El régimen sunita del rey Hamad bin Issa Al Khalifa lleva adelante desde hace semanas una severa represión contra un movimiento opositor de mayoría chiita. La población bahreiní ve de cerca el rostro siniestro de una monarquía desesperada por mantener el poder en el marco de la ola de levantamientos populares árabes. El Consejo de […]
El régimen sunita del rey Hamad bin Issa Al Khalifa lleva adelante desde hace semanas una severa represión contra un movimiento opositor de mayoría chiita. La población bahreiní ve de cerca el rostro siniestro de una monarquía desesperada por mantener el poder en el marco de la ola de levantamientos populares árabes. El Consejo de Cooperación del Golfo colaboró con el régimen enviando a más de 1.500 soldados para reprimir. «Lo que estamos viendo hoy es como lo que vivió Estados Unidos durante los años 50 en el macartismo (caza de brujas anticomunista liderada por el entonces senador Joseph McCarthy)», dijo Muneera Fakhro, líder del partido izquierdista bahreiní Wa’ad, a periodistas, activistas y políticos reunidos en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, con sede en Washington.
Al hablar por teleconferencia el martes desde Bahrein, Fakhro -cuya casa fue atacada dos veces desde que comenzaron las protestas- denunció que 30 personas han muerto, casi 500 están detenidas y cientos desaparecidas. «Tenemos que detener de inmediato esas atrocidades con la ayuda de organizaciones internacionales», pidió.
Tras haber enviado a comienzos de este mes un grupo de expertos a Manama, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional indicó la semana pasada que la crisis en Bahréin había alcanzado un nivel de suma gravedad. El grupo además instó a los gobiernos de Occidente, que intervinieron en el caso de Libia, a actuar rápidamente también en Bahrein si no querían ser acusados de selectividad política e hipocresía.
Mientras, en su informe Perspectiva Económica Regional para Medio Oriente y Asia Central (MECA) divulgado este miércoles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó sus esperanzas de que la economía exportadora petrolera bahreiní creciera 4,9 por ciento este año. Al presentar el informe en Dubai el martes, el director del Departamento del MECA del FMI, Masood Ahmed, opinó que, en el largo plazo, los levantamientos populares podrían «impulsar a las economías en la región al fijar una agenda de crecimiento más inclusiva, mejorando la gobernanza y proveyendo mayores y más igualitarias oportunidades para sus joven y creciente población».
Sin embargo, parece claro para la mayoría de los observadores que, a menos que el régimen bahreiní atienda las demandas más básicas de su impaciente población, hay pocas posibilidades de estabilidad o de crecimiento, particularmente a la luz de la última ola de represión. Desde que las fuerzas del rey expulsaron a los manifestantes de la plaza Pearl -la equivalente bahreiní a la ya legendaria plaza Tahrir en El Cairo-, el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y a veces fuego real fue reemplazado por arrestos arbitrarios, persecución y la elaboración de una lista negra de opositores.
El rey declaró estado de emergencia el 14 de marzo, justo cuando Arabia Saudita enviaba tropas para colaborar. Desde entonces, los bahreiníes están expuestos a un poder arbitrario que incluso creó tribunales especiales para juzgar a «enemigos del Estado». Grupos de derechos humanos advirtieron crecientes ataques contra trabajadores calificados y la clase media en general, no sólo activistas o estudiantes. Ahora también médicos, abogados, empresarios, académicos y periodistas son encarcelados o vigilados por el aparato de seguridad del régimen.
Un representante de la Federación General de Sindicatos de Bahréin señaló la semana pasada que de los 1.200 despidos de profesionales producidos en los últimos días, más de 920 eran por motivos políticos. No obstante, portavoces del régimen insisten en que los empleados en cuestión «no cumplían con sus deberes».
Según el periódico estadounidense The Washington Post, maestros han sido detenidos y encapuchados frente a sus propios estudiantes, y los que han sido interrogados sufrieron maltratos. La organización Médicos para los Derechos Humanos documentó el arresto de más de 30 profesionales de la salud, mientras que Amnistía Internacional informó que, hasta el 12 de este mes, el Ministerio de Educación había despedido a casi 120 funcionarios.
«No compararía esto con el macartismo, que era más bien caza de brujas. Creo que (lo que estamos viendo en Bahrein) es una táctica política anticuada que es mucho peor», plantea el analista Gregory Gause, profesor de ciencia política en la Universidad de Vermont. «Quizás la pérdida del empleo por convicciones políticas es lo que trae la comparación con el macartismo, pero me parece que esto va mas allá. ¿Cuántos objetivos de McCarthy terminaron en prisión?», preguntó Gause, autor del libro «Las relaciones internacionales del Golfo Pérsico». Mientras, organizaciones de derechos humanos presionan a los gobiernos de Occidente para que pongan fin a la impunidad y defiendan a la población civil bahreiní. El presidente de la Federación Estadounidense de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, Richard Trumka, le escribió la semana pasada al secretario de Defensa, Robert Gates, exigiendo una «urgente intervención política… para detener el descenso (de Bahríin) a una dictadura». Trumka añadió que los sindicatos bahreiníes eran esenciales para una sociedad saludable y pluralista.
Considerando que ese país del Golfo es base de la Quinta Flota estadounidense, Trumka insistió en que Washington debería exhortar a Manama a que pusiera fin a la «represión extraordinaria que ocurre en el umbral de una de las más grandes instalaciones militares estadounidenses». «Cualquier respuesta menor a esta crisis socava nuestra autoridad moral», alertó.
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