El resurgimiento del movimiento feminista en los años setenta puso en duda las restricciones sexistas que limitaban la capacidad femenina. Este movimiento integrado en la dinámica política de la lucha antifranquista configuró una identidad colectiva para las mujeres que cuestionó las bases sexistas de las estructuras sociopolíticas. Las Jornadas Catalanas de la Mujer al año […]
El resurgimiento del movimiento feminista en los años setenta puso en duda las restricciones sexistas que limitaban la capacidad femenina. Este movimiento integrado en la dinámica política de la lucha antifranquista configuró una identidad colectiva para las mujeres que cuestionó las bases sexistas de las estructuras sociopolíticas.
Las Jornadas Catalanas de la Mujer al año 1976 representan un hito en la organización del movimiento de mujeres. Es en este momento cuando el feminismo inició una plataforma reivindicativa para lograr la liberación de la mujer en el ámbito familiar, laboral, educativo, político y personal. Las numerosas movilizaciones feministas reclamaban los derechos de la mujer, la amnistía, el derecho al aborto, el fin de las agresiones sexuales y la eliminación de las trabas sexistas en el campo laboral, educativo y político.
En aquel momento el movimiento feminista estaba compuesto por un amplio conglomerado de grupos con diferentes estrategias para lograr la liberación de la mujer. Las mujeres marxistas de la LCR y del MCC jugaron un papel determinante en la evolución del movimiento feminista.
El derecho al aborto formó parte de nuestras reivindicaciones desde el comienzo cuando las mujeres reclamábamos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Es necesario, sin embargo, recordar que el aborto ya había estado legalizado en Cataluña el diciembre de 1936 con una legislación muy avanzada que admitía la interrupción artificial del embarazo por voluntad propia de la mujer.
Desde 1976 se realizaron una gran cantidad de actos, manifestaciones, encierros… que van desde la reivindicación del aborto libre y gratuito, el acceso a los anticonceptivos, centros de información sexual, amnistía para mujeres y médicos condenados por delitos específicos de la mujer, a propuestas de proyectos de ley sobre el aborto (presentado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas el 1982). En 1983 se hizo público el proyecto de ley del gobierno socialista que fue recorrido por inconstitucional por el PP.
En 1985 se aprobó la actual ley que fue rechazada por las comisiones pro-derecho al aborto y gran parte de las organizaciones feministas por limitada, ya que mantiene la penalización del aborto excepto en los tres supuestos y no garantiza que se pueda realizar en la red sanitaria pública.
Otro hito importante son las Jornadas Feministas Estatales organizadas por la Coordinadora Estatal que se realizaron en Barcelona donde se practicaron dos abortos ilegales y se hicieron públicos. El hecho tuvo gran eco mediático y se reivindicaba el derecho al aborto libre y gratuito. Hasta el 1990 se repitieron las detenciones y juicios contra mujeres y profesionales que practicaban abortos.
En 1998 se presentó en el Congreso una propuesta de ampliación del aborto con un cuarto supuesto «por conflicto personal, familiar o social». Una vez más, tal como está pasando ahora, la Conferencia Episcopal, las organizaciones Pro-vida y el PP impidieron esta pequeña mejora (173 votos en contra, 172 a favor).
Desde entonces no ha habido ninguna campaña significativa reclamando la despenalización del aborto, si bien la reivindicación se ha mantenido. Otras reivindicaciones urgentes «la lucha contra la violencia sexista» han acaparado la atención del movimiento. No ha estado hasta el 2007 con el estallido de las denuncias a las Clínicas de Barcelona, que el movimiento feminista hemos reemprendido con fuerza la vieja reivindicación del «aborto libre y gratuito».
El peligro que la actual ley representaba, además de ser insuficiente, era evidente ya que una interpretación restrictiva y una ofensiva reaccionaria podían hacernos regresar a los tiempos de los abortos clandestinos. Los últimos acontecimientos nos lo confirman.
La forma en que se han tratado en los medios de comunicación, en ciertos partidos políticos (PP, Convergencia, los propios socialistas) y la iglesia católica pone de relieve una clara voluntad de restringir aún más las muy limitadas opciones de interrupción del embarazo existentes en el Estado Español. El mensaje de los medios ha puesto el énfasis en que se hacían abortos en situaciones de embarazos muy avanzados, de manera semejante a las asociaciones pro-vida, en consonancia con la tradición religiosa y la derecha más reaccionaria tan preocupadas por la vida antes y después de la vida, pero no por la vida durante la vida, ignorando que, según el informe «La Interrupción voluntaria del embarazo» de la Coordinadora estatal de organizaciones feministas, el 97% de los abortos se realizan bajo el supuesto primero de grave peligro para la salud de la mujer, para lo que la ley no establece ningún tipo de plazo y por lo tanto son legales. Solo el 2% de los abortos se realizan más allá de las 21 semanas y casi todos bajo el supuesto de riesgo fetal para lo que el plazo es de 22 semanas.
Sin embargo, para abortar, a la fatalidad de un embarazo no deseado se debe añadir otra desgracia, que la vida o la salud estén en grave peligro, la violación o que se estimen graves taras en el feto.
Actualmente en el Estado español el aborto es un delito castigado por el Código Penal con penas de prisión que van de uno a tres años para los profesionales que los realicen además de la inhabilitación y de seis meses a un año para las mujeres que abortan o multa de seis a veinticuatro meses. Hay tres excepciones:
1. Que sea necesario para evitar un «grave» peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer.
2. Que el embarazo sea como consecuencia de una violación y que se haya denunciado. El aborto se debe realizar en las doce primeras semanas del embarazo.
3. Que se presuma que el feto haya de nacer con graves taras físicas o psíquicas siempre que el aborto se realicé dentro de las veintidós primeras semanas.
Ni siquiera en estos casos la mujer puede decidir libremente, deben estar avalados por: dos médicos en el primer supuesto; la policía, después de haber presentado denuncia en el segundo y dos especialistas de un centro acreditado en el tercero. Y tal vez el juez si hay denuncia, quien deberá decidir si se daba el supuesto correspondiente, y en todo caso condenar a la mujer o a los médicos afectados. La tutela sobre el cuerpo de la mujer es evidente además de inadmisible.
Hay muchas otras razones por las que una mujer quiera abortar, la ley las deja fuera, condenando a la mujer a realizar un aborto clandestino o a tener un hijo o hija no deseados, con las graves consecuencias que eso puede comportar para ambos.
Por si fuera poco, la jerarquía eclesiástica ha querido tomar parte también en esta tutela y ha estado la claudicación de los sucesivos gobiernos del PSOE, del PP no esperábamos menos, ante la jerarquía de la iglesia, lo que explica que el aborto sea aún delito.
La hipocresía de la Conferencia Episcopal a través de sus representantes cuando hablan contra la legalización no tiene límites. Hablan de asesinato, sabiendo que en su conciencia pesan miles de crímenes de personas en nombre de la cristiandad, dando apoyo a dictaduras y a las políticas y políticos más reaccionarios en nombre de la iglesia católica y bendiciendo cualquiera guerra en contra de los más débiles.
La jerarquía católica no se ha destacado nunca por la defensa de ninguno de los derechos básicos del pueblo. Es hipócrita ideológicamente cuando sostiene una pretendida defensa de la vida y de la dignidad humana, cuando esta jerarquía ha estado y es un pilar básico del neoliberalismo y del imperialismo más rancios y que al fin son responsables directos de la miseria, el hambre, las pandemias, las desigualdades entre naciones, el expolio de países y pueblos que provoca flujos migratorios que por otra banda son reprimidos por los mismos que los provocan.
Una institución con una trayectoria histórica inquisitorial, contraria a la emancipación de la mujer, contraria al progreso, y a la libertad para gozar de nuestro cuerpo, homofóbica y patriarcal se atreve a criticar públicamente opciones sexuales que se apartan de su doctrina. Una jerarquía que, incluso, se atreve a censurar la utilización del preservativo, que en países pobres con influencia católica favorece la generalización del SIDA con las consiguientes pérdidas de vidas. El actual Papa Benedicto XVI no se conforma al condenar cualquiera aborto, sino todos los métodos anticonceptivos e incluso es reticente a la información sexual. En definitiva, lo que pretende la jerarquía eclesiástica es difundir un conservadurismo ideológico y político, para forzar cambios de orientación en la legislación y el incremento y perpetuación de sus privilegios.
Esta ideología y estas presiones de la iglesia más reaccionaria tienen eco en los partidos políticos más conservadores, especialmente en el PP y en las organizaciones llamadas Pro-Vida que no dudan en tomar la calle en defensa de «su familia» tradicional, contra los matrimonios gays, contra el aborto, en definitiva contra la libertad de elección.
Pero la derecha hace lo que hace la derecha y no nos sorprende, aunque lo denunciamos, y allí donde gobiernan, como en la Comunidad de Madrid, las asociaciones Pro-vida reciben sustanciosas subvenciones. ¿Pero que hace el PSOE? En el 85 se aprobó la actual y restrictiva ley, en el 98, la modificación que debía incluir un cuarto supuesto: «cuando la mujer manifesté que el embarazo le supuse un problema personal, social o familiar grave» no fue aprobada por un voto de diferencia. Más recientemente, en el programa de las anteriores elecciones llevaba la ampliación del derecho al aborto pero ahora se ha negado a incluirlo, eso es una concesión a la iglesia, una claudicación ante los sectores más reaccionarios de la sociedad y un grave retroceso para los derechos de las mujeres.
En lo concerniente a Iniciativa e Izquierda Unida el mes de diciembre presentaron una moción en la que manifiestan «el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad, con las debidas garantías legales, sociales y sanitarias, procediendo a las oportunas reformas del Código Penal». En definitiva plantea una Ley que mejoraría la situación actual pero que mantiene los plazos y además el aborto seguiría siendo un delito ya que continuaría estando en el Código Penal.
ERC es más contundente y defiende «el derecho de las mujeres a disponer de su maternidad, de su salud sexual y reproductiva, en definitiva, del derecho a su propio cuerpo» y añade que su postura es «aborto libre y gratuito, garantizado por la red pública y sobretodo respetando la libre decisión de la mujer». Todo y que critica los supuestos contemplados en el Código Penal, no hemos encontrado una demanda clara de despenalización y que salga del Código Penal y manifiestan que estarían dispuestos a negociar una ley de plazos.
En el mejor de los casos y siempre que ganen las elecciones los socio-liberales podríamos esperar que en la próxima legislatura se tramitase una reforma de la actual ley con un nuevo supuesto y unos nuevos plazos, que en manera alguna resolvería el riesgo de denuncias y de campañas reaccionarias. Por eso insistimos en la despenalización total del aborto voluntario.
Las mujeres de Revolta Global damos apoyo y formamos parte de la Campaña por el Derecho al Aborto y hacemos nuestras las propuestas de la campaña y exigimos:
. Que el aborto salga inmediatamente del Código Penal
. Que se cambie la ley por una que reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida.
. Que el aborto sea una prestación sanitaria normalizada dentro la sanidad pública, garantizando que se pueda practicar y regulando la objeción de conciencia en cada centro público.
(En Cataluña, a diferencia de otras comunidades autónomas, solo se financian parcialmente un 20% de los abortos con dinero público, aparte del 3% que se hacen directamente en la pública.)
Esta regulación debe garantizar que en los centros públicos haya plazas sanitarias suficientes que tengan como requisito para poderla ocupar la disposición a realizar abortos y prohibir y sancionar realizarlos en la privada si se niegan en la pública.
. Como acción paliativa, pedimos que los gobiernos estatal y catalán, mientras no se modifiqué la ley, garanticen que las mujeres puedan ejercer sus derechos y que las profesionales puedan ejercer su profesión, sin intimidaciones ni difamaciones que obstaculicen y criminalicen la libre práctica de este derecho.
. Que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre los que encontramos:
. Que haya información sexual y afectiva en todos los niveles de la enseñanza para chicas y chicos.
. Que diferentes métodos anticonceptivos sean gratuitos y de fácil acceso.
Pero la situación en el Estado español no es la excepción, hay una contraofensiva patriarcal y machista en todo el mundo capitalista, con una ofensiva para reimplantar los valores de la castidad, el matrimonio heterosexual y la familia tradicional.
Dos ejemplos ilustrativos pueden ser la campaña antiabortista lanzada por Berlusconi amparándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la demanda al Secretario General de la ONU y a los presidentes de todos los países de una moratoria del aborto o la Campaña iniciada por el Vaticano en América Latín.
Esta contraofensiva va unida ideológica, política y económicamente al triunfo del neoliberalismo globalizado. Todas y cada una de las medidas neoliberales en marcha: la libertad de comercio, las privatizaciones, las deslocalizaciones, la precarización… aumentan y profundizan la explotación de la mujer, su opresión y la dominación en el mundo imperialista.
En los países dependientes, la entrada de la mujer en el mercado laboral no ha significado ni más igualdad ni más derechos y la situación de las mujeres cuanto a derechos reproductivos es prácticamente nula. No tienen acceso a los métodos anticonceptivos y los abortos son clandestinos y sin asistencia médica, con un alto nivel de mortalidad. Según un informe de OLMOS casi 600.000 mujeres mueren cada año a causa de problemas relacionados con el embarazo, el parto o los abortos provocados. El 99% de estas muertes se producen en países en vías de desarrollo. Aproximadamente 80.000 mueren a causa de complicaciones de abortos en malas condiciones.
A pesar de todo, la lucha del movimiento feminista ha logrado una serie de cambios en el terreno legal. Pero la igualdad formal de las mujeres oculta la desigualdad en el ámbito de los derechos sociales, políticos, económicos y en el propio ámbito doméstico.
La lucha organizada de las mujeres ha logrado reivindicaciones importantes, pero no suficientes, en el terreno de la contracepción y el aborto, que han supuesto la posibilidad de separar sexualidad de reproducción; al tiempo que el progresivo desarrollo tecnológico puede permitir un mayor control por parte de las mujeres de la reproducción. También ha permitido cambios en la incorporación de las mujeres al trabajo; la denuncia pública de la violencia sexual y la reivindicación del derecho al placer; la legalización del divorcio y el desarrollo, de otras formas de convivencia que no son el matrimonio heterosexual, y la extensión de la maternidad al margen del matrimonio. Conquistas que en buena medida han supuesto un reconocimiento público de la opresión de la mujer.
Aunque se han introducido estas importantes fisuras, persisten los elementos centrales que mantienen en todos los ámbitos la división del trabajo en función del sexo y la opresión patriarcal además de la explotación inherente al modo de producción capitalista y que nos afecta como personas que pertenecemos a una clase.
Hay que crear una conciencia colectiva en la que las mujeres lleguemos a comprender la opresión y explotación que genera esta sociedad y por lo tanto nos planteemos modificarla. Eso no será posible si esta conciencia no se traduce en lucha política para cambiar la base social y material que hace posible la opresión y la explotación. Eso no se realizará sin tensiones y contradicciones entre hombres y mujeres de la misma clase.
En la medida en que la realidad de las mujeres no nos viene marcada solo por nuestra condición de género, ya que la pertenencia de clase determina nuestras condiciones materiales de vida, debemos hacer frente común con los hombres de las organizaciones revolucionarias que tienen una mayor comprensión de nuestra opresión y un objetivo común de cambio de sistema.
Nuestra perspectiva estratégica es la realización de una revolución social que acabe con toda forma de explotación y opresión; significa por lo tanto acabar con la división del trabajo en función del sexo, y con toda forma de opresión de las mujeres, transformando las relaciones de dominación patriarcal en relaciones de solidaridad basadas en la igualdad real entre hombres y mujeres. No podremos hablar de socialismo en una sociedad en la que existan vestigios de esta opresión.
Avanzar en el proceso revolucionario que cree las condiciones para acabar con la opresión patriarcal significa poner patas arriba las estructuras de este sistema, construido sobre la explotación de clase y la opresión patriarcal; significa acabar con este sistema económico y destruir el Estado que actúa como soporte del orden económico y social que garantiza la desigualdad social.
Las reivindicaciones feministas nada más pueden conquistarse por grandes luchas de mujeres que se enfrenten a este sistema económico y al Estado. Pero este proceso no se produce de forma espontánea, supone un importante salto en el nivel de conciencia de las mujeres y requiere la existencia de una vanguardia feminista, revolucionaria, con claridad sobre las tareas que implica a la transformación de la sociedad y la liberación completa de las mujeres.
Acabar con el Estado y el actual sistema económico es necesario, crea unas mejores condiciones para la emancipación de las mujeres, pero no es suficiente. Sin Estado burgués no hay explotación capitalista pero sí que continúa la opresión patriarcal. Hay que avanzar en la línea de desaparición de la familia patriarcal y en los cambios legislativos hacia una igualdad real.
Las mujeres somos el sujeto de nuestra propia liberación, pero la liberación de las mujeres no es una etapa diferenciada de la lucha por el socialismo, sino un aspecto del mismo proceso en el que el protagonismo de las mujeres es fundamental.
Cualquier organización que tenga como proyecto global de transformación social, tiene la responsabilidad histórica de situar en su trabajo, programa y estrategia, la perspectiva feminista de liberación de las mujeres.
Desde Revolta Global trabajamos por este proyecto transformador y queremos, junto con otras mujeres y hombres, construir una organización con capacidad de incidir en el movimiento feminista desde una perspectiva de género pero también de clase, capaz de superar la contraofensiva eclesiástica y neoliberal.
MANTENED VUESTROS ROSARIOS LEJOS DE NUESTROS OVARIOS
*Estela Fernández de Revolta Global en el acto en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, organizado por Revolta Global el pasado 22 de febrero.