A partir del 31 de julio, los proveedores de servicios de Internet deberán almacenar las preferencias de todos sus clientes por un plazo de diez años, de acuerdo con una ley aprobada sobre tablas y un decreto del Ejecutivo que la reglamentó. De esta forma, quedarán archivados en registros privados cada uno de los sitios […]
A partir del 31 de julio, los proveedores de servicios de Internet deberán almacenar las preferencias de todos sus clientes por un plazo de diez años, de acuerdo con una ley aprobada sobre tablas y un decreto del Ejecutivo que la reglamentó. De esta forma, quedarán archivados en registros privados cada uno de los sitios visitados, con quiénes se chateó, en qué términos y hasta el contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos, según advierten con «gran preocupación» especialistas en derecho a la información y seguridad informática. Toda esta información deberá quedar a disposición inmediata de la Side ante un posible requerimiento de la Justicia o del Ministerio Público. Según sus fundamentos, la normativa apunta a combatir el delito, particularmente «en los casos de secuestros extorsivos y narcotráfico». Para algunos expertos, sin embargo, constituye una avanzada sobre los derechos civiles, que viola normas de protección a la intimidad. El dilema ya llegó a la Justicia.