Después de tres décadas ejerciendo la autoridad sobre otros, el juez que condenó a Juana Rivas se enfrenta por primera vez al banquillo por un delito continuado de odio.
Es un hecho que en la justicia española abundan los tipos injustos. Señores con toga que nunca superaron un test psicológico antes de recibir el carné de dioses con autoridad sobre la vida de los demás. Policía, bombero, conductor de transporte público o funcionario de prisiones son algunos de los muchos oficios en los que uno debe demostrar cierta estabilidad antes de acceder al cargo. En el caso del oficio de juez, cualquier psicópata con los recursos económicos necesarios, un buen padrino y cierta capacidad para memorizar textos tiene las puertas abiertas de par en par. Ser un desequilibrado, un fundamentalista o un político frustrado que decide convertir su juzgado en un escaño del Congreso no son impedimento alguno en España para desarrollar una larga y próspera carrera judicial.
Después de 30 años ejerciendo la autoridad sobre otros, Manuel Piñar, recientemente jubilado, se enfrenta por primera vez al banquillo. Sobre él pesa una petición de 18 meses de cárcel por un delito continuado de odio. Durante varios años, Piñar fue, al mismo tiempo, juez en Granada y community manager en Facebook. Tras emitir sentencias, alimentaba una cuenta personal repleta de activismo ultraderechista, bulos, ataques racistas y machismo. “Chusma feminazi”, “moros que deben ser expulsados o ejecutados” o acusaciones sin pruebas contra políticos de izquierdas a los que llamaba “chorizos” son una pequeña muestra de cómo pasaba su tiempo libre aquel tipo con mazo y toga. El CGPJ, es decir, el Gobierno de jueces formado por otros jueces que, como Piñar, también alimentan sus cuentas personales y tampoco superaron psicotécnicos, decidió que nada de aquello merecía una sanción ni una llamada al orden. En todo caso un retuit. Ni siquiera haber hecho públicos los datos personales de un menor, hijo de la misma Juana Rivas a la que Piñar condenó por secuestro a cinco años de prisión, mereció castigo alguno. Tras huir con sus hijos de su marido, condenado en Italia por maltrato, Piñar debió pensar al mirar a los ojos a Juana Rivas que estaba ante un caso evidente de chusma feminazi. Así que emitió sentencia.
Jueces machistas. Jueces racistas. Jueces homófobos. Sobre gustos –y comportamientos inhabilitantes para los jueces– no hay nada escrito. Jueces que inventan con descaro delitos de terrorismo como parte de una agenda política. Jueces que dictan sentencias sin pruebas o ignoran pruebas evidentes para llegar a la conclusión previamente diseñada, sin que el CGPJ mueva un dedo más allá del movimiento natural que se realiza durante el aplauso. Jueces que, en lugar de aplicar las leyes aprobadas por el legislativo, se manifiestan contra ellas. Incluso si aún no han sido redactadas. Jueces que inician investigaciones en base a bulos. Jueces que prevarican mediante técnicas prospectivas. Jueces que, como malos magos, retuercen la realidad a su antojo sin importarles que el truco haya sido visto por todos. Hooligans con toga, poder absoluto e impunidad que, como Piñar, no disimulan su radicalismo en público porque no están solos, porque son muchos y porque nadie les exige que lo hagan. Jueces feudales con capacidad de decisión sobre la vida de los humildes campesinos que, llegado el momento, hemos normalizado que no queda más remedio que cruzar los dedos, a ver si hay suerte y nos toca un juez normal. No es sencillo. Que le pregunten a Juana Rivas y a tantísima otra chusma formada por feminazis, moros, izquierdistas o maricones que han sufrido sentencias firmadas por fanáticos.
Ni siquiera será sencillo que, ya jubilado y sin la protección de la toga, Manuel Piñar sea condenado. La Fiscalía, es decir, el ministerio público en manos del Gobierno más progresista de la historia, ha pedido el sobreseimiento de la causa. Probablemente lo haga porque las expresiones de odio vertidas por Piñar constituyen su derecho a ejercer la libertad de opinión. Una libertad de opinión que lleva ejerciendo desde hace más de tres décadas, ya sea en Facebook o en su juzgado.