Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Nada demuestra mejor la persecución política que los doce cargos por los que la parlamentaria palestina Khalida Jarrar fue condenada y encarcelada.
Tiene los pies encadenados. Viste pantalones vaqueros, desteñidas zapatillas deportivas y una camiseta debajo de una sudadera con el nombre de una universidad estadounidense. Su pelo es de color carbón. De vez en cuando sonríe o sopla un beso a alguien en la pequeña multitud presente en la sala del tribunal. Khalida Jarrar, miembro del Parlamento palestino, ha sido encarcelada por Israel hace dos meses y llevada al tribunal militar en la prisión de Ofer, cerca de Ramala.
Así se ve un tribunal militar cuando se trae un miembro del Parlamento palestino: presencia reforzada de oficiales del Servicio Penitenciario de Israel, que tiene a su disposición una unidad de combate cuyos miembros visten camisetas negras, junto con algunos diplomáticos extranjeros en traje y corbata. La familia está representada por su marido y su hermana, no hay más personas con permiso. También algunos activistas israelíes e internacionales.
Esta instalación punitiva de la ocupación es en realidad una mezcla de remolques que sirven como salas de audiencias -como para crear una ilusión de temporalidad- al lado de una prisión para los palestinos. El juez militar lleva un gorro de punto, lo mismo que el fiscal, quizás sean colonos, pero ese es sin duda un detalle insignificante.
El soldado que actúa de traductor del árabe en el procedimiento comienza en voz alta, pero pronto se detiene. No hay necesidad. No hay ni siquiera una apariencia de justicia en este tribunal. El fiscal, un teniente coronel, saluda al juez, un comandante, cuando entra. Caso nº. 3058/15, «La Fiscalía Militar contra Khalida Jarrar, Servicio Penal de Israel presente», confirma la transcripción.
Jarrar se sienta en el banquillo de los acusados cuando entra en la sala con aire acondicionado. Sus piernas permanecen encadenadas durante todo el juicio.
«Quieren silenciarnos», nos dice, antes de que comience la sesión, «pero vamos a continuar la lucha contra la opresión hasta lograr nuestra libertad». Su esposo, Ghassan, propietario de una planta que fabrica muebles y juguetes cubiertos de piel sintética de color brillante para niños, le envía una suave sonrisa.
El juez, el mayor Haim Balilty, está a punto de dictar su decisión con respecto a la petición de la fiscalía de mantener a Jarrar en prisión hasta la conclusión del procedimiento contra ella. La legisladora de El Bireh, de 52 años, es una veterana activista política, feminista y luchadora por la liberación de los prisioneros palestinos.
En un primer momento, las autoridades de seguridad israelíes querían ponerla en «detención administrativa», pero a raíz de una protesta internacional contra la detención sin juicio de un legislador, decidieron acusarla de doce cargos. Nada demuestra mejor que estos doce cargos, al igual que una docena de testigos, que si hay encarcelamiento por motivos puramente políticos, este es el caso.
La hoja de cargos parece una cloaca maloliente. Cuantos más se cuentan menos sustancia contienen. «Pertenencia a una asociación ilegal», «Ocupar un cargo por sí mismo», «La realización de un servicio para la asociación ilegal» y un cargo en referencia a incitación. Pero incluso el principal testigo de la acusación relacionada con el cargo de incitación declaró que «no es seguro que la acusada hablase personalmente de secuestrar a soldados, pero señaló que este asunto se mencionó muchas veces durante el encuentro» (de acuerdo con las declaraciones del juez).
El Frente Popular para la Liberación de Palestina, el partido palestino de izquierda (tiene una rama militar) que era miembro de la OLP y participó en las elecciones al Parlamento palestino, es una «asociación ilícita». Balilty lo ha confundido con el Frente Popular-Comando General, bajo el liderazgo de Ahmed Jibril.
Basándose en los comentarios de uno de los testigos, el juez declaró que las dos organizaciones tienen el mismo comandante. Un signo de absoluta ignorancia. El grupo de Jibril rompió con el Frente Popular en 1968 y actualmente no existe una conexión entre los dos grupos, con excepción de sus nombres similares. Pero, ¿quién es el que está contando y qué diferencia hay? Todo el mundo sabe que todas las organizaciones palestinas son lo mismo.
La acusación contra la diputada Jarrar, el punto esencial de lo que lee el juez, por ser tragicómico proporciona algo de alivio. Si no fuera tan triste sería hilarante. ¿Es por esto que una persona de esa posición es llevada a juicio? ¿Por esto ha pasado ya dos meses en una prisión?
«La acusada pronunció muchos discursos en su calidad [miembro del parlamento] en un gran número de reuniones y mítines del Frente Popular y concedió entrevistas a medios de comunicación y canales de televisión… También se alega que en una ocasión la acusada participó en una manifestación para pedir la liberación de una prisión israelí del secretario general del Frente Popular, Ahmed Saadat, y en otra ocasión participó en una reunión en memoria [sic] de Abi Ali Mustafa, uno de los fundadores del Frente Popular…».
La hoja de cargos continúa con la enumeración de las acusaciones más graves: Jarrar visitó a presos que habían sido liberados de la cárcel e incluso premió a uno de ellos con una medalla de reconocimiento en la que se grabó -¡para no creer!- «En estima por su [plural] perseverancia». El juez dio lectura a otro «cargo» incriminatorio: Seif Aladin Bader incriminó a la acusada [diciendo] que fue a visitarlo en nombre del Frente Popular después de su liberación de la cárcel».
La acusada también pronunció un discurso «contra la ocupación israelí» e incluso visitó una tienda de campaña de los manifestantes que piden la liberación de prisioneros palestinos. Además de esto, añade el acta de acusación, dio una entrevista en la tienda. Se puso de pie en un escenario donde hay carteles colgados que pedían el secuestro de israelíes con fines de negociación y por la liberación de los presos.
«Todos los delitos», resumió Balilty, «se perpetraron en el período comprendido entre junio de 2009 y diciembre de 2013, aparte de otro delito -estar presente en una reunión del Frente Popular- que fue perpetrado, se alega, en septiembre de 2014, la acusada asistió a una exposición de libros patrocinada por el Frente Popular».
Eso fue al parecer el as que tenía en la manga la fiscalía, la pistola humeante (para cambiar de metáfora). El juez señaló que durante su visita a la exposición la acusada preguntó «cómo estaban los activistas y cómo se estaban vendiendo los libros en la exposición». La fiscalía incluso tenía un testigo enmascarado que dijo que la acusada pronunció un discurso llamando al secuestro de soldados para utilizarlos para forzar la liberación de presos y Jarrar «estuvo presente en el lugar mientras hacía su discurso». Otro testigo dijo que él colgó tres señales en el escalón donde la acusada estaba sentada.
Ningún músculo se movió en la cara del juez durante el recitado mecánico de la acusación. Sus palabras fueron tragadas en gran parte por el ruido de la audiencia y el zumbido de los acondicionadores de aire. Lo que contaba sólo se podía interpretar como una parodia particularmente perversa de la justicia militar. Nadie ríe (o llora) ante las acusaciones grotescas de la visita a una feria del libro, por pronunciar un discurso, por dar una entrevista a los medios, por visitar una tienda de campaña de protesta o por felicitar a un prisionero liberado. Todo está consagrado por las leyes de la ocupación y Jarrar lleva encarcelada dos meses por ello.
«Se ha encontrado más de una vez que la actividad de la organización en el marco de una organización hostil también plantea un gran peligro», observa su señoría con absoluta seriedad. Después de su servicio militar, él sin duda se convertirá en un juez de la corte civil.
El juez también anula una objeción en el sentido de que la acusada goza de inmunidad diplomática y citó los argumentos legales para defender su decisión, igual que hizo cuando sostuvo que Israel tiene derecho a detener a los palestinos en la zona A que, aparentemente, está bajo control palestino. Las leyes de la ocupación israelí tienen una respuesta para cada contingencia. «Véase: artículo 10 (f) de la Orden sobre las disposiciones de seguridad (versión consolidada) (Judea y Samaria) (no 1651). 2009».
Pero luego viene un giro en la trama: «En el análisis final… La desaparición de la demanda de peligrosidad en lo que a la demandada se refiere, respecto de los delitos que se le atribuyen, le permite reemplazarlos por los valores adecuados en el proceso penal contra ella».
Incluso el juez principal capta la escala de la farsa y decide liberar a Jarrar con una fianza de 20.000 shekels (unos 5.100 dólares) en efectivo, reunidos y depositados por un grupo.
Los aplausos y gritos de alegría que estallaron entre el público fueron efímeros. El fiscal, el teniente coronel Morris Hirsch, se pone de pie: «Pido una dilación de 72 horas a fin de considerar la posibilidad de presentar una apelación y para permitir que el comandante militar considere la emisión de una orden de detención administrativa».
El juez: «Por la presente solicito un retraso en la ejecución de mi decisión… Para eliminar toda duda, y de conformidad con la ley, los sábados y festivos no se tendrá en cuenta. Ahora son las 14:10h. Enviado y dictado el día de hoy 21 de mayo de 2015, en público y con las partes presentes».
Fuente: http://www.haaretz.com/weekend/twilight-zone/.premium-1.658602