Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
La ausencia de una auténtica ayuda internacional debilita la búsqueda de una tercera vía entre el dirigismo y el capitalismo desenfrenado en los países árabes. Los entrega a la influencia de instituciones financieras cuya crisis en el Norte no ha alterado las certezas.
Túnez y Egipto, que se enfrentan a una difícil estabilización de su situación política, también tienen que hacer frente a unos retos económicos. Sin duda la caída de los sistemas de prebenda mafiosa va a liberar las energías y las iniciativas individuales, pero esta caída sólo será fructuosa si los nuevos poderes encuentran los medios financieros para recuperar el tiempo perdido y garantizar un desarrollo más igualitario. Según las primeras estimaciones del Banco Central de Túnez y del Ministerio de economía egipcio, en el curso de los próximos cinco años ambos países necesitarán de 20.000 a 30.000 millones de dólares para mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones y romper el aislamiento de regiones enteras gracias a un programa de inversiones en transportes, energía e infraestructuras tecnológicas. Conscientes de estos retos fundamentales, personalidades tunecinas, pero también europeas y árabes (1) se han unido tras la consigna «Invest in democracy, invest in Tunisia» («Inviertan en democracia, inviertan en Túnez») y han lanzado un llamamiento, el «Manifiesto de los 200» que apela a los países occidentales a ayudar financieramente a Túnez.
Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea han hecho saber de manera más o menos tajante que sus cajas están vacías y que la crisis de la deuda pública no les incita mucho a la prodigalidad. En efecto, durante la reunión del G8 en Deauville los pasados 26 y 27 de mayo de 2011, los países más ricos del planeta prometieron 20.000 millones de dólares (14.700 millones de euros) en dos años a Egipto y Túnez, pero esto comprende esencialmente préstamos programados antes de la revolución. Los países árabes, por su parte, no se precipitan demasiado a ayudar a los vecinos que han emprendido el tortuoso camino de la democratización. Argelia, que sin embargo está avalada por un tesoro de guerra de 150.000 millones de dólares, sólo ha concedido algunas decenas de millones de dólares a Túnez, una miseria. Sin contar con que en mayo de 2011 la Unión Europea enterró definitivamente el proyecto del Banco Mediterráneo, aparcado desde 1995. Así, el Banco Europeo de Inversión (BEI) -que va a proponer préstamos por un importe total de 6.000 millones de dólares de aquí a 2013- y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) serán los principales organismos prestamistas, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Al contrario de los países de la Europa de este tras la caída del Muro de Berlín, los países mediterráneos que han emprendido una transición democrática no dispondrán de «su» propio banco de reconstrucción y desarrollo.
La decepción ha sido enorme tanto en Túnez como en Egipto, donde se esperaba que se lanzara un verdadero «Plan Marshall» (en referencia a la financiación de la reconstrucción de Europa por parte de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial). Decepción tanto mayor cuanto que varios economistas explicaron que este plan sólo costaría el equivalente a la financiación de tres meses de guerra en Iraq o un 3% de la factura de la reunificación alemana de 1991 (2).
Ir más lejos en la apertura liberal
A falta de poder contar con una ayuda financiera a la medida de los retos económicos y sociales a los que se enfrentan Túnez y Egipto, el FMI y el Banco Mundial animan a estos dos países a ir más lejos en la apertura liberal, aún a riesgo de dirigirse a los grandes grupos internacionales para financiar su desarrollo. A ojos de los proveedores de fondos internacionales y de las multinacionales occidentales ya instaladas en el sur del Mediterráneo y que desearían actual con más facilidad, la opción de las asociaciones púbico-privadas parece casi una solución milagrosa. ¿El principio? Una empresa privada financiaría, construiría y después explotaría un servicio público (agua, energía, sanidad, etc.) por cuenta del Estado o de sus colectividades: una privatización, aunque sea temporal, a la que no se llama por su nombre. Así, con el cinismo que les es propio, las instituciones financieras internacionales piden a estas democracias nacientes el equivalente de lo que hace poco exigían a unas dictaduras.
En efecto, desde principio de la década de 1990, el FMI no ha dejado de pedir a Hosni Moubarak y a Zine El-Abidine Ben Ali (ex presidentes de Egipto y de Túnez respectivamente) más reformas económicas, entre las que cuales están la convertibilidad de sus monedas, una «mejora del entorno de los negocios» (por ello hay que entender más facilidades para los inversores extranjeros), una retirada acelerada del Estado de la esfera económica y una liberalización de los servicios. Sin poner nunca en tela de juicio su adhesión a la economía de mercado, los dictadores derrocados habían procurado no ir demasiado lejos en materia de apertura conscientes de que eso podría agravar las disparidades sociales. ¿Los futuros gobernantes electos se plegarán a estas demandas de una mayor liberalización económica? ¿Las asociaciones público-privadas son verdaderamente la solución ?
Al sur del Mediterráneo, a los medios de los negocios y a las instituciones internacionales este montaje les parece la herramienta indispensable para financiar las infraestructuras. Sin embargo, las implicaciones de este sistema siguen siendo muy desconocidas. Como explica [el periódico francés] Les Echos, «el cada vez más frecuente recurso a asociaciones público-privadas no ha demostrado todavía su rentabilidad económica». Citando a François Lichère, profesor de derecho en la Universidad de Aix-Marseille y consultor en los bufetes de abogados para la redacción de los contratos de las asociaciones público-privadas, el periódico francés añade que «el riesgo financiero lo soportan unas sociedades de proyecto, creadas para la ocasión y que piden prestado un 90% de los fondos. Así pues, esta herramienta está hecha para funcionar en contextos bancarios favorables (3)».
Esta observación indica dos reservas. La primera concierne al estado del sector bancario. La herramienta de las asociaciones público-privadas necesita unas tasas de interés poco elevadas y unos bancos que gocen de buena salud. Ahora bien, estas dos condiciones están lejos de cumplirse en Túnez y en Egipto, donde muchos establecimientos arrastran unos créditos dudosos y no tienen la pericia necesaria para participar en montajes financieros complejos (4). La segunda reserva está vinculada a la capacidad del operador público para asegurar que sus intereses -y los del contribuyente- se respetan, y que el socio privado lleva a cabo su misión como es debido. Esto significa que el Estado, la colectividad local o cualquier otro actor público, debe tener la competencia y la pericia necesarias para acompañar y evaluar a las asociaciones público-privadas. Así, en Francia, en un sector como el del abastecimiento agua potable, los municipios están obligados a demostrar que están atentos a que no se les impongan unos costes suplementarios y a que el operador privado no pisotea las disposiciones contractuales (5). En otras palabras, las asociaciones público-privadas exigen, no ya un Estado fuerte, sino un Estado competente, capaz de elaborar un marco jurídico sólido y de verificar después la buena ejecución de la asociación. Por consiguiente, la cuestión es saber si las futuras administraciones tunecina y egipcia serán capaces de ello.
El impuesto, considerado impío por el islam político
¿Existe una opción económica que no sea ni un liberalismo desbocado ni una vuelta al dirigismo de antaño? En caso afirmativo, ésta no vendrá de los partidos político-religiosos. Como demostró el economista egipcio Samir Amin apropósito de los Hermanos Musulmanes, el islamismo se contenta con alinearse con las tesis liberales y mercantilistas, y, contrariamente a la idea preconcebida, concede una atención muy pequeña a los retos sociales. «Los Hermanos Musulmanes», explica Samir Amin, » están entregados a un sistema económico basado en el mercado y totalmente dependiente del exterior. De hecho son un componente de la burguesía compradore (6). Además, se posicionaron en contra de las grandes huelgas de la clase obrera y de las luchas de los campesinos para conservar la propiedad de sus tierras [sobre todo en el curso de los diez últimos años]. Por consiguiente, los Hermanos Musulmanes sólo son «moderados» en el doble sentido de que siempre se han negado a formular cualquier tipo de programa económico y social (de hecho, no ponen en tela de juicio las políticas neoliberales reaccionarias) y de que aceptan de facto la sumisión a las exigencias del despliegue del control de Estados Unidos en el mundo y en la región. Son, por tanto, unos aliados útiles para Washington (¿tiene Estados Unidos un mejor aliado que Arabia Saudí, jefe de los Hermanos?), que les ha concedido ¡un «certificado de democracia»!(7)«.
Se habla a menudo de acciones caritativas de las formaciones islamistas; eso es olvidar que estas últimas defiende un orden retrógrado y que se niegan a pensar o a elaborar unas políticas consagradas a la disminución de la pobreza y de las desigualdades sociales. Igualmente, el islam político es proclive a favorecer unas políticas neoliberales y a oponerse a toda política de redistribución por medio de impuestos, que se consideran impíos, a excepción de la zakat , es decir, la limosna legal y codificada, uno de los cinco pilares del islam. Esto explica por qué los islamistas nunca han tratado de acercarse a los movimientos altermundistas, a los que suelen considerar una nueva manifestación del comunismo. Por consiguiente, es de suponer que mientras no pongan en peligro la base misma de la democracia unos partidos islamistas fuertes no provocarán una revolución importante en la política económica de los países concernidos .
Así pues, Túnez y Egipto se enfrentan a la búsqueda de la famosa «tercera vía» que los países del antiguo bloque soviético no fueron capaces de establecer después de la caída del Muro. Se trata de impedir que las revoluciones populares abonen el terreno a un capitalismo conquistador que pondría en tela de juicio la cohesión social de las sociedades egipcia y tunecina. Esto pasa necesariamente por el establecimiento de políticas económicas que hagan hincapié en lo social y en la reducción de las desigualdades.
Akram Belkaïd es periodista. Este texto es un extracto de su recién publicado libro , Etre arabe aujourd’hui, Carnets Nord, París, 2011.
(1) Entre ellas los economistas Georges Corm, Jean-Marie Chevalier, Daniel Cohen y El-Mouhoub Mouhoud, los ex ministros de Asuntos Exteriores a Hervé de Charette y Hubert Védrine, o incluso los parlamentarios Elisabeth Guigou y Denis MacShane.
(2) «Un plan économique pour soutenir la transition démocratique en Tunisie», Le Monde, 18 de mayo 2011.
(3) Catherine Sabbah, «Partenariat public-privé : un mauvais outil de relance«, Les Echos, París, 15 de abril de 2010.
(4) En relación al estado del sector bancario al sur del Mediterráneo, cf. la nota de investigación de Guillaume Almeras y Abderrahmane Hadj Nacer (con al colaboración de Isabelle Chort), «L’espace financier euro-méditerranéen«, Les Notes d’Ipemed, n° 3, octubre de 2009.
(5) Cf. Marc Laimé, Le Dossier de l’eau: pénurie, pollution, corruption, Seuil, París, 2003.
(6) La expresión «burguesía compradore » describe a aquella clase que obtiene sus beneficios del comercio con el extranjero, sobre todo vía operaciones de importación-exportación o sólo de importación en muchos países árabes (Argelia, Arabia Saudí, Libia, etc.). La influencia de esta categoría económica es tal que impide la creación y el desarrollo de actividades económicas internas que podrían competir con las importaciones.
(7) Samir Amin, «2011: le printemps arabe? Réflexions égyptiennes«, Europe solidaire sans frontières, 24 de mayo 2011.
Fuente: http://www.monde-diplomatique.fr/2011/10/BELKAID/21108
rEV