Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad, de Borbón y Grecia por supuesto, ha levantado bandera blanca, ha señalado «Marcello» -«La Infanta y Zarzuela se rinden ante el juez» [1]- en un día de fuerte o ligero optimismo. Parece que la hija del Rey Borbón, la primera autoidad del Estado, no recurrirá el auto […]
Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad, de Borbón y Grecia por supuesto, ha levantado bandera blanca, ha señalado «Marcello» -«La Infanta y Zarzuela se rinden ante el juez» [1]- en un día de fuerte o ligero optimismo. Parece que la hija del Rey Borbón, la primera autoidad del Estado, no recurrirá el auto de imputación del juez Castro y acudirá a prestar declaración ante el magistrado ‘lo antes posible’. ¿Qué significa aquí lo antes posible? ¿El 8 de marzo de 2014, el día que está citada?
Todo parece indicar que la Infanta y los bufetes de abogados Reales y Miquel-Roquistas (don Silva el penalista es, desde una perspectiva técnica, nudo esencial en la estrategia) que le asesoran han llegado a un acuerdo tras una reunión celebrada el pasado viernes en instancias Reales, en el palacio de la Zarzuela. La implicación en los asuntos Noos-Aizoon de la Casa Real no parece -nunca lo ha sido- una conjetura alocada de cinco mentes izquierdistas extraviadas y desinformadas. De hecho, aunque parezca un poco descortés, ¿y si doña Cristina y don Urdangarin, apunta «Marcello», hubieran decidido no cargar ellos solos con lo ocurrido, en minoría de dos, dada la presencia en el entramado de otros actores no menos importantes y no me estoy refiriendo, por supuesto, al ex profesor esadista del Duque y a su señora esposa? ¿Y si el chantaje no es un asunto sociológico-antropológico de almas pobres, incultas y poco educadas sino una de las armas de defensa y destrucción real entre capas «dirigentes» de nuestra sociedad de libres emprendedores? ¿Cómo actuarán, el día de la posible comparecencia de CFVA de la Santísima Trinidad, el fiscal, el abogado del Estado (que debería obrar en defensa de sus intereses), el defensor del señor Torres el ex socio, el defensor de la señora de este último?
Nada puede asegurarse por el momento. Todo lo sólido parece desvanecerse en el aire.
Sea como fuere, ¿se ha tratado bien a doña Cristina? ¿La hemos tratado de acuerdo a su rango? ¿Como una reina, como una princesa, como una infanta? ¿Es cierto como señala con Miquel Roca que «no consta el menor -¡el menor!- indicio de que S. A. R. pueda haber llevado a cabo ninguna conducta con relevancia penal que justifique la imputación»? ¿La citación ha tenido lugar solo por ser Doña Cristina quien es? ¿Se la ha discriminado… a la inversa? ¿Ningún otro ciudadano o ciudadana no Real hubiera sido citado en sus circunstancias?
La tesis de Javier Pérez Rojo [JPR] -la Infanta no está todavía imputada por ser quien es; la inversa es falsa e infame- merece ser atendida: «Resulta incomprensible que una persona con formación jurídica y con conocimiento práctico del trámite de imputación en nuestro país, como es sin duda el fiscal, y otra que, además de formación jurídica y conocimiento práctico, tiene una trayectoria política de las más acreditadas, como es el caso de Miquel Roca, hayan podido argumentar de esta manera» [2]. ¿Resulta incomprensible… o resulta muy comprensible?
Las razones alegadas por JPR: 1. A nadie se le oculta que «cualquier ciudadano que se encontrara en la posición de la Infanta habría sido imputado desde hace meses». 2. No hubiera sido preciso para ello ni «un auto de imputación en abril, insólito por su extensión de 18 folios, ni un insólito recurso contra el mismo por el ministerio fiscal, ni una insólita sentencia de la Audiencia de Palma parcialmente estimatoria del recurso, ni un nuevo auto de 227 páginas, tras un insólito trámite de audiencia». 3. Si la defensa de un miembro de la familia real, doña Cristina lo sigue siendo, «exige aceptar un anómalo funcionamiento de la Administración de justicia y una pérdida de imparcialidad del ministerio fiscal y de la Agencia Tributaria, es mejor no tener Monarquía». Para cualquier sociedad democrática, en opinión de JPR, ese coste es inasumible. 4. La Casa Real «no puede pretender que la sociedad española se falte el respeto a sí misma con la finalidad de eximir de una posible responsabilidad penal a uno de sus miembros». 5. El Gobierno tiene la obligación, por imperativo constitucional, de hacer entender las cosas al Rey. «El Gobierno no es responsable del funcionamiento del poder judicial, pero sí del ministerio fiscal y de la Agencia Tributaria, y no puede consentir un ejercicio desviado del poder por estas instituciones».
Lo que está en juego, concluye JPR (que está vez, y esperando sirva de precedente recuerda por momentos joven JPR, el que llegó a colaborar en la revista Materiales y a traducir a los Grundrisse de Marx para las OME) no es la imputación o no de la Infanta. No, no es eso. Es «si España es o no un Estado social y democrático de derecho, como dice el Preámbulo de la Constitución».
Todo parece indicar, las evidencias se acumulan, que hablar de España como Estado social parece ser un cuento falsario que no encaja en ningún nudo y lo de «democrático de derecho» recuerda a las etiquetas de marca, a los logos publicitarios, que deslumbran en ocasiones pero que ocultan realidad, toda la que pueden.
Toda la que les es posible… si les dejamos por supuesto.
Notas:
[1] http://www.republica.com/2014/01/11/la-infanta-y-zarzuela-se-rinden-ante-el-juez_750217/
[2] http://politica.elpais.com/politica/2014/01/10/actualidad/1389381072_847930.html
Salvador López Arnal es nieto del cenetista asesinado en mayo de 1939 -delito: «rebelión militar»-: José Arnal Cerezuela.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.