Parece que estos días hemos descubierto que tenemos un problema en el modelo de producción y agroexportación de la fresa. Lo hemos descubierto por una campaña de una ONG alemana, que pone en valor el poder y responsabilidad de las personas consumidoras. Unas consumidoras que queremos saber qué hay detrás de nuestros alimentos, qué impacto tiene no sólo en nuestra salud, sino el medio ambiente, en el cambio climático, y claro también en los derechos humanos y laborales.
Y es en este punto, dónde el modelo actual dominante de agroexportación de la fresa supone un agujero negro, tal y como explicamos desde Justicia Alimentaria hace unos meses en la campaña Exporta, Explota, Me expló. Una campaña dónde denunciamos las prácticas de explotación laboral extendidas en este sector, así como la utilización de mano de obra inmigrante.
Pues bien, ¿cuál fue la respuesta de la Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía? Pues ni más ni menos pedir que se retirara nuestra campaña e informe, lo mismo, qué curioso, que la patronal de la agroexportación de la fresa, e incluso el propio Ministro de Agricultura dijo que suponíamos un ataque reputacional al sector, coincidiendo con lo que manifestó la patronal, eso sí, de los derechos laborales no dijo nada, absolutamente nada.
Es decir, en lugar de afrontar esta realidad, y adecuarla a la exigencia de los ciudadanos, pensaron que sería mejor atacar a las ONGs, sindicatos, y cualquiera que pusiese algo de luz. Todo muy democrático, ya ven. Pero claro, esto les vale para el contexto español y para evitar que salga en los medios de comunicación, pero en Europa afortunadamente no les vale, no sirve.
La realidad que tenemos es esta, si quieres competir en los mercados alimentarios globales tienes que contar no sólo con agua sin fin, sino además has de ajustar constantemente los costes para mantener la cuota de mercado internacional. ¿Y cómo se pueden abaratar los costes? La energía ha experimentado una fuerte subida. Apenas se puede actuar sobre el coste de las semillas o de los pesticidas y fertilizantes sintéticos, y tampoco hay mucho que hacer con el coste de un invernadero o del plástico. Si hay que reducir costes solamente hay un factor sobre el que se puede realmente actuar: la mano de obra, que además tiene una importancia abrumadora.
Para ello se necesita la contratación de mano de obra vulnerable y migrante. La mano de obra autóctona no acepta estas condiciones de trabajo, y es por eso que sectores como la fruta en Huelva, con sus prácticamente 7.000 hectáreas de cultivo, dónde se cultiva el 95% de la fresa que se produce en el Estado, estima que se necesitan unos 100.000 puestos de trabajo cada campaña. Las mujeres suponen el 80% de la plantilla de enero a junio, y son devueltas después a su país de origen. Unas 14.000 vienen de Marruecos.
En varias ocasiones se ha denunciado que muchas de estas mujeres provienen de entornos empobrecidos. Se contrata básicamente a mujeres menores de 40 años, con hijos o hijas menores de 14 años a su cargo. Esto asegura que aguanten más vulneraciones de derechos y que regresen a sus países cuando finalice el período de explotación. Las trabajadoras vienen con contratos de tres, seis o nueve meses y son alojadas en las casas que los empresarios han construido en las propias fincas. Están aisladas de los pueblos, de manera que los mecanismos de control sobre el trabajo se prolongan al ámbito privado. Cada año, si revisan en la prensa, aparecen como parte del paisaje denuncias de acoso sexual, explotación, incendios en los asentamientos, etc.. Diversas misiones internacionales y de asociaciones en defensa de los derechos humanos han realizado numerosas visitas a las explotaciones hortofrutícolas y a los lugares donde habitan las personas temporeras. Una de ellas fue la del relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, a Huelva, quien declaró que las condiciones de vida que vio allí “rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”.
Es resumen, hemos permitido que exista a través del entramado legal, un mercado laboral diferenciado, con menos derechos que el resto de la población como base de una industria que no es viable tal y como está planteada.
Otra de las formas de contar con este ejército de mano de obra dispuesta para la fruta es la contratación de mano de obra extranjera que ya está en el país. Se calcula que el número de inmigrantes que residían de manera irregular en el Estado español en el año 2020 era de entre 390.000 y 470.000 personas. Las mujeres son mayoritarias. El principal caladero empresarial para obtener la mano de obra vulnerable necesaria se encuentra entre este grupo de población y entre la población extranjera con permiso de residencia legal. De los contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras, el 32% corresponden al sector agrario. En Huelva representa el 89% de los contratos a personas extranjeras. Como ya hemos visto, las ETT son un actor clave para entender la contratación agroexportadora de mano de obra vulnerable. En Murcia, el 80% de los contratos en el campo se realizan ya a través de ETT. Un fenómeno parecido ocurre en el mar de plástico almeriense o en la zona de Lleida.
En ambos casos, el actor clave para que esta depreciación del coste laboral y condiciones laborales es el mismo, las ETT. La dilución de responsabilidades y la extrema complejización de contratos y formas de relación laboral abren las puertas a una vulneración cada vez mayor de derechos laborales.
Necesitamos hablar de la reconversión del modelo de agroexportación de la fresa y de otros cultivos. Para comenzar necesitamos urgentemente prohibir su actuación en este tipo de sectores con una mayoría de población inmigrante y vulnerable. Se hace necesario recuperar la exclusividad de la función pública como agencia de colocación y de gestión de los puestos de trabajo temporales. Así como aumentar la capacidad de actuación de la Inspección de Trabajo durante las campañas de recolección agrícola, y mejorar de los mecanismos de denuncia de los abusos de derechos a través de la creación de un dispositivo independiente de atención y asesoramiento para las personas trabajadoras.
Si no se revisa a fondo este sistema de producción, comer fresa no merece la pena.