen a los centros de Salud. El resultado de estas nefastas condiciones entorno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres se traduce en que, los centros privados, donde se practica el 97,1% de las IVE, virtualmente se conviertan en la única opción. Igualmente, la mercantilización de éstas se evidencia en la escasa utilización de la pastilla RU -hormona que asegura un aborto a un precio minúsculo comparado con las intervenciones quirúrgicas, y sin los riesgos que éstas conllevan-, basada en un desconocimiento controlado por los intereses del mercado.
La ofensiva reaccionaria de la derecha católica
Las denominadas asociaciones pro-vida son en realidad organizaciones ultraconservadoras de cariz católico y antiabortista organizadas internacionalmente y subvencionadas por las administraciones.
Entre el 2001 y el 2004, E-Cristians (con el presidente Josep Miró y Ardèvol, ex-conseller d’Agricultura de la Generalitat) recibió hasta 183.000 euros según el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya «DOGC». Este lobby católico procura introducir la moral católica en las decisiones políticas y los medios de comunicación, cuenta con un espacio en el mundo universitario y es abanderado de la cruzada contra las clínicas dónde se practica la IVE. Asimismo, la Cartera de Educación de la comunidad de Madrid presiona a los centros públicos para que contraten una ONG pro-vida por realizar los talleres de educación sexual. Ante la inminencia de la aprobación de la nueva ley, 40 organizaciones han convocado una macro marcha bajo el lema:»Cada vida, importa», en Madrid, el próximo 17 de Octubre.
El fantasma del derecho al propio cuerpo
La nueva ley opta por una falsa ruptura con el enfoque punitivo del IVE, puesto que la despenalización es parcial, y tan sólo suprime la pena de prisión para la mujer que aborte, no implicando la desaparición del proceso penal y tipificándose el aborto como delito.
No se pretende incluir esta prestación sanitaria en la seguridad social y esta carencia supone, debido a declaraciones abstractas y poco sistematizadas de la metodología que debe eliminar las diferencias entre comunidades, que las dificultades para acceder a una IVE segura y legal se mantendrán. Las mujeres se verán sujetas a las decisiones de terceras personas, asumiendo los gastos y la búsqueda del centro adecuado.
La ley admite que la objeción de conciencia es perjudicial para el acceso seguro a la IVE, pero no se toman medidas reales para regularizar la capacidad de los profesionales de acogerse a ella. Por lo tanto, se mantiene una situación que permite encausar a las profesionales debido a un redactado legal y de supuestos demasiados abstracto, y con penas más duras. Esta inseguridad judicial dificulta la aplicación de la IVE en centros públicos, complicando más el acceso de las mujeres a una Interrupción segura y legal.
La controversia ha aparecido con el rango de edad para decidir de forma autónoma la IVE. Se considera que una mujer de 16 años es lo suficiente madura y consciente por decidir sobre su maternidad, pero los padres o tutores legales serán informados y deberá acompañarla un mayor de edad. A esto hay que añadir un nuevo requisito, según el cuál, las mujeres deberán esperar tres días de reflexión desde la solicitud de interrupción, con información de las ayudas y subvenciones al embarazo y la maternidad, luego podrán seguir adelante con su decisión. Toda la sociedad deberíamos tener conocimiento de esta información cuando queremos planificar nuestra vida familiar, y no tan sólo cuando se opta por la IVE. Una muestra más del paternalismo implícito en esta ley, que questiona la madurez de las mujeres y su capacidad de reflexión.
Finalmente, el derecho a decidir queda limitado a catorce semanas en caso de que exista un peligro grave por la vida o la salud física o psíquica de la embarazada. Riesgo que debe ser confirmado por un médico de la especialidad correspondiente, diferente de aquél que practique el aborto. Con la ley que dejará de ser efectiva el mes que viene, no había límites definidos para este caso, cosa que era positivo, aunque también dependía en buena medida de la predisposición de las profesionales (y de la fiscalía en caso de denuncia).
También hay que decir que se mantiene el plazo de veintidós semanas en caso de malformación fetal grave, lo cual obliga a seguir adelante con la gestación a mujeres que se les haya diagnosticado malformación fetal después de este momento, aunque el bebé muera poco tiempo después de nacer. Los plazos de la nueva ley, en los casos en que no había una regulación determinada, no se han establecido en base al principio de bienestar para la madre y la familia, sino al de rebajar al máximo el tiempo para tomar libremente la decisión de no seguir con un embarazo, por miedo a las represalias de la derecha.
Reflexiones y acciones
A pesar del montaje mediático, se continúa penalizando el aborto, ignorando las demandas de profesionales y activistas. La nueva ley no es más que parches que no implican la desaparición del aborto del Código Penal, ni su normalización como prestación sanitaria en la red pública.
El pasado 28 de septiembre, día Internacional para la Despenalización del Aborto, la Campaña por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito convocó una concentración en Plaça Sant Jaume de Barcelona, a las 19h. En ésta se hicieron públicas las acciones y movilizaciones de cara al mes de octubre, con la clara intención de no ceder el espacio político y público a las organizaciones anti abortistas y reivindicar una vez más por el derecho de la mujer a su propio cuerpo.