En el juego que envuelve a un Estado entre la «fuerza y el consenso», Egipto va hacia un recreo electoral donde se prevé el triunfo del actual presidente Abdel Fatah al-Sisi, quien el viernes 20 de enero inscribió su candidatura de manera oficial. Con ello, pretenderá legitimarse ante la población que gobierna y el resto […]
En el juego que envuelve a un Estado entre la «fuerza y el consenso», Egipto va hacia un recreo electoral donde se prevé el triunfo del actual presidente Abdel Fatah al-Sisi, quien el viernes 20 de enero inscribió su candidatura de manera oficial. Con ello, pretenderá legitimarse ante la población que gobierna y el resto de países soberanos.
Serán elecciones de carácter general para elegir al titular del ejecutivo y se tienen previstas para los días 26, 27 y 28 de marzo de 2018 y, en caso de haberla, una segunda vuelta el 24, el 25 y el 26 de abril si es necesario un tercer día. Una vez efectuada la votación, la Autoridad Nacional Electoral dará a conocer los resultados el 1 de mayo.
Egipto llega a estos comicios bajo la sombra de un autoritarismo regenerado: más violento, más sangriento y más limitante, donde ha sido capaza de frenar cualquier oposición al régimen militar. La oposición organizada está prácticamente menguada. Los miembros de los Hermanos Musulmanes, organización que este año cumple 90 años de existencia, han sido los primeros en ser víctimas de este acoso gubernamental hechos prisionero u obligados a salir del país. Cabe recordar que el presidente llegó a serlo sólo mediante un Golpe de Estado en 2013 contra el primer presidente elegido mediante la vía electoral, tras las revueltas populares de 2011, Mohammed Mursi. A pesar de esto y su amplia base social, están catalogados como una «organización terrorista», fueron sometidos a la ilegalidad -nuevamente- y la dureza va en incremento.
Sociedad Civil: torturada y controlada
De igual manera, periodistas, jóvenes activistas, militantes de ideologías diferentes han sido víctimas de hostigamiento, encarcelamientos y diversas formas de menosprecio a los derechos humanos como lo demuestra el informe del 5 de septiembre de 2017 publicado por Human Rights Watch titulado <«We Do Unreasonable Things Here» Torture and National Security in al-Sisi’s Egypt> el cual revela que de manera institucional la policía del Ministerio del Interior y la Agencia de Seguridad Nacional «han utilizado detenciones arbitrarias generalizadas, desapariciones forzadas y torturas contra disidentes» a quienes consideran ligados a la Hermandad Musulmana o a la Coordinadora Egipcia de Derechos y Libertades (ECRF). El informe también señala que se obliga a los «disidentes» a confesar o divulgar información, leer confesiones preescritas y grabarlas en video o sólo para para infringir castigos.
Frente a este escenario fraguado, no hay en la sociedad egipcia un movimiento que se atreva a hacerle frente al régimen militar sin que sea inmediatamente reprimido y dejado fuera del espectro público, como ya quedó demostrado con la aprobación de la Ley para el control de ONG con el que cierra la posibilidad de que emerjan grupos independientes de la sociedad civil. Aquellos activistas contenciosos que se levantaron en contra de Hosni Mubarak en enero de 2011 en Plaza Tahrir se encuentran presos o en el exilio (voluntario para salvar sus vidas, obligado por el sistema que lo genera).
Todas esas ideas de «estabilidad» prometida por el gobierno militar han quedado fuera de la realidad. Esa estabilidad ha significado brutalidad, represión y un régimen que se rehúsa a ceder sus privilegios a un nuevo régimen político que, no obstante, mantiene el discurso del espíritu de la revolución del 25 de enero, en Tahrir.
La mano del régimen: arrestos políticos
Ahora, rumbo a las elecciones de este año, el régimen se enfrenta contra sí mismo pues la embestida autoritaria irrumpe también en el círculo gobernante militar como lo observamos en las acciones emprendidas contra autoridades del ejército, sobre todo, cuando manifiestan públicamente su intención de acudir a las urnas. El caso icónico es el del ex Primer Ministro (bajo la égida de Hosni Mubarak) Ahmed Shafik quien, desde antes de que se anunciara el calendario electoral, renunciaba a su derecho constitucional de ser candidato. Recordemos que Shafik fue derrotado en la segunda vuelta frente a Mohammed Mursi en las elecciones de 2012 y es considerado una de las figuras políticas con opciones reales de ganar la presidencia.
Por otro lado, arrestado por no renunciar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Sami Anan queda fuera de la contienda electoral, su figura es clave en el devenir de las protestas populares de 2011 así como en el proceso transitorio durante el mandato de Mursi y, luego, tras el golpe de Estado y las elecciones de 2014.
Otro caso es el de Ahmed Kunsowa, oficial del ejército, fue condenado en diciembre a seis años de prisión luego de manifestar su deseo de concurrir a las elecciones.
Fuera de la cúpula militar, un posible candidato más que queda fuera de la contienda electoral es el ex diputado y sobrino del expresidente con el mismo nombre, Mohamed Anuar Sadat quien renunció a presentarse como opción por considerar que no había las mínimas garantías de seguridad y transparencia. Sadat se ha manifestado en pro de los derechos humanos desde su posición liberal, no obstante, haber apoyado la instauración del régimen actual en 2013.
Otro actor que se ha manifestado firme en competir contra al-Sisi en las elecciones es Jaled Ali, quien desde noviembre anunció sus deseos por participar, sin embargo, está latente su posible descalificación de la contienda si se halla culpable de algún agravio contra la autoridad, como en repetidas ocasiones se ha dicho con motivo de su actuación frente a las decisiones del presidente. Ali cuenta con amplia trayectoria en la defensa de los trabajadores sindicalizados contra las limitantes del régimen. Participó en las elecciones de 2012 pero su actuación no fue la mejor al obtener sólo el 0.58% de los votos totales en la primera vuelta.
Un último personaje que se prevé aparecerá en las boletas electorales es el abogado y director del Club Deportivo egipcio Al Zamalek, Mortada Mansur, el cual no sería la primera vez que lo intenta, pues ya había presentado una plataforma electoral en las elecciones de 2014 bajo la idea de recuperar el prestigio de Egipto y solicitarle a los manifestantes abstenerse de seguir su lucha o, en su defecto, hacerlo por los canales oficiales.
Estos dos últimos son los más activos mediáticamente, el primero por sus acciones al interior del país y sus polémicas declaraciones en medios internacionales. Mientras que el segundo lo logró tras la clasificación del club de futbol al mundial de Rusia 2018. Sin embargo, ambos serían competidores nada serios frente a un al-Sisi que controla la escena pública y las instituciones, sin dejar de mencionar que ninguno de los dos tiene posibilidades serias de concitar los votos de la mayoría. En el caso de Ali lo demostró su participación en las elecciones de 2012, donde el desconocimiento de su figura y el poco trabajo con las bases sociales lo dejaron fuera. En tanto el caso de Mansur se le vincula por apoyar al régimen al orillar al Estado a que intervenga en la detención y tortura de unos fanáticos del equipo que presuntamente intentaron asesinarlo en 2014.
El resultado previsto
Vemos, entonces, que las elecciones de este año serán un espectáculo, por no decir una farsa, en la que se intentará suavizar las garras del régimen para generar consenso. Para aumentar el entretenimiento electoral el 9 de enero, 400 diputados de la coalición Da’am Misr (Apoyo a Egipto) daban el respaldo a la candidatura de Al-Sisi. Toda vez que aquellos interesados en participar en los comicios deben reunir ciertos requisitos: el apoyo de, por lo menos, 20 parlamentarios o 25.000 firmas de ciudadanos -del padrón electoral- distribuidos en 15 provincias, como mínimo 1.000 firmas en cada región (Egipto se divide en 27 provincias o muhafazah). La fecha límite se estableció para el 30 de enero. Sin embargo, si hubiera candidatura única sólo se necesitarían 5 % de los votos para elegir al Presidente, según se advierte en su legislación, con lo que se asegura la perpetuación del régimen sí o sí, con legitimidad o bajo coerción.
Al final, se ignoran los votos nulos o la baja participación electoral como repertorio de protesta política, como ocurrió en las elecciones de 2014 donde el presidente ganó con un inquietante 97 % (su opositor obtuvo 3 %) y que tuvo, no obstante, un porcentaje de participación de 47.5 % y 1.040.608 de sufragios invalidados. Acciones para las cuales el régimen se protege bajo la cláusula de «candidatura única». La elección está dada, aunque existan llamamientos al boicot. Frente a este escenario es difícil pensar en una transición pacífica del poder mediante la contienda electoral, al no haber quien pueda hacer frente real al presidente quien controla y es controlado por un régimen que se resiste a abrir paso a un cambio de régimen político de fondo.
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