Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Miembros de los Hermanos Musulmanes durante el juicio celebrado en El Cairo el pasado 2 de diciembre (AFP)
Las autoridades egipcias se están dando excesiva prisa en ejecutar a un buen número de detenidos, y este terrible aumento de las penas de muerte en 2019 cuenta con el apoyo del mismísimo presidente Abdel Fatah al-Sisi.
Recientemente, Sisi pretendió dar toda una lección a sus críticos, incluidos los líderes europeos, en la Cumbre entre la Liga de Estados Árabes y la Unión Europea celebrada el 24-25 de febrero pasado en Sharm el-Sheikh, sugiriendo que ejecutar detenidos forma parte de «nuestra humanidad«, una humanidad que es diferente de «su humanidad [europea]».
Sin embargo, cuando se habla de valores, la justificación del presidente contiene muy poca verdad y persigue ocultar una crisis sin precedentes en la historia reciente de Egipto. Bajo la férula de Sisi se ha disparado en Egipto el uso de la pena de muerte, con más de 2.300 ejecuciones ordenadas desde 2013.
Esta escalada es en realidad una ruptura con prácticas pasadas, observadas incluso bajo el gobierno autoritario de treinta años del expresidente Hosni Mubarak, de conmutar o detener algunas de las sentencias de muerte, como se vió en el caso del asesinato del expresidente Anwar Sadat, cuyos autores nunca fueron ejecutados.
Este aumento debería exigir un escrutinio significativo, pero el gobierno de Sisi ha trabajado a fondo para sofocar cualquier diálogo libre sobre la pena de muerte, mientras se esfuerza al mismo tiempo en silenciar a las organizaciones que arrojan luz sobre los abusos a los derechos humanos.
Campaña de desinformación
Desde 2014, cuando Sisi se convirtió en presidente, Egipto viene figurando entre los diez países del mundo con las cifras más elevadas de ejecuciones anuales, incorporándose así a otros infames ejecutores de la pena de muerte, como China, Irán y Arabia Saudí.
Y desde 2014, los tribunales penales y militares han emitido más de 2.500 sentencias de muerte iniciales, cientos de ellas en casos de presunta violencia política, que generalmente están marcadas por graves violaciones del proceso debido.
En comparación con prácticas anteriores, un grupo internacional de derechos humanos descubrió que los tribunales penales egipcios habían dictado 530 sentencias de muerte entre 1991 y 2000, otro período asimismo de violencia política en Egipto.
Ahora mismo hay alrededor de 50 personas que están en riesgo de ser ejecutadas en cualquier momento, una vez que sus sentencias de muerte sean confirmadas por tribunales de apelación militares o civiles.
Los nueve hombres ejecutados el mes pasado a pesar de haber testificado en 2016 que fueron sometidos a torturas y obligados a confesar haber matado al ex Fiscal General de Egipto, el general Hisham Barakat, eran: Ahmed Jamal Hejazy, 23 años, estudiante de la Universidad Al-Azhar; Ahmed Wihdan, 30 años, ingeniero civil; Ahmed Aldjawi, 25 años, estudiante de la Academia Moderna en El Cairo; Abdelrahman Sulaiman, 26 años, comercial; Abulqasem Yusef, 25 años, estudiante de la Universidad Al-Azhar; Mohamed al-Ahmadi, 23 años, estudiante de estudios de traducción e interpretación en la Universidad Al-Azhar; Islam Mohamed Makawi, 25 años, estudiante de la Universidad Al-Azhar; Abubakr al-Sayed, 24 años, estudiante de la Universidad de Zagazig; Ahmed Mahrous Sayed, 27 años, estudiante de la Universidad Al-Azhar.
Como parte de su campaña de desinformación, Sisi intentó retratar los valores de los derechos humanos como «occidentales» y «ajenos» a Egipto. Sin embargo , muchos valientes egipcios han luchado durante años contra la pena de muerte, como el abogado Naser Amin, la antropóloga R i m Saad y el historiador J aled Fahmy, entre otros.
Sisi ha tratado de caracterizar la pena de muerte como una práctica ampliamente aceptada, pero, en realidad, su uso ha ido disminuyendo en todo el mundo. Según un informe de 2015 de la ONU, alrededor de 160 países, incluido un buen número de Asia, África y América Latina y muchos países musulmanes, han puesto fin a la pena de muerte en la ley o en la práctica.
En 2017, Egipto formó parte del grupo de 23 países que perpetraron ejecuciones.
Entonces, ¿por qué las ejecuciones se han disparado en Egipto? La respuesta a esta pregunta es también fundamental para comprender por qué hay que ponerles fin .
Tras el golpe militar de julio de 2013, que eliminó mediante la fuerza a Mohamed Morsi, el primer presidente electo democráticamente en Egipto, el gobierno, con el respaldo d el ejército, procesó por presunta violencia política a miles de líderes, miembros y simpatizantes de la Hermandad Musulmana, a menudo en juicios masivos.
En aquel momento, el país todavía estaba inmerso en una grave agitación política y los gobernantes militares aún no habían afirmado su control total sobre unas instituciones estatales tradicionalmente independientes. Esto incluía a l poder judicial de entonces , donde muchos jueces de tribunales penales simplemente optaron por renunciar a supervisar tales casos.
En respuesta, a fin ales de 2013, el gobierno creó «tribunales especiales para casos de terrorismo» dentro del sistema de tribunales penales, y asignó jueces dispuestos a supervisar casos de presunta violencia política.
Este fue un gran paso para que el poder judicial se convirtiera en una herramienta de opresión y supuso un gran ataque a la independencia del poder judicial. Estos llamados tribunales de contra terrorismo, en particular un puñado de jueces, emitieron cientos de sentencias de muerte.
Manos «atadas por las leyes»
Pero el Tribunal de Casación, el tribunal de apelación más alto de Egipto, continuó actuando como un control relativamente fuerte de esas condenas llenas de fallos al anular muchas de ellas entre 2014 y 2016.
Como tribunal muy respetado, al gobierno le resultó difícil socavar su independencia, al menos hasta el asesinato de Hisham Barakat, el ex fiscal general, en junio de 2015.
En el funeral de Barakat, Sisi comentó: «La mano de la justicia está atada por las leyes… No podemos esperar por ese motivo». Furiosamente crítico con los jueces presentes a su alrededor por retrasar la implementación de su propia visión de la «justicia», el presidente prometió modificar las leyes del país.
Miembros de las fuerzas de seguridad egipcias presentes en un tribunal de El Cairo el 2 de diciembre (AFP)
Y cumplió su promesa.
En abril de 2017, Sisi aprobó las enmiendas al Código de Procedimiento Penal egipcio y la ley relativa a las apelaciones ante el Tribunal de Casación para eludir a este tribunal, hechos que Amnistía Internacional describió como «un clavo más en el ataúd de las normas de los juicios justos».
Desde entonces, el papel del Tribunal de Casación en la anulación de sentencias de muerte irregulares se ha ido reduciendo gravemente, manteniéndose muchas de esas sentencias.
Además, e incluso antes del asesinato de Barakat, Sisi emitió en octubre de 2014 una ley sin precedentes que extendía la jurisdicción de los tribunales militares al procesamiento de civiles.
Desde entonces, más de 15.000 civiles han sido procesados militarmente, con la consecuencia de decenas de condenas a muerte adicionales emitidas por tribunales inherentemente injustos.
Criticas públicas
Desde 2011, Egipto ha estado sometido a una intensa agitación política, y si bien no hay evidencia alguna de que la pena de muerte disuada de delitos graves, las ejecuciones, especialmente en casos de presunta violencia política, solo sirven para ampliar el sentimiento de injusticia, especialmente porque no hay ninguna visión ni promesa de justicia de transición.
No olvidemos que toda esta serie de ejecuciones están también teniendo lugar en un país cuyas fuerzas de seguridad llevan matando, desde 2011, a cientos de manifestantes pacíficos con casi total impunidad, y también han sido acusados en incidentes de ejecuciones extrajudiciales de detenidos.
La justicia egipcia no solo es injusta a menudo sino que está «funcionando mal», hasta el punto de haberse encontrado la firma falsificada de un juez en una sentencia de muerte.
Los juicios presentan defectos sistemáticos: un juez condena a muerte a más de 500 personas en un caso, y en otro condena a un niño de cuatro años a cadena perpetua, en lo que más tarde se calificó de «error«.
Existe seria preocupación por el hecho de que, tras varios años revertiendo las protecciones del proceso debido y erosionando la independencia del poder judicial, se abran las compuertas a una ola de ejecuciones llevadas a cabo después de juicios masivamente injustos.
Lo que se necesita no es escuchar pacientemente las conferencias de Sisi sobre los valores de los derechos humanos en Egipto, sino más bien críticas públicas y sostenidas, incluso por parte de los aliados de Egipto, contra el aparente deseo del gobierno de seguir ejecutando más sentencias de muerte contra las víctimas de un proceso judicial quebrantado y defectuoso.
Amr Magdi es investigador sobre cuestiones que afectan a Oriente Medio y Norte de África en Human Rights Watch. Twitter: @Ganobi
Fuente: https://www.middleeasteye.net/opinion/why-executions-egypt-are-skyrocketing-and-why-they-should-end
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