Este libro pretende mostrar las características actuales de las políticas de ingresos mínimos en España, poniendo de manifiesto la creciente neoliberalización que están sufriendo y cómo se integran dentro del imaginario neoliberal que éste traza para la política social. En este sentido, en los 5 capítulos que componen este libro se analiza de forma crítica […]
Este libro pretende mostrar las características actuales de las políticas de ingresos mínimos en España, poniendo de manifiesto la creciente neoliberalización que están sufriendo y cómo se integran dentro del imaginario neoliberal que éste traza para la política social. En este sentido, en los 5 capítulos que componen este libro se analiza de forma crítica aspectos cruciales como las limitaciones que estas políticas tienen: como la escasa financiación pública, su pobre alcance y cobertura social, la estigmatización social que estos programas imprimen en las personas beneficiarias de los mismos, su carácter burocrático y su papel cómplice a la hora de contribuir al mantenimiento y legitimación del sistema capitalista y del injusto orden social que éste promueve.
Asimismo, se denuncia el papel que la educación desempeña en estos programas, cuestionando los principios de empleabilidad y de la Teoría del Capital humano que la sustentan y poniendo de manifiesto el «negocio de la pobreza» que para diversas entidades privadas suponen los cursos de formación para pobres. Un papel el de la educación en estos programas de ingresos mínimos que cumple una doble función: por un lado hace de redención social para el pobre, y por otro lado, de mecanismo punitivo y de control social de la marginación.
Por último, se aborda qué alternativas y modelos existen a los programas de ingresos mínimos, propuestas que se inspiren en valores opuestos a los del pensamiento neoliberal: La Renta básica y el Trabajo Garantizado y cómo una educación emancipadora se puede desarrollar en ellos.
La redención del pobre a través de la educación y del mito de la empleabilidad
Las principales medidas de lucha contra la exclusión social son los programas de Rentas Mínimas de Inserción cuyos destinatarios son personas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, personas pobres. Estos programas se componen de dos elementos: Un ingreso económico mensual, que ronda los 410€, y un Itinerario Personalizado de Incorporación Social, en el que se consensua con la persona beneficiaria una serie de actividades para favorecer su inserción social.
Las actuaciones de formación son una de las medidas más importantes dentro de los itinerarios de inserción desarrollados en estos programas. Estas acciones de formación dirigidas al colectivo de personas pobres tienen una serie de características y asumen unos principios cada vez más influenciados por el pensamiento neoliberal.
Las acciones de formación en los Itinerarios Personalizados de Incorporación Social pueden considerarse como una pedagogía del déficit, en donde las personas pobres tienen una serie de lagunas, carencias, déficits formativos, actitudinales, personales, etc. que dificultan su inserción en la sociedad salarial. Por ello, la formación en estos programas se tiene que centrar exclusivamente, en fomentar competencias y habilidades profesionales que potencien la empleabilidad de estos colectivos: cursos de formación prelaboral, cursos de formación profesional específica, cursos sobre cómo elaborar un currículum vitae, cómo afrontar las entrevistas de trabajo, cómo buscar empleo por Internet, cursos sobre cómo emprender y crear tu propio negocio y un largo etcétera de acciones que se orientan a favorecer la empleabilidad de este colectivo. Así mismo, en esta misma lógica se podrían encuadrar todos los cursos dirigidos a dotar de habilidades sociales, personales y actitudinales: cursos de mejora de la autoestima, cursos de habilidades sociales, cursos de inteligencia emocional, etc. Porque, como todo el mundo sabe, lo que las personas pobres necesitan son cursos de autoestima y de inteligencia emocional para poder gestionar su situación de exclusión.
La formación para estos colectivos tiene como objetivo formal potenciar su empleabilidad y favorecer su inserción en el mercado laboral. Sin embargo, realmente cumple una función diferente y es la de actuar como elemento redentor de las personas pobres, pues mediante la participación en estas acciones formativas las personas en exclusión social demuestran a la sociedad su buena predisposición a insertarse. La participación en la formación actúa como un mecanismo que permite diferenciar aquellos pobres que se esfuerzan y que merecen recibir la ayuda económica, de aquellos pobres que no demuestran esforzarse lo suficiente y que por tanto no son merecedores de la prestación económica. Es una manera de volver a las concepciones medievales sobre la caridad, los pobres verdaderos y los pobres fingidos. El derecho de ciudadanía social por el cual todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a un mínimo de subsistencia, deja de ser un derecho reconocido, para pasar a ser algo que hay que ganarse mediante la predisposición a participar en itinerarios de inserción y mediante la realización de acciones de formación.
Educación, pobres y alienación
La educación bajo estas propuestas no puede ser considerada como un instrumento que facilite la igualdad social, ni mucho menos que se oriente a la emancipación y a la búsqueda de condiciones que fomenten la justicia social. Las acciones formativas que se sitúan dentro de los programas de ingresos mínimos en el territorio español, pero también en toda Europa desde el Tratado de Lisboa (2000) con el desarrollo de políticas de activación, contribuyen a la alienación de las personas pobres mediante la inculcación de las siguientes nociones como si fuesen ideas de sentido común.
En primer lugar, se asume que a mayores niveles formativos de la ciudadanía, mayores cotas de igualdad social. La naturaleza de estos programas se asienta en la lógica por la cual la educación es una panacea milagrosa y que la inmensa mayoría de los problemas sociales pueden ser solventados si conseguimos extender la educación a todas las capas sociales. Desde este punto de vista, la pobreza, la desigualdad social, la violencia de género, la injusticia, el racismo, etc. Son problemáticas que únicamente requerirían una solución basada en el desarrollo de acciones formativas, no serían necesarias ningún otro tipo de actuaciones dirigidas a remover las condiciones estructurales en las que se originan estas problemáticas. Solamente con más educación se podrían solventar estas cuestiones sociales.
De esta forma, la precariedad y el desempleo son problemas achacables fundamentalmente a la educación, que no forma adecuadamente, o a las propias personas que no tienen las competencias profesionales requeridas, las actitudes más adecuadas o que no se esfuerzan (emprenden) lo suficiente. Sin embargo, no porque haya mayores niveles formativos o porque la educación se extienda a todas las capas de la sociedad, vamos a vivir en sociedades más justas. Buena parte de las personas responsables de la implantación de políticas de austeridad, políticas con gravísimos costes sociales, tienen unos niveles educativos muy altos y no por ello con sus decisiones políticas miran por el bienestar del conjunto de la sociedad. Tampoco la calidad y el volumen de puestos de trabajos se ven especialmente influidos por la educación y la formación profesional, sino que estos son expresión de la relación de fuerzas entre el mundo del capital y el mundo del trabajo.
En segundo lugar, estas propuestas formativas contribuyen a reforzar el predominio de principios como la competitividad o el individualismo como valores sociales centrales. La inserción es una cuestión individual de adquisición de competencias o habilidades profesionales, donde las personas compiten entre sí con sus credenciales formativas por los puestos de trabajo. Para el pensamiento neoliberal, aquellas personas que mejor compitan en el mercado laboral, que más formación tengan y que mejor sepan leer las necesidades del mundo laboral, serán las que triunfen y las más exitosas socialmente.
Al enfatizar este carácter individual del proceso de inserción social, y al soslayar las bases estructurales de la pobreza y el desempleo, se subraya la responsabilidad individual del propio sujeto en su situación social -si eres pobre o tienes un trabajo precario es porque no te has esforzado lo bastante o no has aprovechado las oportunidades que la sociedad te ha ofrecido-; y se abre la puerta a la culpabilización, criminalización y al tratamiento punitivo de la exclusión social: las personas pobres son pobres porque son vagas, porque no se esfuerzan lo bastante, algunas de ellas son delincuentes… y por ello, el estado público tiene que reducir las ayudas dirigidas a estos colectivos y a la vez sustituirlas por procedimientos punitivos y de control al pobre.
En tercer lugar, se ahonda en la mercantilización de la educación y en el negocio de la pobreza. La formación para las personas beneficiarias de rentas mínimas, al igual que otros servicios públicos, es vista por parte del pensamiento neoliberal como una mercancía con posibilidades de generar beneficios económicos, a través de la financiación pública de entidades privadas encargadas de dar la formación requerida a estos colectivos. Sin duda alguna no es un nicho de mercado tan lucrativo para el sector privado como lo puedan ser las pensiones públicas, la atención residencial a las personas mayores, o la educación superior. Sin embargo sí tiene el suficiente interés como para que diversas entidades privadas, fundaciones, ONG, sindicatos, etc. acudan al negocio de la pobreza, unas siguiendo principios filantrópico-caritativos y otras por motivos puramente de beneficio económico. En todo caso, todas juntas en la lucha contra la pobreza.
¿Qué alternativas tenemos?
En el periodo de 2011 al 2015, en España se han dedicado más de 7.000 millones de euros al desarrollo de actividades de formación ocupacional dirigidas al fomento de la empleabilidad y de activación de las personas desempleadas y pobres. A poco que miremos la realidad que nos rodea, podemos constatar que el valor de este gasto ha sido muy limitado en términos de justicia social, de igualdad social y de inserción laboral.
¿Por qué ese dinero no se ha dedicado a la creación directa de puestos de trabajo, puestos de calidad que tengan una verdadera utilidad social y que permitan una adecuada integración social? o ¿al fortalecimiento de una verdadera red de ingresos mínimos que efectivamente cubra las necesidades sociales básicas? Porque entonces la educación dejaría de ser un mecanismo de redención y de castigo para el pobre y no sería ya una oportunidad de negocio para el sector privado.
Es necesario abandonar los planteamientos de lucha contra la pobreza basados en la empleabilidad y establecer los mecanismos que permitan contribuir a la desmercantilización de la educación, pensándola como un bien común y un derecho social y no como un producto de consumo individual. Dos propuestas, con potencialidad para abrir camino en estas direcciones, son la Renta Básica y el Trabajo Garantizado. Es hora de ver la integración y la organización social con otra mirada y con otras categorías diferentes a las del caduco pensamiento neoliberal.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León. Coordinador del Área Federal de Izquierda Unida.
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