Vivimos en un país de secretos, salvo que afecte al pueblo llano o la vida de algunos personajes populares, cuyo techo se convierte en cristal, por la presión de algunos medios. La Ley sobre secretos oficiales, procede del franquismo (5 de abril de 1968), con algunos retoques establecidos en 1978 (31 de octubre), antes de […]
Vivimos en un país de secretos, salvo que afecte al pueblo llano o la vida de algunos personajes populares, cuyo techo se convierte en cristal, por la presión de algunos medios. La Ley sobre secretos oficiales, procede del franquismo (5 de abril de 1968), con algunos retoques establecidos en 1978 (31 de octubre), antes de la aprobación de la Constitución. El año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa, para fijar un periodo de desclasificación automática (25 años para materias secretas y 10 para las reservadas), atribuyendo al Consejo de Ministros la facultad de clasificación.
El Gobierno del PP en octubre de 2015, ya había rechazado desclasificar documentos de entre 1931 y 1968, porque «no se considera prioritario» y por la falta de medios técnicos y económicos para llevar a cabo tal «ardua tarea» del estudio de miles de documentos sobre la Guerra Civil y la primera etapa del franquismoque fueron clasificados secretos en 1968. Con su postura niega temiendo, el conocimiento de lo que ocurrió durante el franquismo, convirtiéndose en cómplice de sus horrores, como hace al negarse a perseguir sus crímenes. «No se desclasificarán documentos de los que se ignore su contenido porque el Gobierno no va a tomar riesgos sobre la seguridad del Estado». Es bochornoso que a estas alturas, los investigadores se vean obligados a acudir a Reino Unido o Francia para conocer hechos de la historia de España.
La opacidad de España es mayor que la del Vaticano, modelo del secretismo, que aunque ha desclasificado documentos sobre la actividad de la Iglesia argentina bajo la dictadura, todavía no lo ha hecho sobre la inexistencia de dios y las vidas poco ejemplares de muchos miembros de su comunidad en la historia. La paradoja estriba en que, mientras Defensa alega que no tiene medios para desclasificar documentos sobre la guerra civil o los campos de trabajo de la dictadura, ha digitalizado miles de páginas de informes desclasificados sobre los avistamientos OVNI y con limitaciones.
En noviembre pasado, el PP no logró frenar la reforma de la ley franquista de secretos oficiales, ni ofreciendo al PSOE y Ciudadanos enviar un proyecto de ley en seis meses. El PSOE rechazó el acuerdo y votó a favor de la aceptación a trámite de la iniciativa. El Congreso dio luz verde a la propuesta del PNV, por 169 votos a favor, 3 en contra y 162 abstenciones. En el banco azul, la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue el único miembro del ejecutivo presente.
Pero no nos remitamos a documentos secretos de la historia no tan lejana de España como la guerra y el franquismo. Esta semana se cumplen 36 años del 23F de 1981, el golpe de Estado, que dieron los facciosos. Hay más sombras que luces sobre lo ocurrido y más responsables de los que aparecen. Hasta siete secretos del 23F y la Transición podrían quedar a la luz si se modifica la ley de secretos, que se encuentra en la comisión constitucional:
«¿Adolfo Suárez propuso al rey Juan Carlos revocar su dimisión un día después del 23F? ¿Nos salvó el rey de un golpe que el mismo había puesto en marcha? ¿Felipe González estaba al tanto de la Operación Armada y aceptó ser vicepresidente de un general? ¿Qué nombres, acciones, relaciones y documentación recabaron los servicios secretos españoles en su investigación? ¿Hasta dónde había implicados mandos y cargos de la época, incluidos los del Cesid? ¿Algún servicio secreto extranjero conocía los planes de ETA para atentar contra Luis Carrero Blanco? ¿Existe en el CNI un archivo llamado Jano con el seguimiento a 8.000 personajes que tenían o podían tener en el futuro una proyección pública?»
El golpe de Estado se dio en nombre del rey y a sus órdenes y lo argumento en el artículo El rey fue uno de los responsables y en una serie de artículos sobre el trágico y bochornoso acontecimiento. «Para Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el Rey», en opinión de Pilar Urbano. El rey parece que insistió «¡A mi dádmelo hecho!» (El Rey y su secreto, Jesús Palacios). Estaba previsto que a la llegada de Armada, varios diputados lo avalaran, entre ellos Fraga, Sánchez Terán, Herrero de Miñón, Enrique Múgica, Peces Barba y José Luis Álvarez. En la historia de España, la monarquía siempre se ha restaurado o instaurado mediante golpe de Estado. Se consiguió lo que pretendía: el rey y la monarquía consolidados; la democracia fortalecida; el desarrollo del estado autonómico paralizado; y la política de Suárez reconducida.
El desaparecido Diario16, dejó algunas preguntas, que junto con las que yo mismo hago en Preguntas con respuesta incorporada, que siguen teniendo plena vigencia y en si mismas encierran respuestas sobre lo ocurrido:
¿Qué quiso decir Suárez en su despedida televisiva, con: No quiero que la democracia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España?
¿Por qué no se investigó a El Alcázar, cuando el día antes publicaba: «Todo dispuesto para la sesión del lunes, Antes de que suenen las 18.30 horas»? o a la revista «Spic» del mes de febrero, donde un tal Otis escribía: «No es cierto que yo pretenda dar un golpe militar el lunes 23 de febrero por la tarde… ¡Además, no sé!»?
¿Por qué el capitán Sánchez Valiente, «el hombre del maletín», que se marchó al extranjero tras fracasar el 23-F, sólo fue juzgado por «abandono de destino»? y ¿Por qué no se investigó la frase del coronel San Martín en el juicio de Campamento: «Por una confidencia supe que más gente de los que estamos aquí estaba enterada e implicada»?
¿Por qué el Rey, en su telex a Milans del Bosch, dijo: «…después de este mensaje ya no puedo volverme atrás»? y ¿Por qué el Rey tuvo que decir aquello de: «Ni abdico, ni me voy. Tendréis que fusilarme»?
¿Por qué no se reveló el nombre del «portavoz parlamentario» que sería el interlocutor entre los golpistas y los diputados?; ¿Por qué el Gobierno de la UCD giró radicalmente a la derecha tras el fracaso del golpe y se aceleró la integración en la OTAN?
¿Por qué dijo Armada a Aramburu (director de la Guardia Civil), al llegar al Hotel Palace en la medianoche del 23-F: «Vengo porque me has llamado tú»?; ¿Por qué se impidió a Armada revelar en el juicio el contenido de su audiencia con el Rey (que duró hora y media) en la Zarzuela, diez días antes del 23-F?
¿Por qué el Consejo de Guerra que juzgó a los implicados condenó al general Armada a seis años de prisión y el Supremo elevó la pena a 30 años, como a Tejero y Milans?
¿Por qué no se investigó el asalto al Gobierno Militar de Madrid con intervención de elementos ultraderechistas?; ¿Por qué no se investigó quién era la autoridad, «militar por supuesto», que anunció el capitán Muñecas desde la tribuna del Congreso?
¿Por qué Quintana Lacaci, capitán general de la I Región, manifestó posteriormente que si el Rey le hubiese ordenado sacar sus tropas a la calle y ocupar Madrid le hubiese obedecido?; ¿Por qué no se investigó y llamó al orden al teniente general Ignacio Alfaro, presidente de la JUJEM, quien, tras ver el mensaje del Rey por TVE, se fue a dormir?; ¿Por qué no se detuvo a Torres Rojas en la Acorazada «Brunete» cuando se le ordenó por su capitán general, Manuel Fernández Posse, que regresara a A Coruña, continuó varias horas más en la División?
La diputada Carmen Echave, declaró a El Correo Español: «Cuando me condujeron los guardias al despacho del vicepresidente del Congreso, me prohibieron encender la luz. «Es por su seguridad. No le conviene ver quiénes están ahí». Nadie lo investigó».
¿Por qué el Gobierno español no protestó ante el de EEUU por la frase despectiva de su secretario de Estado, Alexander Haig «Es un asunto interno de los españoles»? Para Santiago Carrillo, estaba claro que la CIA estaba al corriente de los preparativos del golpe, así como el embajador de Estados Unidos en España. Parece que también el Vaticano había sido informado y la Conferencia Episcopal española.
Si les quedan dudas, lean la denuncia ante el Fiscal General del Estado del excoronel Martínez Inglés, contra Juan Carlos de Borbón por el 23-F y la «Solución Armada I y II». También algunos de mis artículos aparte de los ya mencionaos: ¿Estaba el ‘elefante blanco’ a las órdenes del Rey?; Golpe de Estado que cambió el rumbo de la Transición; Golpe de estado en mi memoria o El «juicio de Campamento Cambalache. Si no las tienen ya, saquen sus propias conclusiones.
Posiblemente la mayoría de las pruebas documentales y cintas con imágenes y sonidos habrán sido eliminadas por órdenes de destrucción masiva. Habrá que esperar a la desclasificación de los documentos para conocer algo más sobre el caso, aunque ideas tenemos. Algunos ya habremos muerto y los hijos de mis nietos ni sabrán de qué hablaba el abuelo.
@caval100
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