Traducido para Rebelión por J.M. y revisado por Caty R.
Según la ley internacional, un Estado puede detener sin juicio a un residente de un territorio ocupado, para prevenir un peligro, sólo en casos extremos y excepcionales. Sin embargo, Israel mantiene a cientos de palestinos durante meses, y hasta años, en virtud de órdenes administrativas y sin enjuiciarlos. De esta manera, les niega los derechos que corresponden a cualquier detenido por acusaciones delictivas: los presos no saben los motivos de su detención, no saben cuándo quedarán libres ni tampoco qué pruebas existen contra ellos; y tampoco se les da la oportunidad de refutar dichas pruebas.
Como en muchas otras acciones en Cisjordania y en la Franja de Gaza, Israel procede con lo que define como «necesidades de seguridad» para justificar su política de detenciones sin juicios. Suponiendo que existan esas necesidades y se pudieran probar en todos los casos de detenciones administrativas, aún así, son injustificables y constituyen un grave delito contra los derechos humanos, según las leyes del Derecho Internacional.
El informe presenta los casos de nueve personas que fueron detenidas sin juicio y describe las enormes dificultades para llevar a cabo una defensa adecuada contra esas medidas draconianas.
La orden de detención administrativa en Cisjordania
La mayoría de los detenidos administrativos son residentes de Cisjordania y están detenidos por órdenes administrativas emitidas por el jefe del comando central o por el oficial delegado, con el pretexto de que ponen en peligro «la seguridad de la región» y de que su detención es la única manera de prevenir el peligro.
La cantidad de palestinos que Israel mantenía regularmente bajo arresto administrativo durante la segunda Intifada excedía las 1.000 personas. En los últimos meses se registra un descenso en los arrestos administrativos, y hasta el 30 de septiembre de este año 2009, Israel mantiene a 335 palestinos bajo detención administrativa, de los cuales tres son mujeres y uno menor de edad. El 37% de ellos estuvo detenido por un período que va de seis meses a un año y casi el 33% por un período de entre uno y dos años. Un 8% por un período de dos a cinco años.
El sistema de revisiones judiciales establecido por la orden de detenciones administrativas otorga una imagen de legalidad, pero en la práctica niega a los detenidos cualquier posibilidad razonable de defenderse de las acusaciones formuladas contra ellos. En la gran mayoría de los casos, las declaraciones de los jueces son evidencias privilegiadas y se limitan a los informes de los agentes de seguridad israelíes, incluso sin la presencia de los detenidos y sus abogados. De esta manera, es imposible para el detenido refutar los cargos en su contra o la presentación de pruebas alternativas.
Según datos del ejército, entre agosto de 2008 y julio de 2009, los jueces del tribunal de primera instancia tomaron decisiones sobre 1.678 casos de órdenes de detención administrativa: de esta cantidad, los jueces eximieron a 82 personas (el 5%) y condenaron a 1.596 (el 95%). En el año 2008, el tribunal militar de apelaciones aceptó el 57% de los recursos a las decisiones del tribunal supremo y sólo un 15% de las apelaciones de los detenidos.
Hamoked, Centro de Defensa de los Derechos Privados y B’Tselem, Centro Israelí de Información para los Derechos Humanos en Cisjordania y Gaza, hacen un llamamiento al gobierno del Estado de Israel para que libere a los detenidos por órdenes administrativas o les juzgue según las normas de juicio debido establecidas en el Derecho Internacional. Mientras Israel continúe con las detenciones administrativas a los palestinos, deberá ajustarse a las normas y comportamientos del Derecho Internacional.
La Ley de encarcelamiento de combatientes ilegales
En el año 2002, el Parlamento israelí promulgó la Ley de encarcelamiento de combatientes ilegales. Esta ley también contempla el mantenimiento de prisioneros sin juicios. Originalmente, la ley se hizo para permitir el encarcelamiento de los ciudadanos libaneses que Israel denominaba ‘moneda de cambio’ para el intercambio de prisioneros de guerra y cadáveres. Hasta donde se sabe, Israel utilizó esta ley hasta ahora contra 54 personas: 15 ciudadanos libaneses que ya han quedado en libertad y 39 de la franja de Gaza. De estos últimos, la mayoría fueron encarcelados en 2009, al principio de la operación «Plomo Fundido», y también la mayoría han sido liberados. Hasta el 30 de septiembre de este año, Israel mantenía en prisión a nueve gazatíes bajo esta figura legal.
Esta ley permite la detención rápida e indiscriminada de numerosas personas. En 2008 se hizo una enmienda para ampliarla y que se pueda utilizar incluso en tiempos de acciones bélicas. Más aún, la ley permite encarcelamientos con menores protecciones que las de los presos por órdenes administrativas que se aplican en Cisjordania.
La ley define como «combatiente ilegal» a una persona que carece del estatuto de prisionero de guerra y que pertenece a una fuerza que lleva a cabo hostilidades contra el Estado de Israel o que ha tomado parte, aunque sea indirectamente, en hostilidades contra el estado de Israel. El jefe del comando o su delegado pueden ordenar el encarcelamiento de una persona con esos cargos, sin juicio, y por un período de tiempo indeterminado si tienen «una base razonable para creer» que esa persona entraña un peligro para la seguridad del Estado.
De acuerdo con los procedimientos legales sobre detenciones, la ley establece dos presunciones: primero, la liberación de una persona calificada como «combatiente ilegal» tendría consecuencias para la seguridad del Estado, a menos que se demuestre lo contrario. Segundo, que la organización a la que pertenece el combatiente según los organismos de seguridad, lleva a cabo acciones hostiles, si el ministro de Defensa así lo determina. Estas presunciones liberan al Estado de la necesidad aportar pruebas para justificar las detenciones y su continuidad, y cargan sobre el prisionero el peso de demostrar su inocencia, algo que nunca ocurrirá. La primera presunción incluso contradice el requerimiento fundamental especificado en la ley según la cual existe un «peligro personal».
Hamoked y B’Tselem hacen un llamamiento al gobierno de Israel para que cese inmediatamente el uso de la ley del encarcelamiento de combatientes ilegales y que actúe para derogarla.
Fuente: http://www.btselem.org/