La mayoría de la sociedad vasca desea el final de ETA. Yo también. Pero las razones para desear y argumentar tal fin son diversas y condicionadas por el cristal con que miramos, o la forma en que nos afecta personal o políticamente. Mis razones nunca han sido ni son las del sistema y sus defensores, […]
La mayoría de la sociedad vasca desea el final de ETA. Yo también. Pero las razones para desear y argumentar tal fin son diversas y condicionadas por el cristal con que miramos, o la forma en que nos afecta personal o políticamente.
Mis razones nunca han sido ni son las del sistema y sus defensores, ni están fundamentadas en unos preceptos éticos abstractos, los cuales, al igual que la aspirina, valen para todo tipo de dolores.1 La noción del bien y del mal del PP (por ejemplo, en el tema del aborto), o de cualquier demócrata neoliberal, y la de un anticapitalista y antiimperialista no pueden ser iguales o similares, por más que todos nos declaremos fervientes defensores de los derechos humanos.
Hablando claro: yo no deseo un final policiaco-represivo de ETA del tipo «derrotado y cautivo el ejército rojo, la paz reina en España»; o el orden constitucional, que no es lo mismo pero algo se le parece. No por casualidad el ejército vencedor de la guerra civil impuso una Transición a la medida de sus deseos (que rechazó la república y no reconoce más soberanía que la de la nación española), y posibilitó, además, que los que hoy claman «¡ni olvido ni perdón!» se beneficiasen del borrón y cuenta nueva.
Por lo contrario, desearía que tal final fuese producto de una decisión unilateral de ETA. En primer lugar, dictada por el convencimiento de que su contumacia, además de generar un terrible e inútil dolor entre sus partidarios y adversarios, entorpece y envilece la lucha en pro de la soberanía del Euskal Herria.
En segundo lugar, para superar los obstáculos existentes para logar un acuerdo satisfactorio en torno a las víctimas, los presos y exiliados y, en general, a todos los directamente afectados.2
En tercer lugar, para que deje de ejercer todo tipo de tutelaje sobre el plano político-general3. En este sentido ya esta siendo muy positivo que la actual izquierda abertzale abogue por una clara separación entre las demandas políticas relativas al derecho de autodeterminación4, la territorialidad y el respeto de los derechos civiles y políticos, etc., y lo concerniente a la confrontación entre el Estado y ETA, y ETA y una parte de la sociedad vasca (víctimas, presos, exiliados, la legislación antiterrorista, ley de partidos, etc,).
En cuarto lugar, porque no comparto el argumento de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que todo intento de trasformarlo de raíz mediante una estrategia rupturista nos llevaría a horrores sin cuento. Tampoco la cultura del consenso para todo (basada en la en la búsqueda sistemática de intereses comunes; por ejemplo, entre en capital y el trabajo) en detrimento del disenso y de la cultura de la insumisión y la disidencia ante la injusticia, y que lucha armada de ETA ha reforzado por contraposición.
La cultura del consenso, como paradigma de la buena política, ha sido uno de los cánceres de la izquierda y de los movimientos de emancipación. Hemos adolecido de disenso y sufrido una intoxicación de consenso.5
Y en quinto lugar, para que se facilite y allane el camino ya iniciado por la izquierda abertzale para conformar un nuevo proyecto del estilo de Euskal Herritarrok (y que la ruptura de la tregua frustró) adaptada a las nuevas circunstancias, marcadas por una profunda crisis sistémica. Esto es, desplegar velas hacia la construcción de una izquierda de corte anticapitalista y antisistémica en lucha por una Euskal Herria, soberana y eco-socialista. Dicho en otras palabras, hacia su refundación.
¿Qué refundación? Esa es la cuestión.
VÍAS POLÍTICAS O VÍAS MILITARES. En tales términos ha sido planteado el debate fundamental de los últimos años. Sin embargo, este debate será prontamente sustituido por otros de no menos calado, aunque de diferente signo.
Hasta el presente, y aunque en los últimos veinte años la izquierda abertzale ha evolucionado del jaleo a la lucha armada (ETA jarraitu borroka armatua!) y la defensa de la validez de todos los métodos de lucha, a apostar solo por las vías políticas, (si bien negándose a criticar a ETA), no ha querido ni podido tener un lugar bajo el sol.
A partir de que ETA deje las armas, tendrá que elegir si integrase (las presiones en ese sentido serán grandes y variadas) o mantenerse en una postura antisistémica. Esto es, si su estrategia y táctica políticas se orientan en el sentido que pretende la izquierda social-liberal o el nacionalismo burgués, privilegiando el terreno institucional, o bien va a favorecer las luchas y los movimientos sociales para construir pacientemente una nueva representación política de los explotados y oprimidos cuyo objetivo sea el derrocamiento del capitalismo y el fortalecimiento de un proyecto eco-socialista.
La crisis actual ha puesto de manifiesto el nefasto papel de los social-liberales, pero también los límites de una izquierda formalmente anticapitalista, institucionalista, presa de la cultura de la gobernabilidad y el convencimiento de que solo compartiendo poder6 (aunque sea en un papel subalterno) se pueden obtener logros de importancia. Lo cual la incapacita para articular una eficaz resistencia en las calles y centros de producción.7
A otro nivel, va a tener que dilucidar si su política de alianzas va a tener un sesgo fundamentalmente nacionalista, o va a equilibrarse con una orientación clasista y anticapitalista.
Si bien es pronto para hacer hipótesis, no es descartable que una parte de la izquierda abertzale, después de años de clandestinidad y de marginación (salvo del área municipal), busque afanosamente gestionar áreas de poder en el actual contexto del capitalismo. La experiencia de Ezker Batua es muy ilustrativa al respecto, y determinadas expresiones de Nafarroa Bai se perfilan en la misma dirección. Las afirmaciones de que «con la con la paz nos llegará la hora de gobernar», ya las oímos en la época de Euskal Herritarrok, y las volvemos a oír de boca de señalados dirigentes de la izquierda abertzale.
Esperemos que tal deriva no ocurra. Necesitamos una izquierda que responda con contundencia al descrédito generalizado de los representantes públicos pringados en tantos escándalos de corrupción. Y una izquierda abertzale que ha sabido aguantar los efectos de una ilegalización que injustamente le ha impedido ocupar el lugar que le corresponde merced al apoyo que tiene en la urnas puede contribuir en la construcción de esa izquierda.
ALGUNAS CONSIDERACIONES SUPLEMENTARIAS. Es evidente que en las sociedades europeas actuales, las estrategias basadas en la lucha armada (máxime si es del tipo de la empleada por ETA) constituyen un grave error de nefastas consecuencias. Pero el debate sobre la violencia no se agota con ese ejemplo8: basta analizar lo ocurrido en la última huelga general, o cada vez que se da un enfrentamiento violento entre fuerzas del orden y manifestantes o huelguistas defensores de justas reivindicaciones.
Hay violencias y violencias, y es necesario diferenciarlas. Francisco Fernández Buey aborda el problema de la siguiente forma: «no hace falta aceptar la idea de que la violencia es la comadrona de la historia, ni insistir particularmente en la observación de que, por lo general, los derechos no se otorgan sino que se conquistan (frente a la violencia de quienes no quieren ceder sus privilegios a los cuales dan forma de ley), ni siquiera aceptar la idea, tan extendida, de que entre derechos iguales decide la violencia, para ponerse de acuerdo, en que existen circunstancias en las cuales la resistencia al mal social y la justicia obligan al desobediente y al resistente [¡y yo lo soy, respecto a múltiples injusticias que emanan del mundo capitalista!] a ejercer ciertas formas de violencia defensiva». Violencia defensiva frente a un estado que se autodefine como de derecho, y que en realidad es un aparato para el ejercicio de la violencia sistémica.
Freud, respondiendo a Einstein, fue muy explícito al afirmar que, tratándose de la violencia social (y no de violencia individual), «se comete un error de cálculo si no se tiene en cuenta que el derecho fue originalmente violencia bruta y que el derecho sigue sin poder renunciar al apoyo de la violencia». Nos lo señalaba también Javier Ortiz: «El estado es la estructura organizada más acabada de la imposición. Él decide que hay instrumentos de violencia no sólo aceptables, sino incluso estupendos: las Fuerzas Armadas, las policías, los tribunales, las cárceles». No hay sentencia judicial, o decisión política, que no tenga detrás de sí unas fuerzas policiales que la harán efectiva en caso de oposición. Los oponentes al TAV sabemos algo de eso, y los huelguistas franceses también, y qué decir de los emigrantes, por no hablar de conflictos más sangrantes o virulentos como el que está en curso en Afganistán etc.
Al arrogarse el monopolio de la violencia, el Estado asume sin tapujos su derecho a ejercerla de forma exclusiva y utilizarla cuando le haga falta, mediante unas instituciones armadas (ejército y policía) financiadas a expensas del contribuyente. Y esto es así en la política nacional como en la internacional. El hecho de que se dote de un protocolo de actuación (no pocas veces trasgredido conscientemente) no invalida esa conclusión, a pesar de que el lenguaje políticamente correcto se empeñe en afirmar lo contrario.
Un ejemplo. En la ya desaparecida sección «Carta con respuesta» del diario Público, un lector escribía: «La perdurabilidad de ETA es la prueba… de que hay mucha gente que cree en la posibilidad de fundamentar la legitimidad de una nación a fuerza de bombazos». Rafael Reig, responsable de responderle, lo hacía en los siguientes términos: «La mayoría, diría yo (…) De Gaulle afirmó: Francia se hizo a golpe de espada. Aznar piensa que España se hizo con la ayuda de Santiago Matamoros, y Esperanza Aguirre sitúa el nacimiento de la nación española en la guerrilla armada del siglo XIX. ¿Qué decir, de la(s) independencia(s) americana(s), o el nacimiento de la democracia en Francia a golpe de guillotina, o las distintas revoluciones políticas y sociales, frustradas o triunfantes…?
MEDIOS Y FINES. Alguien dijo que la guerra es el arma (política) de los ricos, y el terrorismo el arma de los pobres. Tenía razón; sólo apostillaría que tan terrorista es una forma de violencia como la otra, aunque la primera tenga detrás de sí el beneplácito de las instituciones nacionales o internacionales. Y que en ambos casos (pobres o ricos), la cuestión estriba, por tanto, en la naturaleza de la política que se ejecuta y los medios que se emplean.
«Ser radical es ir a la raíz de las cosas». Ir a la raíz de nuestros problemas nos lleva a enfrentarnos al sistema capitalista y sus instituciones represivas. Pero hay muchas formas de ser radicales, y no todas son asumibles desde los principios políticos de izquierda radical o revolucionaria.
Para nosotros, la radicalidad debe de ser sinónimo de aspiración al cambio de sociedad, de quienes no se conforman con la mirada superficial, buscan la raíz de las cosas, de los problemas, para precisamente solucionarlos.
Hay radicalidades que utilizan violencia de baja o alta intensidad, y otras de signo pacifista. Curiosamente las primeras no requieren necesariamente más valor que las segundas. En ambos comportamientos nos encontramos a menudo con dogmatismos que absolutizan su elección, más allá del tiempo y el espacio.
Las radicalidades violentas requieren de tres condiciones generales para que sean políticamente operativas: legitimidad, deseabilidad y conveniencia. Se trata de tres criterios que con frecuencia no van unidos. Cuando se separan, la violencia ejercida entra en crisis o de deja de ser conveniente, pues ningún método de lucha escapa a la dialéctica entre medios y fines.
Podemos decir, además, que cuanta menos violencia sea necesaria para lograr los objetivos de libertad, equidad y justicia, mejor. No son pocos los problemas que plantean las vías violentas en la transformación de la sociedad. Si se trata de la lucha armada, su inclinación a militarizar la política, los movimientos sociales y la propia sociedad, se convierte en una amenaza contra sus propios fines de emancipación. La historia nos demuestra que, incluso las revoluciones triunfantes por la vía militar, han generado desde el poder graves defectos de verticalismo y falta de libertad. Naturalmente no se trata de una ley inevitable, pero sí de un fenómeno repetido que invita a la reflexión. Por ello nos interesa sobre todo aquella vía que sintoniza con los valores y objetivos por los que luchamos, y facilita el camino para lograrlo. Y está claro que las vías no violentas concuerdan más con la dialéctica entre fines y medios.
Ciertamente la no violencia entra en crisis, también, cuando su ejercicio se traduce en inoperancia o, a su pesar, en un apoyo objetivo al sistema dominante, o cuando menos en alimento de actitudes socialmente poco o nada favorables a la lucha contra la opresión. Y tiene sus límites. Gandhi, resistente pacífica activo contra la injusticia, y que además venció al imperio opresor, no logró que tras la independencia desapareciesen las castas, la explotación, ni los odios religiosos. Un pueblo que utilizó vías pacíficas no quedó en absoluto vacunado contra la violencia interreligiosa, interétnica o contra los parias de la tierra que siguió a la conquista de la independencia.
MORALEJA. Unos medios dignos no conducen inevitablemente a un buen resultado, pero está demostrado que unos medios perversos garantizan el desastre. Todas las opciones consideradas legítimas requieren una crítica y una autocrítica permanente.
Notas:
1. Mi enfoque se fundamenta en la «fusión de lo ético y lo político, partiendo de la pluralidad de éticas y de políticas» según la definición de Paco Fernández Buey. Esto es, en unos principios éticos acordes a un proyecto eco-socialista, internacionalista, feminista y autodeterminacionista, los cuales chocan con de los defensores del status quo, contrarios a esos objetivos, y con los de ETA en teoría coincide pero que su práctica los contradice.
2. En el tema de las víctimas, merece la pena resaltar el contraste existente entre el protagonismo simbólico que juegan las víctimas de ETA y sus familiares, y el ostracismo que sufrieron (durante toda la Transición) y sufren las víctimas de la guerra civil y sus familiares. Poco tiene que ver con una cuestión de responsabilidad generacional ni con cuestiones de mayor urgencia en materia de memoria o reparación, sino con la construcción de un discurso que hace de la Transición nuestro alfa y omega, y todo lo que cuestiona esa versión no interesa.
3. Aunque debe de quedar claro que no desaparecerá el otro tutelaje, el de unas FFAA encargadas de la defensa de la soberanía y unidad territorial del Estado… que también debería de desaparecer.
4. Estoy de acuerdo con cuando Paco Fernandez Buey afirma que, «la defensa histórica de un derecho principio jurídico-político justo por la vía de la violencia, sea ésta mayoritaria o minoritaria, no invalida la justicia de dicho principio… el derecho de autodeterminación de los pueblos no es un anacronismo en esta Europa, en este mundo, es un derecho democrático básico en una democracia en construcción».
5. El consenso social es necesario para resolver determinados temas, tales como la convivencia entre culturas, identidades, o choque entre derechos similares. Sin embargo, no sirve, para conflictos en cuya base está la explotación, la opresión y la discriminación de clase, de género y o nacional; ni que decir de las agresiones al medio ambiente. El ejemplo palestino es de lo mas ilustrativo.
6. Es el papel asumido por ERC e Iniciativa per Catalunya en la Generalitat, el BNG en la Xunta y EB en Eusko Jaurlaritza.
7. Ello no exime a la izquierda radical de su propia incapacidad para erigirse en alternativa. Pero ése es otro debate.
8. De hecho, salvo el pacifismo extremo, partidario de ofrecer la otra mejilla -e incluso éste admite excepciones- ninguna doctrina filosófica, y mucho menos política, rechaza el empleo de la violencia, sea ésta en primera o última instancia. De los estados está todo dicho. La Constitución americana defiende el derecho del ciudadano a levantarse en armas contra la tiranía, y ninguna organización o movimiento revolucionario que aspire cambiar la sociedad excluirá el enfrentamiento armado, pues sabe que tarde o temprano los que están el poder sacaran los tanques a la calle.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.