Tengo en mi mano el documento conjunto de CCOO y UGT que con fecha 27 octubre 2010, un mes después de la huelga general, exponía la política a seguir por estos sindicatos y sus reivindicaciones. El título es significativo: «Recuperar derechos y defender el Estado social». También tengo algunos periódicos, como el Madrid Sindical de […]
Tengo en mi mano el documento conjunto de CCOO y UGT que con fecha 27 octubre 2010, un mes después de la huelga general, exponía la política a seguir por estos sindicatos y sus reivindicaciones. El título es significativo: «Recuperar derechos y defender el Estado social». También tengo algunos periódicos, como el Madrid Sindical de CCOO, en el que se convocaba la manifestación del 18 diciembre y se reclamaba la Huelga general en enero «si esto no cambia», con la señal de prohibición de los 67 años. Está claro, pues, que el pacto alcanzado ha supuesto una gran sorpresa para la izquierda social y política y que aún no se han explicado sus razones.
El pacto representa un giro aciago para la izquierda en su conjunto y sobre todo para la izquierda con deseos de luchar y dispuesta a movilizarse. Una quiebra con las esperanzas que abrió la huelga, que los líderes sindicales Toxo y Cándido Méndez han convertido en algo patético, con sus declaraciones cargadas de mentiras, engaños e interpretaciones obtusas, y con su gestos grotescos, celebrando haber entregado derechos vitales de los trabajadores sin la mínima lucha y con argumentos tan ridículos como que se ha salvado el poder contractual de los sindicatos, que se ha frenado al Gobierno en sus pretensiones, que la negociación es el resultado de la Huelga o que, en el colmo del cinismo, hemos renunciado a derechos como los franceses pero sin el coste de la lucha.
Con las batalla que hay por delante, ante una crisis incontrolada, para la izquierda el pacto es un desastre político que alcanza la categoría de histórico. La fecha del 27 diciembre en que se firmó el preacuerdo pasará a la historia de nuestro país como un día de infamia de esos dirigentes sindicales. La dirección del PSOE hace tiempo que cambió de bando.
La trascendencia política tiene muchas vertientes y las veremos con el tiempo. Pero mi intención fundamental en estas líneas es resaltar los aspectos económicos del pacto, en los que las falsedades y engaños cobran una particular intensidad pues, en última instancia, son éstos aspectos los que supuestamente han llevado a los dirigentes de CCOO y UGT a firmarlo. Y me limito estrictamente al tema de las pensiones porque los demás contenidos del acuerdo son hojarasca o, a lo sumo, estampitas, o cromos entregados a los dirigentes sindicales a cambio de concesiones sustanciales.
Voy a ser un poco categórico por el espacio disponible, pero las afirmaciones siguientes tienen plena justificación y demostración.
El pacto, con la ampliación de 15 a 25 años para fijar la base reguladora y la disminución de los porcentajes a percibir según años cotizados por la prolongación a los 67, representa una reducción muy significativa de las pensiones en el futuro, cuando su desarrollo se complete. Una agresión de insólita intensidad. Se ha hablado de recortes entre el 20 y el 25%, pero realmente no se sabe pues la degradación actual del mercado de trabajo, con una tasa de paro de más del 20%, una precariedad tan aguda, que dará lugar a lagunas importantes de cotización en la vida laboral, y el acoso que sufren los salarios, abre una casuística personal tan extraordinaria que no permite determinar el efecto global de los cambios regresivos introducidos.
Al punto es importante la degradación de las relaciones laborales para las futuras pensiones, que hay un fraude tosco en las cifras estimadas sobre el potencial déficit de la seguridad social por el aumento de pensionistas, pues la proporción de pensionistas del futuro con respecto a la población mayor no será la misma que en el pasado ni alcanzaran los mismo derechos.
En relación con esto, se habla de que el Estado se ahorrará -con esta palabra supuestamente neutra, casi virtuosa, se trata de decir que los gastos en pensiones disminuirán- unos 30.000 millones de euros cuando se implante plenamente la reforma. La cifra no tiene credibilidad, pero incluso si así fuese, es una cantidad poco relevante. Bastaría con que la economía creciera hasta 2027 en dos décimas más el PIB por año para compensar sobradamente esos millones, o compárese la cifra con las que se manejan para salvar las Cajas de Ahorros antes de privatizarlas una vez saneadas con fondos públicos. En definitiva, la reforma es el chocolate del loro.
Los párrafos anteriores no son contradictorios, porque siendo sensible la reducción de las pensiones cuando se aplique la reforma, el gasto de no acometerla sería perfectamente soportable, sobre todo si la economía no sigue hundida y con un paro tan enorme como el que ahora existe. De aquí surge otra mentira crucial divulgada sobre las virtudes del pacto. Se nos ha dicho que con la reforma se garantizan las pensiones de las generaciones futuras y la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Falso. Radicalmente falso. Si la economía no sale de la crisis, todas las pensiones corren peligro. Las de los pensionistas actuales y las de los pensionistas futuro. Si bien, entonces, no serán sólo las pensiones las que no podrán ser atendidas sino que será el conjunto del Estado el que entrará en una quiebra técnica, es decir sus ingresos normales no podrán cubrir sus gastos ni será posible encontrar la financiación necesaria para cubrir la brecha, porque el Estado español será insolvente.
Apuntando muy alto, se ha dicho también que el pacto de pensiones ayudará a resolver la crisis. Nueva declaración infundada y falsa. El dato esencial de la crisis española es la enorme deuda que tiene el conjunto de la economía española con el exterior. Los últimos datos disponibles son los siguientes: los pasivos exteriores españoles sumaban al final del tercer trimestre del año pasado 2.320.727 millones de euros, o si se quiere por abreviar, 2,3 billones de euros. Los activos frente al exterior eran de 1.375. 870 millones de euros. La posición neta negativa es, pues, de 944.857millones de euros, pero no cabe para valorar correctamente la entidad del problema restar a los pasivos los activos.
Esa deuda no tiene nada que ver con el pacto de pensiones y su solución, si la hubiera, pasaría porque la economía española empezara a registrar un superávit de sus intercambios con el exterior, de la balanza por cuenta corriente, cosa imposible por sus debilidades y la pertenencia al euro. Así pues, cabe afirmar que está pendiente la crisis derivada de la deuda externa. En estos momentos no se sabe cuál será la solución: rescate, no rescate, salida del euro, quiebra del euro, ya veremos, pero en todo será traumática, contradiciendo las estúpidas ilusiones de los firmantes del pacto.
Con mucha más modestia, en fin, se ha dicho que el pacto tranquiliza a los mercados y alivia la presión especulativa actual sobre nuestro país. Es posible que en un mundo tan mediático ello pueda suceder transitoriamente. Pero no cabe engañarse, los mercados, los especuladores, los agentes económicos, como quiera llamárseles a las fuerzas económicas que dominan el mundo financiero son todo menos ingenuos, como creen los integrantes de la foto imitando a los baloncestista, la del todos unidos, todos a una. Los datos están ahí, la posición de España es insostenible y tarde o temprano, posiblemente muy pronto, empezarán de nuevo a sonar las alarmas. Un pacto que no se pondrá en marcha hasta el 20 13 y que tardará en desarrollarse 15 años es para los mercados una anécdota tan insignificante que, sin pretenderlo, dejaran en un ridículo pavoroso a los dirigentes sindicales que lo defienden.
Se lo merecen por firmar un pacto tan ignominioso como inútil.
(Publicado en el número 103 del periódico del PSUC «Nou Treball»)
Pedro Montes es economista. Miembro de la Coordinadora Federal de Socialismo 21
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