Un rápido inventario de las críticas más comunes del Imperio y sus aliados a la Revolución Cubana sitúan la no celebración de elecciones entre las más sobresalientes. Insisten machaconamente en ese tema, un esfuerzo malintencionado por ofrecer al mundo una idea tergiversada de que en Cuba no existe democracia, entendida esta como el acto dirigido […]
Un rápido inventario de las críticas más comunes del Imperio y sus aliados a la Revolución Cubana sitúan la no celebración de elecciones entre las más sobresalientes. Insisten machaconamente en ese tema, un esfuerzo malintencionado por ofrecer al mundo una idea tergiversada de que en Cuba no existe democracia, entendida esta como el acto dirigido a seleccionar entre los candidatos propuestos por dos o más partidos políticos. Tal enfoque olvida, por lo menos, dos aspectos muy importantes: Uno, que la democracia es infinitamente más abarcadora e incluye derechos a la alimentación, el empleo, educación, salud, respeto a la integridad física, a participar directamente y decidir acerca de los numerosos asuntos relacionados con la vida de la sociedad. Dos, que no hay una sola y universal forma de elegir a quienes deben integrar los órganos de gobierno, tal como pretenden hacer creer, dando por sentado que solo es válida la fórmula basada en la existencia de varios partidos, entre cuyos candidatos el ciudadano debe seleccionar.
En la Isla, debe quedar claro, hay una amplia democracia que contempla todos los derechos básicos ya descritos para asegurar una vida decorosa y plena, y un sistema político caracterizado por su transparencia y participación popular. La primera ley electoral promulgada después del triunfo de la Revolución data del siete de julio de 1976, la cual fue modificada en 1982 y 1992, como parte del continuado proceso de perfeccionamiento, organización y funcionamiento de los órganos del Poder Popular.
De acuerdo con la ley 72, vigente desde el 29 de octubre de 1996, tienen lugar comicios cada dos años y medio para elegir, mediante el voto universal, directo y secreto, a los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Cada cinco años son elegidos los delegados a las Asambleas provinciales y diputados a la Asamblea Nacional. Aunque el voto no es obligatorio, el número de quienes acuden a las urnas supera, tanto en las elecciones generales como las parciales, el 97 por ciento del total de electores, salvo las de 1976 que registraron un 95,2. Esas cifras constituyen clara expresión de la elevada confianza y respaldo del pueblo cubano en su sistema político.
Descontada una porción mínima de ciudadanos dedicados profesionalmente a la atención de las Comisiones electorales superiores, el resto de las funciones inherentes a la nominación de candidatos y organización de los centros de votación son realizadas por más de 300 mil voluntarios, de reconocido prestigio en sus barrios.
El total de los candidatos municipales son nominados a mano alzada en las reuniones de vecinos. Hasta la mitad de los aspirantes a las asambleas provinciales y al Parlamento resultan seleccionados entre los delegados de base y el resto escogidos por comisiones integradas por representantes de las organizaciones de masas, encabezadas por la Central de Trabajadores. En todos los casos resultan elegidos aquellos que alcancen la mitad más uno de los votos registrados. La ley establece el control ciudadano de todos los pasos del proceso hasta la celebración de los escrutinios a pie de urna.
En Cuba, donde los elegidos no reciben ingresos personales por esa condición, no existe el tan frecuente fraude de otras latitudes. A 34 años de ejercicio electoral, el sistema cubano puede mostrar su vitalidad y eficacia como medio para garantizar el derecho ciudadano a elegir a sus órganos de gobierno.
Quienes desde tierras distantes quieran acercarse desprejuiciadamente a la experiencia de la Isla encontrarán en ella una práctica novedosa, probada por la vida y de innegable valor universal.
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