Traducción para Rebelión de Loles Oliván
Aunque la cobertura en los medios sobre los acontecimientos de Egipto pueda haber dejado de aparecer en las primeras páginas, el debate en torno al período post-Mubarak sigue dominando las noticias financieras. Durante las últimas semanas, la dirección económica del gobierno egipcio provisional ha sido objeto de intenso debate en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). El discurso del presidente Obama del 19 de mayo sobre Oriente Próximo y África del Norte dedicó un gran espacio a la cuestión del futuro económico de Egipto -de hecho, la única política concreta avanzada en su discurso concernía a las relaciones económicas de Estados Unidos con este país.
La reunión del G-8 en Francia los días 26 y 27 de mayo siguió esta tendencia al anunciar que se concederían a Egipto y a Túnez hasta 20 mil millones de dólares. Si se consideran en esas cifras el apoyo de los Estados del Golfo Pérsico, solo Egipto parece estar a punto de recibir alrededor de 15 mil millones de dólares en préstamos, inversión y ayuda de gobiernos y de las principales instituciones financieras internacionales (IFI).
Los comunicados de prensa que acompañan el anuncio de estos paquetes financieros se han referido pomposamente a «la transición a la democracia y la libertad» que, como han señalado diversos analistas, engaña convenientemente sobre el apoyo previo de los gobiernos occidentales a los dictadores depuestos en Túnez y Egipto. Este artículo sostiene, sin embargo, que la crítica de estos paquetes financieros debe ser considerada como mucho más que otro ejemplo de la hipocresía occidental. La plétora de iniciativas de ayuda e inversión presentadas por las principales potencias en los últimos días representa un intento consciente de consolidar y reforzar el poder de la clase dominante de Egipto frente a las movilizaciones populares en curso. Forman parte, en otras palabras, de un esfuerzo sostenido para frenar la revolución dentro de los límites de una «transición ordenada» -para tomar prestada la perspicaz expresión que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado en varias ocasiones tras la expulsión de Mubarak.
En el vértice de esta intervención financiera en Egipto se halla un intento de acelerar el programa neoliberal aplicado por el régimen de Mubarak. Los paquetes financieros de las instituciones financieras internacionales promueven ostensiblemente medidas como «la creación de empleo», «la expansión de las infraestructuras», y otros objetivos aparentemente loables pero que en realidad están cimentados en las políticas neoliberales clásicas de privatización, regulación y apertura a la inversión extranjera. A pesar de aclamar la transición democrática, las instituciones del Estado egipcio están siendo remodeladas dentro de este impulso neoliberal como mecanismo que capacite al mercado. Egipto, en muchos sentidos, se perfila como el laboratorio perfecto del denominado post-Consenso de Washington, en el que se utiliza una retórica liberal «a favor de los pobres» -principalmente vinculada al discurso de la democratización- para profundizar en la trayectoria neoliberal de la era de Mubarak. Si tiene éxito, el resultado probable sea -sobre todo ante la ingente movilización política y las expectativas insatisfechas del pueblo egipcio- una sociedad que a nivel superficial tenga algunos aspectos limitados y formales de democracia liberal pero que en realidad seguirá siendo un Estado neoliberal altamente autoritario dominado por una alianza de las elites militares y empresariales.
‘Acelerar las reformas económicas estructurales’
El punto más importante a observar sobre los paquetes de la ayuda prometida a Egipto es que de ninguna manera representan una ruptura de la lógica condensada en las anteriores estrategias económicas para la región. En un informe a la Cumbre del G8 de 26 y 27de mayo, el FMI resumía claramente esta lógica y señalaba que «[…] La superación del alto desempleo requerirá un aumento sustancial del ritmo del crecimiento económico… El logro de esas tasas de crecimiento requerirá tanto una inversión adicional y una mejora de la productividad. Si bien puede ser necesario cierto incremento de la inversión pública, por ejemplo, para mejorar la calidad de las infraestructuras y los servicios en zonas rurales menos desarrolladas, el papel clave lo deberá desempeñar el sector privado, incluido el de atraer la inversión extranjera directa. Por lo tanto, las políticas gubernamentales deberían apoyar un entorno propicio en el que florezca el sector privado».
El argumento central expresado en esta declaración es esencialmente el mismo mensaje que el FMI y el Banco Mundial han estado impulsando en décadas de informes sobre las economías egipcia y de Oriente Próximo. Los problemas de Egipto se derivan de la debilidad del sector privado y la «búsqueda de rentas» de los responsables estatales. La solución es abrir los mercados de Egipto al mundo exterior, levantar las restricciones a la inversión en sectores clave de la economía, liberalizar las leyes de propiedad, acabar con los subsidios a los pobres para la alimentación y otras necesidades, y aumentar la competitividad en el mercado. Al permitir que los mercados operen libremente sin restricciones, el sector privado será el motor fundamental del crecimiento y, a través de este aprovechamiento de la iniciativa empresarial, se propiciará la creación de empleos y prosperidad.
Está claro que estas ideas son simplemente una reafirmación de las premisas básicas del neoliberalismo, pero es imperativo reconocer su continuidad con planes anteriores -la ayuda prometida a Egipto aspira conscientemente a obtener un resultado específico en línea con la estrategia neoliberal anterior. Las implicaciones políticas concretas que de ello se derivan fueron expuestas más claramente en el buque insignia de los informes del Banco Mundial publicado en 2009: De los privilegios a la competitividad: liberar el crecimiento privado en Oriente Próximo y África del Norte. El informe establece medidas a tomar por todos los gobiernos de Oriente Próximo, entre ellas «(1) la apertura de sectores protegidos como bienes al por menor y bienes inmuebles que tengan barreras a la inversión extranjera… (2) la reducción de las bandas de las tarifas arancelarias y no arancelarias; (3) la eliminación de la protección de las empresas estatales mediante la aplicación de restricciones presupuestarias y su exposición a la libre competencia; y (4) eliminar los sesgos anti-exportación». Con el fin de fomentar la inversión extranjera, los gobiernos deben eliminar las «elevadas exigencias de capital mínimo y las restricciones a la propiedad extranjera», y en los países donde existan bancos de propiedad estatal «comprometerse en la privatización abierta y transparente».
Este es el tipo de políticas que podemos esperar ver en Egipto cuando la ayuda comience a fluir -de hecho, son los requisitos previos esenciales para la recepción de tal apoyo financiero. Los mecanismos de esta condicionalidad se evaluarán más adelante, por ahora tratamos simplemente de señalar que se ha establecido un vínculo indiscutible entre ayuda y cumplimiento de las reformas neoliberales. Como señalaba a principios de mayo el Instituto de Finanzas Internacionales (IFI), una organización política y de lobby que reúne a las instituciones financieras más importantes del mundo, «[…] Por más trascendentales que puedan ser la seguridad actual y los retos de la reestructuración política, es absolutamente imprescindible que las autoridades de transición […] sitúen como una alta prioridad la profundización y aceleración de las reformas económicas estructurales […], el gobierno de transición y los posteriores deben articular una reforma creíble a medio plazo y un marco de estabilización… [y] la necesidad de centrarse en la creación del entorno legal e institucional para fomentar el espíritu empresarial, la inversión y el crecimiento impulsado por el mercado». El IFI pasaba a identificar sin rodeos esta aceleración del ajuste estructural como el «contexto» en el que se proporcionará la ayuda a Egipto.
Burocracia y Reforma Institucional
Además de estas recetas neoliberales estándar, el otro elemento de la lógica política que guía las instituciones financieras internacionales se refiere a la reforma institucional. Ello refleja una transformación más amplia en la estrategia de desarrollo de las instituciones financieras internacionales desde la década de 1990, en la que se ha puesto más énfasis en vincular la función de los mercados con su gestión institucional. Dentro de este contexto, el Banco Mundial y otras instituciones han hecho hincapié en nociones tales como el «imperio de la ley», la «descentralización», el «buen gobierno», la «separación de los poderes legislativo y ejecutivo», etc., que supuestamente tienen por objeto reducir la capacidad de buscar financiación por parte de los responsables del Estado y garantizar una mayor transparencia en los asuntos económicos. [1]
Este énfasis en la reforma institucional refleja parcialmente un problema de percepción que enfrentan las instituciones financieras internacionales. La adopción de los principios de «gobernabilidad» y «democracia» está explícitamente diseñada para garantizar una mayor legitimidad al neoliberalismo, en particular a raíz de la desastrosa décadas de 1980 y 1990, cuando la defensa abierta del ajuste estructural causó estragos en gran parte del Sur. Este cambio de política, sin embargo, no representa un alejamiento de la lógica del neoliberalismo. Más bien, en realidad sirve para reforzar su lógica, mediante la adaptación de las instituciones a las necesidades del sector privado y la eliminación de cualquier capacidad del Estado para intervenir en el mercado. En Oriente Próximo, donde los regímenes autoritarios han sido la norma, estas llamadas a la reforma institucional pueden ser fácilmente interpretadas como democráticas (y, de hecho, se enmarcan explícitamente dentro de un discurso de democratización). En realidad son profundamente anti-democráticas. Al limitar la democracia al ámbito de la «política» y al ampliar la noción de libertad para incluir a los «mercados», se está confundiendo la necesaria relación del poder dentro del mercado, y se bloquea de forma explícita la capacidad de los Estados para determinar el uso, la propiedad y la distribución de sus recursos económicos. El control democrático de la economía queda, pues, descartado como violación del «buen gobierno».
En el caso de Egipto, el discurso de la reforma institucional ha permitido que el ajuste estructural neoliberal se presente no sólo como una necesidad tecnocrática sino como el cumplimiento real de las reivindicaciones que inervan los levantamientos. En este sentido, la ideología neoliberal pretende reabsorber y modelar a la disidencia a su propia imagen mediante la representación de los levantamientos de Egipto dentro de un discurso favorable al mercado. Este mensaje fundamental ha sido subrayado en repetidas ocasiones por portavoces estadounidense y europeos en las últimas semanas: esta no ha sido una revuelta contra varias décadas de neoliberalismo sino más bien un movimiento en contra de un Estado intrusivo que habría obstaculizado la búsqueda del interés individual a través del mercado.
Quizá, el ejemplo más claro de este cambio discursivo ha sido la declaración que hizo el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, en la apertura de una reunión del Banco Mundial sobre Oriente Próximo a mediados de abril. Refiriéndose a Muhammad Bouazizi, el joven vendedor ambulante de un mercado tunecino que se prendió fuego y se convirtió en el catalizador del levantamiento de Túnez, Zoellick comentó que «[…] el punto clave que también he enfatizado y destacado en este discurso es que no es sólo una cuestión de dinero. Es una cuestión de política… tengan en cuenta que el difunto Sr. Bouazizi fue impulsado a quemarse vivo porque fue acosado por la burocracia… un punto de partida es dejar de acosar a esa gente y permitirles que tengan la oportunidad de iniciar algunas pequeñas empresas».
Según esta reformulación discursiva de los levantamientos, las protestas masivas que derrocaron a Mubarak y Ben Ali se produjeron debido a la ausencia del capitalismo y no por su normal funcionamiento. En un sentido ideológico, tal reformulación contradice directamente las aspiraciones populares que han surgido en el curso de las luchas en Egipto. Las reivindicaciones políticas que se escuchan en las calles egipcias hoy en día -reclamando la riqueza que se le ha robado a la gente, que el Estado ofrezca apoyo y servicios a los pobres, que se nacionalicen las industrias que fueron privatizadas, y que se restrinjan las inversiones extranjeras- pueden ser ignoradas o caracterizadas como «anti-democráticas». Precisamente porque en el levantamiento egipcio las reivindicaciones políticas y económicas eran inseparables y estaban entrelazadas, este intento de refundir la lucha como «a favor del mercado» está directamente dirigido, en un sentido muy real, a erosionar y debilitar las movilizaciones en curso del país.
Los mecanismos del ajuste estructural
Esta comprensión de la lógica elemental que se le presupone a los paquetes financieros de las instituciones financieras internacionales nos permite volver a los mecanismos precisos a través de los cuales se está llevando a cabo el ajuste estructural. Hay dos elementos comunes a todas las ayudas ofrecidas a Egipto hasta la fecha -una extensión de los préstamos (es decir, un aumento de la deuda externa egipcia) e inversiones prometidas en las denominadas Asociaciones Privadas-Públicas (APP) [Public-Private Partnerships]. Ambos elementos van ligados a la aplicación por parte de Egipto del ajuste estructural. Estratégicamente, parece que el enfoque inicial de este ajuste estructural será la privatización de la infraestructura de Egipto y la apertura de la economía a la inversión extranjera y al comercio a través de APP (que analizaremos más adelante). Además del gobierno de Estados Unidos, del Banco Mundial y del FMI, el otro actor principal institucional en este proceso es el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).
Deuda
En la actualidad la deuda externa de Egipto alcanza unos 35 mil millones de dólares; en la última década el país ha pagado alrededor de 3 mil millones de dólares al año en servicio de la deuda. De 2000 a 2009, el monto de la deuda egipcia aumentó alrededor del 15% a pesar de que el país pagó un total de 24,6 mil millones de dólares en pagos de deuda durante el mismo período. Las transferencias netas de Egipto sobre la deuda a largo plazo entre 2000 y 2009, que miden la diferencia total entre los préstamos recibidos y los pagos, ascendieron a 3.4 mil millones de dólares. En otras palabras, contrariamente a la creencia popular, la verdad es que fluye más dinero desde Egipto hacia los prestamistas occidentales que a la inversa. Estas cifras ponen de manifiesto la sorprendente realidad de que la relación financiera de Egipto con los préstamos occidentales de la economía global opera extrayendo la riqueza de los pobres de Egipto y redistribuyéndola a los bancos más ricos de Estados Unidos y de Europa.
Está claro que la decisión de pedir prestado el dinero y entrar en la «trampa de la deuda» no la tomaron los sectores depauperados de Egipto. La gran mayoría de esta deuda es pública o está garantizada públicamente (en torno al 85%), es decir, que la deuda fue asumida por el gobierno de Mubarak con el pleno apoyo de las instituciones financieras internacionales. La élite gobernante de Egipto -en torno a Mubarak y su camarilla más próxima- se benefició bastante de esas operaciones (estimadas en miles de millones de dólares). Esto es indicativo de que gran parte de la deuda de Egipto es lo que los economistas del desarrollo denominan «deuda odiosa» -la deuda que ha generado un régimen dictatorial sin tener en cuenta las necesidades de la población. Mubarak no es el único responsable de este proceso. El Banco Mundial, el FMI y muchos otros prestamistas siguieron alentando estos préstamos (y alabando la dirección económica egipcia bajo el gobierno de Mubarak) precisamente porque era una empresa rentable.
Este es el contexto de fondo esencial para el debate en torno a la deuda externa de Egipto. En su discurso del 19 de mayo, el presidente estadounidense Barack Obama prometía aliviar a Egipto de hasta mil millones de dólares en las obligaciones de su deuda. Obama lo describió como un esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para apoyar «un cambio positivo en la región […] a través de nuestras iniciativas para promover el desarrollo económico de las naciones que están haciendo la transición a la democracia». Además de este apoyo monetario, Obama también se comprometió a instar al Banco Mundial, al FMI y a otros países a que ayuden a «estabilizar y modernizar» Egipto y se adapten a sus necesidades financieras a corto plazo».
Dejando a un lado la arrogancia de este discurso, la oferta de Obama debe entenderse con precisión. Contrariamente a lo que se ha venido informando ampliamente en los medios de comunicación, esto no supone un perdón de la deuda egipcia. En realidad, es un canje de deuda -la promesa de reducir el servicio de la deuda de Egipto en mil millones, siempre y cuando el dinero se utilice de una manera que el gobierno de Estados Unidos apruebe. Este canje de deuda confirma la relación de poder inherente en las finanzas modernas. Estados Unidos tiene capacidad de utilizar la deuda de Egipto como medio para obligar al país a adoptar el tipo de políticas económicas descritas anteriormente. Obama fue muy explícito sobre lo que esto significa al declarar que «[…] el objetivo debe ser un modelo en el que el proteccionismo de paso a la apertura, el reino del comercio pase de pocos a muchos, y la economía genere puestos de trabajo para los jóvenes. El apoyo estadounidense a la democracia por lo tanto se basa en garantizar la estabilidad financiera, promover la reforma y la integración de los mercados competitivos entre sí y en la economía global».
Este mismo lenguaje político se ha articulado claramente en los préstamos prometidos a Egipto por el Banco Mundial y el FMI. El 12 de mayo, Caroline Atkinson, Directora del Departamento de Relaciones Exteriores del FMI, anunció que el Fondo estaba estudiando una petición del gobierno egipcio para un préstamo de entre 3 y 4 mil millones de dólares y que iría «en breve de visita a El Cairo a fin de iniciar las conversaciones con las autoridades egipcias para un acuerdo». Al señalar que estos préstamos estarían condicionados, Atkinson indicó que «el tamaño y el alcance de las ayudas del Fondo se definirán a medida que avancen las conversaciones». Un asesor del ministro de Finanzas egipcio Samir Radwan lo confirmaba al declarar que «[…] El modo en que se gaste el dinero quedará sometido a un proceso de negociación». El 24 de mayo se hizo pública la condicionalidad a raíz del anuncio hecho por el Banco Mundial y el FMI de que proporcionarán 4.5 mil millones de dólares a Egipto en dos años. Señalando que «las reformas son tan importantes como el dinero», el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, vinculó explícitamente los primeros mil millones de dólares «a las reformas en la gobernanza y en la transparencia, con otros mil millones disponibles para el próximo año dependiendo de los progresos realizados». [2]. Los restantes 2.5 mil millones de dólares se invertirían en proyectos de desarrollo y préstamos al sector privado (véase más adelante).
A menos que se rechacen tales préstamos y se repudie la deuda existente, Egipto se encontrará en un callejón sin salida del que tiene pocas posibilidades de escapar. La deuda externa no es una forma neutra de «ayuda» sino una relación de explotación social establecida entre las instituciones financieras del Norte y los países del Sur. Atrapados en esta relación, los países se vuelven dependientes de un flujo continuo de nuevos préstamos con el fin de servir la deuda acumulada previamente a largo plazo. Es un instrumento para profundizar la extracción de la riqueza de Egipto y que -precisamente por la dependencia continua de los flujos financieros- sirve para encadenar a Egipto a nuevas medidas de ajuste estructural. El pueblo egipcio está siendo castigado por una deuda que él no generó y el castigo consiste en que las mismas instituciones que la crearon lo mantengan bloqueado en un endeudamiento aún mayor.
La inversión extranjera y las Asociaciones Público-Privadas (APP)
También en su discurso del 19 de mayo, Obama prometió mil millones de dólares en inversiones a través de una institución estadounidense que se conoce como la Overseas Private Investment Corporation (Coorporación de Inversiones Privadas en el Extranjero, OPIC en sus siglas en inglés). El mandato de la OPIC es apoyar la inversión empresarial de Estados Unidos en los llamados mercados emergentes; proporciona garantías para préstamos (particularmente en el caso de grandes proyectos) o préstamos directos para proyectos que tienen una proporción significativa de participación de empresas de Estados Unidos y que puedan hacer frente a riesgos políticos. Quizá la más emblemática de las actividades de la OPIC fue su primera inversión en Afganistán poco después de la invasión de ese país por las fuerzas dirigidas por la OTAN en 2001 -un nuevo hotel Hyatt en Kabul que se utilizaría como «plataforma para los empresarios» que visitan el país. OPIC fue también un socio clave en el fomento de la ideología del libre mercado que sustentó la política económica de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC) en Iraq tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2003. [3] El gobierno estadounidense afirma abiertamente el vínculo entre la OPIC y los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Ello se explicita claramente en el lema de la organización: «apoyar las inversiones de Estados Unidos en los mercados emergentes en todo el mundo, fomentar el desarrollo y el crecimiento del libre mercado».
Debido a que la inversión de la OPIC depende de la reducción de las barreras al capital extranjero y de la aceleración en la privatización de empresas estatales, sus actividades se basan en ayudar y reforzar la extensión del programa neoliberal descrito anteriormente. En el caso de Egipto, es probable que esto se lleve a cabo principalmente a través de la utilización de los fondos del gobierno de Estados Unidos para establecer Asociaciones Público-Privadas (APP). Las APP son un medio de fomentar la externalización de los servicios públicos y otros servicios previamente gestionados por el Estado a empresas privadas. Una empresa privada ofrece un servicio a través de un contrato con el gobierno -por lo general, esto puede incluir actividades tales como gestionar hospitales o escuelas, la construcción de infraestructuras tales como carreteras o centrales eléctricas. Para ello, reciben pagos del gobierno o a través de los usuarios del servicio (como los peajes de autopista). Las APP son, pues, una forma de privatización que, en palabras de uno de sus principales defensores, Emanuel Savas, es «una fase útil porque evita el efecto inflamatorio de la ‘privatización’ en aquellos que se oponen ideológicamente a ella». [4]
La intervención de la OPIC en Egipto ha estado explícitamente vinculada a la promoción de Asociaciones Público-Privadas. Un comunicado de prensa de la OPIC, por ejemplo, emitido poco después del discurso de Obama, señalaba que los mil millones de dólares prometidos por el gobierno de Estados Unidos se utilizarían «para identificar a las empresas egipcias propiedad del gobierno que inviertan en asociaciones público-privadas con el fin de promover el crecimiento de mutuo acuerdo en los sectores de la economía egipcia».
El enfoque sobre las asociaciones público-privadas, sin embargo, se muestra aún más claramente en la inversión prometida por otra institución financiera internacional, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). El BERD se estableció en el momento de la caída de la Unión Soviética con el objetivo de promover la transición de Europa del Este a una economía capitalista. Como el presidente del BERD, Thomas Mirow, lo expuso en la preparación para los debates del Banco sobre Egipto, «[…] El BERD fue creado en 1991 para promover la democracia y la economía de mercado, y los históricos acontecimientos de Egipto han resonado con un profundo eco en este Banco».
El BERD se perfila como uno de los agentes líderes del proyecto neoliberal para Egipto. El 21 de mayo, los accionistas del BERD acordaron prestar hasta 3.5 mil millones de dólares a Oriente Próximo, siendo Egipto el primer país al que se destinará la recepción de préstamos en el primer semestre de 2012. Esta será la primera vez desde su creación que el BERD presta a Oriente Próximo. Catherine Ashton, jefa de Política Exterior de la Unión Europea, ha señalado que el BERD puede proporcionar mil millones de euros anuales a Egipto, lo que daría a la institución un enorme peso en la economía egipcia -como punto de comparación, el valor de la inversión total de todos los proyectos de asociación público-privada en Egipto desde 1990 a2008 fue de 16.6 mil millones de dólares.
Cualquiera que se haga ilusiones sobre los objetivos de la inversión del BERD en Egipto haría bien en leer cuidadosamente el Informe de Transición de 2010 del BERD. El informe presenta una evaluación detallada de la Europa del Este y de las repúblicas ex soviéticas, mide sus progresos en un conjunto detallado de indicadores. Estos indicadores son muy reveladores: (1) La acción del sector privado del PIB, (2) La privatización a gran escala, (3) La privatización a pequeña escala, (4) Gobernabilidad y reestructuración de las empresas, (5) La liberalización de precios; (6) Comercio y sistema monetario, (7) Política de competencia; (8) La liberalización del tipo de reforma de la banca y los intereses; (9) Los mercados de valores y las instituciones financieras no bancarias; (10) Reforma de la infraestructura general [5]. Únicamente los países que obtienen buenos resultados en estos indicadores son elegibles para recibir préstamos del BERD. Un instituto de investigación que rastrea la actividad del BERD, el Bank Watch, señalaba en 2008 que ningún país puede alcanzar la máxima puntuación en la evaluación del BERD si no aplica asociaciones público-privadas en los sectores del agua y las carreteras.
Por lo tanto, la intervención del BERD augura probablemente una aceleración masiva del proceso de privatización en Egipto, probablemente en virtud de la expansión de las asociaciones público-privadas. El gobierno egipcio actual ha dado su libre consentimiento a este proceso. De hecho, en la Reunión Anual General del BERD de 20 y 21 de mayo, cuando se prometieron los fondos a Egipto, un portavoz del gobierno egipcio afirmó: «[…] el actual gobierno de transición sigue comprometido con el enfoque de mercado abierto, el cual proseguirá Egipto a un ritmo acelerado después de las próximas elecciones». La declaración indicaba «que las asociaciones público-privadas tienen un gran potencial como modalidad efectiva para diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo, especialmente en los sectores de infraestructuras y servicios (transporte, salud, etc.). Por lo tanto fomentaremos iniciativas de APP». Por otra parte, al aceptar plenamente el discurso ideológico pro-mercado expuesto anteriormente, el gobierno egipcio ha prometido relajar el control sobre las inversiones extranjeras mediante el compromiso de «[…] superar las deficiencias anteriores de centralización excesiva del gobierno. Además, vamos a construir sobre las iniciativas existentes para lograr un mayor nivel de descentralización, especialmente en términos de planificación local y gestión financiera».
Conclusión
Los proyectos y las inversiones mencionadas anteriormente no son los únicos aspectos del proyecto neoliberal respaldado por las instancias financieras internacionales para Egipto. [6] Sin embargo, en el nivel más fundamental, esta ayuda financiera confirma una intervención consciente de los gobiernos occidentales en el proceso revolucionario de Egipto. A muy corto plazo, los grandes proyectos de infraestructuras y otros esquemas económicos pueden proporcionar cierta creación de empleo, vivienda, formación educativa y tal vez la aparición de un retorno a la estabilidad dado el sentimiento generalizado de «crisis». Esta inversión, sin embargo, se basa en una profunda liberalización de la economía egipcia. Únicamente se llevará a cabo simultáneamente con medidas tales como la intensificación de la privatización (sin duda, en la forma de las asociaciones público-privadas), la desregulación (inicialmente lo más probable es que se vincule a la apertura de más sectores a la inversión extranjera), la reducción de barreras comerciales (relacionada con el acceso de los mercados de Estados Unidos y Europa), y la expansión del sector informal (bajo el lema de disminuir la burocracia). Implicará necesariamente, además, una rápida expansión del endeudamiento global de Egipto, sometiendo al país, cada vez de manera más firme, a futuros paquetes de ajuste estructural.
Si no se opone resistencia, este proceso amenaza con negar los logros de la rebelión egipcia. Como ilustran con toda claridad las décadas de neoliberalismo experimentadas en Egipto, estas medidas contribuirán a profundizar la pobreza, la precariedad y la erosión del nivel de vida de la gran mayoría. Al mismo tiempo, el flujo financiero ayudará a fortalecer y consolidar a las estrechas elites empresariales y militares de Egipto como único segmento de la sociedad que se beneficie de una mayor liberalización de la economía. La expansión de las asociaciones público-privadas, por ejemplo, proporcionará enormes oportunidades para que los mayores grupos empresariales del país adquieran participaciones en los grandes proyectos de infraestructuras y de prestación de otros servicios privatizados. Junto a los inversionistas extranjeros, estos grupos se beneficiarán de la liberalización de los mercados laborales, de la liberalización de la tierra y de las actividades al por menor, y del acceso potencial a los mercados de exportación de Estados Unidos y Europa.
Estas medidas también tienen un impacto regional. Sus beneficiarios principales serán los otros Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar y Omán) que están jugando un papel muy visible y complementario junto a las instituciones financieras internacionales. Arabia Saudí ha prometido 4 mil millones de dólares a Egipto -superior a las cantidades prometidas por Estados Unidos y el BERD. La Autoridad de Inversiones de Kuwait anunció en abril el establecimiento de un fondo soberano de mil millones de dólares que invertiría en empresas egipcias. El Grupo Kuwait Kharafi, que obtuvo contratos de asociación público-privada en el sector de la energía en Egipto en 2010 y del cual se estima que ya tiene 7 mil millones de dólares invertidos en Egipto, ha anunciado que iba a destinar un préstamo de 80 mil millones de dólares para inversiones en Egipto. Qatar, según se ha informado, está igualmente considerando la posibilidad de invertir hasta 10 mil millones de dólares, según su embajador en Egipto.
Al igual que con las inversiones de los Estados occidentales, estos flujos financieros de los países del CCG dependen de una mayor liberalización de la economía egipcia, probablemente a través de los mecanismos de las APP. De hecho, Essam Sharaf, primer ministro interino de Egipto, y Samir Radwan, ministro de Finanzas, han viajado con frecuencia a los Estados del CCG en los últimos meses con el fin de promocionar proyectos de APP, en particular en agua potable y alcantarillado, carreteras, educación, salud y energía. Una indicación de hacia dónde se dirigen tales iniciativas fue el anuncio hecho por las Bolsas de Dubai y Egipto de que permitirán a sus empresas que coticen en sus respectivas bolsas. Esta medida permitirá a las empresas privatizadas o a los instrumentos inversores cotizar en ambas bolsas de valores de forma conjunta, facilitando con ello el aumento de los flujos de capital del GCC a Egipto.
Esencialmente, las iniciativas financieras anunciadas en las últimas semanas suponen un intento de amarrar cada vez más firmemente a estos sectores sociales -las élites militares y empresariales egipcias, las familias gobernantes y los grandes conglomerados de los países del CCG, etc.- a los Estados occidentales. El proceso revolucionario en Egipto representa un ataque contra esos sectores del mundo árabe. La sublevación no puede reducirse a una cuestión de «transición democrática»: precisamente porque la forma política del Estado egipcio bajo Mubarak era un reflejo directo de la naturaleza del capitalismo en el país, el levantamiento supuso implícitamente un desafío a la posición de esas elites. Las inspiradoras movilizaciones que se siguen viviendo en las calles egipcias confirman que esas aspiraciones se mantienen firmemente. La ayuda financiera occidental debe ser entendida como una intervención en esta lucha permanente -un intento de utilizar el sentimiento de «crisis económica» para remodelar la sociedad de Egipto contra los intereses de la mayoría egipcia y desviar la revolución de los objetivos que todavía ha de alcanzar.
Notas:
[1] Para una crítica detallada de estas ideas, véase: The New Development Economics: After the Washington Consensus, editado por Jomo. K.S and Ben Fine, Zed Books. 2006.
[2] Este claro mensaje de la condicionalidad convierte en burla la afirmación del ministro de Finanzas egipcio, Samir Radwan, al respecto de que: «Tenemos un programa egipcio… No estoy aceptando ninguna condición; ninguna en absoluto».
[3] Una parte fundamental de este proceso -probablemente a repetirse en Egipto- fue centrarse en fomentar que las empresas iraquíes dependiesen cada vez más del capital financiero de propiedad estadounidense a través del apoyo de la banca de Estados Unidos y la financiación de préstamos a las pequeñas y medianas empresas del país.
[4] Privatization in the City, Emanuel Savas, CQ Press, Washington DC, 2005 p.16.
[5] Bielorrusia, por ejemplo, fue premiada por «eliminar las restricciones al comercio de muchos bienes y por la reducción de la lista de precios mínimos de exportación», por un aumento de su indicador de liberalización de precios de 3 a 3+. Asimismo, Montenegro recibió el mismo aumento por privatizar partes de sus sectores eléctrico y portuario.
[6] Por ejemplo, otro vehículo importante es The Arab Financing Facility for Infrastructure (AFFI), establecido por el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Banco Islámico de Desarrollo a principios de este año para promover la inversión en la región de Oriente Próximo. El AFFI pretende recaudar mil millones de dólares y se centrará en la infraestructura explícitamente relacionada con asociaciones público-privadas. El AFFI se centra en proyectos de integración regional, y por ello se está utilizando para promover el comercio y la reducción de aranceles dentro de la región. Aún no está claro cuál será la vinculación de AFFI en Egipto pero ha sido destacado por el Banco Mundial como un componente importante de sus futuras actividades en el país.